El Tribunal Supremo fija la obligacion de pago de los alimentos a los hijos en la demanda y no en la sentencia

En casos de divorcio en que uno de los progenitores tenga que pagar pensión a hijos menores de edad, el momento que se tendrá en cuenta para su abono será el de la presentación de la demanda, y no el de la fecha de la sentencia. Así lo establece la Sala Primera del Tribunal Supremo en una sentencia en la que unifica la doctrina sobre el momento a tener en cuenta para el abono de la pensión de alimentos.

El pronunciamiento del Alto Tribunal se refiere a un caso en el que, en primera instancia, un juzgado de Benidorm no determinó el día de inicio del devengo de la pensión de 800 euros al mes por cada una de las dos hijas comunes. En total, el importe mensual sumaba 1.600 euros, actualizada «según el porcentaje de incremento que experimenten los ingresos del obligado al pago o, en su defecto, según el índice que establezca el Instituto Nacional e Estadística u órgano que lo sustituya, más la mitad de gastos extraordinarios». La sentencia también asignaba a la mujer el uso del piso conyugal y establecía para ella otros 300 euros mensuales de pensión compensatoria con cargo al esposo.

Después, tras los recursos de apelación presentados, declaró dicho devengo desde la fecha de la sentencia, sin eficacia retroactiva al momento de presentación de la demanda. El Ministerio Fiscal presentó recurso de casación para que se reconociera el derecho desde el momento de la demanda y el Supremo ha estimado ahora ese recurso.

La sentencia de la Sala, de la que es ponente el magistrado Francisco Javier Orduña Moreno, reitera la doctrina dictada en la reciente sentencia de 27 de noviembre de 2013, que también resuelve la cuestión por la vía del interés casacional, con ocasión de una pensión de alimentos fijada en un proceso de declaración de filiación no matrimonial, en la que se abordaron en toda su extensión los fundamentos de aplicabilidad del artículo 148, párrafo primero, del Código Civil, señalando la razón de compatibilidad, como norma general, que resulta de la obligación de alimentos entre parientes.

Puntualiza que dicha razón de compatibilidad, derivada de la caracterización de estas acciones, ya resultaba destacada en la sentencia de la Sala Primera de 14 de junio de 2011, en relación con la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio o de la pareja no casada, todo ello concordante con la argumentación sostenida por el Ministerio Fiscal.

Fuente: ABC

Leer más

Las 10 sentencias de 2013 que debe tener a mano, por si acaso

Estas son las 10 sentencias que si muchas personas hubiesen conocido en 2013 se hubiesen ahorrado muchos sinsabores, según la selección de la redacción de ‘Ecoley.es’ y ‘Iuris&Lex.’

 

1) Consentimiento de las obras del local arrendado

 

Necesidad de consentimiento de las obras en local de negocio arrendado durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento. (TS, 19-04-2013)

Necesidad de consentimiento de las obras en local de negocio arrendado durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento. Las obras que han de entenderse autorizadas en todo arrendamiento de local de negocio son las necesarias para la instalación, adaptación o acondicionamiento del local arrendado para poder servir al destino pactado y ha de considerarse referida dicha autorización al tiempo de puesta en marcha del negocio, siempre que ello sea preciso para el desarrollo del mismo, pero sin que pueda en modo alguno estimarse indefinida la facultad del arrendatario de establecer o introducir en el local, durante la vida del contrato, cambios que afecten a la configuración del mismo sin autorización del dueño, a cuya soberanía sigue perteneciendo el conocerla o no, o, en su caso, sin la autorización judicial.

2) Cláusula oscura sobre compromiso del banco para financiar al comprar la vivienda

Resolución del contrato al constar cláusula oscura, de la que el comprador podía razonablemente deducir que la vendedora se comprometía a conseguir del Banco una oferta vinculante de préstamo (TS, 24-04-2013)

A la luz de los artículos del Código Civil, 1281 (intención de los contratantes), 1284 (efectividad de los contratos), 1285 (interpretación sistemática y contextual) 1286 (sentido propio de los términos, en función del contrato) debemos declarar que la redacción del contrato es altamente confusa, pues de los términos de la misma la compradora pudo entender razonablemente que se le iba a efectuar una oferta vinculante de préstamo, por acuerdo entre el Banco y la vendedora, lo que sin duda era un aliciente esencial para la compra.

