Disolución de Sociedad Responsabilidad Limitada

Una sociedad limitada hizo una escritura de disolución pero no llegó a liquidar la sociedad por lo que ahora la sociedad se llama: “SOCIEDAD X, S.L, EN LIQUIDACION”. La sociedad sigue trabajando y presentando impuestos. ¿Qué consecuencias fiscales y mercantiles puede tener el hecho de que no se liquide en un período largo de tiempo?

Periodo de Liquidación

Una vez abierto el período de liquidación tras la disolución de la Sociedad,  de acuerdo con el artículo 384 de la Ley de Sociedades de Capital, corresponderá  a los liquidadores “concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas  que sean necesarias para la liquidación de la sociedad”.

Atención. Lo anterior supone que una Sociedad disuelta no puede seguir  realizando actividad económica, a no ser que, en base a lo establecido en el  artículo 370 de la referida Ley, la Junta General de dicha Sociedad acuerde,  salvo en los casos de disolución de pleno derecho de la Sociedad, el retorno de  la sociedad disuelta a la vida activa siempre que haya desaparecido la causa de  disolución, el patrimonio contable no sea inferior al capital social y no haya  comenzado el pago de la cuota de liquidación a los socios (reactivación de la  sociedad disuelta).

Plazo

La Ley de Sociedades de Capital no establece un plazo determinado para llevar  a cabo la liquidación de la Sociedad, si bien el artículo 389 de la referida Ley  establece que, transcurridos tres años desde la apertura de la liquidación sin  que se hubiera sometido a la aprobación de la Junta General el balance final de  liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del  juez de lo mercantil del domicilio social la separación de los liquidadores, y  el Juez, previa audiencia de los liquidadores, acordará la separación si no  existiere causa que justifique la dilación y nombrará liquidadores a la persona  o personas que tenga por conveniente, fijando su régimen de actuación.

Una Sociedad disuelta no puede seguir  realizando actividad económica, salvo que previamente su Junta General acuerde  la reactivación de la Sociedad cumpliendo los requisitos anteriormente indicados  en nuestra respuesta.

Fuente: Disjurex

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Bonificación por la contratación de nuevos trabajadores. ¿Sí o No?

Cuando se establecen bonificaciones a la cotización también se regulan una serie de incompatibilidades y de exclusiones que hacen que muchas empresas no puedan aplicarse dichos incentivos.

Para ello, es imprescindible saber cuáles son estas exclusiones, y evítelas en sus nuevas contrataciones para poder disfrutar sin problemas de las bonificaciones aplicables.

Exclusiones

Como norma general, las empresas que previamente a la contratación de un trabajador bonificado hayan llevado a cabo despidos improcedentes no podrán aplicarse las bonificaciones previstas para esos nuevos contratos.

¡Atención! Esta exclusión suele limitarse a los despidos producidos en los 6 o en los 12 meses anteriores y, en algunos casos, sólo afecta a la cobertura de puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los despedidos, y para el mismo centro de trabajo.

Requisitos de la bonificación

Fundamental no haber efectuado despidos improcedentes. Además se exige:

– Que el trabajador contratado no sea familiar, hasta el segundo grado, del empresario.

Apunte. Esta limitación no se aplica cuando el empleador es un autónomo que contrata a hijos menores de 30 años, o si es un autónomo sin asalariados que contrata a un solo familiar menor de 45 años que no conviva con él.

– El nuevo empleado no debe haber trabajado para la empresa (o grupo de empresas) durante los 24 meses anteriores si tenía un contrato indefinido, o durante los 6 últimos meses si era un trabajador temporal.

No vinculado

Si el trabajador al que se pretende contratar ha finalizado una relación laboral de carácter indefinido en los 3 meses previos a su contratación, tampoco dará derecho a bonificaciones.

¡Atención! En este caso, su empresa sólo podría aplicarse la bonificación si la finalización del contrato anterior se ha llevado a cabo a través de un despido improcedente, o a través de un ERE de extinción.

Incidencia

Si su nuevo trabajador se encuentra en esta situación, cuando usted intente darle de alta a través del Sistema Red con un contrato bonificado, la aplicación le notificará automáticamente que el contratado no puede dar derecho a bonificaciones.

Resolución

Si se encuentra en esta situación y quiere beneficiarse de las bonificaciones, deberá aportar ante la Tesorería el acta de conciliación o la sentencia que determinen la improcedencia del despido, o los documentos que justifiquen que el despido fue llevado a cabo mediante un ERE. A partir de ahí, le aplicarán la bonificación con efectos retroactivos a la fecha del alta.

