TASAS JUDICIALES. Auto del Tribunal Supremo

El Supremo fija que las demandas de revisión de sentencia están exentas de tasas

Lucía Sicre / elEconomista.es

A través de un auto, el Pleno opta por una interpretación restrictiva de la Ley
Asegura que no constituye un “proceso declarativo” en el sentido de la norma

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de dictar un auto en el que asegura que no es posible cobrar tasas judiciales por las demandas de revisión de sentencias firmes. Según el Alto tribunal, que estima el recurso planteado por una sociedad limitada y obliga a devolver las tasas pagadas indebidamente, esta exención responde a que se trata de un tipo de recurso “extraordinario”, que no encaja en la definición de proceso declarativo.

Según explica el documento, del que es ponente el magistrado Marín Castán, y que tiene fecha de 4 de marzo de 2014, el artículo 2 a) de la ‘Ley de Tasas’ configura como hecho imponible de la tasa la interposición de la demanda “en toda clase de procesos declarativos”.

Partiendo de esta definición, el auto asegura que, “en una primera aproximación, el procedimiento para la revisión de sentencias firmes parecería pertenecer a esa categoría general y sustanciarse, a partir de la contestación a la demanda, por los trámites del juicio verbal”. De hecho, la misma Sala de lo Civil se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre la naturaleza declarativa tanto del procedimiento para el reconocimiento del error judicial como de la revisión de sentencias firmes.

Sin embargo, el Supremo acude a la Ley General Tributaria (LGT) y recuerda que, dado que la tasa judicial es un tributo, su aplicación debe partir de un criterio de interpretación restrictiva de los supuestos constitutivos del hecho imponible contenidos en la Ley de Tasas.

Así, los procesos declarativos “se definen, en general, como aquellos procesos que resuelven defiitivamente un litigio, con efectos de cosa juzgada, estableciendo mediante una sentencia la certidumbre jurídica en el caso concreto“. En este concepto general no cabe el procedimiento para la revisión de sentencias firmes, “precisamente por su naturaleza extraordinaria y excepcional, que viene determinada por la exigencia de un presupuesto esencial y a la vez excepcional como e la presencia de una resolución judicial firme dictada en un procedimiento anterior.

En definitiva, el auto concluye que no procede considerar incluidos los procedimientos para la revisión de sentencias firmes dentro del concepto de procesos declarativos “de toda clase” a que se refiere el artículo 2 a), por lo que no resulta exigible la tasa en tales casos.

Criterio de la Dirección General de Tributos

La Dirección General de Tributos,por su parte, se pronunció el pasado 23 de diciembre sobre la misma materia, alcanzando, de forma vinculante, la misma conclusión que el Supremo. En concreto, la consulta V3669/2013 -que responde a una duda planteada por el Consejo General de la Abogacía Española- determinó que están exentos de abonar tasas judiciales los supuestos de incidente de nulidad de actuaciones (artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), las reclamaciones de cantidad por causa de error judicial (artículo 293 de la LOPJ) y en los motivos de revisión de sentencia firme recogidos en el artículos 509 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ello se traslada tanto al orden civil, como al contencioso-administrativo y al social.

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Plusvalía municipal: Hacienda cree que debe pagarse aunque no haya ganancia

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como Plusvalía, se ha convertido en foco de críticas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Si su hecho imponible se basa en la idea, antes inamovible, de que el simple paso del tiempo provoca una revalorización del terreno que obliga a gravar la venta, la crisis ha puesto de manifiesto que, en muchas ocasiones, el precio real del inmueble se encuentra, en el momento de la venta, por debajo del valor catastral.

Plusvalía: las claves de un polémico impuesto que “debe desaparecer”

 

Este giro ha provocado que algunos tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se hayan mostrado contrarios al pago de este tributo cuando no exista ganancia para el vendedor. Sin embargo, la Dirección General de Tributos (DGT) acaba de manifestarse en contra de ese criterio, más beneficioso para el vendedor.

Pérdida de dinero

La crisis ha provocado que muchos particulares y empresas se vean obligados a vender sus fincas por un valor inferior al de adquisición, generando, a pesar de ello, el devengo de la plusvalía. Al menos así debe ocurrir según el criterio de la DGT, que acaba de pronunciarse sobre la venta de un bien inmueble de naturaleza urbana por un precio inferior al de adquisición.

La Dirección concluye que, en el caso planteado en la consulta, la transmisión onerosa del bien inmueble de naturaleza urbana determina el devengo del IIVTNU, calculándose la base imponible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

A esta conclusión se llega argumentando tajantemente que “la base imponible determinada conforme a las reglas del artículo 107 del TRLRHL no admite prueba en contrario”.

