La tasa por bodas municipales tendrá el respaldo del Estado

La legislación estatal respaldará las tasas municipales que algunos ayuntamientos cobran ya por la celebración de bodas por alcaldes y concejales de sus corporaciones, lo que con toda probabilidad animará al resto de los municipios a incluir esta partida en sus Presupuestos.

Así se regula en el borrador del anteproyecto de la Ley de Reforma Integral de los Registros. La futura norma, que actualmente elabora el Ministerio de Justicia, añade un apartado 5 al artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que “los ayuntamientos podrán establecer una tasa por la celebración de matrimonios”.

Esta medida se une a la aplicación del arancel por los notarios, una vez que entre en vigor esta ley, que modificará el artículo 58 del Código Civil, permitiendo que el matrimonio civil se pueda celebrar ante un notario o un cónsul.

Falta por establecerse aún cuánto cobrarán los notarios por este trámite administrativo, que conlleva la investigación previa sobre los cónyuges, la elaboración de la escritura y el desarrollo del acto de enlace matrimonial, siguiendo las directrices trazadas por el Código Civil y la remisión de la documentación al Registro, junto con el libro de familia electrónico.

Esta medida es una más de las diseñadas por el equipo ministerial de Ruiz-Gallardón para descongestionar los juzgados y extender el pago de los servicios por su coste.

El Libro de Familia tendrá carácter electrónico, inmediatamente actualizable con los datos ingresados en el Registro Civil, que se remitirá electrónicamente a los interesados. Con ello, se pretende evitar a sus titulares miles de desplazamientos a las dependencias administrativas , y cuya copia en papel será verificable en tiempo real mediante un código electrónico de verificación, imposibilitando de esa manera los intentos de fraude o sustitución del documento.

Evitar nuevos ‘niños robados’

Una novedad importante de este texto es la sensibilización social con el drama de los niños robados, que ha llevado a que la Ley incida en la seguridad de identificación de los recién nacidos y la determinación de la relación entre la madre y el hijo a través de las pruebas médicas, biométricas y analíticas necesarias.

Por otra parte, se multiplican los controles para el caso de fallecimiento de los nacidos en los centros sanitarios tras los primeros seis meses de gestación, exigiéndose que el certificado de defunción aparezca firmado por dos facultativos, quienes deberán afirmar, bajo su responsabilidad, que de las pruebas realizadas con el material genético de la madre y el hijo no se desprenden dudas sobre la relación materno filial.

Fuente: El Economista

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