No tendrá derecho a bonificaciones si ha efectuado despidos improcedentes en los últimos meses, o si el empleado ha estado vinculado a la empresa con anterioridad.

Fuente: Disjurex

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Los letrados rechazan la futura Ley de Servicios Profesionales

El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, anuncia durante la presentación de una encuesta entre los letrados sobre la reforma de los colegios de abogados que se reunirá el lunes con Guindos y Gallardón para mostrar el rechazo de los letrados a la nueva Ley de Servicios.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, se reunirá el próximo lunes con los ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para expresarles el rechazo del sector y de la ciudadanía a la propuesta de Ley de Servicios Profesionales, que contempla la supresión de colegios profesionales y la supresión de la colegiación obligatoria y del examen de acceso para ejercer como abogado.

Con ocasión de tales ideas que afectan al modo de trabajo de la Abogacía, su presidente ha presentado este martes las Encuestas a abogados ejercientes y población general sobre la reforma de los colegios de abogados elaboradas por Metroscopia y que arrojan como conclusión que el 87% de los letrados y el 84% de los españoles defiende el mantenimiento de los 83 colegios de abogados presentes en España. Tanto Carnicer como el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, han explicado que la supresión de los Colegios profesionales no abaratará los servicios ni supondrá un ahorro en el gasto público puesto que se autofinancian gracias a las cuotas de sus colegiados. “Su fusión o eliminación carece de sentido económico”, han añadido.

En este sentido, Carnicer ha expresado que la propuesta del Gobierno no atiende a ninguna demanda ciudadana ni profesional y ha añadido que los Ayuntamientos o los litigantes reclaman su mantenimiento por su función social, por ejemplo a los más desfavorecidos a través de los servicios de asistencia jurídica gratuita o sus Oficinas de Intermediación Hipotecaria.

“El 66% de los abogados opina que los Colegios de Abogados son instituciones con fuerte arraigo social, dilatada trayectoria de servicios y claro reconocimiento social”, recoge la encuesta. Carnicer ha precisado que países como Francia o Italia sobrepasan los 160 colegios y ha pasado a analizar otra de las propuestas del borrador como es la eliminación de la colegiación obligatoria. A este respecto, el 86% de los abogados considera que quitar la colegiación obligatoria no abaratará los honorarios ni supondrá ninguna mejora de competencia, pero sí un aumento del intrusismo (71%), la desprotección de los usuarios y el desprestigio social de una actividad profesional cada día más cercano al ciudadano. Por otra parte, el 76% de los letrados se muestra favorable al examen de acceso como garantía de los conocimientos y el 90% de los encuestados señala que su eliminación no tiene ningún beneficio para los usuarios con relación al coste. Estos, por su parte, también consideran que para que alguien pueda actuar como abogado debe contar, además de con la licenciatura de Derecho, con una formación adicional específica como sucede con el sistema MIR para los médicos. Finalmente, un informe elaborado por la Delegación de la Abogacía en Bruselas desmonta el “tópico” del “exceso” de abogados en España puesto que reconoce su concentración pero no la considera alarmante teniendo en cuenta la extensión del territorio o el tejido empresarial. Reino Unido, Alemania o Luxemburgo destacan por una mayor concentración de abogado por empresa mientras que los países con menor crecimiento lideran el índice de abogado por empresa, según ha explicado el delegado en Bruselas de la Abogacía Julen Fernández.
Fuente: Expansion. com

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La UE abre la puerta a demandas colectivas como las de EEUU

(Expansión, 13-06-2013)

La Comisión Europea ha propuesto una directiva para eliminar los obstáculos a los que se enfrentan los perjudicados por las prácticas anticompetitivas de las empresas para recibir indemnizaciones. Joaquín Almunia, comisario de Competencia de la Unión Europea. ¿Compró usted un televisor o monitor de ordenador de la marca LG, Philips, Samsung, Panasonic, Toshiba, Chunghwa, MTPD o Thomson (Technicolor) entre 1996 y 2006? Si es así puede estar prácticamente seguro de que pagó de más por su televisor, ya que estas compañías estuvieron pactando precios durante ese periodo y por eso mismo fueron multadas con 1.470 millones de euros por la Comisión Europea. Pero ese dinero lo ingresa la UE y no los consumidores perjudicados. Si estos quieren una compensación, deben acudir a la justicia ordinaria, un proceso que cuenta, en estos momentos, con numerosos obstáculos.

