El Gobierno acota los colegios profesionales y cambia su regulación

.El anteproyecto limita la colegiación obligatoria a profesiones sanitarias, jurídicas y a las técnicas que exijan visado.

Revisar la ley de servicios profesionales y las normas que regulan los colegios profesionales ha sido desde hace años una de las exigencias más repetidas desde Bruselas. El Gobierno ha presentado hoy, tras la reunión del Consejo de Ministros, cómo ha decidido abordar los cambios: según ha resumido el ministro de Economía Luis de Guindos se reduce el número de profesiones con colegiación obligatoria y se regula el funcionamiento de esos colegios profesionales.

La nueva normativa también introducen cambios en las profesiones reguladas que han levantado ampollas en estos sectores desde que comenzaron a circular los primeros borradores. Por ejemplo, Guindos ha reconocido que se elimina la incompatibilidad entre las profesiones de abogado y procurador, algo que criticaron duramente los segundos.

Según el anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales, solo las profesiones sanitarias (médicos, fisioterapeutas, podólogos, dentistas, enfermeros…), del ámbito judicial (como los abogados) y aquellas profesiones técnicas que exigen visados, como la arquitectura, mantendrán la obligación de pertenecer a un colegio profesional para ejercer. Estos colegios profesionales, sin embargo, deberán diferenciar las cuotas que cubren los servicios obligatorios y aquellas que hacen referencia a servicios complementarios, que no son exigibles.

Los colegios obligatorios deberán diferenciar las cuotas de servicios obligatorios de aquellas de servicios complementarios

En cuanto a esos colegios profesionales de obligada existencia, deberán cumplir unas nuevas condiciones. Entre otras cosas, se regulará el acceso de familiares de la directiva como empleados, se impulsará un código deontológico y se exigirá la existencia de órganos disciplinarios independientes a los de la gestión, para que puedan ejercer control sobre esta. Además, se “clarifica” el régimen económico de cada colegio, siendo obligatorio diferenciar a qué se destinan las cuotas y qué servicios son de obligada suscripción.  Además, se establecerá la existencia de cuotas bonificadas para desempleados, será obligatorio que sus cuentas sean auditadas, que la información de cuentas y cuotas sea accesible a través de Internet y se “refuerza la participación democrática” en su funcionamiento. Según Guindos, se trata de ampliar “La transparencia y el buen gobierno”.

7.000 millones por el cambio de norma

Según el Gobierno, una vez los cambios aplicados a los servicios profesionales entren en vigor, podría suponer un impacto económico muy elevado: Guindos ha cifrado en 7.000 millones el crecimiento de la economía a medio y largo plazo tras modernizar un sector “relevante, importante y dinamizador de la economía”.

La reforma incluye además, cambios en la regulación de los servicios profesionales. “La norma pretende evitar las barreras existentes para el acceso a ciertas profesiones”, según ha explicado el ministro Guindos. Así, se establece que debe haber libre acceso a actividades profesionales, excepto si hay motivos de interés general para exigir antes una formación determinada.

Así, por ejemplo, si se trata de empleos que exigen titulación universitaria o de formación superior (relacionados con el ámbito sanitario, transporte, educación, ingenierías o arquitectura), se establecerá por ley estatal la regulación concreta en cada caso.

Guindos también ha especificado que se elimina la incompatibilidad entre las profesiones de abogado y procurador. Ha señalado que habrá un tiempo de transición, y que, al tiempo, se eliminan actuales aranceles de procuradores.

