Absuelto un padre que propinó dos cachetes a su hija

El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona ha absuelto a un padre juzgado por haber propinado “uno o dos cachetes con la mano abierta en la parte de atrás de la cabeza” a su hija. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra.

Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2011, sobre las 17 horas, cuando el acusado, después de correr detrás de su hija menor de edad por la calle San Saturnino de Pamplona, le dio uno o dos cachetes a la niña.

La sentencia señala que “el motivo de los golpes no fue atentar contra la integridad física o psíquica de la menor sino intentar corregirla para que no saliera huyendo pues padece de esquizofrenia paranoide”.

El juez apunta que “el hecho concreto consiste en golpear en una o dos ocasiones de forma no contundente a la menor y sin causarle ninguna lesión, extremo de enorme importancia porque refleja la escasa entidad de la fuerza empleada”. “En el caso de haberse producido lesiones el contenido de esta resolución podría variar considerablemente”, añade.

Por otra parte, la sentencia recoge que “no ha quedado acreditado ningún móvil de agredir en el acusado, más bien al contrario, la única prueba practicada va en la línea de afirmar que perseguía a su hija para que no estuviera sola dada su enfermedad”.

Asimismo, señala el juez que “no ha quedado acreditado en ningún momento que el recurso a la agresión sea habitual en el acusado, es decir, no estamos valorando un maltrato habitual, pues en el caso de que fuera así el contenido de esta resolución debería ser distinto por completo”.

“Desde luego y visto el hecho con perspectiva y de forma ideal, lo más correcto hubiera sido el recabar el auxilio de personal sanitario para evitar males que pudieran acaecer a la menor. Pero en el momento concreto en que se produjeron los hechos no podemos tachar de escandalosa la acción realizada, máxime cuando ninguna trascendencia tuvo el hecho en la integridad física de la menor; y respecto a la situación psíquica de la misma para con su padre, queda totalmente aclarada cuando, en su defensa, se ha negado a declarar en el juicio”, expone el juez.

Por todo ello, concluye la sentencia que “la acción desplegada por el padre, si bien no es la ideal (mucho menos si asestó dos golpes por leves que fueran), no puede enmarcarse en sede penal con las consecuencias tan nefastas que produce esta solución especialmente a la vista de la imperativa medida de alejamiento a imponer” por aplicación necesaria del Código Penal. (EUROPA PRESS)

Fuente: Noticias Juridicas

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Fiscal: El TC avala el régimen sancionador de las operaciones vinculadas en el Impuesto de Sociedades

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado, por medio de una sentencia de fecha 11 de julio, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo sobre los apartados 2 y 10 del artículo 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.

 

El TS formuló esta cuestión a raíz de un recurso formulado por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles al surgir entre los magistrados dudas respecto al encaje constitucional del precepto citado. En concreto, dudas acerca de la posible vulneración de los principios de legalidad sancionadora y de proporcionalidad que la Constitución establece en su artículo 25.1.

 

Los preceptos cuestionados establecen el régimen sancionador que, con el fin de luchar contra el fraude fiscal, diseñó el Gobierno para las llamadas “operaciones vinculadas”. Es decir, para aquellas transacciones que realizan sociedades o sujetos relacionados entre sí o sometidos de alguna forma al mismo poder de decisión. Puede suceder que estas entidades pacten los precios de sus operaciones y alteren de ese modo la tributación que les corresponde o incluso falseen la competencia.

 

Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como la Unión Europea y el Gobierno han tratado de evitar que estas operaciones puedan utilizarse de modo fraudulento para encubrir una traslación de beneficios o pérdidas de unas sociedades a otras con el fin de eludir a Hacienda.

 

En concreto, el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, diseña para las “operaciones vinculadas” un tratamiento fiscal diferente del que fija para las transacciones entre empresas independientes. Así, para determinar si las operaciones vinculadas encubren o no un posible delito fiscal, la norma exige la aportación de documentación. De incumplirse esta “obligación documental”, las sociedades podrán ser sancionadas.

 

El Supremo plantea al TC sus dudas sobre la constitucionalidad de este sistema sancionador al entender que el Real Decreto Legislativo 4/2004 (artículo 16.2 y 16.10) carece “de rigor o precisión en la tipificación de los ilícitos previstos”. También considera que las multas son “desproporcionadas”.

