Abogados: Multa a un despacho por pagar con sociedades ‘pantalla’

Un despacho de abogados ha sido sancionado con más de 268.000 euros por retribuir a cinco profesionales a través de entidades interpuestas, lo que les permitiría pagar menos a Hacienda.

Esta práctica, que podría ser habitual en la relación de los bufetes con sus socios y que ha sido censurado en una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (Teac), queda en entredicho y puede costar más de un disgusto a las grandes firmas. Tal y como recoge la resolución, el caso afecta a cinco socios, que forman parte del despacho (sociedad profesional). La práctica sancionada consistía en que cada uno de ellos era a su vez socio mayoritario de una sociedad junto a algunos familiares, y a través de ella facturaban al despacho, logrando un importante ahorro fiscal.

La resolución, del pasado 21 de marzo, condena a la firma por haber permitido esta estructura y no haber practicado las retenciones fiscales oportunas a sus socios, dando la razón a la inspección de Hacienda. Esta última entendió que la interposición de una segunda sociedad entre el abogado y la sociedad que factura a los clientes implica una simulación, ya que con ello no se añade nada al servicio personal de cada abogado y lo único que se pretende es disminuir la retención y la tributación final de los socios.

Lo que se ahorra

– Los socios se ahorran el tipo marginal máximo del IRPF, que varía, según la comunidad autónoma, entre el 52 y el 56%.

– A la retribución satisfecha a la sociedad interpuesta no se le aplica la retención por rendimientos profesionales sujetos al IRPF del 21%.

– Al figurar como socios de la sociedad interpuesta junto a sus parientes, se reparte la renta entre los mismos con una menor tributación.

– La renta obtenida por la sociedad, que tributará al 30% o a los tipos especiales reducidos, queda diferida hasta que la sociedad la distribuya vía dividendo.

Diversos expertos consultados por EXPANSIÓN coinciden al señalar que esta práctica no tiene por qué ser de por sí ilegal. Según explica José Ángel Soteras, del despacho Romero e Ibor, Galiano y Soteras, Asesores Legales y Tributarios, “en los últimos tiempos, especialmente desde que en el ejercicio 2003 quedó derogado el régimen de transparencia fiscal que se aplicaba a las sociedades profesionales, se está detectando una tendencia de la Administración Tributaria en el sentido de entender que cualquier sociedad a través de la cual un profesional organiza los medios personales y materiales que utiliza en su actividad sería una sociedad instrumental, cuando no una sociedad interpuesta y/o simulada”. Este experto rechaza esta interpretación de la Administración, pues el modo en que un abogado desee ejercer su actividad, bien directamente o bien a través de una sociedad, además de ser una práctica totalmente admitida por la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales y por el Estatuto de la Abogacía, es una opción perfectamente lícita y entra dentro de la figura de lo que se conoce jurídicamente como economía de opción. Soteras entiende que se debe “analizar cada caso para ver si concurren suficientes indicios que lleven indubitadamente a considerar que se trata de una sociedad simulada, debiendo aceptarse en otro caso la organización estructurada por el profesional y la existencia de un motivo económico válido que dé sustento a la misma”.

Ricardo Perpiñán, portavoz de la asociación de asesores fiscales Asefiget, coincide en que lo que ha hecho este despacho forma parte de la economía de opción y no un negocio simulado, y cree que “las sanciones son totalmente desproporcionadas”. “Yo creo que si el caso llega al Tribunal Supremo, éste rectificará la decisión del Tribunal económico administrativo (Teac) y estimará en gran parte lo que puedan alegar estos abogados porque hay argumentos de sobra para ello”, asegura.
Fuente: Expansión.com

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