Cómo los dueños de preferentes de Bankia pueden recuperar el dinero por vía penal

Acabo de ver este articulo que coincide parcialmente con mi visión profesional para defender los intereses de mis clientes que han invertido en preferentes. Acudir a la via penal. Aunque yo estoy simultaneando ambas jurisdicciones, la civil y la penal. La civil te garantiza el cobro de intereses de las cantidades invertidas, extremo que no te garantiza la via penal.

“Se abre una nueva fórmula para 300.000 afectados.

  • Las repercusiones para los que compraron los híbridos
  • El juez avisa de que la vía civil será más rápida y eficaz

Las siete cajas que dieron origen a BFA-Bankia vendieron 6.911 millones de euros en preferentes y deuda subordinada. Este importe ya ha sido convertido en acciones pero el nuevo paso dado por el juez Fernando Andreu puede dar al traste literalmente con el canje de híbridos impuesto por Bruselas. Fuentes jurídicas advierten que si finalmente hay delito en la comercialización todo el proceso puede quedar invalidado.

El juez Fernando Andreu –instructor del caso Bankia desde julio de 2012, cuando admitió a trámite una querella de Unión Progreso y Democracia (UPyD)– tiene un ingente trabajo por delante. En un auto publicado hoy, amplía la investigación a la comercialización de las preferentes.

¿Qué supone esto para los afectados por las preferentes?

El juez Fernando Andreu da cabida en el proceso penal a los alrededor de 300.000 clientes que compraron preferentes o deuda subordinada de Caja Madrid y Bancaja.

¿Podrán acudir también los inversores de las otras cinco cajas que fueron el germen de BFA-Bankia?

El auto menciona exclusivamente los híbridos de Caja Madrid y de Bancaja, si bien fuentes jurídicas anticipan que previsiblemente también podrán acogerse los dueños de preferentes o bonos subordinados de las otras cinco cajas que formaron BFA-Bankia: La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia.

¿La vía penal es la más aconsejable para recuperar rápido el dinero?

No. El juez afirma que “debe romperse con el mito de acudir preferentemente a la vía penal, cuando se puede obtener una respuesta más rápida y eficaz ante la jurisdicción civil”. Es decir, conmina a los afectados a acudir a la vía civil para conseguir que se les devuelva el dinero lo antes posible.

Fuentes jurídicas reconocen que a partir de ahora se abre un macroproceso que se alargará (mucho) en el tiempo. Se podría comparar a Fórum-Afinsa: la instrucción comenzó hace siete años y aún no ha concluido. Santiago Viciano, de V Abogados, advierte que “la instrucción y resolución de un macroproceso como este puede durar 15 años hasta que la gente cobre”. El fundador de V Abogados pone de ejemplo el caso de la colza, en el que hay gente cobrando todavía.

Entonces, ¿qué sentido tiene adherirse al proceso penal?

“Hay algunos inversores, los cualificados, que no podrán acceder al arbitraje y que quizá vean desestimadas sus demandas, entre otros los propios empleados de Bankia que tienen millonadas invertidas, a los que se les abre una puerta a la esperanza”, explica Viciano. “También servirá a aquellas personas que no ganen las demandas civiles que podrán recurrir a este proceso”, agrega.

Desde este bufete aconsejan lo siguiente: para los casos flagrantes, el arbitraje; si se evalúa al cliente y está en situación, la reclamación civil; y si es un inversor que sabía lo que compraba, recomendaremos la adhesión al proceso penal.

Si se ha acudido al arbitraje, ¿puede irse a la causa penal?

Para el arbitraje hay un filtro previo. A los que han pasado ese primer filtro, se les exige firmar la renuncia de acciones judiciales. Sin embargo, fuentes jurídicas dudan de que esa renuncia sea aplicable en este caso. Por un lado, porque se aplicaría solo a la vía civil, no a la penal. Si se demuestra que efectivamente ha habido delito, esa renuncia sería dudosa ya que supondría la nulidad total del negocio. “Nadie va a impugnar la personación de preferentistas que hayan acudido” sostienen esas fuentes

¿Cómo adherirse al proceso penal?

Es extremadamente sencillo. “Los preferentistas de las cajas de Bankia pueden adherirse a la querella, para lo que deben aportar documentación que acredite la compra de preferentes y el importe”, señalan fuentes jurídicas.

¿Aunque el cliente no esté personado en el proceso penal será resarcido económicamente?