La Comisión Europea presentó ayer una propuesta de directiva para eliminar esas barreras y facilitar a los consumidores y empresas que se sientan perjudicados por prácticas anticompetitivas a reclamar daños y perjuicios. Para conseguirlo, el plan de la Comisión –que debe recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo– propone varias medidas: que los tribunales nacionales puedan obligar a las compañías a desvelar pruebas; las decisiones de las autoridades de Competencia (nacionales y europeas) podrán ser utilizadas como prueba (evitando que haya que demostrar de nuevo que hubo una práctica anticompetitiva); se dispondrá de un plazo de cinco años para iniciar la reclamación, que podrá alargarse si el proceso está en manos de alguna entidad de defensa de la Competencia (en España el plazo es sólo de un año); se clarificarán las normas para determinar cómo se ha repartido el perjuicio económico (desde el consumidor final hasta los intermediarios), y se facilitarán el proceso para pactos de mutuo acuerdo entre los perjudicados y las empresas incumplidoras.

En esta línea, la Comisión Europea también presentó ayer una recomendación para que los Estados simplifiquen los procesos para que los consumidores puedan iniciar demandas colectivas. Además, las compensaciones no solamente deberán cubrir los perjuicios económicos ocasionados, sino también, cuando proceda, los beneficios que se han dejado de obtener (en el caso de empresas afectadas). El objetivo es que cada vez más consumidores y empresas reclamen. En los últimos siete años, sólo en un 25% de los casos en los que el Ejecutivo comunitario ha sancionado a empresas por esta mala praxis, las víctimas buscaron daños y perjuicios y, en su mayoría, eran grandes empresas basadas en Alemania, Holanda y Reino Unido. Edurne Navarro, socia de Uría Menéndez en Bruselas, considera que la propuesta es “muy razonable y medida, ya que protege a la empresa, con el refuerzo de la figura de clemencia, y a consumidores y pymes damnificados, ya que amplía el plazo y la prescripción para reclamar”.

Rafael Baena, socio de Ashurst, aplaude la propuesta, que “va a facilitar las reclamaciones, que podría dirigirse contra una única empresa del cártel”, subraya. Sobre la implementación en España, para la que habrá dos años desde la entrada en vigor de la directiva, apunta que “puede ayudar a mejorar normas que España ya tiene, como las reclamaciones colectivas, pero que no han sido eficaces por ser un sistema complejo”.

Octubre de 2014, el plazo de Bruselas – La Comisión Europea (CE) propuso ayer una directiva para facilitar que consumidores y empresas reciban indemnizaciones por daños y perjuicios provocados por cárteles o abuso de posición dominante. En paralelo, Bruselas emitió una recomendación sobre la necesidad de garantizar la posibilidad de presentar demandas colectivas.

– Bruselas pretende que la directiva entre en vigor antes de la renovación de la CE en octubre de 2014.

– Para reforzar la figura de la clemencia, las empresas que la pidan se aseguran que la documentación que aporten no será usada en un juicio. Y tendrán inmunidad total frente a la responsabilidad solidaria, no se les podrá hacer pagar por el resto de los miembros del cártel.

– El plazo para que un consumidor o empresa reclame daños será de cinco años (en España es de uno). La apertura de un procedimiento administrativo interrumpe este plazo de prescripción (ahora no).

– Si el principal afectado por un daño no recurre, otros pueden sumarse a una demanda colectiva (opt in). Si el consumidor no puede reclamar, el intermediario puede solicitar toda la indemnización (passing on).

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Cuánto le cuesta a un abogado colegiarse en España

(Expansión, 19-06-2013)

Los colegios establecen cuotas que difieren mucho de un territorio a otro, por lo que los letrados no ejercientes están dispuestos a inscribirse en otra provincia si la oferta es más competitiva. Para un abogado, elegir dónde colegiarse en España puede ser una cuestión de números. El coste de este requisito, obligatorio para poder ejercer como letrado en nuestro país, varía de una institución a otra, con diferencias de hasta 1.000 euros en las cuotas de ingreso. La colegiación única, que permite que un letrado incorporado a cualquier colegio de España pueda prestar sus servicios profesionales libremente en el conjunto del territorio nacional, ha propiciado que la demografía colegial no siempre coincida con el número real de profesionales que trabajan en una zona determinada.

La llegada de la Ley de Acceso, con la obligación de cursar un máster y realizar un examen estatal para poder colegiarse, disparó el número de colegiados –sobre todo de no ejercientes– en los meses previos a su entrada en vigor, por miedo a no poder hacerlo posteriormente. Estos nuevos clientes buscaban, precisamente, encontrar un colegio cuyas cuotas fueran lo más bajas posible. Así sucedió, por ejemplo, con el Colegio de Abogados de Lucena, en la provincia de Córdoba, donde, en el año previo a la entrada en vigor de esta norma, se triplicó el número de miembros, pasando de 626 inscritos en octubre de 2010 a en torno a 2.000 un año más tarde. La razón es que allí los precios para los abogados no ejercientes son especialmente competitivos respecto de otros colegios de España, lo que atrajo a los letrados que se reservan la posibilidad de ejercer en un futuro. Unificar cuotas ante esta circunstancia se plantea la duda de si convendría unificar las cuotas.

