¿Ley de Emprendedores e impuestos confiscatorios? Otra contradicción del Gobierno

¿Puede tener éxito la nueva Ley de Emprendedores en un entorno marcado por la economía de la subvención, los impuestos confiscatorios, el intervencionismo estatal y el gasto público improductivo?

 

El ajuste en España está en marcha, si bien es preciso señalar que la reducción del déficit del año pasado fue posible debido al expolio al que el Gobierno sometió a las familias de clase media, a las pymes y a los autónomos.

De todas formas, y a pesar de las subidas de impuestos, el agujero fiscal está creciendo en 2013, ya que el déficit del Estado supera al de hace un año a estas alturas. España sigue aplastada por una deuda insostenible e impagable, sin que exista una voluntad política de recortar el gasto público reduciendo radicalmente la estructura del Estado. (Recordemos, igualmente, que la casta política sigue con sus inmorales, injustos e inmerecidos privilegios intactos).

Aunque las exportaciones han experimentado un relevante crecimiento en los primeros meses de 2013 gracias al enorme esfuerzo de los empresarios españoles, no es factible centrar el proyecto de recuperación económica de nuestro país únicamente en ellas. Por tanto, España tiene la imperiosa necesidad de crecer y crear empleo por la vía de la fundación de nuevas empresas, lo que regeneraría nuestro breado tejido empresaria.

Algo falla en el planteamiento

¿Es posible potenciar el emprendimiento por mediación de la nueva Ley de Emprendedores pero sin mejorar sustancialmente el entorno (político, económico, financiero, fiscal, administrativo, laboral, etc.) en el que deben moverse los emprendedores?

¿No sería más eficaz hacer primero las reformas de calado que no quiere hacer el Gobierno para allanar el dificultoso camino por el que deben transitar las pymes y los autónomos? Es decir, facilitar el acceso a la financiación, bajar los impuestos, reducir la Administración, aumentar la libertad económica, profundizar en la reforma laboral, impulsar la unidad de mercado y la seguridad jurídica…

En principio, y sin conocer aún la letra pequeña del anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores, algunos aspectos del mismo pueden ser valorados positivamente como la limitación de la responsabilidad patrimonial de los emprendedores ante acreedores privados, las menores cotizaciones para autónomos pluriempleados o determinadas deducciones y facilidades para crear una empresa.

Pero aún así, el legislador no puede pretender que una nueva normativa sobre emprendeduría sea suficiente para subsanar las carencias del modelo de economía subvencionada implantado actualmente en España.

El Gobierno actual, igual que hizo el anterior, ha optado por la economía de la subvención, los impuestos confiscatorios y el intervencionismo estatal, arrinconando a la economía productiva y, por tanto, a las empresas. Si este círculo vicioso no se corta, esta nueva ley de emprendedores no tendrá el efecto deseado.

La altísima tasa de desempleo existente en España (al margen del efecto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económico-financiera) es la consecuencia de la conjunción de una serie de variables: impuestos abusivos, subvenciones improductivas, mamandurria del Estado, falta de flexibilidad de nuestro mercado laboral, sindicatos de clase… ¿Propone la Ley de Emprendedores alguna solución a tal efecto?

Los responsables de la ley

La única fórmula para que la nueva Ley de Emprendedores tenga un resultado mínimamente satisfactorio es acompañar a la misma de una bajada generalizada de impuestos que reactive tanto el consumo interno como la capacidad de inversión de las empresas (y la renta de las familias). No solamente hay margen para reducir los impuestos (recortando, de forma paralela, los gastos del Estado en la misma proporción), sino que es crucial bajarlos porque esta es la salida hacia el empleo y el crecimiento económico.

El Gobierno no ha aprovechado para bajar los impuestos ni la bajada de la prima de riesgo ni el aplazamiento respecto al cumplimiento de los objetivos de déficit otorgado por Bruselas a España. De igual modo, el Gobierno debería ser consciente de que un modelo de crecimiento basado en el emprendimiento y en la creación de pymes y autónomos es incompatible con un marco impositivo asfixiante.

Además, mejorar el clima fiscal y el entorno de los negocios también ayudaría, sin duda, a atraer inversión extranjera, uno de los motores que nuestra economía necesita encender urgentemente. Evidentemente, se aprecia una contradicción entre aquello que desea comunicar el Gobierno (apoyar el emprendimiento a través de la nueva ley) y la política económica que está ejecutando (intervencionismo estatal, impuestos abusivos e inapreciable reducción del gasto público).

