Ley Extranjeria y Violencia de Género: Para obtener la residencia no cabe invocar la relación con su hija cuando hay violencia doméstica

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Castilla León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, concretamente de la Sección 3ª, de 21 de diciembre de 2012, ha denegado la residencia a un padre condenado por violencia doméstica, que invocó como motivo la relación con su hija.

Un extranjero presentó ante la Administración una solicitud de Autorización de Residencia de Larga Duración, que fue denegada en vía administrativa por haber sido condenado en sentencia firme por un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato, no cumplida en el momento de la solicitud.

La sentencia que aquí nos ocupa concluye que el actor no tiene derecho a que le sea concedida dicha autorización habida cuenta de las circunstancias concurrentes y de la naturaleza y gravedad del delito cometido, sin que quepa apreciar la invocación de que tenía que hacer frente a la manutención de su hija de dos años de edad, por cuanto ha despreciado los intereses de la menor con su grave comportamiento delictivo frente a la madre de la misma.

Fuente: Sepin

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Modificación Ley Hipotecaria. La nueva función de los Notarios

Los notarios podrán parar los desahucios cuando haya cláusulas abusivas

(Expansión, 27-03-2013)

El grupo parlamentario del PP ha propuesto modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria extrajudicial para que el deudor pueda iniciar el proceso ante el notario, figura que tendrá potestad para paralizarlo si el afectado ha denunciado previamente en un juzgado la existencia de cláusulas abusivas. Con este cambio, que el PP ha incluido en sus enmiendas al proyecto de ley sobre dación en pago, a las que ha tenido acceso Efe, se permite al deudor acceder a un procedimiento más rápido que el judicial, lo que permitirá un ahorro en intereses de demora, y se da rango de ley a las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales. En la normativa actual, cuando en un contrato hipotecario se había pactado el procedimiento de ejecución (algo que es la práctica habitual) sólo el acreedor tiene potestad para instar al notario a ejecutar la hipoteca.

Tras los cambios, que previsiblemente saldrán adelante dada la mayoría absoluta del PP, el deudor puede pedir la ejecución y la paralización del proceso antes de que produzca el desalojo de la vivienda siempre que haya recurrido previamente ante un juzgado que existen cláusulas abusivas. Además, los cambios legales en la ley de enjuiciamiento civil propuestos en las enmiendas del PP abren la vía para que el juez paralice los desahucios en el trámite judicial, con lo que se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Desde el momento en que entre en vigor la nueva legislación, el juez, de oficio o a petición del deudor, puede parar una ejecución hipotecaria de forma cautelar hasta determinar si existen cláusulas abusivas.

Si se concluye que no hay abuso, el proceso se reanudará. Si el juzgado sentencia que es abusiva, el juez puede parar totalmente el desahucio, mientras que si se considera abusiva pero no en un grado suficiente para suspender el proceso, el juez podrá estipular una compensación para deudor. El grupo Popular ha destacado que estos cambios permitirán “equilibrar” las posiciones entre deudor y acreedor “sin afectar a la seguridad jurídica”, al tiempo que contribuyen a mantener la cultura de pago de la hipoteca que existe en España, según las fuentes consultadas por Efe. Las enmiendas del PP también amplían aspectos ya recogidos en las presentadas el pasado mes de febrero en otro proyecto de ley sobre el mismo asunto que tramita el Congreso (el de protección a deudores hipotecarios).

Entre ellas, se amplía la reducción prevista en los tipos de interés de demora (tres veces el tipo de interés legal del dinero) a los devengados y no pagados. Los discapacitados podrán acceder a las denominadas hipotecas inversas (las que permiten convertir en dinero el valor patrimonial que representa la propiedad sin perderla), posibilidad abierta hasta ahora sólo a los mayores de 65 años. Asimismo, amplían todos los umbrales para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas de la banca, incluyen a los avalistas entre el colectivo de beneficiarios y elevan de tres a cuatro veces el IPREM (1.597,53 euros brutos mensuales) el baremo que da derecho a ser considerado en umbral de exclusión.

El texto recoge también la obligación de que el deudor haga constar por escrito que comprende el funcionamiento y alcance de las cláusulas complejas, tales como las suelo y techo, los tipos de interés asociados a derivados, las hipotecas multidivisas; y fija en tres el número de impagos de la cuota para iniciar la ejecución (ahora es uno). Las enmiendas a este proyecto de ley se fusionarán con las del proyecto de protección a deudores hipotecarios, con lo que la nueva normativa previsiblemente se aprobará en la segunda quincena de mayo, indicaron a Efe fuentes conocedoras del procedimiento.