Jordi Ruiz de Villa, socio de Jausas experto en Litigación Bancaria, considera que “para que se condene a los querellados y a Bankia, además de a penas de prisión, a indemnizar a los perjudicados hay que estar personado”. “Cuestión distinta sería que el fiscal acusara y entonces podría solicitar las indemnizaciones en nombre de todos los perjudicados, pero ello solo tendrá lugar tras la instrucción. Aunque ahora no vea delito es posible que mas adelante cambie de opinion”, añade.

Fuente: Cinco Dias. com

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Pensiones: así quedará su jubilación tras los cambios que planea el Gobierno

Todas las claves del nuevo modelo de jubilación.

  • Un cotizante de 50 años de base máxima cobrará 2.498 y le recortarán 277 euros al mes
  • Si cotiza por base media, le recortan 169 de 1.783; y 61,2 de 645 si cotiza por la mínima

La propuesta entregada por los doce expertos a los gestores de la Seguridad Social propone dos modificaciones sustanciales, que se suman a la última reforma del modelo de pensiones, que entró en vigor en enero, y que prosigue su aplicación escalonada hasta el año 2027, en el que culmina el retraso de la edad de retiro hasta los 67 años.

Al endurecimiento de las condiciones de acceso (retraso en el retiro obligatorio, mayores aportaciones temporales y mayor periodo de cómputo) se añade ahora un descuento variable que depende de la esperanza de vida a los 65 años estimada hoy para los jubilados venideros. Este ajuste de las cuantías finales de las prestaciones se ha calculado para los jubilados que lleguen a tal condición desde este año hasta 2051. Empieza a tener efecto en 2015, cuando se jubilan quienes hoy tienen 63 años, con un descuento inicial del 0,7% sobre la prestación esperada, y alcanza su recorte máximo en 2051 para quienes hoy tienen 28 años, con un descuento sobre la pensión esperada con la legislación de hoy de un 19,2%.

Este recorte creciente de prestaciones es necesario para hacer frente al envejecimiento demográfico, que se acentuará a partir de 2020 por la llegada de las cohortes nacidas en el baby boom, y solo puede ser enjugado y evitado si los gobiernos sucesivos hacen reformas adicionales. Pero la tendencia natural es que para mantener las prestaciones actuales habría que hacer aportaciones importantes en los próximos lustros, aunque tal ejercicio no se ha estimado, dado que el número de prestaciones no dejará de crecer por efecto vegetativo (envejecimiento) mientras que los recursos (cotizantes y sus aportaciones) no son calculables porque dependen del marchamo de la actividad económica.

Desde enero de 2014, la Tesorería General de la Seguridad Social tiene intención de enviar a cada cotizante de alta en el sistema una relación de todas las aportaciones hechas hasta la fecha, con el periodo cotizado acumulado y las bases por las que lo ha hecho. Con ellas, los afiliados podrán hacerse una idea de las cantidades económicas aportadas y, si están próximos a la jubilación, podrán hacer el cálculo aproximado de su prestación inicial en el momento del retiro.

Pero para facilitarle las cosas, la Tesorería proporcionará a todas las personas con 50 años cumplidos una estimación de la pensión de jubilación, manteniendo estables sus aportaciones hasta la jubilación efectiva. Lógicamente, hasta que tal cosa ocurra y para cada persona las circunstancias cambiarán. Cambiarán sus condiciones salariales, y desde luego variará la fórmula de cálculo, porque la edad de jubilación es dinámica desde enero (ahora es preciso 65 años y un mes, y en 2027, habrá de tener cumplidos los 67 años), y de llevarse a efecto en una ulterior reforma la propuesta de los doce expertos presentada la semana pasada, habrá ajustes en la prestación en función del año de jubilación de cada cual.

Este periódico ya adelantó en marzo pasado las cuantías de la primera pensión de una persona que ahora tiene 50 años, en función de si cotiza por la base máxima, la media o la mínima y considerando siempre que ha alcanzado los años de cotización necesarios para tener el 100% de la base reguladora. Quien hoy tenga 50 años se jubilará en 2029 y necesariamente con 67 años con carácter general. Puede hacerlo antes si ha acumulado determinados años de carrera y la ley sigue respetando las prejubilaciones en casos excepcionales.

Tal como dice la ley, tomaremos las bases de cotización de los últimos 25 años (los previos a 2029), considerando las aportaciones de 2005 a 2011 (ambas incluidas) actualizadas por el IPC medio del periodo (2,61% anual); las de 2012 y 2013 las consideraremos por su valor nominal, como dice la ley de Seguridad Social; y las restantes hasta 2019 por el valor de la de 2013 para ofrecer el cálculo en términos constantes de hoy y dar la idea más fiel posible del valor real de la prestación.

