Arranca la campaña de la renta: cómo confirmar el borrador en seis pasos

  • Hacienda comenzará a ingresar las devoluciones a partir de mañana, unos 10.665 millones de euros
  • Este año 1,5 millones de nuevos contribuyentes podrán beneficiarse de la forma más rápida de cumplir con el Fisco.

Si usted lleva ya varios años rindiendo cuentas ante Hacienda para el pago del IRPF a través del borrador de la Renta está de enhorabuena porque ya es un experto en la materia y conocerá los pasos a seguir. Sabrá cómo, tras una sencilla comprobación de los datos que dice el Fisco tener sobre su situación económica, confirmar la declaración a través de internet y podrá disponer del dinero, si es a devolver, en apenas un par de días.

Sin embargo, una de las novedades de este año es que habrá hasta 1,5 millones de contribuyentes más con derecho a recibir el borrador. Para todos ellos, he aquí una sencilla guía de cómo proceder con éxito garantizado.

¿Cuáles son los nuevos supuestos por los que se podrá solicitar borrador?

Aquellos contribuyentes con imputaciones de rentas de inmuebles no arrendados hasta ocho (antes solo podían de dos inmuebles además de la vivienda habitual, trastero y dos plazas de garaje). También tendrán derecho a él quienes registraran el año pasado pérdidas patrimoniales derivadas de ventas de fondos de inversión (antes solo si obtenían ganancias sujetas a retención), quienes hayan efectuado una transmisión de valores públicos sin retención con rendimiento cero y quienes cuenten con rendimientos imputados del capital mobiliario e inmobiliario por entidades como las comunidades de propietarios, antes excluidos del borrador. Asimismo, se beneficiarán de esta forma de rendir cuentas al fisco quienes hayan percibido subvenciones públicas, como la renta básica de emancipación o la ayuda a jóvenes para el alquiler. Estos últimos ya recibían el borrador, pero sólo podían confirmarlo si la subvención financiaba su vivienda habitual.

1 Desde el pasado martes 2 de abril es posible consultar, modificar (si es necesario) y confirmar el borrador correspondiente a la Campaña de la Renta 2012. Para ello, basta con entrar en la web de la agencia tributaria (www.agenciatributaria.es) y pinchar en el icono Renta 2012. Acto seguido, verá en la pantalla otro símbolo con la palabra borrador que es al que debe dirigirse.

A continuación, le solicitará una serie de datos que conviene tener a mano: por supuesto sus apellidos, el número de identificación fiscal (NIF), e imprescindible la cuantía que aparecía en la casilla 620 de su declaración de la Renta del año pasado. Se trata de la cifra relativa a su base liquidable general sometida a gravamen. También, le solicitarán un número de teléfono móvil.

2 Una vez que usted ha consignado estos datos, Hacienda comenzará a procesar sus datos con el fin de localizarle. Acto seguido, con carácter inmediato, recibirá en ese móvil un mensaje en el que le informarán que ya tiene disponible el borrador o los datos fiscales de la Renta 2012 y le asignarán un número de referencia.

3 Con ese código recibido, usted deberá consignarlo en el recuadro que le indica el portal de la agencia tributaria. A continuación, aparecerá en pantalla su documento. Todos los expertos aconsejan en este punto que se tome su tiempo antes de confirmar telemáticamente el borrador que constituirá su declaración de la Renta.

4 La propia Agencia Tributaria recomienda cotejar los siguientes datos: los inmuebles atribuidos y sus correspondientes referencias catastrales, sus circunstancias personales y familiares (en especial si éstas han cambiado a lo largo del año pasado, tales como nacimientos, divorcios o defunciones, entre otras). Conviene comprobar que Hacienda conoce si se han efectuado aportaciones de cuotas sindicales, a planes de pensiones, si se incluye la deducción por inversión en vivienda habitual, por alquiler de la residencia principal. Verifique si hizo obras de mejora en su casa el importe de las deducciones a las que tiene derecho, si se han incluido los ingresos en cuentas vivienda, el tratamiento fiscal de las subvenciones y ojo también a las deducciones que corresponden al tramo autonómico del IRPF.

5 Una vez realizadas estas sencillas comprobaciones, el impreso telemático en el que usted está leyendo su borrador le indicará si quiere modificar o confirmar el borrador. Podrá hacerlo en internet y ante cualquier duda también llamando a los teléfonos 901 200 345 y 901 12 12 24. Además, en la página web usted podrá visualizar los vídeos explicativos que contiene la aplicación. Si está de acuerdo con toda la información remitida por Hacienda, bastará con confirmarlo y usted habrá presentado ya su declaración de la Renta correspondiente al año 2012. Es aconsejable, eso sí, que guarde todos los mensajes de texto que le envíe Hacienda, ya que aunque semanas más tarde recibirá una copia de su declaración vía correo ordinario, son los primeros comprobantes que le permitirán certificar que ha cumplido con sus obligaciones fiscales y será la referencia que le soliciten ante cualquier reclamación.

