Permiso de residencia: Concesión por inversión en España

Ante la próxima concesión del permiso de residencia

Quién compra casas en España por más de medio millón de euros

  • Rusos y sudamericanos serán los más beneficiados por la reforma impulsada por el Ejecutivo
  • Las operaciones que superaron el medio millón representaron el 2,2% del total de ventas inmobiliarias de 2012

El mero anuncio, allá por el mes de diciembre, de que el Gobierno estudiaba conceder el permiso de residencia a los extranjeros que compraran vivienda en España a partir de un cierto precio provocó un auténtico tsunami de reacciones. Ahora, la medida, contenida en la Ley de Emprendedores que será aprobada mañana viernes, concreta que solo se concederá dicha licencia para inversiones superiores a los 500.000 euros y el permiso no será permanente hasta transcurridos cinco años. Pero ¿quiénes compran viviendas de más de medio millón de euros en España? ¿Dónde se localizan esas casas? ¿Cómo son y qué proporción del mercado representan?

Gracias a la explotación de los datos contenidos en las escrituras públicas y la colaboración de algunas empresas del sector, se puede obtener una radiografía bastante aproximada de la importancia que tiene el segmento del lujo en el mercado inmobiliario español. Así, en 2012, último dato definitivo disponible, los notarios registraron un total de 544.554 compradores de vivienda en España, de los que el 2,2%, 12.016 en total, adquirieron una vivienda de más de 500.000 euros. Y de esos 12.000 acaudalados propietarios, apenas 2.366 fueron extranjeros no residentes en España, por lo que representaron prácticamente el 20% de las compras. O lo que es lo mismo, una de cada cinco casas de lujo que se venden en España son adquiridas por extranjeros no residentes. Conocer qué porcentaje de estos es extracomunitario y, por tanto, podría beneficiarse por la iniciativa del Gobierno es más difícil, aunque se puede realizar una aproximación. Según las cifras del Consejo General del Notariado, el 12% de las compraventas de vivienda realizadas por extranjeros en España el año pasado correspondió a ciudadanos de fuera de la UE. Destaca que otro 11% fue realizado por rusos.

De hecho, en opinión de Carlos Smerdou, consejero delegado de Foro Consultores, los rusos y los sudamericanos con alto poder adquisitivo son los extranjeros que más se van a poder beneficiar de la concesión del permiso de residente. Los chinos no residentes comienzan a ser un mercado con alto potencial, aunque el volumen de sus transacciones aún es pequeño.

En cuanto a qué tipo de propiedades buscan estos compradores, todos los expertos consultados coinciden en que las grandes casas junto al mar son las más apreciadas. Pero además, este tipo de clientes valora sobre todo la ubicación, la privacidad y servicios como la seguridad y unas buenas conexiones de transporte. No hay que olvidar que también está en alza el extranjero que busca una segunda residencia en los mejores barrios de las grandes urbes españolas: Madrid, Barcelona y Valencia son las preferidas.

En la capital lo más demandado son casas en el barrio de Salamanca, especialmente en el eje entre el Paseo de Recoletos, Castellana y Príncipe de Vergara. También están en alza las colonias de unifamiliares de Conde Orgaz o el Viso y fuera de la capital, los compradores se suelen decantar por La Moraleja, Majadahonda, Aravaca y La Florida.

En Barcelona, las áreas más valoradas son la de Diagonal Mar, Sarriá, Pedralbes o La Bonanova y ya fuera, en su área metropolitana, destacan las viviendas de lujo de San Cugat del Vallés.

Suecos, noruegos, franceses, suizos o rusos se encuentran entre los más interesados en Valencia como destino de su segunda o tercera residencia, por lo que buscan casas amplias en la zona cercana a la Ciudad de las Artes, el Ensanche o también áticos de lujo en el casco histórico. Y fuera de estas tres urbes otros destinos con fuerte atractivo son, por supuesto, Mallorca, Marbella, Sotogrande o Altea.

