Cinco argumentos para ganar en un arbitraje internacional

Recurrir a una causa de arbitraje, en lugar de a los tribunales para resolver un conflicto, ahorra tiempo y dinero, pero sólo si todo el proceso se planifica bien y se elige con acierto a los actores involucrados.

El miedo a perder una inversión en el extranjero es uno de los principales temores de los empresarios cuando deciden dar el salto al exterior. Desde una expropiación hasta la falta de seguridad jurídica en un conflicto con un socio local pueden dar al traste con los planes de expansión de una firma.

En estos casos, acudir al arbitraje internacional suele ser la mejor alternativa, ya que, por lo general, es más barato que los tribunales hasta un 75% menos y los conflictos se resuelven en cuestión de meses, en lugar de años. Sin embargo, si estos procesos no se gestionan bien pueden alargarse durante más de cuatro años.

El primer error es pensar en el arbitraje cuando ya ha surgido el conflicto. La previsión es clave. “Hay que planificar la inversión en un país para aprovechar los tratados bilaterales”, según David M. Orta, socio afincado en Washington del despacho Quinn Emanuel. No todos los países firman los mismos acuerdos.

Es habitual, por ejemplo, que los tratados con las excolonias sean más beneficiosos porque existen lazos históricos.

1 Para aprovechar estas alianzas, se puede invertir a través de sociedades constituidas en estos países amigos. Por ejemplo, una compañía que quiera invertir en Angola podría instrumentar su inversión a través de Portugal, mientras que España es una buena vía para desembarcar en Latinoamérica. El único requisito para poder invocar estos acuerdos internacionales es “que se constituya la sociedad antes de realizar la inversión, ya que de otra forma se podría ver como una medida oportunista”, apuntó Orta durante su participación en el VII Congreso Latinoamericano de Arbitraje, celebrado en Lima, en el que España ha estado representada, entre otras instituciones, por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) de Madrid.

2 El siguiente paso es elegir el lugar del arbitraje.

Normalmente, unos están pensados para conflictos con gobiernos, mientras que otros están especializados en problemas con particulares (clientes) o con otras empresas. El Ciadi, institución vinculada al Banco Mundial, es la corte preferida por las empresas para resolver disputas con los estados. Repsol, por ejemplo, ha acudido a este organismo por la expropiación de su filial argentina YPF. Algunos países, como Ecuador o Bolivia, no reconocen esta corte y están promoviendo Unasur, una institución latinoamericana para dirimir este tipo de disputas.

Además, en cada país existen diferentes cortes locales, por lo que es recomendable incluir en el contrato una cláusula sobre el lugar en el que se estudiarán las reclamaciones. “El principal aspecto no es otro que la confianza en la corte elegida, que ha de ser totalmente fiable”, apunta Juan Serrada, presidente de CIMA.

3 El tercer paso, una vez que ya se ha desatado el problema, es elegir el árbitro. En opinión de Claudia Benavides, abogada de Baker & McKenzie en Colombia, “los clientes suelen tener prisa por iniciar el proceso, lo que hace que no presten demasiada atención a este aspecto”. Del árbitro depende, sobre todo, la agilidad del proceso. Hay que entrevistar a los candidatos, comprobar que conocen el sector, qué idiomas hablan y, sobre todo, su disponibilidad para trabajar en el proceso.

4 El cuarto paso es no olvidarse del perito que estudiará las pruebas. Las empresas suelen delegar su elección e, incluso, establecer en los contratos quién será el experto en caso de conflicto. Esto es un error, ya que hay que asegurarse de que se trata de alguien que conoce el sector y, sobre todo, seleccionarlo en función del problema.

5 Por último, existen dudas sobre si es conveniente o no dar publicidad a estos procesos. Stephen P. Anway, socio de Squire Sanders en Nueva York, considera que un error muy habitual es anunciar antes de presentar una demanda ante una corte que se va a iniciar el proceso para ejercer presión, por ejemplo, sobre el Gobierno con el que se tiene la disputa. Pero, según este experto, el efecto que se consigue es el contrario: “El problema es que entonces las firmas legales de todo el mundo le ofrecen a ese estado asesoramiento legal, muchas veces gratuito, para conseguir el contrato”. La cautela es el mejor aliado.

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Los nuevos trabajos del futuro que ocuparán los abogados

La presión de los clientes, la necesidad de hacer cada vez más con menos y los cambios organizativos llevan a que los despachos no serán nunca más como antes, y generan nuevos perfiles profesionales.

