Procuradores de los tribunales: ¿Pueden pactarse o recurrirse los aranceles de los procuradores?

Los honorarios de abogados y procuradores se pactan con el cliente. Sin embargo, mientras los abogados se someten plenamente a las reglas de la libre competencia, hasta el punto de que se prohíbe a los colegios profesionales que hagan recomendaciones sobre honorarios, los procuradores siguen aplicando un baremo de aranceles aprobado por un real decreto de 2003.

En opinión de Dª. Blanca Lozano Cutanda, catedrática de Derecho Administrativo y profesora de Cunef, la distorsión a las reglas de la libre competencia que supone la existencia de este arancel (denunciada ya por el Tribunal de Defensa de la Competencia en el año 2000), se ve parcialmente atemperada por las reglas de la oferta y de la demanda, que hacen que, en la práctica, las cuantías a percibir por los procuradores sean objeto de negociación con el cliente al margen de la cuantía que resulte de la aplicación del arancel. Los problemas se suscitan, sin embargo, a la hora de la fijación de las costas por los tribunales. Estas costas van dirigidas a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito, entre los que se incluyen los pagos a los abogados y procuradores por su intervención en el proceso. El órgano judicial tiene, en este punto, la facultad -reconocida por la Ley de Enjuiciamiento Civil-, de limitar en la Sentencia hasta un determinado tope la imposición de costas en todas sus partidas, incluyendo tanto la cuantía correspondiente a los honorarios de los abogados como la relativa a los derechos de los procuradores: así se viene haciendo en relación con los letrados y así lo ha confirmado para los procuradores el Auto del Pleno del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2013.

Ahora bien, si estas costas se consideran excesivas, la parte obligada a su pago puede recurrirlas, y es aquí donde el elemento perturbador del arancel de los procuradores se ha puesto de manifiesto en una reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de mayo de 2013 (publicada en el BOE de 4 de junio). Los hechos que dieron lugar a esta Sentencia fueron los siguientes: un Auto del Tribunal Supremo de 2012 redujo, por considerarlos excesivos, los honorarios del letrado y los derechos arancelarios del procurador incluidos en una tasación de costas impuestas a la administración que fue impugnada por el Abogado del Estado. La reducción de las cuantías fue grande: de los 243.576 euros en que se habían fijado los honorarios del letrado se pasó a 25.000 euros, y los 106.769,27 euros que correspondían al Procurador se redujeron a 12.500 euros. El procurador y el Consejo General de Procuradores de España recurrieron en amparo contra dicho Auto. Pues bien, en la citada sentencia el Tribunal Constitucional otorga el amparo y acoge la pretensión de los procuradores, por considerar que si bien los tribunales tienen la facultad de reducir las costas que imponen, una vez que han sido impuestas “no cabe impugnar los derechos de los procuradores por excesivos, sólo los honorarios de los abogados”. Como resultado de esta singular interpretación, el abogado que redactó el escrito de oposición al recurso de casación cobrará con cargo a las costas 25.000 euros (sin perjuicio, claro está, de los honorarios que haya podido pactar con el cliente), mientras que el procurador que presentó el escrito recibirá en todo caso los 106.796,27 euros fijados por el baremo.

¿Cómo puede justificarse semejante desproporción? Muy sencillo: la ley de Enjuiciamiento Civil no permite impugnar por excesivos los derechos “sujetos a arancel”. La sentencia del Tribunal Constitucional no hace, por tanto, sino aplicar estrictamente lo dispuesto por esta ley (rectificando, a modo de “supercasación”, el criterio interpretativo de una cuestión de legalidad ordinaria mantenido por el Tribunal Supremo), pero la solución a la que llega introduce una diferenciación entre el régimen jurídico aplicable a los honorarios que perciben los distintos profesionales del Derecho que carece de justificación y que parece contradecir, además, las normas europeas de la libre competencia. Únicamente una razón imperiosa de interés general puede justificar -según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, la fijación de aranceles mínimos para prestaciones de carácter judicial reservadas a una profesión: si tal razón no concurre en la defensa jurídica que llevan a cabo los letrados, tampoco parece que pueda apreciarse en la representación procesal de los procuradores. Por alguna extraña razón, el Constitucional se ha tomado el ingrato esfuerzo de defender a rajatabla el privilegio del arancel de procuradores. Puede ser una victoria pírrica; algunos pensarán que para este viaje, no eran menester alforjas.

Fuente: Expansión.com

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