 

Principio de legalidad sancionadora. Requisitos para la validez de la remisión al reglamento

 

La sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, de la que ha sido ponente Andrés Ollero, analiza si la norma cuestionada respeta el principio de legalidad sancionadora tanto en su vertiente material (exige que las conductas infractoras y las sanciones correspondientes estén predeterminadas en la ley para que los ciudadanos puedan conocer de antemano las conductas prohibidas y prever así las consecuencias de sus acciones) como en la formal (las normas que tipifiquen esas conductas y sanciones han de tener rango de ley).

 

La exigencia formal, muy estricta en el ámbito penal, es más flexible cuando afecta a las infracciones y sanciones administrativas. Por este motivo, explica el TC, en estas materias la ley puede remitir al reglamento siempre y cuando de forma previa determine “los elementos esenciales de la conducta antijurídica”.

 

El Constitucional advierte de que, cuando se produce la remisión al reglamento, éste debe pasar el filtro de la garantía constitucional de previsibilidad: “Esto supone que la jurisdicción ordinaria, que es a la que compete el control de la legalidad de las normas reglamentarias, habrá de controlar no sólo la fidelidad del reglamento a la ley desarrollada (principio de jerarquía del art. 9.3 de la CE) sino también su conformidad con la exigencia constitucional de taxatividad en materia de infracciones administrativas (dimensión material del principio de legalidad sancionadora del art. 25.1 de la CE)”.

 

En el presente caso, señala el Pleno, “la ley contiene la definición básica de los comportamientos prohibidos; acota materialmente el ámbito al que debe ceñirse el régimen sancionador, enuncia su concreta finalidad, identifica los sujetos responsables y describe suficientemente los elementos objetivos de las conductas antijurídicas en una materia específica y mudable que requiere de una colaboración reglamentaria”. “La remisión al reglamento de la regulación de la documentación relacionada con las operaciones vinculadas no es, pues, una referencia abierta: la potestad reglamentaria está sujeta a directrices legales suficientemente precisas. Consecuentemente, procede afirmar que la tipificación de las infracciones administrativas del apartado 10 del art.16 es conforme con la garantía formal del principio de legalidad sancionadora” del artículo 25.1 de la CE.

 

Proporcionalidad de las sanciones impuestas

 

A la misma conclusión llega el Pleno en lo que se refiere tanto a la proporcionalidad de las sanciones como a la vertiente material del principio de legalidad. Sobre este último punto, señala la sentencia que “la regulación legal de las sanciones es netamente taxativa por lo que satisface la exigencia de ley formal y cumple por sí la de predictibilidad”. Y añade: “La ley fija agotadoramente las consecuencias sancionadoras de los dos tipos de infracciones administrativas reguladas. No habilita siquiera el ejercicio de discrecionalidad en la concreción del importe; en lugar de horquillas de cantidades, hay   sumas perfectamente determinadas o determinables y, por tanto, completamente previsibles”.

Finalmente, la sentencia hace una advertencia sobre la proporcionalidad de las sanciones que concreta el reglamento. “El reglamento –señala textualmente el TC- al cerrar el régimen sancionador, debe seleccionar, de entre todas las informaciones estrictamente necesarias para la evitación del fraude en operaciones vinculadas, sólo aquellas cuya omisión o aportación inadecuada sea efectivamente catalogable como grave y merecedora de las sanciones pecuniarias establecidas en la Ley”. Pero, concluye, no corresponde al Constitucional, “sino a la jurisdicción ordinaria, comprobar si hay proporcionalidad entre las infracciones (tal como han sido definitivamente perfiladas por las normas reglamentarias) y las sanciones (legalmente tasadas)”.

Fuente: Noticias Juridicas

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Ley Propiedad Horizontal: La expresión “salvar el voto” se aplica a los que se abstienen

El Tribunal Supremo, ha dictado la doctrina jurisprudencial en relación con este tema, en una sentencia de la Sala Primera de lo Civil de 10 de mayo de 2013.
Importante resolución del Alto Tribunal, dado que hasta ahora existía disparidad de criterios entorno a la citada expresión.

La interpretación de esta Sentencia, que fija doctrina jurisprudencial, distingue, a los efectos de una posible impugnación, a los propietarios que votan en contra de los que se abstienen.

Así, con respecto a los primeros, siempre estarán legitimados para impugnar, sin necesidad de ninguna otra manifestación en Junta; en cambio, los que se abstienen, deberán “salvar el voto” en la Asamblea para poder impugnar.

Hemos de interpretar, además, como señala la citada Sentencia que al salvar el voto se evitaría que el silencio o la abstención puedan ser interpretados como asentimiento al posicionamiento de la voluntad mayoritaria que se expresa en uno u otro sentido.

