Las 10 sentencias de 2013 que debe tener a mano, por si acaso

Estas son las 10 sentencias que si muchas personas hubiesen conocido en 2013 se hubiesen ahorrado muchos sinsabores, según la selección de la redacción de ‘Ecoley.es’ y ‘Iuris&Lex.’

 

1) Consentimiento de las obras del local arrendado

 

Necesidad de consentimiento de las obras en local de negocio arrendado durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento. (TS, 19-04-2013)

Necesidad de consentimiento de las obras en local de negocio arrendado durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento. Las obras que han de entenderse autorizadas en todo arrendamiento de local de negocio son las necesarias para la instalación, adaptación o acondicionamiento del local arrendado para poder servir al destino pactado y ha de considerarse referida dicha autorización al tiempo de puesta en marcha del negocio, siempre que ello sea preciso para el desarrollo del mismo, pero sin que pueda en modo alguno estimarse indefinida la facultad del arrendatario de establecer o introducir en el local, durante la vida del contrato, cambios que afecten a la configuración del mismo sin autorización del dueño, a cuya soberanía sigue perteneciendo el conocerla o no, o, en su caso, sin la autorización judicial.

2) Cláusula oscura sobre compromiso del banco para financiar al comprar la vivienda

Resolución del contrato al constar cláusula oscura, de la que el comprador podía razonablemente deducir que la vendedora se comprometía a conseguir del Banco una oferta vinculante de préstamo (TS, 24-04-2013)

A la luz de los artículos del Código Civil, 1281 (intención de los contratantes), 1284 (efectividad de los contratos), 1285 (interpretación sistemática y contextual) 1286 (sentido propio de los términos, en función del contrato) debemos declarar que la redacción del contrato es altamente confusa, pues de los términos de la misma la compradora pudo entender razonablemente que se le iba a efectuar una oferta vinculante de préstamo, por acuerdo entre el Banco y la vendedora, lo que sin duda era un aliciente esencial para la compra.

La recurrente entiende que solo se comprometió a facilitar información sobre el préstamo, pero dicha interpretación sin ser ilógica, es también compatible con la antes efectuada, por lo que en aplicación del art. 1288 del C. Civil, debemos concluir que las cláusulas oscuras no pueden beneficiar a quien ocasionó la oscuridad, a saber la vendedora y promotora.

3) Intereses moratorios bancarios abusivos

Los intereses moratorios superiores en un 16% a los remuneratorios, con un techo del 27«5%, pactados en la escritura constituyen una indemnización desproporcionada (AP de Palma de Mallorca, Auto, 15-04-2013).

Los intereses moratorios superiores en un 16% a los remuneratorios, con un techo del 27«5%, pactados en la escritura constituyen una indemnización desproporcionada La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido produciendo desde hace años una extensa doctrina en interpretación del artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Pueden considerarse como hitos en esta doctrina del Tribunal, las sentencias Mostaza Claro, de 26 de octubre de 2006 y Pannon, de 4 de junio de 2009. Esta última no solo permite, sino que impone al juez el deber de examinar de oficio el eventual carácter abusivo de cláusulas contractuales en el ámbito de la protección del consumidor y usuario. Esta doctrina ha sido incorporada a nuestra jurisprudencia.

Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2010 señala que el control de oficio de la abusividad no tiene por qué limitarse a las cláusulas accesorias sino que puede extenderse, también a “las cláusulas esenciales y definitorias del equilibrio contractual, a la “economía del negocio”. El control de oficio del eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales ha sido extendido al ámbito de la ejecución hipotecaria por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Mohamed Aziz, de 14 de marzo de 2013.

4) Culpa del asesor fiscal en las decisiones de inversión del cliente

Sólo cabe imputarle al asesor fiscal la responsabilidad derivada de su negligencia, no todas las consecuencias de reinvertir los beneficios extraordinarios por una sociedad (TS,04-04-2013)

La sociedad recurrente no puede aprovecharse de un error de su asesor fiscal para obtener un beneficio fiscal que la ley no le reconoce. Los magistrados entienden que la sociedad “ni siquiera ha intentado acreditar qué posibilidades reales tenía de haber conseguido el diferimiento por la parte no reinvertida en plazo”.