Turistas y cazadores de ‘auténticas gangas’

Todos los informes consultados sobre qué ha ocurrido con los precios de las viviendas de lujo coinciden en que este segmento también ha sufrido la crisis, pero con menos virulencia, lo que le mantiene como valor refugio de las grandes fortunas. De hecho, si las viviendas acumulan en España un ajuste desde 2007 de más del 40% en algunas zonas, en los enclaves más lujosos esa depreciación es de la mitad. Es más, el año pasado se abarataron un promedio del 8% en Madrid, según Knight Frank.

Por ello, estos compradores a la vez que vienen a España a hacer turismo no es raro que busquen lo que para su bolsillo consideran auténticas gangas. Ejemplo de estas oportunidades son viviendas en Madrid que antes costaban un millón se pueden encontrar ahora por 700.000 euros o inmuebles de dos millones que ahora cuestan 1,5 millones. Quizás este ajuste explique la recuperación que protagoniza este segmento. Según la inmobiliaria Engel & Völkers, las ventas en el sector residencial de alto standing en Mallorca han aumentado un 40%. Y por primera vez desde el inicio de la crisis los inversores vuelven a comprar sobre plano.

Fuente: Cinco Dias.com

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Abogados: Multa a un despacho por pagar con sociedades ‘pantalla’

Un despacho de abogados ha sido sancionado con más de 268.000 euros por retribuir a cinco profesionales a través de entidades interpuestas, lo que les permitiría pagar menos a Hacienda.

Esta práctica, que podría ser habitual en la relación de los bufetes con sus socios y que ha sido censurado en una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (Teac), queda en entredicho y puede costar más de un disgusto a las grandes firmas. Tal y como recoge la resolución, el caso afecta a cinco socios, que forman parte del despacho (sociedad profesional). La práctica sancionada consistía en que cada uno de ellos era a su vez socio mayoritario de una sociedad junto a algunos familiares, y a través de ella facturaban al despacho, logrando un importante ahorro fiscal.

La resolución, del pasado 21 de marzo, condena a la firma por haber permitido esta estructura y no haber practicado las retenciones fiscales oportunas a sus socios, dando la razón a la inspección de Hacienda. Esta última entendió que la interposición de una segunda sociedad entre el abogado y la sociedad que factura a los clientes implica una simulación, ya que con ello no se añade nada al servicio personal de cada abogado y lo único que se pretende es disminuir la retención y la tributación final de los socios.

Lo que se ahorra

– Los socios se ahorran el tipo marginal máximo del IRPF, que varía, según la comunidad autónoma, entre el 52 y el 56%.

– A la retribución satisfecha a la sociedad interpuesta no se le aplica la retención por rendimientos profesionales sujetos al IRPF del 21%.

– Al figurar como socios de la sociedad interpuesta junto a sus parientes, se reparte la renta entre los mismos con una menor tributación.

– La renta obtenida por la sociedad, que tributará al 30% o a los tipos especiales reducidos, queda diferida hasta que la sociedad la distribuya vía dividendo.

Diversos expertos consultados por EXPANSIÓN coinciden al señalar que esta práctica no tiene por qué ser de por sí ilegal. Según explica José Ángel Soteras, del despacho Romero e Ibor, Galiano y Soteras, Asesores Legales y Tributarios, “en los últimos tiempos, especialmente desde que en el ejercicio 2003 quedó derogado el régimen de transparencia fiscal que se aplicaba a las sociedades profesionales, se está detectando una tendencia de la Administración Tributaria en el sentido de entender que cualquier sociedad a través de la cual un profesional organiza los medios personales y materiales que utiliza en su actividad sería una sociedad instrumental, cuando no una sociedad interpuesta y/o simulada”. Este experto rechaza esta interpretación de la Administración, pues el modo en que un abogado desee ejercer su actividad, bien directamente o bien a través de una sociedad, además de ser una práctica totalmente admitida por la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales y por el Estatuto de la Abogacía, es una opción perfectamente lícita y entra dentro de la figura de lo que se conoce jurídicamente como economía de opción. Soteras entiende que se debe “analizar cada caso para ver si concurren suficientes indicios que lleven indubitadamente a considerar que se trata de una sociedad simulada, debiendo aceptarse en otro caso la organización estructurada por el profesional y la existencia de un motivo económico válido que dé sustento a la misma”.