La recurrente entiende que solo se comprometió a facilitar información sobre el préstamo, pero dicha interpretación sin ser ilógica, es también compatible con la antes efectuada, por lo que en aplicación del art. 1288 del C. Civil, debemos concluir que las cláusulas oscuras no pueden beneficiar a quien ocasionó la oscuridad, a saber la vendedora y promotora.

3) Intereses moratorios bancarios abusivos

Los intereses moratorios superiores en un 16% a los remuneratorios, con un techo del 27«5%, pactados en la escritura constituyen una indemnización desproporcionada (AP de Palma de Mallorca, Auto, 15-04-2013).

Los intereses moratorios superiores en un 16% a los remuneratorios, con un techo del 27«5%, pactados en la escritura constituyen una indemnización desproporcionada La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido produciendo desde hace años una extensa doctrina en interpretación del artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Pueden considerarse como hitos en esta doctrina del Tribunal, las sentencias Mostaza Claro, de 26 de octubre de 2006 y Pannon, de 4 de junio de 2009. Esta última no solo permite, sino que impone al juez el deber de examinar de oficio el eventual carácter abusivo de cláusulas contractuales en el ámbito de la protección del consumidor y usuario. Esta doctrina ha sido incorporada a nuestra jurisprudencia.

Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2010 señala que el control de oficio de la abusividad no tiene por qué limitarse a las cláusulas accesorias sino que puede extenderse, también a “las cláusulas esenciales y definitorias del equilibrio contractual, a la “economía del negocio”. El control de oficio del eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales ha sido extendido al ámbito de la ejecución hipotecaria por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Mohamed Aziz, de 14 de marzo de 2013.

4) Culpa del asesor fiscal en las decisiones de inversión del cliente

Sólo cabe imputarle al asesor fiscal la responsabilidad derivada de su negligencia, no todas las consecuencias de reinvertir los beneficios extraordinarios por una sociedad (TS,04-04-2013)

La sociedad recurrente no puede aprovecharse de un error de su asesor fiscal para obtener un beneficio fiscal que la ley no le reconoce. Los magistrados entienden que la sociedad “ni siquiera ha intentado acreditar qué posibilidades reales tenía de haber conseguido el diferimiento por la parte no reinvertida en plazo”.

Es preciso distinguir entre la decisión de reinvertir en un determinado objeto, la finca necesitada de obras de ampliación y mejoras, adoptada por la sociedad recurrente y cuyas consecuencias tiene esta que asumir, del asesoramiento fiscal correspondiente a esa decisión, del que la sociedad hace responsable al asesor de sus errores, pero no de que las obras no se terminaran dentro del plazo necesario para poder acogerse en su totalidad al beneficio fiscal del diferimiento.

En definitiva, la obligación del profesional, en este caso de un asesor fiscal, como una obligación de resultado en vez de una obligación de medios, y a su vez el resultado cuya obligación se impone al profesional se configura como un resultado óptimo, el mejor de todos los posibles, al margen de la responsabilidad por tal decisión de reinvertir en un determinado objeto, que debe asumir quien adopta tal decisión.

5) Pensión de viudedad y nuevo matrimonio

Pensión de viudedad: el requisito de no tener vínculo matrimonial con otra persona basta con que concurra en el momento inmediatamente anterior al fallecimiento (TSJ de Cataluña, 23-04-2013)

Se discute si se cumple el requisito exigido en la letra b), convivencia ininterrumpida, como pareja de hecho, durante al menos los seis años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante, pues si bien es cierto que acredita una convivencia de 24 años, solo en los últimos cuatro de ellos reunía el causante el requisito de no tener vínculo matrimonial con otra persona, ya que estaba casado y no obtuvo el divorcio hasta cuatro años antes de fallecer.

