Los juristas ven responsabilidad penal en la venta de preferentes

Los afectados por las preferentes se querellan contra los directivos de las entidades que les vendieron estos productos y solicitan hasta seis años de cárcel por delitos de estafa y falsedad documental.

La venta de participaciones preferentes ha desatado una tormenta judicial que ha dado el salto de la vía civil a la penal. Los afectados ya no se conforman con reclamar en los juzgados la nulidad de un contrato que firmaron pensando que invertían en un producto de ahorro y han presentado las primeras querellas, en este caso contra Bankia, reclamando penas de prisión para los responsables de las entidades que comercializaron estos productos.

Los juristas consultados por EXPANSIÓN consideran que podría haber recorrido por la jurisdicción penal, un camino que, de prosperar, facilita las reclamaciones civiles, de las que ya hay alrededor de 200 demandas, y se espera que sean más de 1.000 antes de verano de este año, sólo en la plataforma de afectados de participaciones preferentes.

Este organismo asegura que el 80% de los perjudicados supera los 65 años y mayoritariamente han conseguido fallos a su favor de los jueces, que han anulado los contratos. Aunque hay casos de particulares que han actuado por su cuenta, la mayoría se han agrupado y están representados por ocho bufetes, entre ellos Jausas o Cremades & Calvo-Sotelo.

En el verano de 2012 se unieron cinco despachos para cubrir todo el territorio nacional y formar la plataforma de afectados por las preferentes. Alrededor de 400 clientes han acudido ya a este grupo para pedir asesoramiento y ver si se unen en una reclamación conjunta, aunque en España no existe la figura de demanda colectiva como tal, por lo que, aún coordinados, tendrán que presentar las demandas de forma individual.

Otro motivo que apuntan los expertos para la proliferación de querellas en las próximas semanas es la ausencia en la vía penal de tasas judiciales, que sí se aplican en las demandas civiles.

El proceso

– Acudir a la vía penal es una forma de aclarar la responsabilidad civil.

– El Código Penal establece que es una agravante cometer un delito contra una pluralidad de personas. En el caso de las preferentes, se estima que hay 100.000 afectados.

– Se castiga con entre uno y seis años de cárcel los delitos por falsedad documental, estafa, publicidad engañosa, apropiación indebida, omisión del deber de denuncia o maquinación para alterar el precio de las cosas.

– En la jurisdicción penal, no se pagan las tasas judiciales.

Además de multas y sanciones, los responsables de la venta de preferentes podrían enfrentarse a penas de hasta seis años de prisión, acusados de delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, los relativos al mercado y los consumidores, publicidad engañosa, apropiación indebida, omisión del deber de denuncia o maquinación para alterar el precio de las cosas. Todo ello con el agravante de que el delito se habría cometido afectando a una pluralidad de personas: 100.000 en toda España.

Alternativas Elegir la vía penal no descarta la civil, puesto que en el seno de este proceso se aclara la responsabilidad civil, a no ser que el perjudicado renuncie a ello. Tras la sustanciación del procedimiento, la acción civil se ejercita generalmente de forma conjunta con la penal. Es lo que se denomina acción civil ex delicto y que comprende tanto la restitución de la inversión, como la reparación del posible daño y la eventual indemnización de los perjuicios causados.

Sin embargo, no todos los especialistas ni bufetes implicados en las demandas coinciden en que sea el mejor camino. Explican que, pese al riesgo que entrañan, las participaciones preferentes son un producto financiero lícito y regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Por esta razón, estiman que la vía penal debería restringirse a las conductas más graves.

Antonio Caba, del despacho Dictum Abogados, apunta que los supuestos que han sido sustanciados hasta la fecha en sede penal, previos a los planteados esta semana contra Bankia, han sido sobreseídos provisionalmente en instrucción, sin llegar, por tanto, a juicio. No obstante, matiza que es cierto que en ninguno de ellos se había planteado hasta ahora la posibilidad de comisión delictiva en la emisión del producto o en responsables de organismos supervisores, sino en su comercialización por las sucursales bancarias.

Este experto ve complicado demostrar la existencia de ilícito penal en la emisión de las preferentes, dado que se requiere la inscripción del folleto informativo en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que detectaría una eventual falsedad en su contenido, siendo pues lo más lógico que los eventuales ilícitos penales se cometieran en fase de comercialización del producto.

Además, en su opinión, parece improbable que pueda llegar a apreciarse comportamiento delictivo en la conducta del responsable del organismo supervisor.

Querella Jordi Ruiz de Villa, abogado de Jausas, firma que presentó el lunes una querella ante la Audiencia Nacional contra los miembros del consejo de administración de Caja Madrid en 2009 y contra el ex presidente de la CNMV Julio Segura, considera que se ha producido una estafa en connivencia con el organismo supervisor.

Además, explica que se está impidiendo que se vea el delito en su origen, y ese origen no está en el informe de la CNMV que salió a la luz la semana pasada, sino que es anterior. En este sentido, denuncia que, en el momento de la emisión, el valor razonable era inferior al precio de colocación. También destaca que, entre que se dio la orden de compra y se formalizó, Moody’s rebajó el rating del producto financiero, convirtiéndolo en basura y ve inexplicable que la CNMV tardara un año en darse cuenta de que se estaban vendiendo mal.

“Yo siempre he ido por la vía civil, pero en esta ocasión he visto claro que se ha cometido un delito y que, además, ha sido en connivencia con la CNMV”, destaca el abogado de Jausas.