Ricardo Perpiñán, portavoz de la asociación de asesores fiscales Asefiget, coincide en que lo que ha hecho este despacho forma parte de la economía de opción y no un negocio simulado, y cree que “las sanciones son totalmente desproporcionadas”. “Yo creo que si el caso llega al Tribunal Supremo, éste rectificará la decisión del Tribunal económico administrativo (Teac) y estimará en gran parte lo que puedan alegar estos abogados porque hay argumentos de sobra para ello”, asegura.
Fuente: Expansión.com

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Procuradores de los tribunales: ¿Pueden pactarse o recurrirse los aranceles de los procuradores?

Los honorarios de abogados y procuradores se pactan con el cliente. Sin embargo, mientras los abogados se someten plenamente a las reglas de la libre competencia, hasta el punto de que se prohíbe a los colegios profesionales que hagan recomendaciones sobre honorarios, los procuradores siguen aplicando un baremo de aranceles aprobado por un real decreto de 2003.

En opinión de Dª. Blanca Lozano Cutanda, catedrática de Derecho Administrativo y profesora de Cunef, la distorsión a las reglas de la libre competencia que supone la existencia de este arancel (denunciada ya por el Tribunal de Defensa de la Competencia en el año 2000), se ve parcialmente atemperada por las reglas de la oferta y de la demanda, que hacen que, en la práctica, las cuantías a percibir por los procuradores sean objeto de negociación con el cliente al margen de la cuantía que resulte de la aplicación del arancel. Los problemas se suscitan, sin embargo, a la hora de la fijación de las costas por los tribunales. Estas costas van dirigidas a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito, entre los que se incluyen los pagos a los abogados y procuradores por su intervención en el proceso. El órgano judicial tiene, en este punto, la facultad -reconocida por la Ley de Enjuiciamiento Civil-, de limitar en la Sentencia hasta un determinado tope la imposición de costas en todas sus partidas, incluyendo tanto la cuantía correspondiente a los honorarios de los abogados como la relativa a los derechos de los procuradores: así se viene haciendo en relación con los letrados y así lo ha confirmado para los procuradores el Auto del Pleno del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2013.

Ahora bien, si estas costas se consideran excesivas, la parte obligada a su pago puede recurrirlas, y es aquí donde el elemento perturbador del arancel de los procuradores se ha puesto de manifiesto en una reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de mayo de 2013 (publicada en el BOE de 4 de junio). Los hechos que dieron lugar a esta Sentencia fueron los siguientes: un Auto del Tribunal Supremo de 2012 redujo, por considerarlos excesivos, los honorarios del letrado y los derechos arancelarios del procurador incluidos en una tasación de costas impuestas a la administración que fue impugnada por el Abogado del Estado. La reducción de las cuantías fue grande: de los 243.576 euros en que se habían fijado los honorarios del letrado se pasó a 25.000 euros, y los 106.769,27 euros que correspondían al Procurador se redujeron a 12.500 euros. El procurador y el Consejo General de Procuradores de España recurrieron en amparo contra dicho Auto. Pues bien, en la citada sentencia el Tribunal Constitucional otorga el amparo y acoge la pretensión de los procuradores, por considerar que si bien los tribunales tienen la facultad de reducir las costas que imponen, una vez que han sido impuestas “no cabe impugnar los derechos de los procuradores por excesivos, sólo los honorarios de los abogados”. Como resultado de esta singular interpretación, el abogado que redactó el escrito de oposición al recurso de casación cobrará con cargo a las costas 25.000 euros (sin perjuicio, claro está, de los honorarios que haya podido pactar con el cliente), mientras que el procurador que presentó el escrito recibirá en todo caso los 106.796,27 euros fijados por el baremo.