6 Si ya ha confirmado el borrador y el resultado es a devolver, calcule que en cuestión de días podrá disponer de su dinero en el número de cuenta que haya facilitado a Hacienda. La Agencia Tributaria ha confirmado que mañana día 4 empezará a realizar los primeros ingresos.

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Préstamos: Coto a los contratos de usura para evitar desahucios

La desesperación ante la posibilidad de perder la vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario puede llevar a la firma de contratos plagados de cláusulas abusivas o negocios simulados para evitar la consecuencia del desahucio. El Supremo ha acotado una de estas prácticas a través de una reciente sentencia, anulando una dación en pago que encubría un negocio jurídico muy distinto.

Se trata de un fallo dictado el pasado uno de marzo, del que es ponente el magistrado O’Callaghan Muñoz, en el que se analiza un caso en que una persona, con el fin de evitar la subasta de la finca de su propiedad y suspender su embargo, llevó a cabo un negocio jurídico con una inmobiliaria que actuó como prestataria y que le hizo entrega del dinero suficiente para evitar que la vivienda acabara en manos de la entidad bancaria, pero a un interés muy elevado.

En concreto, el contrato consistió en el llamado ‘pacto comisorio’, que se basa en prestar una cantidad de forma que, si no se devuelve, el contratante (prestamista) hace suya la propiedad del bien, en este caso la vivienda.

Este pacto se llevó a cabo, según el Supremo, mediante una simulación contractual. Así, la inmobiliaria consignó más de 280.000 euros en concepto de “pago por tercero” en el Juzgado en el que se tramitaba la ejecución hipotecaria para evitar la subasta, a cambio de lo que formalmente se hizo llamar una dación en pago de la deuda de la finca a favor de la inmobiliaria. El contrato incluía un pacto de retro por el que el tercero podía recuperar la casa si, en el plazo de tres meses, se le devolvía la cantidad consignada más otros 14.000 euros. De lo contrario, la finca pasaría a ser propiedad de la sociedad.

Un caso de usura

Debido a la imposibilidad de que la prestataria devolviera toda la cantidad prestada, la inmobiliaria interpuso una demanda en la que pidió la entrega de la posesión inmediata de la finca y el otorgamiento de la escritura de dación en pago o elevación a público del contrato privado entre las partes. Como alternativa, la empresa volvía a ofrecer la posibilidad de que el interesado devolviera toda la suma prestada más los 14.000 euros.

A ello se opuso la demandada, que pidió que se declarara nulo el contrato firmado por simular una dación en pago de deuda con pacto de retro cuando en realidad se trataba de un contrato de préstamo con garantía real.

Dicho negocio no sería apto para transmitir la propiedad del inmueble, a lo que se suma que, según la demanda reconvencional presentada por la prestataria, el contrato de préstamo debía calificarse como usurario por ser leonino y aplicar un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha de la firma. Por ello, se pedía la nulidad del contrato.

Planteado así el debate, la sentencia de la Audiencia Provincial revocó el fallo del Juzgado y dio la razón a la prestamista. Ante ello, la inmobiliaria recurrió ante el Supremo. Ahora, el Alto Tribunal mantiene el criterio de la Audiencia Provincial y considera que “en este caso se advierte que no hablamos de una deuda que se paga con una dación en pago, sino que “el que figura como acreedor es en realidad un prestamista que le levanta un embargo, y el importe es el objeto del préstamo con un interés del 20 por ciento anual y con un plazo verdaderamente exiguo (tres meses), haciendo suya una finca si no le devuelve el dinero prestado”.

La sentencia añade que este préstamo usurario, como negocio simulado, sería válido como tal préstamo si reuniera los elementos para su validez, pero a ello se opone la Ley de Represión de la Usura, por varios motivos: no sólo el interés del 21,5 por ciento -que es remuneratorio y que no se incluye en una cláusula penal ni como interés moratorio-, sino también por las circunstancias en que la prestataria “veía la subasta inmediata de la finca”, así como “la imposibilidad de obtener un préstamo, aceptando el interés consignado porque no podía negarlo y ni siquiera discutirlo”.

La conclusión es que el negocio jurídico es realmente un préstamo usurario y contiene un pacto comisorio que es “radicalmente nulo”. La consecuencia es la devolución por parte de la prestataria de la cantidad consignada, sin intereses.

Fuente: El Economista

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Sociedades: Es lícito dejar marchar al socio que discrepe con su empresa

Uso de cláusulas estatuarias que permitan salir voluntariamente de las SL.

