Todo sobre la nueva ayuda al alquiler

Plan de Vivienda 2013-2016

Todo sobre la nueva ayuda al alquiler

  • El plazo es de 12 meses prorrogables
  • Fomento transferirá el dinero a las autonomías para que lleven a cabo los abonos

Aunque aún pasarán semanas antes de que los nuevos beneficiarios puedan cobrar las ayudas del programa 2013-2016, conozca todas las claves sobre quiénes podrán solicitarlas y a qué ventanilla deberán dirigirse.

P ¿A quiénes van dirigidas las nuevas ayudas directas al alquiler?

R Podrán ser beneficiarias las personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos: primero, ser titular o estar en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento de vivienda, con mención expresa de su referencia catastral, formalizado en los términos de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, en calidad de inquilino o arrendatario. Además, la vivienda en la que ya esté alquilado o vaya arrendar debe constituir su residencia habitual y permanente. Y como tercer requisito crucial, los ingresos de la unidad familiar que resida en dicha casa no podrán ser superiores a los límites establecidos por la ley o, excepcionalmente, que no supere en tres veces el IPREM.

P ¿Serán distintos los máximos de ingresos permitidos según sea el número de miembros del hogar que alquile?

R Sí, para evitar el fraude que se cometió hasta en un 25% de los casos de los antiguos perceptores de la renta básica de emancipación, el Gobierno ha establecido distintos límites en función del número de miembros de la denominada unidad de convivencia. Así, para familias monoparentales, la cuantía del IPREM se multiplica por 1. (El IPREM establecido para 2013 es de 532,51 euros al mes o 7.455,14 euros anuales). Si la unidad está compuesta por dos o más personas, el primer adulto computa una vez el IPREM, cada persona adicional de 14 años o más computa 0,5 veces el IPREM y cada persona adicional menor de 14 años computa 0,3 veces el IPREM.

P¿Podrán solicitarlo todos los inquilinos sin tener en cuenta el alquiler que paguen o vayan a pagar?

R No, el Gobierno estima que si la ayuda está destinada a paliar la situación de los más desfavorecidos no tiene sentido subvencionar alquileres de 1.000 euros. Por ello, la renta tope que podrá estar sujeta a subvención debe ser de 600 euros, salvo que la comunidad autónoma donde se ubique establezca límites inferiores.

P ¿Cómo se podrán solicitar estas ayudas y qué cuantía pueden alcanzar?

R La gestión de las subvenciones corresponde a los gobiernos autonómicos y a los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Serán éstas quienes pongan en marcha las convocatorias públicas correspondientes. Aunque Fomento es reticente a establecer cuantías cerradas, se calcula que en promedio alcanzará los 200 euros.

P ¿Qué administración será la encargada de realizar el abono correspondiente?

R El Ministerio de Fomento transferirá el dinero a las autonomías, siendo, por tanto, estas últimas las que abonarán la ayuda al beneficiario.

P ¿Cuánto tiempo se podrá mantener el cobro de esta prestación?

R En principio, el plazo es de 12 meses, prorrogables, previa solicitud del interesado, en periodos sucesivos de otros 12 meses hasta el próximo 31 de diciembre de 2016.

P ¿Cuándo estarán listas las ayudas para poder empezar a tramitarse?

R Como las cosas de palacio van despacio y las competencias en materia de vivienda y urbanismo están transferidas a las comunidades autónomas aún queda tiempo. Ahora, el siguiente paso es que Fomento suscriba un convenio de colaboración con cada una de las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Navarra, con competencias especiales; además de con Ceuta y Melilla. Por la experiencia de otros planes de vivienda anteriores y si los trámites se agilizan, las ayudas podrían comenzar a tramitarse antes de verano. De lo contrario, no estarán ultimadas hasta finales de año.

P ¿A cuántos hogares está previsto que lleguen las subvenciones?

R Con los nuevos controles y tras rebajar ligeramente la cuantía (la renta básica de emancipación era de 210 euros), está previsto que la ayuda beneficie a unas 133.000 familias, en lugar de los 80 perceptores actuales.

P Yen materia de rehabilitación, ¿qué requisitos deberán cumplir los interesados en acceder a una de las nuevas subvenciones?

R No está prevista ayuda alguna para obras a título individual, por lo que deberán ser siempre las comunidades de propietarios o dueños únicos de edificios quienes soliciten la ayuda. Va encaminada a edificios con una antigüedad anterior a 1981, que al menos el 70% de las viviendas que los componen constituyan el domicilio habitual de sus moradores y que el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial. Excepcionalmente, se admitirán obras en edificios que, sin cumplir las condiciones ya citadas, presenten graves daños estructurales que justifiquen su inclusión en esta iniciativa. Como en el caso del alquiler, serán las autonomías quienes tramiten las subvenciones.

P ¿Con qué presupuesto cuenta el Ejecutivo para financiar todo este programa de actuaciones?

R En las próximas semanas, el Consejo de Ministros establecerá las cuantías máximas que podrán alcanzar las ayudas con detalle. El presupuesto estimado es de 2.311 millones.