¿Cómo puede justificarse semejante desproporción? Muy sencillo: la ley de Enjuiciamiento Civil no permite impugnar por excesivos los derechos “sujetos a arancel”. La sentencia del Tribunal Constitucional no hace, por tanto, sino aplicar estrictamente lo dispuesto por esta ley (rectificando, a modo de “supercasación”, el criterio interpretativo de una cuestión de legalidad ordinaria mantenido por el Tribunal Supremo), pero la solución a la que llega introduce una diferenciación entre el régimen jurídico aplicable a los honorarios que perciben los distintos profesionales del Derecho que carece de justificación y que parece contradecir, además, las normas europeas de la libre competencia. Únicamente una razón imperiosa de interés general puede justificar -según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, la fijación de aranceles mínimos para prestaciones de carácter judicial reservadas a una profesión: si tal razón no concurre en la defensa jurídica que llevan a cabo los letrados, tampoco parece que pueda apreciarse en la representación procesal de los procuradores. Por alguna extraña razón, el Constitucional se ha tomado el ingrato esfuerzo de defender a rajatabla el privilegio del arancel de procuradores. Puede ser una victoria pírrica; algunos pensarán que para este viaje, no eran menester alforjas.

Fuente: Expansión.com

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Procuradores de los tribunales: Competencia arremete de nuevo contra los procuradores

En un informe hecho público ayer, la CNC critica con dureza la decisión del Ministerio de Justicia de entregar nuevas competencias al colectivo a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha emitido un informe en el que censura con dureza la decisión del Ministerio de Justicia de ceder nuevas competencias a los procuradores.

El texto, que califica la reforma de “gravemente perjudicial para la competencia”, cuestiona el nuevo marco regulatorio que introduce el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil por el que se otorgan en exclusiva al colectivo algunas funciones que hasta ahora eran competencia de la Administración de Justicia, como los actos procesales de comunicación, varias ejecuciones de sentencias, los requerimientos de pago en los casos legalmente establecidos o las diligencias de embargo.

Según la CNC, cuando el ciudadano o la empresa quieran ser representados ante los tribunales deben poder elegir entre profesionales de diversos colectivos con competencias técnicas adecuadas, ya que “resulta fuertemente anticompetitivo la reserva de actividad en favor de los procuradores”.

Discrepancias

– El pasado 3 de mayo, el Consejo de Ministros dio su visto bueno al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil que concedía nuevas competencias a los procuradores.

– El colectivo y el Ministerio han defendido que con esta reforma se agilizaría la Justicia, resolviendo en días lo que antes se tardaba meses.

– La CNC emite un informe muy duro en el que critica que se dé al colectivo exclusividad en determinadas funciones y afirma que evitar intermediarios ahorraría costes.

– Competencia asegura que “España es el único país de nuestro entorno en el que existe este sistema de representación procesal obligatorio”. Esta decisión de Justicia de reforzar al colectivo con nuevas competencias fue entendida como un modo de salvar a la profesión, que vive sus horas más bajas ante la llegada de la Ley de Servicios Profesionales que podría eliminar la incompatibilidad entre procuradores y abogados.

Competencia critica que las medidas que introduce la reforma no contemplan “la mejora de un posible interés general”, sino la voluntad de que el procurador “adquiera un papel más relevante en su función de auxilio a la Administración de Justicia”. Por ello, pide al legislador que indique “la razón por la que los ciudadanos y empresas, con plena capacidad jurídica ante la práctica totalidad de las administraciones en la UE, no pueden representarse a sí mismos ante la Administración española de Justicia”. Además, la Comisión entiende que si el objetivo es agilizar la Administración de Justicia, “existen vías menos restrictivas de la competencia para potenciar su funcionamiento en los ámbitos que el Anteproyecto ahora reserva a los procuradores”.

