El nuevo Plan de Infancia sube a los 16 años la edad mínima para casarse

También pretende elevar la edad de consentimiento sexual y proteger a los hijos de maltratadas por violencia de género.

El Consejo de Ministros ha dado cuenta del nuevo Plan de Infancia y Adolescencia que la ministra de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales. El Gobierno modificará el Código Civil para elevar la edad mínima para casarse de los 14 años actuales a los 16. En España, los menores pueden contraer matrimonio desde los 14 años con un permiso judicial o sin necesidad de él si la familia lo permite. En otros países, sin embargo, esa edad suele elevarse a los 16. Además, el Ejecutivo emplazará a los grupos políticos a debatir la edad mínima para el consentimiento sexual, que está en 13 años.

Mayor protección a los hijos de maltratadas

La consideración de víctima de violencia de género en un menor podría conllevar la retirada del régimen de visitas a los padres condenados por este tipo de violencia, aunque ni el Plan ni la ministra han concretado ese aspecto, es una de las reivindicaciones históricas de los expertos. Se pretende enriquecer y acelerar la respuesta de los servicios sociales, la sanitaria y la psicológica en estos casos para proporcionar a estos menores toda la ayuda que necesitan. Se promoverá, explicó, la creación de un “paraguas de protección para estos menores” con el fin de evitar casos como el ocurrido la semana pasada en Campillo (Málaga) cuando un padre acusado por violencia de género por su esposa acabó con la vida de la hija de ambos.

Hábitos saludables y acogimiento de menores

Desde el punto de vista sanitario el plan establece un calendario vacunal y varios proyectos para evitar la obesidad infantil o conseguir , la ministra ha anunciado el impulso de una ley estatal que unifique la edad mínima legal para el consumo del alcohol, algo que varía en función de las comunidades autónomas.

El tema de la adopción y acogimiento de menores también ocupa un importante espacio en este nuevo plan. El Gobierno habla de priorizar el acogimiento familiar por encima de la tutela en centros públicos, algo que ya trató de activar el Ejecutivo de Zapatero en su última legislatura. En España hay 35.000 menores bajo tutela estatal. El plan de Infancia pretende que al menos los menores de tres años en situación de desamparo pasen directamente a una familia sin tener que vivir en un centro de menores. Por otro lado, pretende garantizar ciertos derechos a los padres en los casos de adopción internacional.

Fuente: Expansión

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La corrupción incrementa los casos de abogados que abandonan al cliente

Diferencias, intromisiones, presiones, reputación, impagos e incluso la estrategia de defensa del propio abogado están detrás de muchas renuncias, que ni el Estatuto ni el código deontológico prohíben.

Fotografía: Joaquín Yvancos fue, durante años, el abogado de José María Ruiz-Mateos.

La proliferación de casos de corrupción en España ha incrementado el número de abogados que abandonan al cliente. Diferencias, intromisiones, presiones, daño a la reputación, impagos e, incluso, la estrategia de defensa del propio letrado que se ve involucrado en el conflicto están detrás de muchas de estas renuncias, que ni el Estatuto ni el Código Deontológico de la Abogacía prohíben ni coartan. Sin embargo, los abogados sienten que una norma no escrita les dice que el abandono es la última opción que se debe plantear a un cliente.

Entre los casos más recientes destaca el de Manuel Ollé, abogado penalista del ex presidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán desde que ingresara en prisión el pasado diciembre por el caso Marsans. Ollé dejó al empresario hace unas semanas y ahora se encuentra en Guatemala enfrascado en el juicio contra el exdictador Efraín Ríos Montt por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

El bufete Ramón Hermosilla –hoy Ontier-Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza- asesoró a Díaz Ferrán y a Gonzalo Pascual en lo que respecta a Aerolíneas Argentinas. A partir de 2007, ante el reiterado impago de las minutas y las desavenencias sobre la gestión, dejó a Díaz Ferrán y Pascual. A su vez, en abril de 2010, Uría Menéndez abandonó a Díaz Ferrán, tras renunciar a asesorar a Air Comet en los procesos judiciales y administrativos abiertos por el cierre de la compañía, a causa de diferencias sobre la facturación.

En los últimos meses, Joaquín Yvancos, quien fuera abogado de José María Ruiz-Mateos durante décadas, recorre los platós de varias cadenas de televisión para contar los entresijos de Rumasa y del escándalo de los ERE de Andalucía. Fuentes conocedoras del proceso explican que este comportamiento de Yvancos sigue una estrategia para defenderse a sí mismo.

Asimismo, Rafael Perera, abogado del expresidente balear Jaume Matas, dejó a su cliente. También el abogado de Santiago Carcaño, en el caso Marta del Castillo, o Javier Saavedra, que ha defendido a personas famosas o de la farándula.

