El TUE da vía libre para limitar la responsabilidad del Fogasa

. Permite a los países de la UE decidir qué créditos del trabajador garantizan.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) acaba de dictar una sentencia en la que libera a los países de la UE de establecer garantías para los créditos de los trabajadores en cada fase del procedimiento de insolvencia de su empresario.

 

Así, da vía libre a que los Estados, a través de la institución de garantía -en España, el Fogasa-, asuman únicamente los créditos de los trabajadores generados antes de la inscripción en el Registro Mercantil de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia, aun cuando dicha resolución no ordene el cese de las actividades del empresario y no los créditos generados con posterioridad como consecuencia de salarios impagados .

El fallo, fechado en 18 de abril de 2013, y del que ha sido ponente el magistrado Thomas von Danwitz, resuelve la cuestión planteada por un tribunal búlgaro en relación al recurso interpuesto por una trabajadora que tenía créditos exigibles pero impagados contra la empresa para la que había trabajado y los reclamó al Fondo de Garantía.

La Administración búlgara desestimó la solicitud, dado que los créditos habían nacido después de la fecha de inscripción en el Registro de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia por parte de la empresa. Y el Derecho búlgaro prevé que únicamente los créditos de los trabajadores generados antes de la fecha de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia estarán protegidos por la garantía.

El debate reside en que en esta primera resolución inscrita la empresa inició un procedimiento de insolvencia, pero ordenó que continuasen sus actividades y designó un administrador con carácter provisional. No fue hasta el año siguiente cuando un tribunal, mediante resolución que se inscribió en el Registro Mercantil, declaró la quiebra de la empresa, ordenando tanto el cese de sus actividades como su liquidación y el reparto de los bienes.

De ahí que la cuestión a dilucidar sea si la garantía debe cubrir los créditos de un trabajador contra su empresario que nacieron tras la inscripción en el Registro Mercantil de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia, pero con anterioridad a la inscripción de la resolución que declara la quiebra y que ordena el cese de las actividades del empresario y la liquidación y reparto de los bienes.

Libertad para fijar la fecha

Explica el magistrado que la Directiva 2008/94, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, exige, para que se aplique la garantía, que se haya solicitado la apertura de un procedimiento de insolvencia del empresario, además de que el procedimiento implique el desapoderamiento parcial o total del deudor, así como el nombramiento de un síndico.

Sin embargo, sostiene la sentencia del TUE, que no exige la Directiva, para que sea aplicable la garantía prevista, que se haya ordenado el cese de las actividades del empresario. Dicho esto, añade que la Directiva otorga a los Estados la facultad de determinar la fecha antes o, en su caso, después, de la cual se sitúa el periodo durante el que la institución de garantía asume los créditos correspondientes a remuneraciones impagadas.

Fuente: El Economista.es

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La Comisión Europea propone la desaparición de la apostilla

La Comisión Europea quiere eliminar la apostilla para que los ciudadanos y las empresas comunitarias puedan ahorrar hasta 330 millones de euros, además de acortar el tiempo y evitar los trastornos que este trámite supone, según los cálculos elaborados por la Comisión Europea, en su propuesta de suspensión de este trámite notarial.

 

Los ciudadanos y las empresas dejarán de tener que presentar versiones legalizadas o traducciones juradas de los documentos oficiales a la hora, por ejemplo, de inscribir un inmueble o una empresa en el Registro, contraer matrimonio o solicitar una tarjeta de residencia.

El trámite que se quiere suprimir, la apostilla, consiste en colocar sobre un documento público, o una prolongación del mismo, una apostilla o anotación que certifica la autenticidad de la firma de los escritos públicos expedidos en un país firmante del Convenio de Apostilla y que deban surtir efectos en otro país firmante del mismo.

Los países firmantes del Convenio reconocen por consiguiente la autenticidad de los textos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla notarial. Doce categorías de documentos públicos quedarán exentos de estos trámites, exigidos para aproximadamente 1,4 millones de escritos al año en el territorio de la UE.

Bruselas, que ha presentado una proposición de Reglamento, considera que las nuevas normas simplificarán los trámites al suprimir la legalización y la apostilla, lo que supone que se elimine la necesidad de presentar una copia certificada junto con el documento público original, permitiendo la presentación de copias no certificadas junto con los originales.

Hoy en día, los ciudadanos que se trasladan a otro Estado miembro tienen que dedicar mucho tiempo y dinero a demostrar la autenticidad de los documentos públicos que les conciernen (como las partidas de nacimiento o los certificados de matrimonio) expedidos por su Estado miembro de origen. Para ello han de obtener el certificado conocido como apostilla, utilizado por las autoridades públicas de otros Estados como prueba de que los documentos públicos, o las firmas estampadas por los funcionarios nacionales en los documentos, son auténticos.

El exceso de trámites afecta también a las empresas cuya actividad atraviesa fronteras en el mercado único de la UE.

Por ejemplo, a menudo se les requiere, en sus operaciones transfronterizas, que presenten una serie de documentos públicos certificados que acrediten su personalidad jurídica. Estos requisitos se remontan a una época en la que los distintos países sólo aceptaban como auténticos los documentos públicos expedidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de otro país. Pero ahora, al igual que se reconocen las resoluciones judiciales de los demás países, se pretende confiar en los registros civiles de cualquier Estado miembro sin necesidad de aval de los ministerios de Asuntos Exteriores, y de Justicia. La Comisión Europea califica los requisitos administrativos desfasados para certificar la autenticidad de los documentos públicos de los ciudadanos que residen y trabajan en otros Estados miembros.