Fuente: Expansión

Los notarios suspenderán los desahucios con sospecha de cláusulas abusivas

(El País, 21-03-2013)

Los notarios suspenderán las ejecuciones extrajudiciales de hipotecas en las que haya sido admitida a trámite en un juzgado una demanda por cláusula abusiva, según ha expresado en una nota de prensa el Consejo General del Notariado. Para que pueda darse una ejecución extrajudicial el banco y el deudor tienen que haber pactado expresamente esta posibilidad en escritura pública. Después, cuando se produce la deuda, el banco solicita el inicio de la ejecución ante un notario. Hoy el Notariado ha asegurado que no las llevará a cabo si tiene dudas sobre el carácter abusivo de alguna cláusula. Ello, “para evitar cualquier perjuicio” a los deudores y “para que los notarios dispongan de un criterio común que poder seguir en espera de las decisiones de carácter legislativo que se adopten”, según han expresado.

La decisión del Consejo llega unos días después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resolvió una cuestión prejudicial presentada por el juzgado de lo Mercantil número tres de Barcelona. El tribunal fijó que la regulación de las ejecuciones hipotecarias no es compatible con la directiva europea de protección de los consumidores que se aprobó en 1993. Tras la sentencia, los jueces que estén examinando si ha habido cláusulas abusivas en un contrato hipotecario podrán suspender cautelarmente el procedimiento de ejecución e impedir un desalojo.

Hoy el Consejo del Notariado ha indicado que los casi 3.000 notarios en ejercicio deben suspender cualquier procedimiento ejecutivo extrajudicial si el deudor ejecutado acredita la admisión a trámite por un juzgado de una demanda en la que impugna la validez de alguna cláusula del préstamo hipotecario por ser abusiva, o si acredita la admisión a trámite de una solicitud de medidas cautelares de suspensión del procedimiento de ejecución extrajudicial por la misma causa. Según fija el 723.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las medidas cautelares pueden solicitarse antes de la presentación de la demanda, por lo que bastaría la acreditación judicial de la admisión a trámite de las indicadas medidas, aun cuando no se acredite al notario la ulterior admisión de la demanda

A partir de ahora los notarios informarán al acreedor hipotecario y al deudor ejecutado de la existencia y alcance la sentencia del Tribunal de la UE en los procedimientos de ejecución extrajudicial que estén tramitando. “En concreto, y muy especialmente con relación al deudor ejecutado, que le informen del derecho que le asiste de acudir a los tribunales presentando demanda o solicitando medida cautelar de suspensión del procedimiento por si considerara que alguna cláusula del contrato de préstamo con garantía real hipotecaria es abusiva”, plasma la nota de prensa.

El Consejo ve “necesaria” una reforma legislativa que permita a los notarios el control efectivo de las cláusulas que puedan ser abusivas “ya que es ante el notario cuando las partes contratan y asumen sus obligaciones”. Los notarios aseguran que ya han hecho esta reclamación varias veces ante las distintas administraciones.

Según la legislación vigente, los notarios solo tienen la posibilidad de excluir de un contrato las cláusulas declaradas abusivas por la ley o por una sentencia firme —desde que esta se inscribe en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación—. Para el Consejo, este sistema de inscripción de sentencias resulta “ineficiente a día de hoy”, ya que “un adecuado uso de las nuevas tecnologías” permitiría que los notarios conocieran de modo más rápido y eficaz la existencia de cualquier sentencia firme que declarara nula una cláusula por abusiva.

También la Asociación Hipotecaria Española ha asegurado que es “urgente” una solución legislativa para evitar vacíos legales, ya que, recuerda, “la sentencia [del Tribunal de la UE], en ningún caso, supone juzgar el carácter abusivo de ninguna cláusula en concreto”, sino que permite que sea el juez quien valore el carácter abusivo de cada cláusula.