Para el caso de un cotizantes por base máxima de aportación (3.425 euros al mes), habría que sumar las aportaciones de los últimos 300 meses (25 años) en la forma antes citada, que sumarían 1.020.444 euros. Su división entre 350 (en aplicación de la fórmula para obtener la base reguladora) cifra la primera pensión en 2.915,5 euros al mes (40.817 al año).

La aplicación de los nuevos coeficientes de equidad intergeneracional propuestos por los expertos (que podrían modificarse en la negociación política que mediará hasta que sean vigentes) supondría que a las personas con 50 años en la actualidad, se les aplicaría un recorte del 9,5% en la cuantía de la pensión resultante. Con tal descuento, de 277 euros, la nueva prestación inicial en euros de hoy sería de 2.638,5 euros mensuales, o 36.939 euros anuales, en vez de los 40.817 que determinaría el cálculo actuarial con su carrera de cotización.

En todo caso, y dado que en ambos escenarios, la pensión inicial y la rebajada, superan la máxima del sistema, el pensionista solo percibiría la máxima del sistema: 2.497,9 euros al mes o 34.970,7 euros al año. Empleo no ha aclarado, se supone que lo hará cuando ponga negro sobre blanco esta reforma, si los coeficientes de reducción afectan a la pensión máxima, que perciben una parte relativamente pequeña de los pensionistas de hoy y de mañana.

Cotizante con base media

Si la base de cotización regular de la persona que hemos elegido, con 50 años ahora, se situase en la media aritmética entre la máxima y la mínima del sistema, habría que tomar las aportaciones (deflactadas) con una cantidad de 2.093 euros al mes. La aplicación de la fórmula anterior proporcionaría una prestación inicial de 1.783 euros al mes, o de 24.962 euros al año. A este resultante habría que aplicarle el descuento citado del 9,5% por el coeficiente de equidad. Así, el recorte sería de 169,38 euros al mes, o 2.371,39 euros al año, y la primera pensión resultante sería de 1.613,6 euros mensuales, o 22.590 euros anuales de hoy.

En el caso de que el cotizante tipo que hemos tomado como ejemplo con sus 50 años de edad hiciese aportaciones durante toda su carrera laboral por una base de 755 euros (la base mínima del grupo siete), su primera pensión en el año 2029 sería de 645 euros con la legislación vigente. Pero el coeficiente reductor le supondría un descuento de 61,27 euros al mes o de 857,8 euros al año. Así, su nueva pensión inicial quedaría en 583,73 euros mensuales u 8.183,1 euros al año.

Para edades diferentes, una lectura detallada del cuadro que adjuntamos puede proporcionar a los lectores una idea de cómo será su pensión el día que lleguen a la jubilación.

Seguridad Social debe aclarar muchos detalles en la reforma concreta que incluya las propuestas de los expertos, que han contando con un amplio grado de consenso, pese al voto en contra de uno de doce miembros del comité, la abstención de un segundo, y el voto particular de uno de los miembros que votó favorablemente. Tiene que aclarar si se aplican descuentos a la pensión máxima, y qué ocurre con aquellas a las que, una vez aplicado el descuento, sus cuantías se quedan por debajo de las mínimas.

Cómo se aplica la fórmula de cálculo

El cálculo de la primera pensión no es sencilla, pues influyen varias variables. En el cuadro adjunto hemos tratado de simplificar las más determinantes para conocer la primera pensión al alcanzar la edad de retiro, ya con el descuento que tendrán de aplicarse fielmente la propuesta de los expertos. Estos descuentos son una propuesta y su ejecución depende de la economía y de la negociación política.

El cuadro indica en qué año y con qué edad se jubilan las personas en función de la edad que tienen ahora. Su primera pensión se calcula estimando primero la base reguladora, que se obtiene sumando las bases de cotización de los últimos años (ahora 16 años y a partir de 2022, 25 años), y se divide por el número de meses que se obtienen al multiplicar el número de años por catorce.

Ahora, por ejemplo, se suman las bases de los últimos 192 meses y se dividen por 224; y a partir de 2022, se suman las bases de los últimos 300 meses y se dividen por 350. A esa base reguladora se le aplica un coeficiente en función de los años cotizados, que oscila entre el 50% con 15 años y el 100% con 38. La cuantía resultante es la primera pensión. Pero deberá ser reducida en un porcentaje en función de la esperanza de vida restante que se tenga al alcanzar los 65 años. Ese porcentaje se expresa en la última columna del cuadro.

