El Supremo aprueba que los accionistas investiguen las cuentas de las compañías

El Tribunal Supremo considera que el derecho a la información de los accionistas de una compañía hay que entenderlo en el sentido más amplio posible, siempre que no perjudique los intereses de la empresa.

Esta resolución llega tras un conflicto entre un socio y el resto de accionistas de una empresa familiar. El inversor, hermano del resto de socios, controlaba un 25% de la empresa y, antes de celebrarse la junta anual de accionistas, solicitó una información exhaustiva sobre las cuentas y el balance de la empresa. La firma respondió, pero facilitando datos parciales, alegando que la información que requería era confidencial y que no se podía entregar a título individual a un socio. Celebrada la junta, en la que se aprobaron los acuerdos utilizando la mayoría del resto de los hermanos, que controlaban alrededor de un 75% del capital, el socio minoritario interpuso una demanda para que los acuerdos se declaran nulos, alegando que se había vulnerado su derecho a la información como accionista. Aunque ganó en primera instancia, la decisión fue revocada posteriormente, alargando la guerra judicial hasta que, finalmente, se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que da la razón al demandante.

En una interpretación purista de la ley, “la legislación societaria no faculta al accionista a investigar en la contabilidad y en los libros sociales, y, menos aún, en toda la documentación de la sociedad”, trabajo que corresponde al auditor. Éste fue el argumento que se utilizó para anular la sentencia que daba razón al accionista. Sin embargo, el Supremo ha sido más libre en su interpretación y reconoce un sentido más amplio del derecho a la información de los accionistas.

Según el TS, la jurisprudencia rechaza una concepción restrictiva y asegura que el derecho de información tiene que estar reconocido en el estatuto de todas las sociedades anónimas. Por tanto, considera que la doctrina a seguir es que los socios, ante la celebración de una junta de accionistas, tienen derecho no sólo a examinar los documentos que se deban aprobar en esa asamblea, sino también a solicitar “cuantas aclaraciones o informaciones estime precisas”.

Aun así, señala cuatro límites: que la información demandada se refiera a puntos que tengan que ver con el orden del día; que se pida en forma y plazo (por escrito, hasta el séptimo día anterior a su celebración y verbalmente durante la junta); y que la publicidad de los datos no perjudique los intereses sociales; ni se ejerza este derecho de forma abusiva.

Fuente: Expansión

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