Los trabajadores laborales recuperarán la ‘paga extra’

  • Se les abonará el dinero por el periodo entre el 1 de enero y el 14 de julio de 2012
  • Son dos pagas anuales y no una cada seis meses como defendía la Administración
  • Esta doctrina, sin embargo, no alcanza hasta ahora a los funcionarios.

Los trabajadores laborales públicos de la Comunidad de Madrid tienen derecho a percibir las cantidades correspondientes a los servicios efectivamente prestados en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de julio, lo que supone que el Gobierno Regional deberá abonarles la parte correspondiente de la paga extra ordinaria de julio que no percibieron como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012. Madrid recurrirá el fallo que obliga a pagar media extra al personal laboral.

Así lo manda una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, de 22 de abril de 2013, que establece que la normativa recurrida entró en vigor el citado 14 de julio del pasado año, lo que supone un salto cualitativo en el nivel de emisión de sentencias favorables a la recuperación parcial de la paga extraordinaria, ya que hasta el momento tan sólo se habían pronunciado juzgados de lo Social sobre la materia.

La sentencia reconoce el derecho del personal laboral, tal y como establece su Convenio Colectivo, a la percepción de dos pagas extraordinarias al año, no a una paga cada seis meses, como había interpretado la Administración al paralizar la percepción de la paga.

Precedente universitario

La ponente, la magistrada De la Cueva Aleu, apoya su fallo en una sentencia anterior del propio TSJ de Madrid, de 15 de marzo de 2013, en la que se adoptó esta misma doctrina sobre la paga extraordinaria de Navidad del personal laboral de las universidades públicas madrileñas, en atención al artículo 69 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Madrid.

El ponente, el magistrado Moreno González-Aller, reconocía “un derecho perfeccionado y consolidado en el tramo que va del 1 de enero al 14 de julio de 2012” y añadía que “contrariamente a lo aducido por la parte demandada, estimamos, en una interpretación conforme al sentido de las palabras, sistemática y finalista del artículo 69 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Madrid en relación al Real Decreto-ley 20/2012, es posible, al no quedar descartado, el abono parcial de la paga extra de Navidad ya devengada, si no se quiere conculcar el artículo 9.3 de la Constitución Española que garantiza, entre otros principios consustanciales al Estado social y democrático de derecho, el de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Este recurso fue presentado por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), en nombre de una empleada. Esta organización emitió ayer un comunicado sobre la sentencia de Madrid en la que afirmaba que “seguimos esperando la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Audiencia Nacional ante el Tribunal Constitucional”. La Audiencia Nacional, por su parte, también se ha pronunciado sobre la paga extraordinaria de Navidad, pero sin entrar en el fondo de la cuestión analizada ahora. En la sentencia de 11 de febrero de 2013, la magistrada San Martín Mazzucconi falló que las empresas públicas se veían afectadas por el recorte de la paga extra, con todos los incentivos salariales correspondientes.

La secretaria de Política Sindical y Coordinación de Área Externa FSP UGT-Madrid, Rosa María Robledano Gómez, ha celebrado el fallo del TSJ de Madrid ante los ataques “injustificados” a los trabajadores en cuanto a la aplicación de esta normativa. De este modo, estima que el Convenio Colectivo de la Comunidad de Madrid se encuentra en situación de vigencia prorrogada.

Esta doctrina, sin embargo, no alcanza hasta ahora a los funcionarios, puesto que ellos no se rigen por el convenio sectorial, que es lo analizado hasta el momento. En este caso, tan sólo se ha pronunciado el Juzgado nº 1 de Palencia, en una sentencia en la que su titular aplicó la misma doctrina para los funcionarios, lo que ahora deberá ser refrendado o rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Fuente: El Economista

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El Tribunal Supremo exime a trabajadores del pago de tasas judiciales

La Sala IV del Tribunal Supremo, en pleno no jurisdiccional, ha acordado que los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social no tendrán que pagar tasa judicial alguna al interponer recursos de suplicación o casación, quedando exentos, por tanto, de pagar el 40 por ciento de la tasa al pedir una segunda opinión judicial, tal y como prevé la Ley de Tasas.

Se fija así cuál debe ser la pauta de actuación de los jueces, que se han venido pronunciando en el mismo sentido que el Supremo tras la entrada en vigor de la Ley de Tasas (Ley 10/2012) y su posterior modificación por el Real Decreto Ley 3/2013.Precisamente la combinación de ambos textos “ha generado múltiples dudas a los órganos jurisdiccionales del Orden Social”, según reconoce el Tribunal.

El Supremo también aclara que la exención de las tasas se aplicará “incluso en el caso de las generadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2013, lo que conduce a proyectar lícitamente esa exención total del trabajador a las tasas generadas a partir del 22 de noviembre de 2012″, fecha en que entró en vigor la Ley de Tasas..

Un texto corregido

En principio, la Constitución y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 prevén la exención total y automática del pago de tasas por parte de trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, independientemente de la insuficiencia de sus medios. Luego llegó la Ley de Tasas, patrocinada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que creó una “exención parcial para los trabajadores de un 60 por ciento” en caso de recurrir.

Así, con la nueva norma, la primera decisión judicial seguía exenta en todo caso, pero no así las siguientes. Sobre este punto, el Supremo asegura en su acuerdo que al establecerse una exención parcial para los trabajadores, se “modificó o anuló en parte ese beneficio automático o completo”.

Sin embargo, la aprobación del Real Decreto Ley de 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita, hace que esa posible derogación quede “absoluta y profundamente alterada”.

Tanto es así que, para el Supremo, “podemos concluir que desde esa fecha, en principio (…) los trabajadores y beneficiarios del sistema público de Seguridad Social vuelven a tener el beneficio de asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996”.

El texto, que modifica en parte la Ley de Tasas, implica que los trabajadores (y por extensión los beneficiarios del sistema público de Seguridad Social , que tienen el mismo beneficio) “no han de abonar tasa alguna por la interposición de los recursos”. Lo mismo cabe aplicar a los funcionarios y personal estatutario cuando actúan ante la jurisdicción Social, ya que éstos “gozan del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los mismos términos que los trabajadores”.

Los sindicatos, exentos

En cuanto a los sindicatos, el Supremo aclara que éstos estarán exentos de efectuar depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones ante el orden social y gozarán del beneficio legal de justicia gratuita cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social, tal y como recoge la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Esta condición comprende la exención del pago de cualquier tasa.

Fuente: El Economista

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