Los juristas ven responsabilidad penal en la venta de preferentes

Los bufetes que intervienen Varios bufetes están asesorando a entidades financieras y a los afectados por las preferentes. Por ahora, la casi totalidad de los casos se han dilucidado por la vía civil, y firmas como Jausas, Zunzunegui o Cremades & Calvo-Sotelo piden la nulidad del contrato para que los afectados recuperen su dinero.

Otros cinco bufetes más pequeños y de distintas zonas geográficas pusieron en marcha una alianza para cubrir todo el territorio nacional: Santos, Pousa; Rodríguez, Parrilla y Pérez; Abogados Mestalla; Net Craman y V Abogados. Esta plataforma consta de 70 profesionales, entre letrados, economistas y exmagistrados.

Por su parte, los bancos suelen optar por despachos más grandes. Bankia está asesorado por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Ramón y Cajal ayuda jurídicamente a Popular, Bankinter y a Liberbank. A esta última entidad le asesora además en recompra de preferentes y obligaciones subordinadas. También Uría (Banif), Allen & Overy (Bankinter) o Roca Junyent (Bankpyme) están inmersos en defensas a entidades financieras.

Si la mayoría de procesos fueran por la vía penal, además de para grandes y medianos, habría mucho trabajo para ‘boutiques’ penalistas como Oliva-Ayala, González Franco Roxin, Rodríguez Mourullo o Sánchez Junco.

Fuente: Expansión

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El testamento digital, una herencia conflictiva

En España no existe una legislación sucesoria específica para resolver el legado de los bienes digitales. Este vacío legal ya plantea problemas a notarios y abogados.

¿Ha pensado en lo que hará con su legado digital cuando fallezca? Aunque esta pregunta le pueda parecer extraña, cada vez es más frecuente que los materiales personales –fotografías, correos, datos bancarios, música y películas– se encuentren guardados en algún soporte digital o volcados en Internet.

Son muchos los abogados y notarios que aconsejan introducir en los testamentos, a pesar de la falta de legislación, epígrafes específicos para resolver la gestión de este tipo de herencia.

“La identidad civil digital tiene menos de 10 años de vida y no existe una regulación en este sentido. Tanto en España como en el ámbito internacional, la legislación sucesoria es del siglo pasado y no se adapta a las nuevas necesidades. Nuestra justicia es analógica”, explica Rodolfo Tesone, abogado especialista en derecho digital y presidente de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (Enatic).

Para resolver este anacronismo legal es necesario realizar en el testamento un inventario exhaustivo de las actividades digitales –cuentas de correo electrónico, redes sociales, bienes comprados o albergados en Internet– e identificar todas las contraseñas. Además, en este epígrafe habría que plasmar la voluntad del difunto –si quiere que se cancelen las cuentas o prefiere prolongar su legado, así como especificar qué hacer con sus bienes digitales– y, en su caso, designar un albacea dotado de recursos suficientes para cumplir las voluntades.

“La persona legitimada para encargarse de este proceso se podría ver confrontada a posibles delitos de usurpación de identidad, problemas legales por la protección de datos o asuntos relacionados con el derecho a la intimidad o a la propia imagen. Así que no siempre será fácil cumplir las voluntades hasta que no haya una legislación que autorice expresamente la toma de control del legado digital”, añade Tesone.

Frente a esta situación, diferentes redes sociales y páginas de Internet están desarrollando soluciones para resolver el problema. Facebook y Gmail están siendo las más activas. La red social ha introducido una opción para poder eliminar las cuentas. En este caso, los familiares deben aportar un certificado de defunción, así como una prueba de su relación con el fallecido. Gmail también permite anular las cuentas tras meses de inactividad y certifica la eliminación de todos los contenidos, ya sean correos electrónicos, fotos o vídeos.

Esto significa que las plataformas están activando una especie de autorregulación para resolver un asunto que pronto representará un gran problema. “Pero esto implica una progresiva privatización de la justicia en la Red. Las plataformas buscan soluciones, pero no significa que sean correctas legalmente. Por eso, debería crearse un modelo internacional de resolución”, concluye.

Propiedad intelectual Otra incógnita que se plantea es el limbo legal en relación con los bienes digitales sujetos a la propiedad intelectual y su cesión o posible reventa por parte de los descendientes. La normativa española sobre herencias habla de “bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se hayan extinguido con su muerte”, lo que también podría incluir obras digitales.

Sin embargo, tiendas online como iTunes fija en sus condiciones que los contenidos descargados a través de su plataforma no pueden ser compartidos con terceros, aunque las personas tengan una relación directa. Esto significaría que una colección de música acumulada a lo largo de toda una vida podría desaparecer.

En este sentido, Pedro Letai, profesor de Propiedad Intelectual de IE Law School, explica que “la sentencia del caso Oracle del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la reventa de licencias de software en la Red podría abrir el camino a la venta de otros productos digitales como ebooks, películas o música de segunda mano. Sin embargo, habría que ver si un juez da mayor valor a la sentencia o a los términos fijados por contrato por un vendedor de obras digitales. Sea como sea, el paso dado por el TJUE es muy importante, ya que hace una analogía con el derecho aplicado a los productos físicos y lo usa con los digitales”.

Falta de adaptación Por ahora, los legisladores no han conseguido adaptar las normas a las necesidades de Internet. “Nuestras leyes no evolucionan al ritmo adecuado. La vía jurisprudencial –Tribunal de la UE, por ejemplo– es la que está guiando las legislaciones de los estados miembros”, comenta Pedro Letai. Por otro lado, Rodolfo Tesone cree que la falta de adaptación podría colapsar la justicia española con asuntos legales digitales en los próximos 5 ó 10 años.

Fuente: Expansión

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