El TS reconoce el derecho al entender que lo que el legislador exige son dos requisitos diferentes y acumulativos: uno, que la convivencia de hecho haya tenido una determinada duración, y otro que, al momento anterior al fallecimiento dicha pareja de hecho hubiera podido constituirse en la forma que el art.174.3 de Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece, por no existir impedimento para ello, singularmente por no estar casados ninguno de los integrantes de esa pareja de hecho.

Al final sentencia que el requisito de no tener vínculo matrimonial con otra persona basta con que concurra en el momento inmediatamente anterior al fallecimiento. La total similitud del supuesto enjuiciado por la sentencia referenciada y el que se presenta en este caso obliga aplicar la misma doctrina con la consecuencia de la estimación del recurso y revocación de la sentencia recurrida.

6) Daños morales por falta de información en prospecto de medicamento

Medicamento defectuoso por insuficiencia del contenido del prospecto con el cual venía siendo comercializado en España, posibilidad de compensación por daños morales (TS, 18-06-2013).

Se plantea si es o no resarcible el daño moral al amparo de la Ley 22/1994 cuyo ámbito de protección -artículo 10 – comprende los supuestos de muerte y las lesiones corporales, así como los daños materiales causados en las cosas.

Los demás daños y perjuicios, incluidos los daños morales, podrán ser resarcidos conforme a la legislación civil general, señalando en el artículo 15 que las acciones reconocidas en esta Ley no afectan a otros derechos que el perjudicado pueda tener como consecuencia de la responsabilidad contractual o extracontractual del fabricante, importador o de cualquier otra persona.

Es decir, el artículo 10 (en la actualidad los artículos 128 -que mantiene la referencia a los daños morales- y 129 -en el que han desaparecido- del texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), integra los daños morales como objeto de una posible reclamación. En cualquier caso, el daño moral que se indemniza se fundamenta en la responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código Civil y no en la responsabilidad objetiva reservada a otra suerte de daños.

En cuanto a la cita de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados de 8 de noviembre de 1995, debe precisarse lo siguiente: a) no se toma como determinante para la valoración del daño vinculado « a la inquietud y padecimiento psíquico añadido y b) en alguno de los hechos que fundamentan el motivo refiere una cuestión meramente fáctica, como es la situación física de las demandantes, lo que tiene que ver apreciación de la prueba, y en ningún caso se identifica la regla del baremo que, por haber sido infringida para la fijación de la cantidad, pudiera ser determinante de una solución jurídica distinta.

7) Deudas pendientes al liquidar la sociedad

Capacidad jurídica para afrontar las deudas pendientes, después de la liquidación de la sociedad (TS, 20-03-2013).

Como establece la doctrina más autorizada al no haberse concluido el proceso liquidatorio en sentido sustancial, aunque sí formal, los liquidadores continuarán como tales y deberán seguir representando a la sociedad mientras surjan obligaciones pendientes o sobrevenidas, máxime cuando la inscripción de cancelación en el Registro Mercantil, no tiene efecto constitutivo, sino meramente declarativo.

En resumen, no se viola en la sentencia recurrida el art. 109 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) ni los concordantes citados, pues el mismo debe ser interpretado en relación con el art. 123 del mismo texto legal, en la redacción vigente en la fecha de autos, y 228 del C. de Comercio, lo que da como resultado la pervivencia de la personalidad jurídica de la sociedad liquidada, solo para atender a las relaciones pendientes

8) Cargo gratuito de administrador y cobro otras actividades

Cantidades pagadas a un administrador societario, cuyo cargo se preveía gratuito en los estatutos sociales (TS, 18-06-2013)

Para que el administrador pueda percibir de la sociedad una retribución por actuaciones realizadas en virtud de un contrato, estando prevista estatutariamente la gratuidad del cargo, es necesario un elemento objetivo de distinción entre actividades debidas por una y otra causa, que ha de ser preciso y cierto, sin que pueda consistir en la realización de actividades imprecisas situadas en el ámbito de actuaciones de gestión, administración y representación de la sociedad.