Así, la Dirección le da la vuelta a la situación y asegura que “en los años del llamado boom inmobiliario, en los que el valor de mercado de los inmuebles se incrementaba muy por encima de los valores catastrales, si un Ayuntamiento realizaba una comprobación tributaria, sólo podía comprobar que la cuota del impuesto ingresada se había determinado aplicando correctamente las normas reguladoras del TRLRHL, sin que pudiera atribuir un valor mayor fundamentado en que el incremento real del terreno era superior al derivado de las reglas del artículo 107 del TRLRHL”.

Este criterio es contrario al defendido, por ejemplo, por los jueces catalanes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia de 18 de julio de 2013, se ha negado a que los municipios puedan cobrar el tributo en caso de que no exista tal plusvalía, asegurando que “el incremento de valor constituye el primer elemento del hecho imponible”, de manera que “en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo, y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del artículo 107 de la Ley de las Haciendas Locales”.

Fuente: El Economista

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Mediacion. Los acuerdos alcanzados son vinculantes

Mediación familiar: no basta una simple discrepancia para dejar sin efecto lo acordado

Juzgado de 1.ª Instancia Málaga, n.º 5, 17-12-2013

En un acuerdo de mediación se reflejó que el esposo asumiría durante seis meses el levantamiento de las cargas de la sociedad de gananciales. Sin embargo, ahora, en el divorcio, la esposa discrepa y considera que ha de ser durante un año por su situación de desempleo.

Señala la sentencia que los acuerdos alcanzados en mediación y documentados, en lo que la Ley 5/2012 llama acta final (art. 22.3) o acuerdo de mediación, deben ser equiparados en el ámbito de los procesos de familia a los convenios reguladores no ratificados o no aprobados judicialmente. Estos acuerdos tienen un “plus” de obligatoriedad y deben tener un alto peso en la adopción por el Juez de las medidas a que se refieren. No basta una simple discrepancia en un plazo para dejar sin efecto todo lo acordado en mediación, pues el abogado aboca a su cliente a un proceso contencioso, con el coste emocional que comporta para todo el grupo familiar. Se adoptan, por ello, como medidas definitivas las plasmadas en el acuerdo de mediación.

Fuente: Sepin

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El Supremo fija doctrina sobre la adquisición de propiedad por uso continuado

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado doctrina en relación con la usucapión contra el Registro o “contra tabulas”, es decir, la adquisición de una propiedad por su uso continuado durante cierto tiempo, en contra de lo expresado en el Registro de la Propiedad. El tribunal ha declarado que rige lo dispuesto en el art. 36 de la Ley Hipotecaria frente a lo establecido en el art. 1949 del Código Civil, ya que este último ha de considerarse derogado.

La problemática se centra en que el Regisro de la Propiedad no atribuye a nadie la titularidad de un espacio, bien porque no está inscrito o porque los asientos tienen un escaso valor jurídico. Esta ausencia de adjudicación por el Estado crea una vacancia que puede ser suplida mediante la aplicación de normas generales que regulan la prescripción adquisitiva, sobre las que se ha pronunciado hoy el Tribunal Supremo. 

Según la sentencia, de la que es ponente el Magistrado D. Antonio Salas Carceller, la Audiencia declaró en relación con la usucapión «que no cabía admitir tal modo de adquirir en el presente caso puesto que se trataba de una prescripción ordinaria que -según dicho artículo 1949- requería que el usucapiente, a su vez, tuviera título inscrito a su favor» sin plantearse la sentencia recurrida el problema de la actual vigencia de dicha norma. En concreto, la Audiencia razonó que la jurisprudencia dictada sobre aquel precepto obliga a computar el plazo de prescripción adquisitiva ordinaria frente al titular del derecho inscrito desde la inscripción del segundo título, el que ampara la posesión del usucapiente, de forma que, en contra del tercero, el art. 1949 CC solo permite el inicio de la prescripción ordinaria “contra tábulas” a partir de la inscripción del segundo título que ampara la posesión del usucapiente, valiendo la posesión anterior solo a efectos de prescripción extraordinaria.

El Supremo no se declara vinculado por la mención del art. 1949 CC en la jurisprudencia anterior, ya que entonces se aludió a dicho precepto de modo incidental, en casos en que no dependía de su aplicación el resultado del pleito, a diferencia del presente litigio en el que la ratio decidendi de la sentencia impugnada se asienta en su vigencia, lo que obliga a declarar derogado el art. 1949 CC por el art. 36, apartados I y II de la Ley Hipotecaria, regulador de los distintos supuestos de usucapion “contra tabulas”.