En lo que respecta a otros países, Robert Bennet, abogado del imputado en el caso Megaupload hizo lo propio. Como Carlo Fusco, abogado del exmayordomo del Papa Benedicto XVI.

Las relaciones entre cliente y abogado deben basarse en la recíproca confianza. El abogado tendrá plena libertad para rechazar o aceptar el asunto en que se solicite su intervención, sin necesidad de justificar su decisión.

El requisito para renunciar a la dirección letrada es realizar los actos necesarios para evitar la indefensión de su cliente (por ejemplo, no debe dejarse al cliente si a los pocos días tiene la vista judicial).

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) explica que en el caso de la justicia gratuita, de un abogado de oficio, la renuncia o abstención está más regulada, ya que la defensa asumida por designación del Colegio de Abogados, la aceptación, rechazo, abstención o cese habrán de acomodarse a las normas sobre justicia gratuita.

Una de las causas por las que se renuncia a la defensa es por cuestiones económicas o diferencias en la contraprestación. Por ello, desde la Abogacía se recomienda a los ciudadanos que soliciten la Hoja de Encargo Profesional.

Impedir la indefensión es la única línea roja – El artículo 26.1 del Estatuto de la Abogacía dice que “los abogados tendrán plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del asunto, así como de renunciar al mismo en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca indefensión al cliente”.

– El Código Deontológico de la Abogacía, por su parte, toca este asunto en su artículo 13.3, que establece que “el abogado tendrá plena libertad para aceptar o rechazar el asunto en que se solicite su intervención, sin necesidad de justificar su decisión”. Asimismo, “el abogado podrá abstenerse o cesar en la intervención cuando surjan discrepancias con el cliente. Deberá hacerlo siempre que concurran circunstancias que puedan afectar a su plena libertad e independencia en la defensa o a la obligación de secreto profesional”.

– El Código añade que “el abogado que renuncie a la dirección letrada de un asunto habrá de realizar los actos necesarios para evitar la indefensión de su cliente. Cuando se trate de defensa asumida por designación colegial, la aceptación, rechazo, abstención o cese habrá de acomodarse a las normas sobre justicia gratuita y sobre este tipo de designaciones”.

– El Consejo General de la Abogacía subraya que el requisito para la renuncia es realizar los actos necesarios para evitar la indefensión del cliente. En caso de justicia gratuita, está más regulado, ya que la defensa asumida por designación del colegio de abogados debe acomodarse a las normas. La Abogacía recomienda a los ciudadanos que soliciten la Hoja de Encargo Profesional para que no haya sorpresas con las minutas.

Fuente: Expansión

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El número de españoles residentes en Paraguay aumenta por crisis económica

Todos los abogados que llevamos muchos años ejerciendo sabemos que Paraguay es un país donde no existe extradición, por lo que conozco a varios españoles que residen allí, algunos antiguos clientes mios, o contrarios míos, es decir, deudores de clientes míos.

“El número de peticiones de residencia de españoles en Paraguay “continúa en aumento” debido a la crisis económica que atraviesa España, dijo hoy a Efe la directora general de Migraciones, Irma Llano.

Solo en lo que va de año, 145 españoles han pedido un permiso de residencia, la mayoría de tipo permanente, en Paraguay, frente a las 358 peticiones de todo 2012 y las 198 registradas en 2011, de acuerdo con datos de la Dirección de Migraciones.

Además, Paraguay concedió este año 54 permisos de residencia a ciudadanos provenientes de España, frente a los 298 de todo el año 2012 y los 209 de 2011.”

Fuente: El Economista

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Los asesores fiscales critican el ‘laberinto’ de leyes del país, en el VI Encuentro Nacional de AEDAF

“España es un país muy peligroso desde un punto de vista jurídico”.

En España hay más de 200.000 normas vigentes, los boletines oficiales de las comunidades autónomas y del Estado publican cada año cerca de un millón de páginas y tan sólo el Boletín Oficial del Estado publicó el año pasado 65 normas tributarias, lo que supone una cada seis días. Además, en el cuatrienio 2009-2012 se publicaron 60 normas relativas al Impuesto sobre Sociedades.

Este es el panorama presentado por Javier Gómez Taboada, coordinador de la Sección del Impuesto sobre Sociedades de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), en su intervención en el VI Encuentro Nacional de Estudio de esta organización, celebrado ayer en Madrid.

Gómez Taboada bromeó sobre la imposibilidad de estar al día en toda la legislación, ya que las horas de estudio cada vez son más numerosas a la vista de la gran eficiencia legislativa de las Administraciones Públicas. Así, señaló que “en España se dice que no se lee, pero las autoridades no dejan de publicar” y añadió que “España es un país muy peligroso desde un punto de vista jurídico”.