Fuente: Cinco Dias

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Las financieras no se adscriben al código de buenas prácticas hipotecarias

UCI, de Santander y BNP, y Credifimo, de La Caixa, son los grandes ausentes del acuerdo

Las financieras no se adscriben al código de buenas prácticas hipotecarias

  • Las financieras de Santander y CaixaBank no se adscribieron al código.
  • El grueso del sistema financiero español firmó el acuerdo voluntario.
  • Solo el 12% de los afectados puede beneficiarse de él, según Adicae.
  • La reforma hipotecaria que ultima el PP busca ampliar los colectivos.

Un año después de su puesta en marcha, el 9 de marzo de 2012, “el código de buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual”, cuya adscripción resulta de carácter voluntario, cuenta con 97 firmantes, el grueso del sistema financiero español. El listado incluye desde los grandes bancos nacionales a cooperativas de crédito, pasando por cajas rurales y entidades extranjeras que operan en España. Las financieras son, sin embargo, las grandes ausentes del código.

Asociaciones de usuarios de banca, como Adicae, señalan como especialmente grave la ausencia de dos firmas, UCI y Credifimo, que paradójicamente están en manos de dos grandes entidades que sí han declarado públicamente su adhesión al código.

UCI, de una parte, es una entidad participada a medias por Banco Santander y BNP Paribas. La Unión de Créditos Inmobiliarios, que se publicita como “líder en la comercialización de hipotecas a través de los profesionales del sector inmobiliario” y mueve unos 11.500 millones en inversión crediticia, sostiene en su web que “el compromiso de UCI es que todos los préstamos firmados cumplan los requisitos de crédito responsable”, si bien no cuenta entre estos el código de buenas prácticas. “Lo valoramos como una buena iniciativa y nos inspiramos en sus puntos, pero no todos son aplicables a nuestra cartera. Preferimos dar soluciones individuales a nuestros clientes”, detalla Fernando Delgado, director de marketing de UCI, que no prevé que la firma se adhiera a él ni siquiera por una cuestión “reputacional”.

Credifimo, de otro lado, pertenecía inicialmente a Cajasol, entidad andaluza que terminó fusionándose con Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos en Banca Cívica, entidad que a su vez fue absorbida el pasado año por CaixaBank. Credifimo se define como “una entidad de créditos hipotecarios y personales” a la que han confiado sus préstamos hipotecarios “más de 20.000 familias”, según su web. Desde Adicae exponen que la firma se encuentra en desmantelamiento y que solo conserva una oficina en Madrid, en la que tampoco encuentran un interlocutor que les aclare si CaixaBank se hará responsable de sus créditos. Declinando dar más detalles, desde la matriz sí señalan que Credifimo, que no da ya crédito nuevo, estaría planteándose firmar el código. La firma conservaría un saldo de 400 millones en crédito y 4.000 operaciones.

El PP no encuentra apoyos a su reforma hipotecaria

Todos los grupos parlamentarios manifestaron ayer su rechazo al texto unificado de reforma hipotecaria que el PP les presentó el viernes aglutinando el proyecto de ley del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que casi 1,5 millones de ciudadanos registraron ante el Congreso de los Diputados. El borrador del PP desarrolla la propuesta del Gobierno, que limita los intereses de demora, permite al juez suspender cautelarmente un desahucio si se denuncian cláusulas abusivas, flexibiliza las subastas de inmuebles ejecutados, amplía el código de buenas prácticas o suspende los embargos de las familias más vulnerables, pero que está lejos de la dación en pago retroactiva y la paralización generalizada de los desahucios que defendía la ILP presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “Claramente insuficiente”, fue el reproche más escuchado desde PSOE o UPyD y también, posiblemente, la crítica más amable que recibió el texto. El PP, que asegura haber incluido ya enmiendas de todos los grupos, se da una semana más para renegociar con ellos el texto final. Si fracasa, su mayoría absoluta en la Cámara –y la Comisión– le permitirá, sin embargo, aprobar su propuesta en solitario.

UCI y Credifimo no son un caso único. Pese a la presión motivada por haber motivado polémicos desahucios, otras financieras como General Electric Money Bank o Hipoval tampoco han firmado el acuerdo.

El código de buenas prácticas es una norma que obliga a sus firmantes a aplicar una hoja de ruta especial para colectivos vulnerables que sean incapaces de afrontar su hipoteca. Los pasos a dar van desde la refinanciación de la deuda, incluyendo plazos de carencia o quitas, a la dación en pago con un alquiler social si no fuera posible otra solución. Además de su carácter voluntario, la principal crítica a esta medida, destinada a paliar el drama de los desahucios, fue lo exiguo de los posibles beneficiarios. Según Adicae solo un 12% de los afectados puede ampararse en ella. Se trataba de familias con todos sus miembros en paro, a las que la cuota hipotecaria supusiera un 60% de sus ingresos –aunque fueran prestaciones por desempleo– y cuya deuda recayera en una única vivienda tasada por no más de 120.000 euros, en pueblos, o 200.000 en ciudades. La reforma hipotecaria que ultima el PP recoge ampliar los beneficiarios a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con discapacitados o menores de tres años al cargo, o cuyas rentas no superen los 19.000 euros anuales.

Fuente: Cinco Dias

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