Es preciso distinguir entre la decisión de reinvertir en un determinado objeto, la finca necesitada de obras de ampliación y mejoras, adoptada por la sociedad recurrente y cuyas consecuencias tiene esta que asumir, del asesoramiento fiscal correspondiente a esa decisión, del que la sociedad hace responsable al asesor de sus errores, pero no de que las obras no se terminaran dentro del plazo necesario para poder acogerse en su totalidad al beneficio fiscal del diferimiento.

En definitiva, la obligación del profesional, en este caso de un asesor fiscal, como una obligación de resultado en vez de una obligación de medios, y a su vez el resultado cuya obligación se impone al profesional se configura como un resultado óptimo, el mejor de todos los posibles, al margen de la responsabilidad por tal decisión de reinvertir en un determinado objeto, que debe asumir quien adopta tal decisión.

5) Pensión de viudedad y nuevo matrimonio

Pensión de viudedad: el requisito de no tener vínculo matrimonial con otra persona basta con que concurra en el momento inmediatamente anterior al fallecimiento (TSJ de Cataluña, 23-04-2013)

Se discute si se cumple el requisito exigido en la letra b), convivencia ininterrumpida, como pareja de hecho, durante al menos los seis años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante, pues si bien es cierto que acredita una convivencia de 24 años, solo en los últimos cuatro de ellos reunía el causante el requisito de no tener vínculo matrimonial con otra persona, ya que estaba casado y no obtuvo el divorcio hasta cuatro años antes de fallecer.

El TS reconoce el derecho al entender que lo que el legislador exige son dos requisitos diferentes y acumulativos: uno, que la convivencia de hecho haya tenido una determinada duración, y otro que, al momento anterior al fallecimiento dicha pareja de hecho hubiera podido constituirse en la forma que el art.174.3 de Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece, por no existir impedimento para ello, singularmente por no estar casados ninguno de los integrantes de esa pareja de hecho.

Al final sentencia que el requisito de no tener vínculo matrimonial con otra persona basta con que concurra en el momento inmediatamente anterior al fallecimiento. La total similitud del supuesto enjuiciado por la sentencia referenciada y el que se presenta en este caso obliga aplicar la misma doctrina con la consecuencia de la estimación del recurso y revocación de la sentencia recurrida.

6) Daños morales por falta de información en prospecto de medicamento

Medicamento defectuoso por insuficiencia del contenido del prospecto con el cual venía siendo comercializado en España, posibilidad de compensación por daños morales (TS, 18-06-2013).

Se plantea si es o no resarcible el daño moral al amparo de la Ley 22/1994 cuyo ámbito de protección -artículo 10 – comprende los supuestos de muerte y las lesiones corporales, así como los daños materiales causados en las cosas.

Los demás daños y perjuicios, incluidos los daños morales, podrán ser resarcidos conforme a la legislación civil general, señalando en el artículo 15 que las acciones reconocidas en esta Ley no afectan a otros derechos que el perjudicado pueda tener como consecuencia de la responsabilidad contractual o extracontractual del fabricante, importador o de cualquier otra persona.

Es decir, el artículo 10 (en la actualidad los artículos 128 -que mantiene la referencia a los daños morales- y 129 -en el que han desaparecido- del texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), integra los daños morales como objeto de una posible reclamación. En cualquier caso, el daño moral que se indemniza se fundamenta en la responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código Civil y no en la responsabilidad objetiva reservada a otra suerte de daños.

En cuanto a la cita de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados de 8 de noviembre de 1995, debe precisarse lo siguiente: a) no se toma como determinante para la valoración del daño vinculado « a la inquietud y padecimiento psíquico añadido y b) en alguno de los hechos que fundamentan el motivo refiere una cuestión meramente fáctica, como es la situación física de las demandantes, lo que tiene que ver apreciación de la prueba, y en ningún caso se identifica la regla del baremo que, por haber sido infringida para la fijación de la cantidad, pudiera ser determinante de una solución jurídica distinta.

7) Deudas pendientes al liquidar la sociedad

Capacidad jurídica para afrontar las deudas pendientes, después de la liquidación de la sociedad (TS, 20-03-2013).

Como establece la doctrina más autorizada al no haberse concluido el proceso liquidatorio en sentido sustancial, aunque sí formal, los liquidadores continuarán como tales y deberán seguir representando a la sociedad mientras surjan obligaciones pendientes o sobrevenidas, máxime cuando la inscripción de cancelación en el Registro Mercantil, no tiene efecto constitutivo, sino meramente declarativo.