Fuente: Sepin

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Guia para afrontar la separación

Guía para madres y padres que afrontan la separación

Ministerio de Sanidad y Política Social y Unión de Asociaciones Familiares

Para difundir la mediación al ciudadano de a pie, se ha editado una Guía destinada a los padres que se enfrentan a una ruptura.

Cada situación de separación y/o divorcio es única, al igual que cada relación de pareja. Durante el matrimonio o la convivencia la pareja trabaja conjuntamente para resolver los problemas familiares, pero cuando está a punto de producirse la ruptura es más difícil. Si una vez producida la separación los progenitores continúan sin entenderse, la relación familiar entre dos hogares diferentes puede complicarse aún más, un trabajo que ya es complejo de por sí.

Esta Guía trata la separación y el divorcio desde la perspectiva de lo que las hijas e hijos necesitan de sus padres. Está pensada para ayudar a usar la mejor información disponible en relación con las necesidades de las unas y los otros cuando sus padres ya no viven juntos.

Fuente: Sepin

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El Gobierno presenta la regulación sobre la custodia compartida

La futura ley establece que siempre prevalecerá el interés del menor en caso de nulidad, separación o divorcio. La custodia compartida deja de ser un régimen excepcional, será el juez quien decida el régimen adecuado. Asimismo determinará a quién corresponde el uso de la vivienda habitual con independencia de la concesión de la guarda y custodia.

El Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio, con el que se adapta la legislación a los cambios producidos en la sociedad española.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha destacado que el interés del menor es el bien jurídico que pasa a ser determinante en la adopción de todas las decisiones que le afecten. “No será válido en ningún caso, aunque esté consentido y acordado por las partes, un acuerdo que resuelva una situación de conflicto si, a juicio del juez, se actúa en contra del interés del menor”, ha dicho.

Para concienciar a los progenitores sobre la necesidad e importancia de pactar por el bien del menor, las demandas de separación o divorcio deberán ir acompañadas de un plan de patria potestad conjunto. Además, los progenitores tendrán la posibilidad, de común acuerdo o por decisión del juez, de recurrir a la mediación familiar para resolver las discrepancias que se deriven de la ruptura.

El objetivo, según Ruiz Gallardón, es que la actuación del juez sólo sea un recurso extraordinario en aquellos casos en los que no se produzca un acuerdo entre las partes y que su intervención sea siempre para defender el interés del menor.

El ministro ha resaltado que la experiencia de los juzgados de familia acredita que “todos los convenios alcanzados por acuerdo tienen un grado de cumplimento sensiblemente superior a aquellos que han sido impuestos a una de las partes como consecuencia de una decisión judicial”.

Novedades

El aspecto más destacado de la futura norma es que la custodia compartida deja de ser excepcional pero tampoco será un régimen preferente o general. “A partir de ahora, siempre actuando e interés del menor, el juez, incluso en contra de la voluntad de los progenitores, podrá acordar la custodia compartida si lo estima conveniente”, ha explicado Ruiz Gallardón.

Además, la custodia compartida no implicará necesariamente que los hijos deban residir con los padres en periodos alternos iguales. El juez solicitará un informe al ministerio fiscal, que no será vinculante, estudiará las alegaciones de las partes, la opinión del menor, el dictamen de los expertos y criterios como la edad y el arraigo social, escolar y familiar, a la hora de tomar una decisión.

El ministro ha anunciado que la ley excluye de la guarda al progenitor que esté condenado o inmerso en causa penal por haber cometido delito de violencia de género o que el juez considere que existen indicios fundados de que se haya podido cometer alguno, aunque no exista denuncia.

Alberto Ruiz Gallardón también ha informado de que ya no se hablará de régimen de visitas, sino de régimen de estancia, relación y comunicación con el progenitor. Además, se establece el derecho de los hijos a mantener relaciones personales con hermanos y otros parientes, no sólo con los abuelos.

Otra novedad se produce en la asignación de la vivienda familiar, que se separará de la concesión de la guarda y custodia. Ruiz Gallardón ha avanzado que el uso de la vivienda se determinará por el juez, a falta de acuerdo entre los cónyuges, de forma que prevalezca por encima de la titularidad, el interés de menor:  “Se tiende a dar a la vivienda un uso definitivo, siempre que sea posible, y podrá atribuirse excepcionalmente el uso de la vivienda al que no tenga la guarda y custodia si carece de medios siempre que quien ostente la custodia tenga los suficientes para proporcionar una vivienda a los hijos”, ha añadido.

