Los secretarios judiciales achacan la bajada de pleitos a la crisis

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, que defiende buena parte de las reformas del Ministerio de Justicia y censura otras como la del Registro Civil, no cree que las tasas judiciales sean responsables de esta disminución.

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales cree que no existe una relación directa entre el descenso de procedimientos en los tribunales y la imposición de nuevas tasas judiciales.

Este cuerpo ha restado importancia a las cifras que han ido surgiendo y según las cuales se ha producido un descenso de la litigiosidad debido a que las tasas han disuadido a los ciudadanos de defender sus derechos: “A día de hoy podemos decir que la afección a la presentación de los litigios ante la Justicia no presenta el porcentaje que se le acusaba y que han sido más otras cuestiones, como el natural descenso de la litigiosidad, motivada por la crisis económica, la imposición de costas en lo contencioso u otros motivos, los que han producido un descenso de los litigios, amén de la influencia propia en la autorregulación derivada de la existencia de la tasa, en la voluntad de pleitear, que se ha manifestado más relevante en la segunda instancia”.

El Colegio defiende su discreto posicionamiento en este ámbito, señalando que se han posicionado “con desapasionamiento”, basándose en criterios claros como que la anterior ley de tasas databa de una década antes y muchas habían sido las voces que previamente habían instado una modificación en sujetos pasivos, cuantías y finalidades de la recaudación.

“La ley en sí, de la que nunca hemos manifestado que fuese la ley que nosotros hubiésemos hecho, merecía y así lo dijimos, valorar su efecto con perspectiva y modularse fruto de la experiencia en su aplicación. Y así ha sido, habiendo sido modificada y adaptada”, señala. Insiste en que pocos han sido aún los meses transcurridos desde su efectiva puesta en práctica, y en que deberá hacerse en su momento una revaloración de sus efectos.

El colectivo tampoco comparte las críticas a la reforma del Consejo General del Poder Judicial y la nueva manera de elección de sus vocales o su carácter o no de dedicación exclusiva. El Colegio cree que el nuevo texto “dota a la institución, de relevancia constitucional, de eficacia y austeridad, propia de los tiempos que corren”. Además, sostiene, “la observamos como plenamente encuadrada en el marco constitucional”.

Otra reforma reciente es la que atribuye a los procuradores mayores competencias en actos de comunicación. En este ámbito, los secretarios judiciales estiman que no es una ley que entre en conflicto con las funciones de su colectivo en servicio del ciudadano, de control de dichos actos para asegurar su corrección y legalidad, además de eficacia y eficiencia. Dicho control, afirman, “se reconoce y potencia en la nueva ley, en este caso sobre la actividad de los procuradores”.

A ello se une, según apuntan, “que el resultado final del texto que se propone genera una actividad por los procuradores que no solo no es obligatoria para el ciudadano, manteniéndose los servicios públicos de notificaciones de las oficinas judiciales a pleno rendimiento, sino que además su coste no repercutirá en los litigantes contrarios a quien los utilice al no entrar en las condenas en costas”. Por tanto, ven la reforma como un medio de aportar recursos externos al funcionamiento de la justicia por quien pueda satisfacerlos.

Registro Civil Distinta es la visión que el colectivo tiene de una reforma especialmente polémica como ha sido la del Registro Civil, un proyecto que en estos momentos parece estar paralizado. Los secretarios judiciales creen que deberían ser ellos y no los registradores quienes asumieran las competencias en este ámbito: “No estamos conformes con la opción que parece presidir la nueva legislación del Registro Civil, que entendemos debe seguir quedando en manos plenamente de la administración de justicia aunque desjudicializada, y otorgada la condición de encargados, como reflejo de la fe pública registral a nuestro cuerpo”.

En cuanto a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, cuya filosofía consista en atribuir la competencia para resolver esta clase de procedimientos tanto a secretarios judiciales como a notarios y registradores, rompiendo de esta manera con monopolios, esperan que “permita la competitividad y el aseguramiento de un servicio a disposición de todos los ciudadanos independientemente de su nivel adquisitivo, dada la plena capacidad y méritos de los integrantes en cada cuerpo para ejercerla”.

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