Reforma LEC: Ampliará las funciones de los Procuradores de los tribunales

El Consejo de Ministros del pasado viernes, 3 de mayo, aprobó el informe sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Por lo que se refiere al papel de los Procuradores de los Tribunales, la reforma equiparará sus funciones a las se realizan en Europa. En este sentido, podrán participar en actos de comunicación, embargos y algunos actos de ejecucuón de resoluciones, siempre bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial.

La principal novedad de la futura Ley es que permitirá al ciudadano elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del proceso: el procurador, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, o los funcionarios de la  Administración de Justicia, como hasta ahora.

El Anteproyecto de Ley, que se enmarca en la reforma en profundidad de la Administración de Justicia que se está realizando, persigue desarrollar las funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia que ya realizan los procuradores para agilizar y dotar de mayor eficacia los trámites procesales.

Durante la pasada Legislatura, la Ley de Medidas de Agilización Procesal, del 10 de octubre de 2011, ya acentuaba la actuación del procurador como colaborador de la Administración de Justicia en la línea marcada por el Libro Blanco de la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.Las principales líneas de refuerzo de las funciones de los procuradores son:

Actos de comunicación, garantizando la eficacia de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos.

Al principio del procedimiento las partes decidirán quién quieren que se encargue de tales actos de comunicación y ejecución, siempre bajo la dirección del secretario judicial y con control judicial: bien funcionarios de la Administración de Justicia, o bien su Procurador, a su costa.

Incremento de sus funciones en la fase de ejecución.  Se excluye expresamente en los lanzamientos (que se llevarán a cabo por funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial), pero sí podrán realizar embargos de bienes muebles y cuentas corrientes y, en los procesos de ejecución, el requerimiento de pago en el domicilio del ejecutado o donde puedan encontrarlo. Además los Colegios de Procuradores podrán encargarse del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados y ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados

Posibilidad de encargarse, a través de los Colegios de Procuradores, del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados (obligación que corresponde a la Administración que ostente las competencias en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia), de acuerdo con las directrices que imparta el secretario judicial. Posibilidad de ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados.

 

Mientras participen en el ejercicio de funciones públicas, la Ley confiere a los procuradores la condición de agentes de la autoridad. Ello no quiere decir que detenten tal condición en cada momento del proceso, pero sí cuando, habiéndolo solicitado expresamente la parte a la que representan, sean comisionados para la realización de tales actos. Por ello, en estos casos sus notificaciones producirán plenos efectos cuando el destinatario se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución, y ya no tendrán que realizar estos actos acompañados de dos testigos.

Fuente: Noticias Juridicas

 

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Reformas LEC : Se modificará la regulación del juicio verbal y del proceso monitorio

El Consejo de Ministros del pasado viernes, 3 de mayo,  aprobó el informe sobre el  Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre cuyas novedades se encuentra, además del reforzamiento del papel de los Procuradores de que hemos dado cuenta en otra noticia anterior, las que afectan al juicio verbal y al proceso monitorio.

Juicio verbal

En este sentido, la  Ley de Enjuiciamiento Civil también se reformará para incluir ciertas  demandas de los operadores jurídicos en los juicios verbales para evitar  la indefensión sin demorar el proceso.

Entre ellas destaca la introducción de la contestación escrita, que hasta ahora sólo estaba  prevista para determinados procedimientos especiales.

Del mismo modo,  siempre que el tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes  la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista,  permitiendo, así, la agilización del procedimiento y que la sentencia  pueda ser dictada sin más trámites tras el escrito de contestación a la  demanda.

Juicios monitorios

Además,  en los procesos monitorios se da cumplimiento a la sentencia del  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el  asunto C-618 Banco Español de Crédito, en la que se declaró que la  normativa española no es acorde con el derecho de la Unión Europea en  materia de protección de los consumidores, al no permitir que el juez  que conoce una demanda en un proceso monitorio examine de oficio el  carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en  un contrato.

La Ley permitirá ahora un trámite para examinar y controlar  la existencia de esas cláusulas abusivas, previa audiencia de las  partes. Así, el Secretario judicial, si apreciase su existencia, dará cuenta al Juez para que, previa audiencia de las partes, resuelva lo que proceda.

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Las comunidades de vecinos pagarán las tasas judiciales reducidas en sus procedimientos juiciales

La comunidades de vecinos tendrán que pagar las tasas judiciales reducidas, del 0,1%, en vez de la del 0,5%, en los procedimientos judiciales que emprendan, al carecer de personalidad jurídica propia.

Así se lo ha indicado la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda al Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas en respuesta a la consulta vinculante que le formuló en ese sentido.

Este instituto colegiado destacó en un comunicado el “importante ahorro económico” que ello supondrá para las comunidades de propietarios que inicen un procedimiento judicial no sólo para reclamar deudas.

A modo de ejemplo, el Consejo General de Administradores indicó que si un vecino impugna un acuerdo de una junta, como puede ser la retirada de un aire acondiconado, valorado en 8.000 euros, y el importe fijo establecido para el juicio ordinario por razón de la materia es de 300 euros, con un porcentaje del 0,1%, la tasa a pagar se se sitúa en 308 euros. Ello supondrá un ahorro de 32 euros respecto al pago de una tasa del 0,5%. (EUROPA PRESS)

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