Fuente: El País

Guindos prevé que la nueva colegiación profesional aporte 7.000 millones al PIB

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha calculado hoy que la nueva Ley de Colegios y Servicios Profesionales tendrá un impacto sobre la economía de 7.000 millones de euros a medio y largo plazo. El Gobierno ha justificado la importancia de esta reforma en el hecho de que los servicios profesionales representan casi el 9% del PIB, el 6% del empleo total y el 30% del universitario.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales “cuyo objetivo es impulsar la competitividad, el crecimiento y la calidad de los servicios, mediante la eliminación de restricciones en diversos ámbitos”, ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en rueda de prensa. Es más, ha adelantado que el impacto económico que tendrá sobre la economía superará los 7.000 millones de euros a medio y largo plazo. Esta norma, que responde a las recomendaciones de liberalización de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la OCDE, “impulsará la calidad en los servicios profesionales”, que en la actualidad representan casi el 9% del PIB, el 6% del empleo total y el 30% del universitario.

El nuevo marco legal establece la lista de profesiones cuya colegiación será obligatoria, por lo que sin la cual no se podrá desempeñar esa actividad. Ahora bien, esa colegiación obligatoria solo podrá exigirse por ley estatal. Estas profesiones se engloban en tres ámbitos: el sanitario (médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, fisioterapeutas, ópticos-optometristas y podólogos); el jurídico (abogados, procuradores, graduados sociales, registradores y notarios), y el técnico (nueve actividades en el ámbito de la edificación y el manejo de los explosivos para cuyo desempeño se exija visado). Otra de las novedades que introduce el anteproyecto que ahora se remite a las Cortes para su trámite parlamentario es que el código deontológico que deberá elaborar cada organización colegial será único en todo el territorio nacional. Asimismo, los colegios de pertenencia obligatoria deberán ofertar un régimen de cuotas obligatorias bonificado para los profesionales en situación de desempleo.

Acceso a una actividad

Asimismo, se establece que los cargos directivos de los colegios obligatorios no tendrán derecho a remuneración, salvo que ejerzan dicha función de manera exclusiva. Esos salarios deberán figurar de forma detallada en los presupuestos de los organismos colegiales.

En cuanto a los servicios profesionales, el nuevo marco legal establece que las condiciones que regirán el acceso o ejercicio de las distintas profesiones serán comunes y exigidas por ley estatal.

De esta forma, las restricciones basadas en una cualificación profesional tendrán que justificar un motivo de interés general. Igualmente, se contempla una lista de normas para las denominadas reservas de actividad, es decir, los requisitos exigidos para desempeñar una determinada profesión o dentre de la misma, un trabajo específico. Entre ellas, se incluyen todas las que regulan las atribuciones en el ámbito de la ingeniería y la edificación, las sanitarias, el transporte y la educación. Con este fin se creará una Comisión de Reforma de las Profesiones que analizará dichos requisitos de acceso y el ejercicio profesional y, si fuese necesario, hará propuestas de modificación a través de consultas a todos los sectores afectados.

Reformas clave del anteproyecto

Voluntarios

Podrán coexistir los colegios de pertenencia obligatoria y voluntaria. Estos últimos deberán crearse a petición de los profesionales mediante una memoria justificativa.

Buen gobierno

Son incompatibles los cargos de presidente, decano, miembro de la junta de gobierno o directivo de un colegio profesional con un cargo político, un órgano directivo en cualquier administración, en los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones.

Acreditación

Los colegios obligatorios deberán ofertar un sistema de certificación de profesionales mediante la ENAC(Entidad Nacional de Acreditación).

Transparencia

Los colegios deberán presentar y publicitar sus cuentas, además de someterse a auditorías para garantizar un mayor control y transparencia. También, se exigirá que la información sobre los colegiados y sobre todas las cuotas del colegio sean accesibles al público en formato telemático, sin que deban solicitarla.

Abogacía y procura

Se elimina la incompatibilidad del ejercicio de la abogacía y la procura. Además, se eliminan los aranceles de los procuradores, que podrán fijar honorarios con sus clientes.

Farmacias

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hará una propuesta para que se modifique la tabla de deducciones que beneficie a las oficinas de farmacia. De esta forma, se pretende que se establezcan los márgenes de deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano, “con el objetivo de reforzar la progresividad y el carácter finalista del sistema”, según informó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Fuente: Cinco Dias

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