El consentimiento y conocimiento del socio demandante respecto de la retribución del administrador, durante un periodo prolongado, es apto para generar fundadamente en el administrador la confianza en que podía percibir la remuneración por haber sido acordada por todos los socios, incluido el actor y en que no se le iba a reclamar la devolución de tales cantidades.

9) Precontrato profesional de futbolista a un niño

Tutela del interés superior del menor en la contratación de menores de edad para la práctica del fútbol profesional (TS, 05-02-2013).

La prevalencia del interés superior del menor y el libre desarrollo de su personalidad adquiere especial relevancia cuando en el precontrato, que debería limitarse al ámbito de la formación, se incluye la cesión futura de los derechos de imagen del menor para cuando sea, en su caso, jugador profesional.

En este sentido, se tiene que tener en cuenta que el derecho a la imagen como derecho de la personalidad, es un derecho irrenunciable, inalienable, imprescriptible, y podrá ser revocado en todo momento, pero además, cuando el derecho a la imagen afecta menores, el Ordenamiento Jurídico le otorga una relevancia mucho mayor para la protección jurídica del menor.

Por tanto, es nulo un precontrato de trabajo por resultar contrario a los límites inherentes al orden público en materia de contratación de menores, especialmente en lo referente a tutela del interés superior del menor en la decisión personal sobre su futuro profesional como aspecto o presupuesto del desarrollo de su libre personalidad.

El ámbito fundamental que el precontrato vulnera o menoscaba pues el interés del menor, que debería ser la piedra angular e informadora de la reglamentación dispuesta en su conjunto, resulta ignorado ante una cláusula penal de tamaña envergadura que impide, como si de un contrato se tratase, dado sus plenos efectos obligacionales, la libre elección que sólo el menor debe decidir por sí mismo

No pueden estimarse las alegaciones o fundamentaciones que resaltan la posibilidad en dicho pacto o estipulación de excepcionar el cumplimiento del contrato de trabajo con base a distintos motivos: razones de estudios, de trabajo ajeno al fútbol o de familia, pues las alternativas que se ofrecen no restablecen el ámbito de decisión del menor respecto de su futuro profesional como jugador de fútbol al contemplarse «sólo si el menor abandonase su actividad deportiva» y, en todo caso, sin vincularse a otro club de fútbol que no fuera, exclusivamente, el club firmante.

10) El que ejerce de dueño termina quedándose con el inmueble o el solar

Basta la posesión a título de dueño durante seis años sin necesidad de cualquier otro requisito. (TS, 30-10-2013).

Basta la posesión a título de dueño durante seis años sin necesidad de cualquier otro requisito. En el presente caso quedó cumplida la propiedad (‘usucapión’) con el transcurso de los seis años siguientes a la transmisión de las acciones cuando estaba casado con la demandada bajo el régimen económico de la sociedad de gananciales, por lo que se produjo la usucapión o prescripción adquisitiva a favor de ésta respecto de tales acciones y dichos títulos no pueden ser ahora reclamados por la demandante como propietaria del cincuenta por ciento.

La estimación del recurso interpuesto por doña Flora determina la casación de la sentencia recurrida en su totalidad (artículo 487.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y que esta Sala asuma funciones de tribunal de instancia para resolver las cuestiones litigiosas planteadas, siendo así que de lo ya razonado se desprende la necesaria desestimación de la demanda, privando de efecto al allanamiento del resto de los demandados por tratarse de una pretensión -la contenida en la demanda- que presenta carácter inescindible respecto de todos los demandados (artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Fuente: El Economista

Leer más

FILIACION. ALIMENTOS. Una sentencia del TSupremo fija la obligación en la presentación de la demanda

¿Cúando debe empezar a abonarse la pensión de alimentos derivada de una filiación no matrimonial?

La pensión de alimentos debe abonarse a partir de la presentación de la demanda, incluso si se reconoce que la filiación es no matrimonial. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo basándose en la aplicación del artículo 148, párrafo primero del Código Civil, que literalmente señala que los alimentos no se abonarán “sino desde la fecha en que se interponga la demanda”. La resolución confirma el fallo de la Audiencia Provincial de Valencia y del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Requena. 