Es lícito que los estatutos de una sociedad limitada prevean cláusulas que permitan la salida de los socios que no quieran cumplir con determinadas prestaciones accesorias, es decir, las que van más allá de la simple aportación de capital. Así, quienes decidan no cumplir con esos requisitos por discrepancias con el resto de los socios podrán abandonar la sociedad libremente.

Lo resuelve una sentencia del Tribunal Supremo, de la que es ponente el magistrado Saraza Jimena, que se pronuncia acerca de las prestaciones accesorias y el derecho de separación y exclusión de socios, fijando que “la inclusión de una cláusula estatutaria que permite la separación del socio titular de las participaciones gravadas con prestaciones accesorias no puede considerarse contraria al régimen contenido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada”.

Una facultad del socio

Se trata de un supuesto en el que los estatutos sociales vinculaban el hecho de ser socio de la empresa con ciertas prestaciones de carácter obligatorio. Los recurrentes eran titulares de un tipo de participaciones que implicaban, por su categoría -A-, la prestación de ciertos servicios profesionales a la sociedad para el desarrollo del objeto social del negocio.

Los recurrentes dimitieron de sus cargos y causaron baja en la empresa por discrepancias con el resto de los socios. Para formalizar su salida de la empresa, comunicaron formalmente el hecho a la sociedad para que, en cumplimiento de los estatutos sociales, se convocara junta de socios para la adquisición o amortización de sus acciones. La junta, sin embargo, rechazó la propuesta de adquisición o amortización, por entender que los estatutos no preveían un derecho de separación en caso de incumplimiento de una obligación accesoria.

La sentencia del Juzgado desestimó la pretensión de los demandantes y concluyó que el incumplimiento con esas prestaciones accesorias podía legitimar la exclusión de los socios, pero que no se preveía un derecho de separación de los socios en caso de incumplimiento de éstas.

Al contrario, la Audiencia Provincial “interpretó los estatutos sociales en el sentido de que quienes constituyeron la sociedad pretendían asegurarse que en la sociedad sólo permanecería como socio de clase A quien prestara sus servicios para la agencia de valores del grupo, de tal forma que quien dejara de hacerlo pudiera marcharse teniendo derecho a separarse de la sociedad, y que si no lo hacía, la propia sociedad debía acordar la exclusión con la consiguiente amortización o adquisición de sus respectivas participaciones”.

El Supremo, por su parte, confirma el criterio de la Audiencia Provincial y fija que la admisión de las cláusulas de separación ad nutum no supone vulnerar el artículo 1256 del Código Civil, ya que no deja al arbitrio de uno de los socios la validez y eficacia del contrato de sociedad. Sólo “se limita a facultar al socio, no ya por el contrato de sociedad, sino por los estatutos, para el ejercicio del derecho potestativo unilateral de separarse de un contrato de duración indefinida”.

Fuente: El Economista

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El perfil del estafado: ocho de cada 10 afectados por preferentes son jubilados

Un estudio de la OCU explica el “gran engaño” en seis pasos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que más del 80% de los afectados por las preferentes atendidos por la organización tiene más de 65 años. El organismo denuncia en un informe que la banca se proponía la búsqueda de un “jubilado confiado” como primer paso para iniciar la comercialización de este polémico producto.

 

El informe, que explica el “gran engaño” en seis pasos, señala a los jubilados que suelen acumular los ahorros de toda una vida y que son confiados con el personal de su oficina bancaria como objetivo de la venta de preferentes.

Según la OCU, las entidades bancarias pasaban luego a explicar a su cliente jubilado el producto como uno nuevo de inversión y “recomendado”, caracterizado por “su alta rentabilidad”, superior a la de un depósito. “El tamaño de la letra de la oferta comercial (donde se destaca la rentabilidad) es mucho más grande que la letra del contrato”, subraya.

La mala praxis, según la OCU, proseguiría con ocultar que no existe garantía del producto, puesto que la rentabilidad ni es fija ni está garantizada porque depende de la evolución financiera del banco. “Pero esto no se le dice al ahorrador”, denuncia.

“Es cierto que se indica en el contrato, pero como tiene más de 30 páginas escritas en letra pequeña no es probable que lo lea (necesitaría una hora para hacerlo)”, agrega.

La organización de consumidores también lamenta que no se avise al cliente de que podría perder dinero. “Si pregunta por el riesgo, se le tranquiliza. No se le cuenta que es un producto para inversores con un perfil de alto riesgo”, enfatiza el informe, que apunta que no se informa de que el producto es perpetuo.

Como último paso de este “engaño”, la OCU denuncia que los comerciales de los bancos procuraban pasar el ‘test’ de conveniencia previamente marcado, para que así la valoración fuese idónea. Incluso asegura que introducían un documento de conocimiento del riesgo entre los 30 folios del contrato y hacían que el ahorrador lo firmase también.

Fuente: El Economista

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