Por otra parte, el titular de Justicia ha señalado que hay una profunda revisión de la contribución de los padres a las cargas familiares. La futura ley distingue entre pensión de alimentos para gastos ordinarios, extraordinarios y voluntarios. El juez establecerá cómo deberá contribuir cada uno de los progenitores para cubrir las necesidades de los hijos, en función de su capacidad económica, su contribución a las cargas familiares y la atribución de la vivienda familiar.

La obligación de alimentos de los padres con relación a sus hijos no se fija en una edad, sino que se establecen unos criterios para mantenerla: que no tengan independencia económica, que no hayan terminado su formación o que acabada la formación no encuentren empleo. “Siempre que uno de los hijos al margen de su edad esté activamente buscando un empleo y no lo consiga subsiste la obligación de alimentos por parte de sus padres”, ha dicho.

Informe sobre el Anteproyecto de Ley que elimina la Excepcionalidad de la Custodia Compartida

Viernes, 19 de julio de 2013
  • La norma adapta las relaciones paterno-filiales a la sociedad actual y modifica el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Registro Civil.
  • Será el juez el que determine qué forma de guarda y custodia es la más conveniente en cada caso atendiendo al interés superior del menor.
  • Para concienciar a los padres sobre la necesidad de pactar será necesario que en caso de ruptura incorporen al proceso judicial un plan de ejercicio de la patria potestad.
  • Se acelerará la liquidación del régimen económico matrimonial y desde la admisión de la demanda se suspenderá la presunción de que los bienes que se adquieran con posterioridad se rigen también por el régimen de gananciales.
  • Se introduce la mediación familiar en el Código Civil.
  • Las medidas adoptadas podrán modificarse cuando lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o cambien las circunstancias de los padres.

El Consejo de Ministros un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio, con el que se adapta la legislación relativa al matrimonio y las relaciones paterno-filiales a las transformaciones que ha sufrido la sociedad española. El aspecto más destacado de la nueva norma es que elimina la excepcionalidad con la que hasta ahora se regulaba la custodia compartida. Para ello se reforma el artículo 92 del Código Civil y se introduce un artículo 92 bis. El objetivo es conseguir un sistema legal sin las rigideces y preferencias por la custodia monoparental del texto actual. Será el juez quien, en cada caso concreto, y siempre actuando en beneficio del interés superior del menor, determine qué régimen es el más adecuado. También será él el encargado de regular los aspectos y el contenido de las relaciones parentales, sin que la custodia compartida implique necesariamente una alternancia de residencia de los hijos con los progenitores en periodos iguales.

 

Informe del Ministerio Fiscal

El Anteproyecto, que reforma fundamentalmente el Código Civil, pero también la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Registro Civil, prevé que el juez pida informe al ministerio fiscal (que no tendrá carácter vinculante) y que estudie las alegaciones de las partes, la opinión y deseos del menor y el dictamen de los expertos, así como la concurrencia de todos los criterios relevantes para el bienestar del menor, como edad, arraigo social, escolar y familiar. También tendrá en cuenta a la hora de tomar una decisión la relación existente entre los progenitores y de estos con sus hijos, la voluntad de cada uno de ellos a la hora de asumir sus deberes y su posibilidad de conciliar vida familiar y laboral.

Entre las novedades que incorpora el Anteproyecto figura que la patria potestad se equipara a la corresponsabilidad parental y que el texto deja atrás el concepto de visitas al subrayar la relevancia del contacto cotidiano y frecuente entre los progenitores y sus hijos. A partir de ahora se dejará de hablar de guardador o custodio, o de visitas, para pasar a referirse a convivencia y régimen de estancia, relación o comunicación con el no conviviente. También se tendrá en cuenta el derecho de los hijos a mantener relaciones personales con los hermanos, abuelos y otros parientes y allegados.

Plan de ejercicio de patria potestad

Para concienciar a los progenitores sobre la necesidad e importancia de pactar por el bien del menor, cuando presenten una demanda de separación o divorcio deberán incorporar al proceso judicial un plan de ejercicio de la patria potestad. Será un instrumento para concretar la forma en que los progenitores piensan ejercer sus responsabilidades parentales, en el que detallarán los compromisos que asumen respecto a la guarda y custodia, el cuidado y educación de los hijos y en el orden económico. En éste se diferenciará entre gastos por necesidades ordinarias o previsibles, gastos extraordinarios y voluntarios.