Fuente: Cinco Dias.com

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Tribunal Supremo: Todos los hijos tienen los mismos derechos

El nacimiento de nuevos hijos es un cambio sustancial de circunstancias

El Tribunal Supremo ha resuelto en su Sentencia de 30 de abril de 2013 la cuestión jurídica que enfrentaba a dos sectores de las Audiencias Provinciales con relación a la modificación de las medidas alimenticias como consecuencia del nacimiento de otros hijos fruto de una nueva relación de pareja del progenitor alimentante.

La sentencia objeto de casación, negó que existiese cambio de circunstancias porque el “aumento de las necesidades económicas, se ha producido de forma voluntaria por el obligado a su pago, y por lo tanto no impuestas al mismo contrariamente a su voluntad, lo que determina que no pueden ser repercutidas sus consecuencia en los alimentos correspondientes a sus hijos”. De esa forma, la sentencia se alinea con aquellas otras que consideran que el nacimiento de nuevos hijos, fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, una alteración de circunstancias que permita reducir las pensiones alimenticias establecidas para con los hijos de una relación anterior, toda vez que dicha situación deriva de un acto voluntario y consciente de las obligaciones asumidas que no puede perjudicar a aquellos (SSAP de Valencia de 6 de marzo de 2.008 y 19 de junio 2012 -Sección 10ª-; Madrid de 3 y 13 de febrero de 2.009 -Sección 22ª-; Málaga, de 17 de octubre de 2.007 -Sección 6ª-; Pontevedra de 15 de febrero de 2.006 -Sección 3ª-; Sevilla, de 29 de diciembre de 2.003 – Sección 8ª-; Cuenca 28 de junio 2011 -Sección 1ª-; Santa Cruz de Tenerife de 16 de febrero 2012 -Sección 1 ª-, entre otras).

En contra, otras Audiencias Provinciales resuelven sobre la base de que las pensiones se fijan atendiendo al caudal y medios del obligado y a las necesidades del beneficiario y la igualdad de todos los hijos por lo que consideran que el nacimiento de un nuevo hijo es un hecho nuevo susceptible de alterar la situación preexistente y, con ello, de reducir las prestaciones establecidas a favor de los hijos de una anterior relación (SSAP de A Coruña, de 3 de noviembre de 2.005 -Sección 4ª-; Badajoz, de 4 de diciembre de 2.002 -Sección 1ª-; Cádiz, de 22 de enero de 2.002 – Sección 5ª-; Las Palmas, de 2 de febrero de 2.001 -Sección 4ª- ;Vizcaya, de 20 de diciembre de 2.006 – Sección 4 ª-, entre otras).

La Sala no acepta el criterio de la Audiencia. Sin duda el nacimiento de nuevos hijos, tanto en sede matrimonial normalizada como en otra posterior tras la ruptura, determina una redistribución económica de los recursos económicos de quienes están obligados a alimentarlos para hacer frente a sus necesidades. No es lo mismo alimentar a uno que a más hijos, pero si es la misma la obligación que se impone en beneficio de todos ellos. El hecho de que el nacimiento se produzca por decisión voluntaria o involuntaria del deudor de una prestación de esta clase, no implica que la obligación no pueda modificarse en beneficio de todos, a partir de una distinción que no tiene ningún sustento entre unos y otros, por más que se produzca por la libre voluntad del obligado. El tratamiento jurídico es el mismo pues deriva de la relación paterno filial. Todos ellos son iguales ante la Ley y todos tienen el mismo derecho a percibir alimentos de sus progenitores, conforme al artículo 39 de la Constitución Española, sin que exista un crédito preferente a favor de los nacidos en la primitiva unión respecto de los habidos de otra posterior fruto de una nueva relación de matrimonio o de una unión de hecho del alimentante.

Es decir, el nacimiento de un nuevo hijo si que puede suponer una modificación sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de fijarlos a favor de los anteriores. Ahora bien, si el sustento del hijo es una carga del matrimonio, lo importante será conocer el caudal o medios con los que cuenta la nueva unidad familiar, para lo que se hace preciso probar si la esposa contribuía económicamente al sostenimiento de dicha carga o por el contrario el sustento del hijo quedaba a expensas exclusivamente del marido, -situación ésta que sí redundaría en una disminución de su fortuna-. Parece no reparar el recurrente en la importancia que tienen los ingresos de la esposa a la hora de dilucidar si la fortuna de aquel disminuyó, pues la ley determina el carácter ganancial de los rendimientos del trabajo constante matrimonio, y ello ha lugar a que la fortuna del mismo, lejos de disminuir, se viera incrementada a resultas de la convivencia con su nueva mujer (STS 3 de octubre de 2008).