En el recurso de casación, interpuesto por la vía del interés casacional, se suscitó la cuestión de la indebida aplicación de dicho precepto a un supuesto de pensión alimenticia para el hijo, que no se había solicitado en sede de medidas provisionales. La Sala Primera ha confirmado el fallo de la Audiencia al apreciar razones de compatibilidad entre ambas clases de alimentos que justifican la aplicación del mencionado precepto.

Así, la sentencia de la Sala, de la que es ponente el magistrado D. Javier Orduña Moreno, analiza ambas obligaciones de alimentos (entre parientes y a favor de los hijos) confirmando lo ya dicho al respecto de que, si bien se trata de obligaciones de diversa naturaleza jurídica, de situaciones no homogéneas, en las que rigen distintos factores de determinación y extinción (la primera se funda en el valor referencial del principio de solidaridad familiar y la segunda en el contenido básico de la relación de filiación; la primera comprende el sustento básico en orden a salvaguardar la vida del alimentista mientras los alimentos debidos al hijo se extiende, esté o no en situación de necesidad, a los gastos que se ocasionen en el desarrollo de su personalidad), no obstante, no es posible afirmar una absoluta incompatibilidad entre ambas clases de alimentos.

En suma, el Supremo concluye que es esta “razón de compatibilidad”, ya apreciada en anterior sentencia de la Sala de 14 de junio de 2011, la que debe tomarse en consideración a la hora de considerar, con aplicación del citado artículo 148.1 CC, que los alimentos al hijo se deben, no desde el momento en que nació la obligación, sino desde el momento de su exigibilidad, esto es, desde la reclamación judicial, que es el cauce por el que se concreta la prestación debida (cuantía y modo de pago).

Fuente: Diario Juridico

Leer más

FORMACION PRACTICA COMO ABOGADO EN EJERCICIO

Existen muchos cursos y master en nuestro país, algunos con un alto nivel, pero en mi opinión en la mayoría de ellos el concepto de “formación práctica” se limita a enseñar a redactar una demanda, una contestación a la demanda, a preparar un juicio, pero adolecen de algo a mi entender fundamental, que es enseñarles aquellas “ratonerias” frente a los juzgados, que aprendes a fuerza de ejercer durante muchos años. Por ejemplo, no dar nunca por sentado que cuando vas a defender a un denunciado en un juicio de faltas tienes toda la documentación porque el juzgado le ha enviado a tu cliente la denuncia y en algunos casos el atestado. Es imprescindible examinar los autos, el dia antes e incluso el mismo dia del juicio, antes de celebrar; comprobar si los autos están foliados, si los documentos aportados por el denunciante son originales o fotocopias, etc.

Por ello, y para grupos reducidos cree el año pasado el Centro de Estudios y Formación Bufete Aporta, con objeto de dar esa formación práctica, tanto a los que tienen intención de iniciar su futuro profesional como Abogados, como a aquellos Abogados que ya están ejerciendo y deciden reciclarse en otras materias. Por ejemplo, Abogados de Familia que deseen ampliar su formación con el penal relacionado con el derecho de familia como es el procedimiento especial de violencia de genero, etc.

Leer más

El examen para ser abogado se retrasa hasta mayo de 2014

Justicia confirma a EXPANSIÓN que ultima la prueba de acceso para la abogacía, que sólo constará de preguntas tipo test, sin parte práctica, y cuya primera convocatoria podría celebrarse sólo en Madrid.

El próximo 31 de octubre concluye el plazo para colegiarse como abogado para los licenciados en derecho con anterioridad al 31 de octubre de 2011.

Los que finalizaron la licenciatura más tarde, tienen dos años desde la obtención del título para inscribirse en el colegio correspondiente.