Fuente: El Pais

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Sociedades: Anuncio de convocatoria de la junta general en la página Web de la sociedad

Es posible convocar junta general de una sociedad por la Web corporativa, si la misma consta inscrita en el Registro Mercantil y ha sido publicada en el BORME.  A juicio de la DGRN, si la Web no consta publicada en la hoja de la sociedad, queda menoscabado el derecho del socio a saber cómo va a ser convocado y ello no puede ser suplido por la certificación de una empresa de certificación, ni tampoco por el hecho de que el notario testimoniara el contenido que la página Web tenía el mismo día de la celebración de la reunión

Página Web

No toda página Web es una Web corporativa, sino que sólo lo será la que aparezca inscrita en el Registro Mercantil con objetivos societarios, es decir, para servir de medio de comunicación de aquellos actos de la sociedad que precisen de publicidad (convocatoria de la junta general, acuerdos sociales, etc.)

¿Cómo se crea la Web corporativa?

La creación de la Web corporativa es competencia de la junta general.

El acuerdo de creación de la Web debe constar de forma expresa en el orden del día. En un orden del día que sólo expresa adaptación y modificación de estatutos es obvio que no pueden entenderse comprendido la creación de una Web corporativa.

Atención: Pese a que la creación de la página Web incumbe a la junta general de la Sociedad, la designación de la concreta dirección URL de la misma, puede ser realizada por el órgano de administración

¿Cómo se inscribe la Web corporativa en el Registro Mercantil?

Caben dos posibilidades: constancia de la Web en los estatutos sociales o certificación del acuerdo de la junta general con firmas legitimadas notarialmente

Respecto al modo de llevar a cabo la constancia registral de la página Web de la Sociedad en el Registro Mercantil, la DGRN confirma dos sistemas:

1) Constancia de la Web en los estatutos de la Sociedad, en cuyo caso el documento a presentar será la escritura de modificación de los estatutos sociales.

2) Acuerdo de la Junta General, en cuyo caso el documento a presentar será la certificación del acuerdo con las firmas legitimadas.

Atención. El hecho de que los estatutos se remitan simplemente a la ley en materia de convocatoria, no evita el acuerdo previo de la junta general sobre la creación de la Web corporativa.

Las sociedades son libres para tener Web o no tenerla, salvo para las sociedades cotizadas, en que es obligatoria. En este punto, la cuestión que debe plantearse cada sociedad es si, teniendo en cuenta su tamaño, estructura accionarial, etc., le conviene crear una Web corporativa sopesando los beneficios y los deberes legales que ello supone. Y es que la creación de una Web corporativa comporta ciertos deberes para la sociedad: la sociedad debe “garantizar” la seguridad de la página Web, la autenticidad de los documentos colgados, así como su acceso gratuito y la posibilidad de descarga e impresión.

Fuente: Disjurex

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Convenios con Seg. Social: Cómo pactar la pensión tras un despido

  • En la actualidad hay casi 207.000 pactos indiviualizados para generar prestaciones.
  • Más de la mitad son prejubilados que acuerdan mantener sus condiciones hasta la jubilación.

¿Se ha quedado usted en paro unos años antes de jubilarse, no encuentra empleo y teme ver reducida su pensión notablemente después de haber cotizado durante un buen número de años? Esto se puede evitar suscribiendo un convenio especial con la Seguridad Social.

Se trata de acuerdos individuales y voluntarios para mantener o ampliar las pensiones (de jubilación, viudedad o IT por enfermedad común) a las que se tendrá derecho. Para ello, la persona pacta con la Seguridad Social cuánto aportará en cotizaciones todos los meses y de esta forma sigue generando pensión.

No obstante, el suscriptor debe cumplir algunos requisitos, como haber causado baja en la Seguridad Social, haber terminado de cobrar la prestación por desempleo o haber sido contratado con remuneraciones inferiores a las del último año. Además, es imprescindible tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 1.080 días en los 12 años anteriores a causar baja en la Seguridad Social.

¿Cuánto deberá pagar cada mes? Podrá elegir entre las siguientes bases de cotización: la base máxima del grupo de cotización en el que hubiera estado dado de alta (siempre que hubiera cotizado por ella al menos 24 meses en los últimos cinco años); la base mínima vigente, o la que hubiera estado cotizando en los últimos 12 meses. A estas bases se les aplicará un coeficiente del 0,94%.

Dicho todo esto, la pregunta es si compensa seguir aportando cotizaciones para generar pensión. Un cálculo aproximado indica que un trabajador que se quede en paro, agote la prestación y viniera cotizando por la base máxima (3.425,70 euros en 2013) debería pagar unos 911 euros cada mes. Si mantiene este convenio durante seis años, por ejemplo, habría recuperado la inversión en unos dos años de cobro de la pensión máxima.