Los progenitores tendrán la posibilidad, de común acuerdo o por decisión del juez, de acudir a la mediación familiar para resolver las discrepancias que puedan surgir de la ruptura. Con ello se pretende favorecer el acuerdo entre los progenitores, fomentar el ejercicio consensuado de la corresponsabilidad parental y contribuir a reducir la litigiosidad.

La nueva Ley introduce como norma que el ejercicio de la patria potestad será conjunto y será la autoridad judicial la que determine, bien aprobando los acuerdos de los padres, bien adoptando sus propias decisiones, cómo debe ejercerse la corresponsabilidad parental, atendiendo al interés del menor.

Las medidas definitivas ya adoptadas se podrán modificar cuando lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o cambien las circunstancias de los padres.

A diferencia de la revisión de oficio que previó alguna Comunidad Autónoma a la hora de regular la custodia compartida, el texto examinado hoy por el Consejo de Ministros deja esa revisión en manos de los progenitores que así lo soliciten, si entienden que el cambio legislativo hace posible otra resolución.

Violencia de género

Atendiendo al compromiso asumido por los poderes públicos para prevenir, erradicar y castigar la violencia doméstica y de género, y con la finalidad de proteger a todas las víctimas de esos delitos, especialmente a los menores, la Ley prevé expresamente, por primera vez, que no se otorgará la guarda y custodia al progenitor contra quien exista sentencia firme por este tipo de delitos. Entre las causas de exclusión de la guarda y custodia figura, además, la existencia de una resolución penal por haber indicios fundados de la comisión de dichos delitos y que en el procedimiento civil el juez aprecie indicios fundados de que se ha podido cometer alguno, aunque no exista denuncia.

Si ambos padres estuvieran incluidos en algunas de esas causas de exclusión, el juez atribuirá la guarda y custodia a los familiares o allegados que considere más idóneos, salvo que, excepcionalmente y en interés de los niños (siempre teniendo en cuenta la entidad del hecho cometido), entienda que deba ser entregada a estos o a alguno de ellos. En ese caso, la custodia quedará sujeta a seguimiento judicial para asegurar la seguridad.

Liquidación del régimen económico matrimonial

Una de las novedades de la reforma es la liquidación del régimen económico matrimonial, cuya tramitación actualmente se alarga excesivamente en el tiempo y constituye uno de los principales focos de conflictos en las rupturas familiares. Para ello se reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil tanto en lo relativo a los procedimientos matrimoniales como a la liquidación del régimen económico matrimonial.

Con la reforma, al iniciar los procedimientos de separación, divorcio o nulidad se deberá solicitar la formación de inventario de la masa común de bienes y derechos sujeta a las cargas matrimoniales para su posterior liquidación. Además, una vez admitida la demanda, se producirá la suspensión de los efectos de la sociedad de gananciales y se empezará a aplicar el régimen de separación de bienes, lo que impedirá que una vez rota la convivencia uno de los cónyuges pueda endeudarse y vincular a esa carga a su ex pareja.

No obstante, el que no se llegue a acuerdo en cuanto al régimen económico matrimonial no impedirá que no se llegue respecto a las demás medidas.

Vivienda

Otra novedad de la reforma es que, aunque se procurará que en la asignación de la vivienda prevalezca el interés superior de cada menor, se separará de la concesión de la guarda y custodia. También se tendrán en cuenta los intereses del cónyuge con más dificultades para encontrar una nueva vivienda.

En todo caso, la atribución de la vivienda familiar tendrá carácter temporal: hasta que los hijos alcancen la independencia económica o se encuentren en disposición y condiciones de obtenerla, aun cuando no la tengan, si ello les es imputable; o transcurridos dos años prorrogables durante otro, si la atribución fue por razón de necesidad del cónyuge o, en todo caso, hasta que se le dé un destino definitivo.

La norma prevé que el Gobierno propondrá a las Comunidades Autónomas el establecimiento de unas directrices en las políticas de vivienda en alquiler social y VPO para que en situaciones de nulidad, separación y divorcio se priorice el acceso a una vivienda digna a las personas de este colectivo en situación de necesidad, siempre que tengan menores a su cargo.

El Anteproyecto, que respeta las especialidades de las Comunidades Autónomas en las que exista un Derecho Civil Foral propio, asume plenamente los presupuestos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a reforzar el derecho del menor a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, y la jurisprudencia marcada sobre custodia compartida por el Tribunal Supremo desde 2009 y reiterada en una reciente sentencia este mismo año.

También se incorpora la terminología prevista en la Convención de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006 sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad, al regular expresamente las medidas a adoptar en relación con los hijos con la capacidad completada judicialmente, que hasta ahora se llamaban incapacitados.

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