Sin embargo, ¿qué pasa con los graduados en derecho, que cursaron sus estudios acorde al Espacio Europeo de Educación Superior, más conocido como Plan Bolonia? En la actualidad, alrededor de 800 personas han finalizado ya sus estudios de grado en derecho –o están terminando sus periodos de práctica obligatorios–, según un estudio interno del ministerio con las universidades. Pero, a pesar de la obligatoriedad de aprobar un examen para poder colegiarse y ejercer la profesión, según señala la ley de acesso a la abogacía, la puesta en marcha de esta prueba estatal lleva un retraso considerable. Sin embargo, según han confirmado fuentes oficiales de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia a EXPANSIÓN, “se está ultimando un examen cuya primera convocatoria será entre abril y mayo de 2014”.

La fecha más probable será mayo, porque la convocatoria debe publicarse en el BOE con al menos tres meses de antelación y aún faltan muchos aspectos por definir.

Novedades:

– El primer examen de acceso se convocará entre abril y mayo de 2014, meses más tarde de lo previsto.

– La prueba no tendrá un caso práctico. El examen único, de tipo test y más largo que antes, refundirá los aspectos teóricos y los de aspecto más práctico.

– Un comité de expertos está elaborando ahora el tipo de preguntas del examen. La web del Ministerio publicará luego unas pruebas piloto.

– Justicia estudia para esta primera convocatoria de examen llevarla a cabo sólo en la ciudad de Madrid.

Como ya adelantó este diario en marzo de este año, Justicia decidió ante las presiones de colegios de abogados y universidades no suprimir el examen de acceso, tal como se apuntaba en el primer borrador de la Ley de Servicios Profesionales, pero también determinó que había que reformar totalmente la prueba. Tras varios meses de trabajo, las citadas fuentes confirman que se va a proceder a modificar el real decreto aprobado en 2011 para refundir en un único examen tipo test las dos partes, teórica y práctica, que estaban definidas anteriormente. Al estilo MIR El objetivo de Justicia con este cambio sutancial –no habrá finalmente un caso práctico en el acceso–, es “conseguir una prueba que sea mucho más objetiva en la corrección, al estilo del MIR de los futuros médicos. Con esto se consigue que las respuestas no admitan discusión”, explican desde el Ministerio.

Sin embargo, apuntan las mismas fuentes, “esto no significa que todas las preguntas del examen estén relacionadas con aspectos puramente técnicos o teóricos, sino que se intentará que varias preguntas tengan un contenido de aplicación práctica a pesar de ser de tipo test”. Para ello, Justicia ha reunido a un comité de juristas expertos en la materia junto a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)– para que asesoren en la elaboración final de las preguntas. “Es más que probable que el examen sea largo, es decir, con unas noventa o cien preguntas tipo test, a diferencia de las cincuenta que estaban previstas antes. Buscamos que las cuestiones planteadas sirvan para verificar realmente los conocimientos que tenga cada alumno de los contenidos del máster de acceso”, manifiestan desde Justicia.

Las mismas fuentes confirman que una vez que se definan las preguntas del examen, se publicarán en la web del Ministerio unos test piloto, tal como hizo el anterior equipo ministerial antes de dejar el cargo. Por ahora se estudia si las respuestas sólo deben sumar o, como en otras pruebas, las fallidas también deben restar puntos.

Por otra parte, aún está por decidir dónde se llevará físicamente la primera convocatoria del examen de acceso, que tendrá que organizar el Ministerio de Justicia, pero se baraja que dado que esta primera edición sólo afecta a 800 graduados, se pueda desarrollar sólo en Madrid, como ocurre con otros exámenes estatales.

Como la reválida será únicamente tipo test, Justicia prevé que el resultado de la prueba, que seguirá siendo apto o no apto, se conozca en el plazo de un mes.