En consecuencia, el mensaje llega completamente distorsionado a los emprendedores. ¿Quiénes han elaborado la nueva Ley de Emprendedores? ¿Asesores y políticos que ni han creado empresas ni han trabajado en ellas o emprendedores reales?

La clave es el entorno. ¿Camina la nueva Ley de Emprendedores en dirección contraria al entorno? ¿Cumplirá la Administración la nueva Ley de Emprendedores, teniendo en cuenta los antecedentes, por ejemplo, el incumplimiento permanente de la Ley de Morosidad pública?

Fuente: El Economista

Leer más

La Fiscalía asegura que no hubo delito en la venta de preferentes de Bankia

  • Descarta de esta forma investigar a Blesa, Ferández Ordóñez y Segura
  • “No hubo un plan preconcebido” para su gestión y venta, señala Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción defiende que los hechos investigados por el lanzamiento y venta de las participaciones preferentes “no son constitutivos de delito” y que “no hubo un plan preconcebido” para su gestión y diseño y venta.

El Ministerio Público se ha opuesto así a investigar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, y a cargos directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia por estafa en la gestión de este producto bancario.

En cuatro escritos remitidos este viernes al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu considera que “los hechos no son constitutivos de delito y en todo caso no puede atribuirse participación” a los querellados en el lanzamiento de este producto bancario.

“Nos encontramos con un producto que en si mismo no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la CNMV”, agrega Anticorrupción.

El juez instructor, que ya investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha recibido cuatro querellas contra los altos cargos de entidades bancarias que intervinieron en la comercialización de dichos productos financieros, la primera de ellas la presentada por la formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD) el pasado 15 de abril.

Todas ellas se dirigen contra las entidades Caja Madrid y su filial, la mercantil Caja Madrid Finance Preferred S.A.; Bancaja y su filial Eurocapital Finance; Bankia; y el Banco Financiero y de Ahorros.

En cuanto a las personas físicas denunciadas, en los escritos figuran, además de las ya mencionadas, los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.

Las denuncias también se dirigen contra “todos los consejeros y directivos de las anteriores entidades que hubieran intervenido, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y comercialización de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos”.

Solicitan que se les imputara a todos ellos la comisión de delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Fuente: El Economista

Leer más

La Audiencia Nacional amplía el caso Bankia para incluir la venta de preferentes

El Juez considera que “es inseparable del posterior súbito deterioro patrimonial”

La Audiencia Nacional ha ordenado al instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, a que amplíe este caso a la venta de preferentes, al considerar que “es inseparable del posterior súbito deterioro patrimonial” de la entidad “a costa de los más débiles: los clientes, los ahorradores, los pensionistas”.

En un auto, la sección tercera de la sala de lo penal admite parcialmente el recurso interpuesto por Bochner España -que adquirió 100.000 euros en estos productos- contra la decisión de Andreu de rechazar su personación como acusación particular y actuar contra Bancaja y el director de oficina de la sucursal de Alberic (Valencia), Jose Luis González Garrigues.

Según los magistrados, Andreu, que hasta ahora había rechazado incluir los casos de los preferentistas en el procedimiento en el que instruye la fusión y salida a bolsa del grupo con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, no puede estimar “el súbito deterioro patrimonial como un mundo totalmente aparte e independiente”.

“Éste no fue un súbito deterioro, sino la consecuencia de una previa actuación conjunta para sobrevalorar artificialmente el valor de las cajas a fusionar, de modo que crearon un producto artificialmente saneado mediante la venta masiva a los pequeños ahorradores de productos de nulo valor financiero”, recalcan.

Y prosiguen: “no puede separarse el deterioro patrimonial” de Bankia, que fue creciendo “progresivamente en breve periodo de tiempo”, pasando su balance en pocos días de unos beneficios de 305 millones a unas pérdidas de 2.979 millones de euros, “de la previa y planeada recapitalización fraudulenta y meramente formal de las entidades, gravemente deficitarias ab initio”.