Para la Sala, el art. 1949 CC es una norma que nació perfectamente coordinada con el antiguo art. 35 LH, en vigor hasta 1909. Bajo dicho régimen, en la usucapión contra tabulas frente al dueño del inmueble o derecho, el cual conoce -o puede conocer- que otro está poseyendo para adquirir, regía la legislación común del Código Civil, mientras que si se trata de un tercero hipotecario -que no conocía, ni había de conocer, dicha posesión “ad usucapionem”- era necesaria la inscripción que pudiera reflejar dicha posesión, lo que resultaba conforme con el texto del artículo 1949 del Código Civil; y ello se tratara de usucapión ordinaria o extraordinaria.

El nuevo artículo 36 de la Ley Hipotecaria (texto vigente desde 1944) contempla dos situaciones distintas y contiene una regulación diferente de la anterior respecto de la prescripción adquisitiva frente al tercero registral. Tales situaciones son:

1ª) La usucapión que se produce contra el titular inscrito mientras tiene lugar la posesión “ad usucapionem”

2ª) La que se produce frente al tercer adquirente de ese titular, que reúne las condiciones del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

En el primer caso, la solución viene a coincidir con la del anterior artículo 35 LH pues se dice ahora que «en cuanto al que prescribe y al dueño del inmueble o derecho real que se esté prescribiendo y a sus sucesores que no tengan la condición de terceros, se calificará el título y se contará el tiempo con arreglo a la legislación civil»; pero no sucede igual en el segundo supuesto para el que, sin distinción entre usucapión ordinaria y extraordinaria, se contiene una nueva regulación sobre la eficacia de la prescripción adquisitiva en perjuicio de tercero hipotecario, pues ahora no se exige que el usucapiente tenga inscripción alguna a su favor, sino que adopta como criterio el del conocimiento real o presunto por parte de dicho tercero de la situación posesoria “ad usucapionem”.

En tal caso prevalece contra el “tercero hipotecario” la prescripción adquisitiva ya consumada en el momento de la adquisición, o que pueda consumarse dentro del año siguiente, en dos supuestos: a) Cuando se demuestre que el adquirente conoció o tuvo medios racionales y motivos suficientes para conocer, antes de perfeccionar su adquisición, que la finca o derecho estaba poseída de hecho y a título de dueño por persona distinta de su transmitente; y b) Cuando, fuera del caso anterior, el “tercero hipotecario” consienta dicha posesión, apta para la adquisición del dominio, de forma expresa o tácita, durante todo el año siguiente a la adquisición. La sentencia concluye que este nuevo régimen, distinto del anterior, ha venido a sustituir en su integridad el del art. 1949 CC en cuanto que, al no distinguir, afecta tanto a la prescripción ordinaria como a la extraordinaria.

Fuente: Diario Juridico

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LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, CREA LA FIGURA DEL COORDINADOR PARENTAL.

Gracias a la Abogada Carmen Varela que ha colgado en Linkedin la noticia relativa a una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 12ª, tenemos conocimiento de la creación en España de la figura del Coordinador Parental:

“Una reciente sentencia de la Sección 12 de la Audiencia Provincial Barcelona acuerda por primera vez la intervención de un psicólogo designado por el SATAF, en calidad de coordinador parental, como medida de refuerzo y seguimiento para la normalización del sistema de custodia.

El supuesto que motivó la adopción de esta medida fue que la relación del hijo mayor con la madre se interrumpió de forma prácticamente absoluta desde que al menor le fue comunicada por su madre la sentencia de primera instancia que le concedía la guarda y descartaba una custodia compartida. Esto provocó, además, un proceso de mimetismo en el segundo hijo que, unido por fuertes vínculos a su hermano, mostraba una clara tendencia en seguir sus pasos, a pesar de la gravedad que implica la ruptura de la relación de unos hijos con su madre.

En la diligencia de exploración de los menores practicada por la Audiencia se pudo constatar que no existía patología alguna en esta situación de facto. El hijo mayor es una persona reflexiva y madura que se encontraba incómodo con la situación creada, respecto a la que reconoció no tener la capacidad para remediarla, pero sin mostrar ningún tipo de rechazo hacia la madre, sino simplemente la valoración de que sus progenitores son distintos y que él se entiende mejor con el padre. También el hijo menor manifestó que el carácter de la madre es más reservado y severo, mientras que el padre es más abierto, flexible y cercano a las actividades cotidianas de los hijos.

La Audiencia de Barcelona concluye que en el episodio de la ruptura, la responsabilidad es compartida por todos los miembros de la familia, si bien recae fundamentalmente en el padre que nunca debió plegarse a los deseos del hijo, por cuanto ello implicaba una consecuencia tan dramática para el mismo como la ruptura de la relación con su madre. Tampoco fue adecuada la postura de la madre quien, en lugar de buscar fórmulas para superar el problema planteado, optó en un primer momento por “notificar” a sus hijos de forma fehaciente la sentencia que los obligaba a vivir con ella, pese a la voluntad contraria de los menores, especialmente del hijo mayor, que era la de que fuera compartida la custodia. Posteriormente, la madre decidió acudir a la vía penal, lo que incrementó el rechazo del hijo, que lo vivió como una agresión hacia su padre y hacia él mismo. Tampoco reaccionó debidamente la Justicia que debió remitir a los progenitores a un proceso de mediación o de terapia familiar en beneficio de los menores.

