TASAS JUDICIALES. Auto del Tribunal Supremo

El Supremo fija que las demandas de revisión de sentencia están exentas de tasas

Lucía Sicre / elEconomista.es

A través de un auto, el Pleno opta por una interpretación restrictiva de la Ley
Asegura que no constituye un “proceso declarativo” en el sentido de la norma

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de dictar un auto en el que asegura que no es posible cobrar tasas judiciales por las demandas de revisión de sentencias firmes. Según el Alto tribunal, que estima el recurso planteado por una sociedad limitada y obliga a devolver las tasas pagadas indebidamente, esta exención responde a que se trata de un tipo de recurso “extraordinario”, que no encaja en la definición de proceso declarativo.

Según explica el documento, del que es ponente el magistrado Marín Castán, y que tiene fecha de 4 de marzo de 2014, el artículo 2 a) de la ‘Ley de Tasas’ configura como hecho imponible de la tasa la interposición de la demanda “en toda clase de procesos declarativos”.

Partiendo de esta definición, el auto asegura que, “en una primera aproximación, el procedimiento para la revisión de sentencias firmes parecería pertenecer a esa categoría general y sustanciarse, a partir de la contestación a la demanda, por los trámites del juicio verbal”. De hecho, la misma Sala de lo Civil se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre la naturaleza declarativa tanto del procedimiento para el reconocimiento del error judicial como de la revisión de sentencias firmes.

Sin embargo, el Supremo acude a la Ley General Tributaria (LGT) y recuerda que, dado que la tasa judicial es un tributo, su aplicación debe partir de un criterio de interpretación restrictiva de los supuestos constitutivos del hecho imponible contenidos en la Ley de Tasas.

Así, los procesos declarativos “se definen, en general, como aquellos procesos que resuelven defiitivamente un litigio, con efectos de cosa juzgada, estableciendo mediante una sentencia la certidumbre jurídica en el caso concreto“. En este concepto general no cabe el procedimiento para la revisión de sentencias firmes, “precisamente por su naturaleza extraordinaria y excepcional, que viene determinada por la exigencia de un presupuesto esencial y a la vez excepcional como e la presencia de una resolución judicial firme dictada en un procedimiento anterior.

En definitiva, el auto concluye que no procede considerar incluidos los procedimientos para la revisión de sentencias firmes dentro del concepto de procesos declarativos “de toda clase” a que se refiere el artículo 2 a), por lo que no resulta exigible la tasa en tales casos.

Criterio de la Dirección General de Tributos

La Dirección General de Tributos,por su parte, se pronunció el pasado 23 de diciembre sobre la misma materia, alcanzando, de forma vinculante, la misma conclusión que el Supremo. En concreto, la consulta V3669/2013 -que responde a una duda planteada por el Consejo General de la Abogacía Española- determinó que están exentos de abonar tasas judiciales los supuestos de incidente de nulidad de actuaciones (artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), las reclamaciones de cantidad por causa de error judicial (artículo 293 de la LOPJ) y en los motivos de revisión de sentencia firme recogidos en el artículos 509 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ello se traslada tanto al orden civil, como al contencioso-administrativo y al social.

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Plusvalía municipal: Hacienda cree que debe pagarse aunque no haya ganancia

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como Plusvalía, se ha convertido en foco de críticas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Si su hecho imponible se basa en la idea, antes inamovible, de que el simple paso del tiempo provoca una revalorización del terreno que obliga a gravar la venta, la crisis ha puesto de manifiesto que, en muchas ocasiones, el precio real del inmueble se encuentra, en el momento de la venta, por debajo del valor catastral.

Plusvalía: las claves de un polémico impuesto que “debe desaparecer”

 

Este giro ha provocado que algunos tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se hayan mostrado contrarios al pago de este tributo cuando no exista ganancia para el vendedor. Sin embargo, la Dirección General de Tributos (DGT) acaba de manifestarse en contra de ese criterio, más beneficioso para el vendedor.

Pérdida de dinero

La crisis ha provocado que muchos particulares y empresas se vean obligados a vender sus fincas por un valor inferior al de adquisición, generando, a pesar de ello, el devengo de la plusvalía. Al menos así debe ocurrir según el criterio de la DGT, que acaba de pronunciarse sobre la venta de un bien inmueble de naturaleza urbana por un precio inferior al de adquisición.

La Dirección concluye que, en el caso planteado en la consulta, la transmisión onerosa del bien inmueble de naturaleza urbana determina el devengo del IIVTNU, calculándose la base imponible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

A esta conclusión se llega argumentando tajantemente que “la base imponible determinada conforme a las reglas del artículo 107 del TRLRHL no admite prueba en contrario”.

Así, la Dirección le da la vuelta a la situación y asegura que “en los años del llamado boom inmobiliario, en los que el valor de mercado de los inmuebles se incrementaba muy por encima de los valores catastrales, si un Ayuntamiento realizaba una comprobación tributaria, sólo podía comprobar que la cuota del impuesto ingresada se había determinado aplicando correctamente las normas reguladoras del TRLRHL, sin que pudiera atribuir un valor mayor fundamentado en que el incremento real del terreno era superior al derivado de las reglas del artículo 107 del TRLRHL”.

Este criterio es contrario al defendido, por ejemplo, por los jueces catalanes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia de 18 de julio de 2013, se ha negado a que los municipios puedan cobrar el tributo en caso de que no exista tal plusvalía, asegurando que “el incremento de valor constituye el primer elemento del hecho imponible”, de manera que “en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo, y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del artículo 107 de la Ley de las Haciendas Locales”.

Fuente: El Economista

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Mediacion. Los acuerdos alcanzados son vinculantes

Mediación familiar: no basta una simple discrepancia para dejar sin efecto lo acordado

Juzgado de 1.ª Instancia Málaga, n.º 5, 17-12-2013

En un acuerdo de mediación se reflejó que el esposo asumiría durante seis meses el levantamiento de las cargas de la sociedad de gananciales. Sin embargo, ahora, en el divorcio, la esposa discrepa y considera que ha de ser durante un año por su situación de desempleo.

Señala la sentencia que los acuerdos alcanzados en mediación y documentados, en lo que la Ley 5/2012 llama acta final (art. 22.3) o acuerdo de mediación, deben ser equiparados en el ámbito de los procesos de familia a los convenios reguladores no ratificados o no aprobados judicialmente. Estos acuerdos tienen un “plus” de obligatoriedad y deben tener un alto peso en la adopción por el Juez de las medidas a que se refieren. No basta una simple discrepancia en un plazo para dejar sin efecto todo lo acordado en mediación, pues el abogado aboca a su cliente a un proceso contencioso, con el coste emocional que comporta para todo el grupo familiar. Se adoptan, por ello, como medidas definitivas las plasmadas en el acuerdo de mediación.

Fuente: Sepin

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