Apariencia de solvencia

Una recapitalización que, ante la imposibilidad de acudir a los mercados financieros, las siete cajas integrantes “no tuvieron reparo en verificar a costa de los mas débiles: los clientes, los ahorradores, los pensionistas”, para así “conformar con todos ellos una nueva entidad que pudiera ser inscrita como banco y salir a bolsa”, lo que requería de una “apariencia necesaria de solvencia”.

“Esta conducta individual sí aparece, indiciaria y razonablemente inscrita en los actos preparatorios, previos e inseparables del posterior brusco deterioro patrimonial de Bankia, en cuanto constituyen maniobra de recapitalización artificial de una de las Cajas de Ahorros cuyo proyecto de fusión estaba en marcha”, añade.

La decisión de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas consultadas, podría conllevar que Andreu, que se encuentra a la espera del informe de la Fiscalía sobre varias querellas interpuestas por la venta de preferentes, se vea obligado a admitir todos los casos particulares de los cientos de miles de preferentistas afectados dentro del procedimiento de Bankia.

Supone además que esta causa se dirija ahora también contra Bancaja y el director de la sucursal valenciana, que se suman a los 33 exconsejeros imputados -una de ellas, Mercedes de la Merced, recientemente fallecida- y a Bankia y BFA.

Por último, la sala rechaza que aparezcan como querellados el Gobierno, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria.

Fuente: El Economista

Leer más

Representación: Personación mediante apud acta posterior a la primera actuación con Procurador

El Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 22 de abril de 2013 deniega el Recurso de Amparo contra la resolución de la Audiencia Provincial de Huelva que acordó no tener por personada a la parte recurrente al no haber acompañado al escrito de personación poder notarial o apoderamiento apud acta, pese a que en tal escrito se había solicitado el señalamiento de día y hora para el otorgamiento del apoderamiento apud acta; la doctrina de la Audiencia Provincial, interpretando el artículo 24 de la LEC sostiene que el apoderamiento debe realizarse antes o en el momento de la presentación del escrito de personación para que tenga la necesaria validez como tal, y que su inobservancia constituye un defecto insubsanable que acarrea el que se declare desierto el recurso.

Y el Tribunal Constitucional considera que con tal resolución no se privado del derecho a la tutela judicial efectiva, ni al derecho a recurrir.

Leer más

Solo el 30% de solicitudes de arbitraje por las preferentes han sido admitidas, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado hoy que solo el 30% de los afectados por la contratación de participaciones preferentes ha sido admitido en el procedimiento de arbitraje. hasta el 10 de mayo se habían presentado un total de 132.762 solicitudes.

Ante este porcentaje, la OCU ha considerado, en un comunicado, que el arbitraje es una solución “parcial” al problema, puesto que hasta ahora sólo ha dado cobijo a una “minoría” de los afectados.

De acuerdo con los datos de la comisión de seguimiento de preferentes (encargada de decidir qué clientes pueden optar al arbitraje para recuperar su inversión en estas participaciones), de las solicitudes de arbitraje, el 33% (44.316 peticiones) correspondían a Bankia, mientras que el 87% restante (85.956) ha sido interpuesta contra Nova Caixa Galicia y Catalunya Caixa.

Sin datos de Bankia

La OCU ha manifestado que desconoce el número de peticiones aceptadas que corresponden a Bankia, ya que el proceso comenzó el pasado 18 de abril y todavía no hay datos disponibles.

En el caso de Catalunya Caixa, han sido admitidas 9.993 de las 25.000 solicitudes presentadas (un 40%) y, por otro lado, la comisión ha aceptado 17.1819 de las 60.956 interpuestas contra Nova Caixa Galicia.

La OCU ha criticado la “opacidad” del proceso de admisión al arbitraje porque se produce después de la valoración de un organismo “supuestamente” independiente y por con unos criterios aprobados por la comisión que permiten, en su opinión, “una absoluta arbitrariedad por parte de las entidades sin la posibilidad de recurso por parte del consumidor”.

Por último, ha indicado que 2.366 afectados que han visto rechazada su solicitud de arbitraje, han llevado su reclamación a los tribunales, de los que 1.138 denuncias corresponden a Bankia, 742 a Nova Caixa Galicia y 486 a Catalunya Caixa.

Fuente: El Economista

Leer más

BUFETE APORTA & ASOCIADOS
C/ Santa Engracia 128, 1º C
28003 - MADRID
Tlfs: 914 417 922 / 55 - Fax: 913 991 780
correo@bufeteaporta.es