Cambia la profesión y también el mercado y el modelo de negocio y organización de los despachos. Los clientes presionan para bajar las tarifas y aumenta el nivel de competencia de las firmas legales, en las que se transforma la dinámica profesional. Las carreras se hacen más largas y los criterios son cada vez más duros.

Ignacio Bao, presidente mundial de Signium International, explica que la crisis y la preocupación por los costes tienen mucho que ver con esta evolución profesional que da lugar a nuevos roles y perfiles: “Se tiende a reducir los costes, el número de asociados intermedios y también de socios, aunque estos últimos son los que más se van a demandar por parte de los clientes. En este escenario surgirán nuevas salidas profesionales, que tendrán que ver con aquellos abogados que se incorporen a lo que se conoce como paralegal”.

Bao describe una situación en la que las facturaciones se irán reduciendo e importará cada vez más el margen: “Se trata de hacer lo mismo con más gente y a un coste más bajo”. En esto coincide con Richard Susskind, una especie de Nostradamus legal que en su día pronosticó algo tan simple como la generalización del uso del correo electrónico entre los abogados, cuando los aspectos tecnológicos eran algo inimaginable para una profesión más preocupada por cuestiones de confidencialidad y pérdida de relevancia.

En su último libro premonitorio, The End of Lawyers (El fin de los abogados), Susskind plantea cómo la inteligencia artificial, los sistemas de gestión del conocimiento o la eliminación de las restricciones regulatrorias revolucionarán la práctica profesional y darán lugar a nuevos trabajos para cubrir nuevas necesidades. Susskind cree que la eficiencia y la colaboración son las dos estrategias centrales que ayudarán al objetivo de “hacer más con menos”, el que parece ser el gran reto de muchas firmas legales.

Juan San Andrés, director de recursos humanos de Gómez-Acebo & Pombo, asegura que “hoy resulta insuficiente pensar que la calidad del servicio depende sólo de los buenos conocimientos jurídicos de cada cual. Hay que pensar en costes, en eficiencia… Y el servicio jurídico debe estar coordinado por alguien que se encarga del conjunto del proyecto, distinto de las áreas de práctica”.

Ignacio Bao insiste en que hay una parte del negocio que se puede hacer sin tanta especialización. Si atendemos a la profesión de abogado en los despachos se advierte cómo crece el peso de la gestión administrativa (paralegal), hacia donde tiende a parar una masa excedentaria de abogados dedicada a cuestiones como la redacción preliminar de escritos o el seguimiento procesal.

Todos estos cambios dan lugar, según Susskind, a nuevos perfiles y roles como el curator legal o el ingeniero de conocimiento, el consejero de confianza, los gestores de riesgos legales que se anticipan a los problemas jurídicos y trabajan con los usuarios finales para reducir la necesidad de servicios legales más costosos y lo que denomina híbridos legales, que son básicamente roles multidisciplinares desempeñados por profesionales que proporcionan consejo legal sofisticado y que sirven de puente entre diversas especialidades.

Project manager Se trata de un rol no un puesto implantado ya plenamente en mercados como el estadounidense.

Suele estar ocupado por un abogado de forma temporal. Juan San Andrés identifica esta tarea con lo que supone la gestión de proyectos tradicional en cualquier industria.

El director de recursos humanos de Gómez-Acebo & Pombo recuerda que “los abogados son profesionales muy individualistas”. Y ese individualismo configura organizaciones peculiares en las que el nivel de confianza en las personas es menor que en otro tipo de empresas. Al ser profesiones con un alto nivel de competitividad se dan ciertas dificultades para el trabajo en equipo. San Andrés explica que “el cliente reclama cada vez más cooperación, y por eso es necesaria una figura que coordine: es el project manager. Sabe cuáles son las fuentes de costes y tendrá sin duda un papel decisivo en el futuro de los despachos”.

Ingeniero en conocimiento legal Juan San Andrés recuerda que “muchas actividades y operaciones que hay que realizar para un cliente determinado se han hecho ya para otros. Es posible reutilizar el conocimiento, y es precisamente el ingeniero en conocimiento legal quien aumenta las posibilidades de dar el servicio a tiempo, y también facilita la posibilidad de reducir costes”.

Susskind coincide en que “serán necesarios profesionales con un gran talento para gestionar y organizar las ingentes cantidades de contenidos legales complejos que deben ser analizados, destilados y empaquetados. Se trata de una línea de trabajo que implica una alta especialización y capacidades muy específicas”.

Curator legal También en relación con la gestión del conocimiento, Susskind cree que en la era de la inflación informativa éste puede ser un rol interesante para muchos abogados. Los servicios de curator legal no son lo mismo que facilitar consejo legal personalizado a un cliente. Susskind explica que se trata de resolver problemas de una gran parte del público que ni siquiera reconoce un problema legal cuando se le presenta.