No es la primera vez que la Comisión emite un informe duro con este colectivo. Desde 2008, ya se ha pronunciado en al menos cinco ocasiones censurando “las restricciones a la competencia en la regulación del acceso y el ejercicio de la profesión de procurador que se derivan de su régimen legal”. Estos informes subrayaban “la necesidad de eliminar las múltiples restricciones regulatorias, innecesarias y desproporcionadas que existen en el acceso a la actividad y su ejercicio”.

El informe de la CNC, que no es vinculante, interpreta que el contenido de la reforma “robustece” ese marco legal de los procuradores que ha venido criticando en informes anteriores. Reacciones Ante estas críticas, el colectivo de procuradores es contundente. “Discrepamos radicalmente de todo lo que dice la CNC, que lamentablemente tiene un desconocimiento de lo que ocurre en Europa en materia de Justicia”, declaró ayer a EXPANSIÓN el presidente del colectivo, Juan Carlos Estévez. Asegura que estas competencias aproximan el sistema español al de los países de nuestro entorno, y sostiene que es “totalmente falso” que en Europa los ciudadanos o empresas se puedan representar a sí mismos. Estévez, que criticó que la CNC aprovechara la ocasión para volver a entrar en la cuestión de la representación procesal que no aborda la norma objeto del informe, sí quiso responder que “la desaparición de la incompatibilidad entre abogado y procurador sería un bache muy difícil de superar” porque sin ellos “quebraría el sistema de notificaciones”. El subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, explicó ayer a este diario que se trata de “un informe en clave estrictamente económica y hay que tener en cuenta también cuáles son los problemas de la Administración de Justicia. El procurador es una pieza esencial en el auxilio judicial de la que no es posible prescindir en el medio plazo”.
Fuente: Expansion.com

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Procuradores de los tribunales: Una victoria por los aranceles

Una sentencia del Tribunal Constitucional, el pasado 6 de mayo, respaldó la postura de los procuradores que acudieron a este órgano para impedir que el Supremo les redujera los aranceles en una condena en costas. Juan Carlos Estévez, presidente del consejo General de Procuradores. La asignación de nuevas competencias y la posible eliminación de la incompatibilidad entre abogados y procuradores no son los únicos frentes que tiene abiertos este colectivo. Existe un debate en torno a sus aranceles que están siendo puestos en entredicho. Sin embargo, no todo son malas noticias para la profesión, y es que recientemente han recibido el respaldo judicial en este ámbito, ganando una importante batalla. El pasado 6 de mayo, el Tribunal Constitucional respaldó la postura de los procuradores que acudieron a este órgano para impedir que el Supremo les redujera los aranceles en una condena en costas. Cuando una de las partes en el proceso impugna las costas con las que debe resarcir al vencedor por considerarlas excesivas, el órgano judicial tiene capacidad para poner un tope a la cantidad total a pagar.

En principio, esto afecta tanto a los honorarios de los abogados como a los de los procuradores. Sin embargo, en este caso, y después de que el Tribunal Supremo determinara en un auto de 2012 la reducción sustancial de ambas partidas, el Constitucional ha declarado que sólo se puede minorar la parte que corresponde al abogado y no la del procurador, puesto que los honorarios de este último se rigen por aranceles. El resultado es que al abogado se le reduce la minuta de 243.576 euros a 25.000, y al procurador se le mantiene en 106.769 euros.

En opinión de Blanca Lozano, catedrática de Derecho Administrativo y profesora de Cunef, aunque la sentencia del Constitucional aplica estrictamente lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a que no permite impugnar por excesivos los derechos sujetos a arancel, “la solución a la que llega introduce una diferenciación entre el régimen jurídico aplicable a los honorarios que perciben los distintos profesionales del Derecho que carece de justificación y que parece contradecir, además, las normas europeas de la libre competencia”.

Fuente: Expansión.com

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