Despido: Los tribunales declaran nulo otro despido en una empresa pública

El Govern suma una nueva sentencia en su  contra por el despido de trabajadores de empresas públicas sin  indemnización. El juzgado de lo Social número 3 de Palma ha declarado  nula la suspensión de la relación laboral  de una empleada de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y ha exigido  su readmisión inmediata, al tiempo que condena a dicha sociedad a pagar  los salarios de tramitación.Según se señala desde el citado Juzgado,  el Govern no puede recurrir a la fórmula de la amortización de plaza  para despedir a trabajadores indefinidos no fijos de sus empresas  públicas, como si se tratara de interinos. Hay que recordar que ésta no  es la primera sentencia en este sentido.El secretario general del  sindicato USO en las islas, David Díaz, valoró esta decisión por cuanto  hay 27 empleados de SFM que fueron despedidos en esas mismas condiciones  y que han presentado la correspondiente demanda, lo que permite  vaticinar que las sentencias que quedan pendientes van a ser también  favorables a los trabajadores.Fuentes de SFM se limitaron a señalar  ayer que lo único que había hecho la empresa era aplicar el criterio  fijado por la Abogacía de la Comunitat Autònoma respecto a la forma de  suspender la relación laboral con esas personas.Hay que recordar que  a mediados de marzo se conoció otra sentencia que también declaró nulos  los despidos de siete empleados del Instituto de Innovación Empresarial  (IDI) por un motivo similar: se consideró que el Ejecutivo balear no  puede desprenderse de trabajadores indefinidos no fijos por la fórmula  de amortización de plaza, que conlleva el que no se tengan que abonar  indemnizaciones.Un punto a tener en cuenta es que la empresa pública  Semilla optó por despedir en marzo a ocho de sus trabajadores, pero en  esta ocasión aceptando ya el pago de una indemnización de 20 días por  año trabajado.

“Jugar a los dados”Según fuentes sindicales, el  Govern intento recortar este personal sin coste alguno para evitar el  pago de indemnizaciones que pudieran agravar su déficit, pero con el  riesgo de que los Tribunales decidieran posteriormente anular estos  despidos exigiendo el desembolso de los salarios de tramitación. Eso  supone un coste mayor que si se hubiera indemnizado desde el primer  momento, pero al mismo tiempo conlleva aplazar el problema económico que  se podía registrar.En palabras de un portavoz de CC OO, “el Govern  ha optado por jugar a los dados y finalmente le ha salido mal, pero con  dinero de todos los ciudadanos”.

Fuente: Jurismadrid

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