Consejero experto de confianza El rol de los expert trusted advisors puede ser desempeñado por un socio que sea cercano a un consejero delegado. Esta función se identifica con la del asesor de confianza, un abogado experto cuyo consejo se valora no sólo en los aspectos jurídicos.

Los buenos gestores, un perfil que cotiza al alzaEl hecho de que las firmas de abogados tiendan cada vez más a profesionalizar la gestión, buscando a los mejores managers, tendrá consecuencias profesionales en los despachos de abogados.

Parece evidente que la crisis y la competitividad fuerzan a tomar medidas como la bajada de precios. Esto no se puede hacer sin un análisis de costes y sin tener buenos gestores, porque una mala estrategia en este sentido puede llevar a la ruina a un despacho.

Lo que Richard Susskind llama el Legal Management Consultant tiene que ver, según Juan San Andrés, director de recursos humanos de Gómez-Acebo & Pombo, con aquel profesional que conoce las leyes, pero también el funcionamiento del negocio por dentro.

– La revista Fortune elevaba recientemente las deficiencias de management al rango de grave problema, y aseguraba que éstas se encuentran en la base de las rotaciones y salidas de un número creciente de profesionales que trabajan en las firmas de abogados.

– Las cuestiones que tienen que ver con el management van dejando de ser consideradas como una cuestión menor, o una tarea engorrosa que recae provisionalmente en determinados socios que la van rotando, porque se considera una actividad fuera del núcleo central del negocio.

– En el momento actual, el management resulta decisivo. Los despachos valoran de manera creciente a quien se dedica a la gestión. Se les encomienda este tipo de tareas precisamente porque tienen capacidad de liderazgo y de motivar. Eso sí, en muchos casos se procura que los gestores no abandonen la práctica profesional ni dejen de estar relacionados con los clientes.

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Las ideas más innovadoras en gestión de despachos

Unidad Editorial Conferencias y Formación organiza la jornada Despachos profesionales, donde expertos del sector analizarán las tendencias en gestión, márketing y desarrollo de negocio en las firmas.

En la jornada, que se celebrará el 13 de junio, se analizarán algunas de los cambios que se están produciendo en los despachos en la actual coyuntura económica, algunos producidos por la propia crisis, y otros debido a los avances tecnológicos aplicados a la profesión.

En los últimos años ha aumentado exponencialmente el nivel de competencia de los despachos y éstos se han visto forzados a tomar medidas, como la revisión de sus procesos internos, de sus equipos profesionales, la rebaja de honorarios o la inversión de recursos en la captación de nuevos clientes a través de canales como Internet.

Según los expertos, muchos despachos de abogados no están preparados para afrontar los retos que exige esta nueva forma de captar negocio y prestar servicios jurídicos. El mercado legal actual, en un entorno cada vez más difícil y desafiante, requiere un enfoque estratégico y flexible adaptado al mismo.

Resulta necesario desterrar los modelos tradicionales, e intentar crear formas nuevas y creativas de ofrecer servicios legales eficientes, construyendo modelos de negocio más sostenibles. Fusiones, incorporación a redes, internacionalización, captación de clientes a través de internet, etc., son sólo algunas de las acciones que están llevando a cabo las firmas.

La jornada, que contará con la inauguración del presidente de la Abogacía Española, Carlos Canrnicer, tratará de dar respuesta a muchos de los retos actuales y futuros de los despachos. Algunos de los ponentes que participarán en el encuentro serán Fernando Escura, presidente de Hispajuris; Lupicinio Rodríguez, socio director de Lupicinio Abogados; Juan San Andrés, director de Recursos Humanos de Gómez-Acebo & Pombo; o José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena.

La conferencia se celebrará el 13 de junio en el auditorio la sede de Unidad Editorial (Avda. de San Luis, 25), y cuenta con la colaboración de Expansión, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Unión Profesional, Emprendelaw, Hispajuris y legatoday.com.

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Los secretarios judiciales achacan la bajada de pleitos a la crisis

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, que defiende buena parte de las reformas del Ministerio de Justicia y censura otras como la del Registro Civil, no cree que las tasas judiciales sean responsables de esta disminución.

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales cree que no existe una relación directa entre el descenso de procedimientos en los tribunales y la imposición de nuevas tasas judiciales.