En opinión del decano del Colegio de Abogados de Baleares, Martín Aleñar, “sería positivo, pero complicado, ya que no todos los colegios ofrecen los mismos servicios”. En esta línea Luis del Río, gerente del Colegio de Abogados de Valencia, ve “imposible” unificar las cuotas mensuales por esa misma razón. Explica que colegios grandes como Barcelona, Valencia, Madrid o Málaga siempre tendrán una mayor oferta que otros más pequeños, como el de Tafalla. Sin embargo, para Del Río, “sí parece posible, y cada vez se aproximan más, unificar las cuotas de incorporación”. Aunque el éxodo de colegiados en busca de cuotas más baratas se produce sobre todo en profesionales no ejercientes, también hay casos en los que quienes ejercen como abogados se colegian en otras poblaciones o provincias. En opinión de Jesús Verdugo, decano del Colegio de Abogados de Valladolid, “debería regularse esta situación”, cuyo único objetivo es ahorrarse dinero. Según explica, en el estatuto general de la abogacía se establece que el abogado ejerciente residente es el que vive en un lugar y ejerce en ese territorio.

“Hay que evitar que se colegien en otro lugar y luego aprovechen los servicios del colegio cercano a donde ejercen, como sucede en ocasiones”, apunta. Y es que la colegiación única hace posible que puedan aprovechar determinados servicios en otros colegios. A José Joaquín Gallardo, decano de Sevilla, parece no preocuparle tanto esta situación: “No pasa nada porque algunos abogados se inscriban en colegios colindantes, hay libertad de colegiación”. Por su parte, Abel Pié, decano del Colegio de Manresa y tesorero del Consejo General de la Abogacía Catalana –que agrupa a 14 corporaciones–, cree que cada letrado debe inscribirse donde ejerce, entre otras razones, porque sólo así puede acceder a la formación continua. No cree que exista una guerra de precios, “pero, si así fuera, bienvenida sea”. Este decano recuerda que en Francia hay 160 colegios: “Donde hay un partido judicial, hay un colegio”.

Sin embargo, en España la organización territorial tanto de juzgados como de colegios profesionales podría dar un vuelco. La reforma de la Ley de Servicios Profesionales podría plantear que sólo los abogados que litigan tengan obligación de colegiarse, así como reducir el número de colegios de abogados a uno por capital de provincia. Esta última medida iría de la mano de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modificará la demarcación y planta judicial, también agrupando los juzgados de primera instancia en los grandes núcleos poblacionales. “Creo que la planta de la abogacía institucional española es la correcta y no debería alterarse”, sostiene el decano de Sevilla. “Hay que preservar el diseño actual porque es el mejor y sirve a los ciudadanos y a la Justicia”, insiste. Los decanos defienden que los colegios tienen autonomía propia y las cuotas las aportan los propios abogados, sin que afecte al coste de los servicios profesionales que prestan.

Casuística No ejercientes: En España, hay 83 colegios de abogados con 189.597 letrados, de los cuales 131.337 son ejercientes y 58.260 no ejercientes. Estos últimos son los más proclives al éxodo.

Casos extremos: El número de colegiados difiere mucho: desde los 34 o 50 de Tafalla o Estella, respectivamente, hasta los 55.700 de Madrid o los 19.500 de Barcelona.

Recursos mínimos: En muchos casos, a menor número de colegiados, se establecen cuotas más altas, ya que todos necesitan una infraestructura mínima. Así, los colegios más pequeños como Tafalla y Estella tienen una cuota de incorporación más alta que Madrid o Barcelona.

Barrera de entrada: El Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León obligó hace unos meses al Colegio de León a reducir la cuota de incorporación, después de que un abogado se quejara de que la cifra que se exigía suponía una barrera de entrada a nuevos miembros.

Colegios variopintos: Las cuotas pueden llegar a incluir la toga del abogado o acciones solidarias, como en Sevilla, donde se puede sumar, de forma voluntaria, un euro mensual a la cuota para Cáritas.

Reclamo electoral: Las cuotas de colegiación suelen ser una cuestión recurrente en las elecciones a decano de los colegios de abogados.

Fuente: Disjurex

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