En la misma línea se definió José Manuel de Bunes, ex director general de Tributos de Hacienda y coordinador de Impuestos Indirectos de Aedaf, quien dijo que asusta el número de modificaciones que se han dado en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con 18 normas de reciente factura en vigor.

Además, comentó a los asesores fiscales que es preciso exigir que las cosas se hagan bien y que no se aprueben normas desordenadas, sin tiempo de adaptación a los procesos para su aplicación.

Esta forma de legislar ha llevado – siguió explicando Gómez Taboada- a que el 60% de deducciones del IVA se aglutine en torno al 0,2% de las empresas, lo que supone que el tipo efectivo medio de las grandes empresas se sitúe en el 14,4% frente al 20,1% de las empresas individuales. Señaló también que la presión fiscal es del 10% para las grandes frente a un 18% en las pequeñas.

Hay que legislar “bien”

Por su parte, el presidente de Aedaf, Antonio Durán-Sindreu, agradeció el gran esfuerzo que hacen los funcionarios de la Agencia Tributaria (Aeat) para resolver dudas, si bien considera que “quizá sea más inteligente legislar bien en el inicio y no dar lugar a tantas incertidumbres”.

En este sentido, explicó que la norma que “obliga a informar sobre los bienes en el extranjero es una verdadera locura, porque su contenido plantea muchas dudas que generan incertidumbre entre los contribuyentes”. A ello se suma que, en caso de incumplirse o cumplirse con errores esta nueva norma, se puede incurrir en delito fiscal o recibir multas que pueden llegar a ser del 150% del valor del patrimonio ocultado.

Actualización de balances

Begoña García Rozado, subdirectora general del Impuesto sobre las Personas Jurídicas de la Dirección General de Tributos, al referirse al procedimiento de actualización de balances explicó que como la revalorización debe realizarse sobre el valor de mercado, se pueden generar problemas, puesto que hay activos sobre los que es muy difícil establecer su valor.

Por su parte, Ana María Martínez-Pina García, presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, aclaró que la actualización de los inmuebles se puede realizar de forma voluntaria, si así se decide, y que por tanto resulta posible actualizar unos inmuebles sí y otros no.

Fuente: El Economista

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La Unión Europea impulsa la resolución ‘online’ de litigios

Las medidas para agilizar la resolución de conflictos entre consumidores y comerciantes a nivel transfronterizo, que la Comisión Europea empezaba a gestar hace yamás de un año, acaban de ver la luz. Y es que, ya se han aprobado -estando pendientes, únicamente, de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea para adquirir fuerza vinculante- la Directiva y el Reglamento que persiguen agilizar este tipo de litigios en toda la Unión.

La idea es generalizar normas de arbitraje en el territorio europeo y resolver los litigios ?de manera más rápida, sencilla y asequible? y sin necesidad de recurrir a los tribunales, independientemente del tipo de producto o servicio del que se trate o dónde se realizó la compra dentro del mercado único.

La Directiva crea la figura de la Resolución Alternativa de Litigios (RAL) para garantizar la existencia de entidades  extrajudiciales que traten todos los litigios entre un consumidor o usuario y un comerciante, derivados de la venta de mercancías o la prestación de servicios en todos los sectores económicos a través de la intervención de una entidad (árbitro, conciliador, mediador, defensor de consumidor, etc.). Paralelamente, a través de un Reglamento complementario, se articula la creación de una plataforma única que permita resolver litigios a través de Internet en 30 días.

Y es que, dice Bruselas, ambas normas resultarán importantes, sobre todo, en aquellos Estados en que existe ?una considerable acumulación de asuntos pendientes ante los órganos jurisdiccionales?, como es el caso español, ?lo que impide a los ciudadanos ejercer su derecho a un juicio justo dentro de un plazo razonable?.

Ya cuando publicó sus propuestas, en diciembre de 2011, Bruselas estimó que un acceso universal a la RAL en toda la Unión ahorrará a los consumidores cerca de 22.500 millones de euros al año (0,2 por ciento del PIB de la UE). Pero, además de evitar los costes más elevados que suponen los litigios judiciales, dijo entonces, ?las RAL generalizadas salvarán, entre otros, obstáculos lingüísticos y de diferencias en las legislaciones de los distintos  Estados?.

Entidades de RAL en toda la UE

Dice la Directiva que es necesario que la resolución  alternativa pueda aplicarse a todos los tipos de litigios, nacionales y transfronterizos. Y además, que los comerciantes establecidos en un Estado puedan estar amparados por una entidad RAL establecida en otro país de la UE. También los consumidores podrán recurrir a entidades establecidas en otro Estado, ya sean regionales, transnacionales o paneuropeas, en las que los  comerciantes de distintos Estados estén amparados.

Fuente: El Economista

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