Este cuerpo ha restado importancia a las cifras que han ido surgiendo y según las cuales se ha producido un descenso de la litigiosidad debido a que las tasas han disuadido a los ciudadanos de defender sus derechos: “A día de hoy podemos decir que la afección a la presentación de los litigios ante la Justicia no presenta el porcentaje que se le acusaba y que han sido más otras cuestiones, como el natural descenso de la litigiosidad, motivada por la crisis económica, la imposición de costas en lo contencioso u otros motivos, los que han producido un descenso de los litigios, amén de la influencia propia en la autorregulación derivada de la existencia de la tasa, en la voluntad de pleitear, que se ha manifestado más relevante en la segunda instancia”.

El Colegio defiende su discreto posicionamiento en este ámbito, señalando que se han posicionado “con desapasionamiento”, basándose en criterios claros como que la anterior ley de tasas databa de una década antes y muchas habían sido las voces que previamente habían instado una modificación en sujetos pasivos, cuantías y finalidades de la recaudación.

“La ley en sí, de la que nunca hemos manifestado que fuese la ley que nosotros hubiésemos hecho, merecía y así lo dijimos, valorar su efecto con perspectiva y modularse fruto de la experiencia en su aplicación. Y así ha sido, habiendo sido modificada y adaptada”, señala. Insiste en que pocos han sido aún los meses transcurridos desde su efectiva puesta en práctica, y en que deberá hacerse en su momento una revaloración de sus efectos.

El colectivo tampoco comparte las críticas a la reforma del Consejo General del Poder Judicial y la nueva manera de elección de sus vocales o su carácter o no de dedicación exclusiva. El Colegio cree que el nuevo texto “dota a la institución, de relevancia constitucional, de eficacia y austeridad, propia de los tiempos que corren”. Además, sostiene, “la observamos como plenamente encuadrada en el marco constitucional”.

Otra reforma reciente es la que atribuye a los procuradores mayores competencias en actos de comunicación. En este ámbito, los secretarios judiciales estiman que no es una ley que entre en conflicto con las funciones de su colectivo en servicio del ciudadano, de control de dichos actos para asegurar su corrección y legalidad, además de eficacia y eficiencia. Dicho control, afirman, “se reconoce y potencia en la nueva ley, en este caso sobre la actividad de los procuradores”.

A ello se une, según apuntan, “que el resultado final del texto que se propone genera una actividad por los procuradores que no solo no es obligatoria para el ciudadano, manteniéndose los servicios públicos de notificaciones de las oficinas judiciales a pleno rendimiento, sino que además su coste no repercutirá en los litigantes contrarios a quien los utilice al no entrar en las condenas en costas”. Por tanto, ven la reforma como un medio de aportar recursos externos al funcionamiento de la justicia por quien pueda satisfacerlos.

Registro Civil Distinta es la visión que el colectivo tiene de una reforma especialmente polémica como ha sido la del Registro Civil, un proyecto que en estos momentos parece estar paralizado. Los secretarios judiciales creen que deberían ser ellos y no los registradores quienes asumieran las competencias en este ámbito: “No estamos conformes con la opción que parece presidir la nueva legislación del Registro Civil, que entendemos debe seguir quedando en manos plenamente de la administración de justicia aunque desjudicializada, y otorgada la condición de encargados, como reflejo de la fe pública registral a nuestro cuerpo”.

En cuanto a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, cuya filosofía consista en atribuir la competencia para resolver esta clase de procedimientos tanto a secretarios judiciales como a notarios y registradores, rompiendo de esta manera con monopolios, esperan que “permita la competitividad y el aseguramiento de un servicio a disposición de todos los ciudadanos independientemente de su nivel adquisitivo, dada la plena capacidad y méritos de los integrantes en cada cuerpo para ejercerla”.

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Las cláusulas abusivas de las hipotecas colapsan los juzgados

La entrada en vigor de la reforma de la ley hipotecaria provoca en quince días una avalancha de reclamaciones para paralizar los desahucios que amenaza con sobrecargar los tribunales.

Los problemas de impago de las hipotecas se saldaron el año pasado con más de 66.000 ejecuciones hipotecarias y 14.000 entregas de vivienda a la banca como dación en pago. Las perspectivas para 2013 eran todavía peores, hasta que el 14 de marzo el Tribunal de la Unión Europea obligó a España a cambiar la normativa para que los afectados pudieran oponerse a la ejecución durante el proceso, alegando la existencia de cláusulas abusivas. Sin embargo, el resultado, lejos de mejorar la situación, ha creado un auténtico caos administrativo y jurídico, ya que ni los jueces se ponen de acuerdo a la hora de interpretar la nueva norma.