En resumen, no se viola en la sentencia recurrida el art. 109 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) ni los concordantes citados, pues el mismo debe ser interpretado en relación con el art. 123 del mismo texto legal, en la redacción vigente en la fecha de autos, y 228 del C. de Comercio, lo que da como resultado la pervivencia de la personalidad jurídica de la sociedad liquidada, solo para atender a las relaciones pendientes

8) Cargo gratuito de administrador y cobro otras actividades

Cantidades pagadas a un administrador societario, cuyo cargo se preveía gratuito en los estatutos sociales (TS, 18-06-2013)

Para que el administrador pueda percibir de la sociedad una retribución por actuaciones realizadas en virtud de un contrato, estando prevista estatutariamente la gratuidad del cargo, es necesario un elemento objetivo de distinción entre actividades debidas por una y otra causa, que ha de ser preciso y cierto, sin que pueda consistir en la realización de actividades imprecisas situadas en el ámbito de actuaciones de gestión, administración y representación de la sociedad.

El consentimiento y conocimiento del socio demandante respecto de la retribución del administrador, durante un periodo prolongado, es apto para generar fundadamente en el administrador la confianza en que podía percibir la remuneración por haber sido acordada por todos los socios, incluido el actor y en que no se le iba a reclamar la devolución de tales cantidades.

9) Precontrato profesional de futbolista a un niño

Tutela del interés superior del menor en la contratación de menores de edad para la práctica del fútbol profesional (TS, 05-02-2013).

La prevalencia del interés superior del menor y el libre desarrollo de su personalidad adquiere especial relevancia cuando en el precontrato, que debería limitarse al ámbito de la formación, se incluye la cesión futura de los derechos de imagen del menor para cuando sea, en su caso, jugador profesional.

En este sentido, se tiene que tener en cuenta que el derecho a la imagen como derecho de la personalidad, es un derecho irrenunciable, inalienable, imprescriptible, y podrá ser revocado en todo momento, pero además, cuando el derecho a la imagen afecta menores, el Ordenamiento Jurídico le otorga una relevancia mucho mayor para la protección jurídica del menor.

Por tanto, es nulo un precontrato de trabajo por resultar contrario a los límites inherentes al orden público en materia de contratación de menores, especialmente en lo referente a tutela del interés superior del menor en la decisión personal sobre su futuro profesional como aspecto o presupuesto del desarrollo de su libre personalidad.

El ámbito fundamental que el precontrato vulnera o menoscaba pues el interés del menor, que debería ser la piedra angular e informadora de la reglamentación dispuesta en su conjunto, resulta ignorado ante una cláusula penal de tamaña envergadura que impide, como si de un contrato se tratase, dado sus plenos efectos obligacionales, la libre elección que sólo el menor debe decidir por sí mismo

No pueden estimarse las alegaciones o fundamentaciones que resaltan la posibilidad en dicho pacto o estipulación de excepcionar el cumplimiento del contrato de trabajo con base a distintos motivos: razones de estudios, de trabajo ajeno al fútbol o de familia, pues las alternativas que se ofrecen no restablecen el ámbito de decisión del menor respecto de su futuro profesional como jugador de fútbol al contemplarse «sólo si el menor abandonase su actividad deportiva» y, en todo caso, sin vincularse a otro club de fútbol que no fuera, exclusivamente, el club firmante.

10) El que ejerce de dueño termina quedándose con el inmueble o el solar

Basta la posesión a título de dueño durante seis años sin necesidad de cualquier otro requisito. (TS, 30-10-2013).

Basta la posesión a título de dueño durante seis años sin necesidad de cualquier otro requisito. En el presente caso quedó cumplida la propiedad (‘usucapión’) con el transcurso de los seis años siguientes a la transmisión de las acciones cuando estaba casado con la demandada bajo el régimen económico de la sociedad de gananciales, por lo que se produjo la usucapión o prescripción adquisitiva a favor de ésta respecto de tales acciones y dichos títulos no pueden ser ahora reclamados por la demandante como propietaria del cincuenta por ciento.

La estimación del recurso interpuesto por doña Flora determina la casación de la sentencia recurrida en su totalidad (artículo 487.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y que esta Sala asuma funciones de tribunal de instancia para resolver las cuestiones litigiosas planteadas, siendo así que de lo ya razonado se desprende la necesaria desestimación de la demanda, privando de efecto al allanamiento del resto de los demandados por tratarse de una pretensión -la contenida en la demanda- que presenta carácter inescindible respecto de todos los demandados (artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Fuente: El Economista

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