En el caso de una base de cotización media (1.693 euros), el esfuerzo sería mayor, ya que este trabajador debería aportar durante los mismos seis años 450 euros mensuales,y si luego cobrara una pensión media de jubilación (905,94 euros en enero de 2013), tardaría prácticamente tres años en recuperar la inversión del convenio especial.

La mayoría son prejubilados

Los responsables de Seguridad Social acaban de empezar a publicar la cantidad de convenios que hay suscritos y de qué tipo son. En enero pasado había registrados 206.834 convenios especiales en todos los regímenes de la Seguridad Social.

La inmensa mayoría corresponde a prejubilados que tras terminar el cobro de su prestación por desempleo siguen cotizando individualmente hasta su jubilación. En concreto, hay 108.534 de estos convenios ordinarios y 7.327 provenientes de ERE. Otros 32.360 prejubilados cobran el subsidio por desempleo indefinido y lo completan para no ver recortada su pensión.

El siguiente colectivo más numeroso es el de los cuidadores no profesionales. En los últimos meses de 2012 el Estado dejó de pagar las cotizaciones de más de 180.000 de estos cuidadores y les ofreció la posibilidad de asumir ellos sus cuotas, algo que solo han hecho el 12%.

Casi 6.000 jubilados suizos costean su sanidad de forma individual

Hay 40 tipos de convenios individuales con la Seguridad Social. El 80% están relacionados con las prejubilaciones, pero hay otros muchos de colectivos menores, como los que suscriben trabajadores inscritos en programas de formación (19.617);o los diputados, senadores o funcionarios europeos en España o en el extranjero (más de 1.000).

Hay otros 2.225 convenios de emigrantes españoles y sus hijos que residen en el extranjero y siguen cotizando individualmente en España para cobrar la pensión generada aquí, y otros 1.079 emigrantes retornados.

Existe otro tipo específico de convenio que cubre solo la asistencia sanitaria y que está suscrito por 5.795 pensionistas suizos, y 1.053 de emigrantes españoles en el extranjero.

Fuente: Cinco Dias

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Fiscal. IRPF: El Teac ‘redibuja’ en una resolución la noción de renta irregular del IRPF

El Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac) ha redibujado el concepto de renta irregular a través de una reciente resolución con fecha de 31 de enero de 2013, en la que se asegura que éste es un concepto jurídico indeterminado y que la atribución de tal carácter a una renta “debe apreciarse en cada caso concreto”.

El texto relativiza la aplicación de los criterios objetivos que marca la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), es decir, que las rentas se hayan generado durante un periodo superior a dos años y que los honorarios se reciban de una sola vez. Así, asegura que la existencia o no de esa irregularidad “debe apreciarse a la luz de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, y no viene determinado exclusivamente por la circunstancia de que el procedimiento o el contrato tenga una duración superior a dos años y que los honorarios se giren de una sola vez a la conclusión del mismo”.

En este caso se analiza la naturaleza de los rendimientos obtenidos por un abogado en el ejercicio de su profesión, teniendo en cuenta que el pleito por el que se generaron esos rendimientos se prolongó a lo largo de varios ejercicios.

En este sentido, el Teac resuelve de forma favorable al contribuyente y considera que, en este caso, las rentas obtenidas por el letrado deben considerarse irregulares. Se reduce así su tributación, al imputarse el pago total a varios ejercicios y no al de su cobro.

El Tribunal se basa en la última doctrina del Tribunal Supremo, que señaló (en sentencias de 2004 y 2008) que en estos casos el esfuerzo para generar la renta se prolonga durante un periodo superior al ejercicio fiscal. Esa doctrina del Supremo supuso que el Teac corrigiera, en su día, su criterio sobre este asunto, ya que hasta entonces las rentas de los letrados se consideraban obtenidas de forma regular aunque el caso se prolongara durante años.

Ahora el Teac mantiene ese nuevo criterio, acorde con el del Supremo, aunque aclara que debe tratarse de “asuntos que resulten de cierta complejidad que exijan un esfuerzo, esto es, una actividad y dedicación por parte del letrado durante varios años con cierta continuidad”.

Fuente: El Economista

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