En consecuencia y al objeto de que el cambio del sistema de ejercicio de la guarda se produzca de la forma más eficiente posible, garantizando el superior interés de los menores y en aplicación de los criterios que se establecen en los artículos 211-6 , 233.13 y 236-3 del Libro II del CCCat , es necesario designar un coordinador parental que deberá planificar con ambos progenitores y con especial atención a los dos hijos, la normalización del sistema de custodia establecido, de tal manera que en un plazo no superior a dos meses desde el inicio del curso escolar pueda estar normalizado dicho sistema de ejercicio conjunto de la custodia.

Así pues estamos ante una sentencia pionera en la que se implanta por primera vez en España la figura inglesa del coordinador parental como auxiliar del juez y de las familias en la gestión de su ruptura. Resulta también muy significativo que el único juzgado del que tengo noticia de que está realizando una experiencia piloto con un coordinador parental sea también de Barcelona: el juzgado de Familia de Sabadell.

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El Tribunal Supremo en una sentencia de divorcio a que el menor viaje con la sillita adecuada

EL TRIBUNAL SUPREMO EN UNA SENTENCIA OBLIGA A TENER LA SILLITA ADECUADA PARA QUE VIAJE EL MENOR EN EL COCHE.

Se trata de la primera vez en que el Supremo avala la seguridad vial de los menores en un caso de este tipo.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que reconoce que el hijo en común de un matrimonio puede ser recogido en el domicilio materno «bien por el padre, bien por cualquier familiar autorizado por éste para ello» pero siempre «en un coche apto para circular con un niño de la edad del de las partes conforme a la seguridad vial».

Según la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha tenido acceso a la sentencia, la novedad de este caso estriba en que se haga «una previsión expresa acerca de las medidas de seguridad vial que debe adoptar respecto de su hijo menor cuando la recogida de aquel se haga en automóvil».

A juicio de AEA, la seguridad vial es «un aspecto marginal en las sentencias de divorcio, a pesar de que el automóvil es uno de los medios de transporte más utilizado en el régimen de visitas de matrimonios separados».

Para dar una idea de la dimensión del problema, AEA cita los últimos datos publicados por el INE que revelan que durante el año 2011 se produjeron en España 110.651 disoluciones matrimoniales, de las cuales, el 43,0% fueron contenciosas.

En más de un 50% de los casos hay menores. En el 53,3% de los casos, es decir, en 58.977 disoluciones matrimoniales, había hijos menores, los cuales «merecen una especial protección a la hora de viajar en el automóvil de sus padres».

Sin embargo, en apenas en una mínima parte de las sentencias judiciales de nulidad, separación o divorcio -AEA estima que sólo en el 0,1% de los casos- se hace mención expresa a la obligatoriedad de cumplir estrictamente las normas de tráfico durante el régimen de visitas al objeto de dotar a los menores de una mayor protección.

Por eso AEA considera necesario que «en todas las sentencias de nulidad, separación o divorcio, en los que existan menores, se recuerde el estricto cumplimiento de las normas de tráfico» sobre el uso de los Sistemas de Retención Infantil (SRI), ya que a pesar de que «estamos convencidos de que los padres quieren siempre lo mejor para sus hijos, nunca está de más ser redundante en lo que a seguridad vial de los menores se refiere».

Tráfico descubre a más de 300 niños viajando sin SRI en una semana Esta semana, la DGT ha hecho públicos los resultados de su última campaña de vigilancia y concienciación del uso del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) en la que se han controlado 468.568 vehículos y se ha detectado que en el 1,13% de los casos no se hacía uso de estos sistema de seguridad.

Sin embargo, el porcentaje ha alcanzado el 6% cuando se trataba de menores. Hasta 318 menores de doce años han sido detectados en una semana viajando en el coche sin ningún tipo de sistema de retención.

De estos 318 menores, 63 iban situados en el asiento delantero y 255 en los asientos traseros.

Para los responsables de AEA estos datos son «tan alarmantes que justifican todo tipo de campañas para mejorar la seguridad vial de los niños» y entre ellas el que en las sentencias judiciales de disolución matrimonial donde se fije el régimen de visitas de los menores se establezca expresamente que deben utilizarse adecuados Sistemas de Retención Infantil (SRI) cuando viajen en automóvil.

Fuente: ABC

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