Traducciones no juradas

Bruselas trata de garantizar la aceptación de traducciones no juradas de los documentos públicos expedidos por las autoridades de otros Estados miembros; facilitar impresos estándar multilingües de la UE facultativos; y mejorar la cooperación administrativa entre Estados miembros para mejorar la lucha contra el fraude.

Para adquirir fuerza legislativa, la propuesta de Reglamento debe ahora ser adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario (codecisión). Además, con ocasión del Año Europeo de los Ciudadanos (2013), la Comisión publicará, el próximo 8 de mayo, un nuevo informe sobre la ciudadanía de la UE en el que presentará doce nuevas medidas concretas para resolver los problemas restantes que dificultan a los ciudadanos de la UE el ejercicio de la libertad de circulación. Fuente: El Economista.es

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El Gobierno eleva a 500.000 euros la inversión para obtener la residencia

Mariano Rajoy se lo está pensando. Después del chaparrón de críticas que ha tenido que soportar el presidente por vincular el permiso de residencia para extranjeros con la comprade pisos por valor de 160.000 euros, el Gobierno ha decidido endurecer las condiciones.

 

Así, después de medio año de correcciones, el documento que ahora está sobre la mesa multiplica más que por tres las condiciones económicas anteriores. Es decir, propone dar papeles a quienes compren una casa por valor superior a los 500.000 euros, frente a los 160.000 iniciales anunciados en noviembre por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

Según fuentes conocedoras del documento, y en el que estarían implicados hasta seis Ministerios (Interior, Fomento, Empleo, Economía, Hacienda y Exteriores), el borrador baraja también la residencia para inversiones que conlleven la creación de dos puestos de trabajo a partir de un umbral mínimo de un millón de euros (o de 500.000 euros siempre y cuando dicha inversión se mantenga año a año).

También se contemplan inversiones en activos financieros, como acciones o bonos, y la residencia para investigadores y extranjeros que cursen un máster en España con el objetivo de crear una empresa en nuestro país.

Más en detalle, el borrador que podría estar aprobado antes del verano, permite acumular varias inversiones y también actuar a través de una sociedad. La solicitud inicial sería en consulados y embajadas y la residencia sería indefinida mientras se mantenga la inversión, en lugar de hacerlo año a año.

Además, el permiso de residencia se extiende al cónyuge e hijos. “Evidentemente, no se exigirá una residencia previa de seis meses y se podrá alquilar el inmueble pagando los impuestos de no residente (25% sobre renta)”, explica un experto que trabaja en el borrador. “La ley no será retroactiva como pedían los rusos”.

Llamadas a Exteriores

Aunque en España es sólo un borrador, fuera de nuestro país ya lo dan por hecho y es el argumentario con el que trabajan las agencias inmobiliarias. Es el caso de China, donde sus ciudadanos se han interesado por este cambio normativo, que califican de favorable.

“El precio anterior (160.000 euros) no daba una buena imagen y creaba un clima de desconfianza y confusión”, dice la socia directora en China de la consultora Emergia Partners, Lijing Ye, que asegura que con esta nueva cifra España se asemeja a sus socios europeos. Además, el borrador tiraría por la borda bulos como que el permiso de residencia da derecho a una sanidad y educación gratis, beneficios sociales, una nacionalidad asegurada y libertad del movimiento en el espacio Schengen.

Según fuentes próximas al Gobierno, el Ministerio de Exteriores recibe cada semana decenas de llamadas de ciudadanos chinos, de los países árabes y asiáticos interesados en conocer la normativa de primera mano que les permita tener acceso a una de las 3,4 millones de casas vacías que hay en España.

De hecho, según los datos del Consejo General del Notariado, las transacciones inmobiliarias a extranjeros en el último año se han colocado desde 2009 en más de un 60 por ciento, hasta las 38.618 operaciones de venta. Los expertos aseguran que la cosa no ha hecho nada más que empezar. “Con 160.000 euros iniciales éramos los más baratos de Europa y eso no nos convenía”, dice el socio de Emergia Partners, Jacinto Soler Matutes, que insiste en que la cifra podría ser incluso superior ya que este tipo de cliente busca casa de alto standing. Soler estima que un 10 por ciento de las 300.000 viviendas que se venden al año podrían ser para estos compradores, lo que implicaría unos ingresos mínimos de unos 8.000 millones de euros. Además, Hacienda se embolsaría unos 2,5 millones de euros sólo por los trámites.

Los sectores interesados en aligerar el stock de vivienda critican la incapacidad de Mariano Rajoy de dar entrada al capital extracomunitario y que tiene paralizadas las inversiones. De hecho, mientras España se pierde entre papeles, los portugueses han robado a nuestro país capital chino con ganas de invertir en un país europeo.

“El retraso es por un debate jurídico”, explican las mismas fuentes, que indican que hay puntos que no se pueden legislar por la vía del decreto ley. “La pelota está sus manos. Sólo esperamos que sea lo más rápido posible”.

Fuente: El Economista.es

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