La reforma entró en vigor el 15 de mayo. Hasta ese momento, un banco podía ejecutar una hipoteca una vez que se producía un impago. El afectado, después de haber perdido su casa, podía acudir a los tribunales si consideraba que se le habían aplicado cláusulas abusivas. Sin embargo, la nueva norma contempla que el particular tenga la posibilidad de oponerse a la ejecución antes de que ésta sea efectiva.

Fuentes del sector confirman que en las últimas dos semanas se ha producido una avalancha de escritos de oposición alegando que los bancos han impuesto cláusulas abusivas en los contratos, lo que podría colapsar los juzgados dentro de un mes, ya que esta medida paraliza los expedientes en tramitación y los dilata en el tiempo, a lo que habría que sumar los procedimientos de nuevas ejecuciones que se inicien en las próximas semanas por parte de los acreedores.

Este cuello de botella al que se enfrentan los juzgados se ve agravado por las diferencias que existen en la interpretación de la norma. Juan Via-Coro, socio director jurídico de Chávarri & Muñoz, considera que la gran novedad de la reforma es que “se permite la oposición por un concepto jurídico indeterminado”, es decir, por un motivo que entra a valorar el fondo del asunto y en el que caben distintas interpretaciones.

Este experto asegura que la ley especifica que se considera una cláusula abusiva que los intereses de demora sean más de tres veces el interés legal del dinero. Con la nueva norma, los bancos tampoco pueden resolver un préstamo hipotecario si se produce un solo impago, ya que ahora se necesita, como mínimo, una mora de tres mensualidades.

Sin embargo, el socio de Chávarri & Muñoz explica que el resto de conflictos queda regulado por la Ley de Consumidores y Usuarios, en la que hay una lista de casi 200 cláusulas de un contrato que pueden considerarse abusivas, además de dejar abierta una ventana para que los jueces entren a valorar cualquier otro punto contractual que no figure en esta norma.

Desde que el Tribunal de la Unión Europea se pronunció en marzo de este año, e incluso después de entrar en vigor la reforma, los jueces han hecho varios intentos para consensuar sus interpretaciones. Sin embargo, hay puntos en los que sigue sin haber unanimidad. Por ejemplo, hay magistrados que consideran que exigir una sobregarantía en una hipoteca, es decir, un aval, también es abusivo.

Reducir los interesesEn general, para agilizar los procesos, los bancos están aceptando reducir los intereses de demora por debajo de lo que marca la nueva normativa, pero eso no evita que los clientes aleguen otro tipo de cláusulas abusivas para detener las ejecuciones hipotecarias, por lo que tendrán que ser los jueces los que decidan qué se considera o no abusivo.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, los procedimientos de ejecución pueden dilatarse entre los 22 y los 34 meses, dependiendo del tipo. Aunque todavía es pronto para saber cómo afectará la reforma a la duración de los procesos, los expertos calculan que se alargarán varios meses.

Para la banca, esta dilatación supone un duro golpe en la cuenta de resultados, ya que el impago de una hipoteca obliga a provisionar todo el crédito. Este apunte no puede corregirse hasta que se adjudica el inmueble. Para los afectados, el escenario, aunque de mucha incertidumbre, es más positivo, ya que, además de ganar tiempo, se rebaja considerablemente el importe de la deuda total, al disminuir por ley los intereses de demora.

La norma, que entró en vigor el 15 de mayo, incluye un plazo de un mes para presentar el escrito de oposición en los procesos que ya están abiertos, por lo que todavía quedan dos semanas para que los juzgados sigan recibiendo reclamaciones de afectados.

Una ‘Torre de Babel’ en los tribunalesLos jueces no logran llegar a un consenso sobre qué se considera cláusula abusiva.

Entre marzo y mayo, desde que se pronunció el Tribunal Europeo hasta que entró en vigor la reforma hipotecaria, cada juzgado obraba libremente.

A mediados de abril, un juez de Lanzarote llegó a anular la escritura de un préstamo hipotecario por considerarlo usura, ya que tenía un interés moratorio del 19%. Al mismo tiempo, en Madrid o Burgos se optaba por la suspensión cautelar de la ejecución.

Más sorpresa provocó la decisión del Gobierno de Andalucía de aprobar un decreto para el uso social de las viviendas vacías.

Esta norma incluye una sanción de hasta 9.000 euros para bancos e inmobiliarias, además de otras personas jurídicas, que mantengan sin ocupar las viviendas que tengan en cartera.

Aunque la entrada en vigor de la reforma hipotecaria debería haber puesto fin a las diferencias interpretativas, la realidad es que, pese a los diferentes intentos, todavía no se ha llegado a un consenso sobre su aplicación en todoel territorio nacional.

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