Una larga tramitación y puesta en marcha La aplicación de la Ley 34/2006 de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales se ha convertido en un túnel en el que aún no se ve la luz. Es una norma aprobada en 2006, que ha tenido una vacatio legis -periodo hasta que entra la ley en vigor- de cinco años, la mayor de la democracia. Sin embargo, aunque oficialmente el texto está vigente desde el 30 de octubre de 2011, no son pocas las dudas y las idas y venidas que la ley ha tenido que padecer. Después de la controversia durante el primer semestre de 2012 sobre si los licenciados en derecho quedarían o no exentos de la realización del acceso y la aprobación de una enmienda transaccional que los liberaba finalmente de la aplicación de la ley, ahora el foco se centra en el examen de acceso. De nada valen ya las pruebas piloto que el equipo ministerial que encabezaba Francisco Caamaño publicó en la web de Justicia en octubre de 2011, y que causaron gran contestación. Tras barajarse incluso en el primer borrador de la Ley de Servicios Profesionales la supresión del examen, manteniendo sólo el periodo lectivo del máster y las prácticas obligatorias, finalmente entre abril y mayo de 2014, Justicia convocará el primer examen, únicamente con preguntas tipo test y sin ningún caso práctico, al que se presentarán los 800 primeros graduados en derecho que han cursado el máster de acceso.
Fuente: Expansion

Leer más

Se puede cobrar el paro en metálico por razones ideológicas

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado el derecho de un desempleado de ideología anticapitalista y, por tanto, contrario al uso de servicios financieros, a cobrar el paro en metálico a través de ventanilla y no mediante ingresos en cuenta bancaria. El beneficiario de esta prestación manifestaba ser de “ideología contraria al capitalismo” y, en consecuencia, no es titular de cuenta corriente alguna a través de la cual se pueda gestionar el cobro. El Servicio Público de Empleo Estatal denegó su solicitud de cobro en metálico, basándose en que el artículo 228.2 de la Ley General de la Seguridad Social, desarrollado por el Real Decreto 685/1985, es claro en cuanto a que el pago debe realizarse mediante “el abono en la cuenta de la entidad financiera colaboradora indicada por el solicitante, de la que sea titular, salvo en casos justificados en los que la entidad gestora permita el pago en efectivo”. El trabajador consideró que, al negarle la posibilidad de cobro en metálico, se vulneraban sus derechos a la libertad ideológica y a la objeción de conciencia, además de ser una actuación discriminatoria porque le obligaba a formalizar un contrato de cuenta corriente para recibir el subsidio. Por ello, decidió impugnar la resolución administrativa ante el Juzgado de lo Social, que desestimó su pretensión. Finalmente, el caso termina en el TSJ de Cataluña que, tras un amplio análisis sobre la objeción de conciencia y su configuración legal, llega a la conclusión de que “no puede exigirse al ciudadano que concierte una cuenta corriente con el gasto que ello conlleva (la ley establece expresamente que el pago no conllevará gasto ni para la entidad gestora ni para el perceptor), porque el precepto debe entenderse en el sentido de que ‘deberá abonarse a través de cuenta corriente’ cuando el beneficiario sea titular de una, pero no puede exigírsele que concierte un contrato oneroso, como es un contrato bancario de cuenta corriente que devenga comisiones, en contra de su voluntad”. Objeción de conciencia No es la primera vez que la Justicia se pronuncia sobre casos de este tipo. La objeción de conciencia de los ciudadanos y sus efectos en las relaciones con la Administración es recurrente. Hace unos meses, el TSJ de Valencia se pronunciaba sobre otro caso en el que un ciudadano reclamaba su derecho a la objeción de conciencia para no pagar a Hacienda en la declaración de la Renta la parte proporcional que el Gobierno destina al Ministerio de Defensa. En esta ocasión, se denegó la pretensión del ciudadano al considerar el alto tribunal valenciano que aunque la objeción de conciencia es un derecho constitucional, ello no conlleva poder ejercer la objeción fiscal por motivaciones pacifistas “en tanto que el reconocimiento de dicha posibilidad supondría un grave desconocimiento de otros derechos y valores constitucionales dignos de protección”. Además, el tribunal apuntaba que “la negativa a satisfacer los tributos que atienda a motivaciones pacifistas compromete la salvaguarda del ordenamiento constitucional por las fuerzas armadas (art. 8.1 de la Constitución), el derecho de los españoles a defender a España (art. 30) y el sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1)”.

Fuente: Expansión

Leer más

BUFETE APORTA & ASOCIADOS
C/ Santa Engracia 128, 1º C
28003 - MADRID
Tlfs: 914 417 922 / 55 - Fax: 913 991 780
correo@bufeteaporta.es