La UE abre la puerta a demandas colectivas como las de EEUU

(Expansión, 13-06-2013)

La Comisión Europea ha propuesto una directiva para eliminar los obstáculos a los que se enfrentan los perjudicados por las prácticas anticompetitivas de las empresas para recibir indemnizaciones. Joaquín Almunia, comisario de Competencia de la Unión Europea. ¿Compró usted un televisor o monitor de ordenador de la marca LG, Philips, Samsung, Panasonic, Toshiba, Chunghwa, MTPD o Thomson (Technicolor) entre 1996 y 2006? Si es así puede estar prácticamente seguro de que pagó de más por su televisor, ya que estas compañías estuvieron pactando precios durante ese periodo y por eso mismo fueron multadas con 1.470 millones de euros por la Comisión Europea. Pero ese dinero lo ingresa la UE y no los consumidores perjudicados. Si estos quieren una compensación, deben acudir a la justicia ordinaria, un proceso que cuenta, en estos momentos, con numerosos obstáculos.

La Comisión Europea presentó ayer una propuesta de directiva para eliminar esas barreras y facilitar a los consumidores y empresas que se sientan perjudicados por prácticas anticompetitivas a reclamar daños y perjuicios. Para conseguirlo, el plan de la Comisión –que debe recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo– propone varias medidas: que los tribunales nacionales puedan obligar a las compañías a desvelar pruebas; las decisiones de las autoridades de Competencia (nacionales y europeas) podrán ser utilizadas como prueba (evitando que haya que demostrar de nuevo que hubo una práctica anticompetitiva); se dispondrá de un plazo de cinco años para iniciar la reclamación, que podrá alargarse si el proceso está en manos de alguna entidad de defensa de la Competencia (en España el plazo es sólo de un año); se clarificarán las normas para determinar cómo se ha repartido el perjuicio económico (desde el consumidor final hasta los intermediarios), y se facilitarán el proceso para pactos de mutuo acuerdo entre los perjudicados y las empresas incumplidoras.

En esta línea, la Comisión Europea también presentó ayer una recomendación para que los Estados simplifiquen los procesos para que los consumidores puedan iniciar demandas colectivas. Además, las compensaciones no solamente deberán cubrir los perjuicios económicos ocasionados, sino también, cuando proceda, los beneficios que se han dejado de obtener (en el caso de empresas afectadas). El objetivo es que cada vez más consumidores y empresas reclamen. En los últimos siete años, sólo en un 25% de los casos en los que el Ejecutivo comunitario ha sancionado a empresas por esta mala praxis, las víctimas buscaron daños y perjuicios y, en su mayoría, eran grandes empresas basadas en Alemania, Holanda y Reino Unido. Edurne Navarro, socia de Uría Menéndez en Bruselas, considera que la propuesta es “muy razonable y medida, ya que protege a la empresa, con el refuerzo de la figura de clemencia, y a consumidores y pymes damnificados, ya que amplía el plazo y la prescripción para reclamar”.

Rafael Baena, socio de Ashurst, aplaude la propuesta, que “va a facilitar las reclamaciones, que podría dirigirse contra una única empresa del cártel”, subraya. Sobre la implementación en España, para la que habrá dos años desde la entrada en vigor de la directiva, apunta que “puede ayudar a mejorar normas que España ya tiene, como las reclamaciones colectivas, pero que no han sido eficaces por ser un sistema complejo”.

Octubre de 2014, el plazo de Bruselas – La Comisión Europea (CE) propuso ayer una directiva para facilitar que consumidores y empresas reciban indemnizaciones por daños y perjuicios provocados por cárteles o abuso de posición dominante. En paralelo, Bruselas emitió una recomendación sobre la necesidad de garantizar la posibilidad de presentar demandas colectivas.

– Bruselas pretende que la directiva entre en vigor antes de la renovación de la CE en octubre de 2014.

– Para reforzar la figura de la clemencia, las empresas que la pidan se aseguran que la documentación que aporten no será usada en un juicio. Y tendrán inmunidad total frente a la responsabilidad solidaria, no se les podrá hacer pagar por el resto de los miembros del cártel.

– El plazo para que un consumidor o empresa reclame daños será de cinco años (en España es de uno). La apertura de un procedimiento administrativo interrumpe este plazo de prescripción (ahora no).

– Si el principal afectado por un daño no recurre, otros pueden sumarse a una demanda colectiva (opt in). Si el consumidor no puede reclamar, el intermediario puede solicitar toda la indemnización (passing on).

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