En lo que aquí interesa supone que el nacimiento de un nuevo hijo no basta para reducir la pensión alimenticia del hijo o hijos habidos de una relación anterior, ya fijada previamente, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es ciertamente insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad, sin merma de la atención de las suyas propias, y valorar si es o no procedente redistribuir la capacidad económica del obligado, sin comprometer la situación de ninguno de los menores, en cuyo interés se actúa, y ello exige ponderar no solo las posibilidades económicas del alimentante sino las del otro progenitor que tiene también la obligación de contribuir proporcionalmente a la atención de los alimentos de los descendientes, según sean sus recursos económicos, prueba que no se ha hecho. Y es que el cambio de medida se argumenta en la demanda exclusivamente sobre la base del nacimiento de estos dos nuevos hijos, sin que la misma contenga referencia alguna a si esta nueva situación supone una merma de su capacidad económica, que puede incluso haber mejorado en razón al patrimonio de su pareja y madre de los hijos, obligada también a su sostenimiento, cuyos recursos se ignoran, siendo así que, conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del Código Civil, “cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo”.

El interés casacional que ha permitido la formulación de este recurso exige casar la sentencia de la Audiencia provincial, en lo que se refiere a este segundo motivo, pese a mantener el criterio desestimatorio de la demanda, y formular como doctrina jurisprudencial que el nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa suficiente para dar lugar a la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos de una anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad; todo ello sin hacer especial declaración en cuanto a las costas, de ninguna de ambas instancias, ni de las causadas por este recurso.

Fuente: Lex Family. com

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Un juez obliga a la Administración a devolver a una funcionaria parte de la paga extra suprimida en 2012

El portavoz del sindicato de funcionarios CSI-F, Eliseo Moreno, ha resaltado la “importancia” de esta sentencia, “que es la primera a favor de un funcionario y que obliga al Estado a devolverle la parte de la paga extra devengada”.

Un juzgado de Palencia ha obligado a la Diputación provincial a devolver a una funcionaria la parte devengada de la paga extraordinaria de Navidad que el Gobierno suprimió el año pasado, sin posibilidad de que se pueda recurrir la sentencia, según ha anunciado este lunes la Plataforma de Sindicatos y Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos en rueda de prensa.

En concreto, la funcionaria recibirá un total de 501,30 euros en concepto de retribución proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengada entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, “con los efectos administrativos y económicos que procedan”.

El portavoz del sindicato de funcionarios CSI-F, Eliseo Moreno, ha resaltado la “importancia” de esta sentencia, “que es la primera a favor de un funcionario y que obliga al Estado a devolverle la parte de la paga extra devengada”. Tras la reunión de la plataforma, Moreno ha explicado que hasta ahora los pronunciamientos judiciales solo afectaban a los trabajadores con relación de carácter laboral. “Se está viendo que la plataforma tenía razón en sus acciones para recuperar la paga extra.

De momento, la devengada se está resolviendo a favor de los funcionarios, pero queremos toda la paga retirada”, ha aseverado el portavoz de CSI-F. Hasta ahora las sentencias sobre la devolución de esta parte de la paga extraordinaria se referían al personal laboral de las administraciones públicas.

En esta ocasión, el Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia ha dictado una sentencia que obliga a la Diputación Provincial a abonar a una funcionaria dicha cantidad.

Fuente: Expansión.com

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El Tribunal Constitucional analizará si fue legal suprimir la paga extra de los funcionarios

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional presentó contra la supresión de la paga extra de los funcionarios acordada por el Gobierno en 2012 y ahora estudiará si cabe o no anular la medida por su carácter retroactivo.

La admisión a trámite supone la paralización del procedimiento en la Audiencia Nacional; es decir, que la resolución sobre la supresión de la paga extra queda pendiente de si el Constitucional dicta si es o no constitucional, en especial si lo son sus efectos retroactivos. Los magistrados preguntaron en marzo de 2013 al Constitucional sobre el artículo 2 del real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establecía la deducción de la paga extra de Navidad

Fuente: Expansión.com

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