El TUE da vía libre para limitar la responsabilidad del Fogasa

. Permite a los países de la UE decidir qué créditos del trabajador garantizan.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) acaba de dictar una sentencia en la que libera a los países de la UE de establecer garantías para los créditos de los trabajadores en cada fase del procedimiento de insolvencia de su empresario.

 

Así, da vía libre a que los Estados, a través de la institución de garantía -en España, el Fogasa-, asuman únicamente los créditos de los trabajadores generados antes de la inscripción en el Registro Mercantil de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia, aun cuando dicha resolución no ordene el cese de las actividades del empresario y no los créditos generados con posterioridad como consecuencia de salarios impagados .

El fallo, fechado en 18 de abril de 2013, y del que ha sido ponente el magistrado Thomas von Danwitz, resuelve la cuestión planteada por un tribunal búlgaro en relación al recurso interpuesto por una trabajadora que tenía créditos exigibles pero impagados contra la empresa para la que había trabajado y los reclamó al Fondo de Garantía.

La Administración búlgara desestimó la solicitud, dado que los créditos habían nacido después de la fecha de inscripción en el Registro de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia por parte de la empresa. Y el Derecho búlgaro prevé que únicamente los créditos de los trabajadores generados antes de la fecha de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia estarán protegidos por la garantía.

El debate reside en que en esta primera resolución inscrita la empresa inició un procedimiento de insolvencia, pero ordenó que continuasen sus actividades y designó un administrador con carácter provisional. No fue hasta el año siguiente cuando un tribunal, mediante resolución que se inscribió en el Registro Mercantil, declaró la quiebra de la empresa, ordenando tanto el cese de sus actividades como su liquidación y el reparto de los bienes.

De ahí que la cuestión a dilucidar sea si la garantía debe cubrir los créditos de un trabajador contra su empresario que nacieron tras la inscripción en el Registro Mercantil de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia, pero con anterioridad a la inscripción de la resolución que declara la quiebra y que ordena el cese de las actividades del empresario y la liquidación y reparto de los bienes.

Libertad para fijar la fecha

Explica el magistrado que la Directiva 2008/94, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, exige, para que se aplique la garantía, que se haya solicitado la apertura de un procedimiento de insolvencia del empresario, además de que el procedimiento implique el desapoderamiento parcial o total del deudor, así como el nombramiento de un síndico.

Sin embargo, sostiene la sentencia del TUE, que no exige la Directiva, para que sea aplicable la garantía prevista, que se haya ordenado el cese de las actividades del empresario. Dicho esto, añade que la Directiva otorga a los Estados la facultad de determinar la fecha antes o, en su caso, después, de la cual se sitúa el periodo durante el que la institución de garantía asume los créditos correspondientes a remuneraciones impagadas.

Fuente: El Economista.es

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La Comisión Europea propone la desaparición de la apostilla

La Comisión Europea quiere eliminar la apostilla para que los ciudadanos y las empresas comunitarias puedan ahorrar hasta 330 millones de euros, además de acortar el tiempo y evitar los trastornos que este trámite supone, según los cálculos elaborados por la Comisión Europea, en su propuesta de suspensión de este trámite notarial.

 

Los ciudadanos y las empresas dejarán de tener que presentar versiones legalizadas o traducciones juradas de los documentos oficiales a la hora, por ejemplo, de inscribir un inmueble o una empresa en el Registro, contraer matrimonio o solicitar una tarjeta de residencia.

El trámite que se quiere suprimir, la apostilla, consiste en colocar sobre un documento público, o una prolongación del mismo, una apostilla o anotación que certifica la autenticidad de la firma de los escritos públicos expedidos en un país firmante del Convenio de Apostilla y que deban surtir efectos en otro país firmante del mismo.

Los países firmantes del Convenio reconocen por consiguiente la autenticidad de los textos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla notarial. Doce categorías de documentos públicos quedarán exentos de estos trámites, exigidos para aproximadamente 1,4 millones de escritos al año en el territorio de la UE.

Bruselas, que ha presentado una proposición de Reglamento, considera que las nuevas normas simplificarán los trámites al suprimir la legalización y la apostilla, lo que supone que se elimine la necesidad de presentar una copia certificada junto con el documento público original, permitiendo la presentación de copias no certificadas junto con los originales.

Hoy en día, los ciudadanos que se trasladan a otro Estado miembro tienen que dedicar mucho tiempo y dinero a demostrar la autenticidad de los documentos públicos que les conciernen (como las partidas de nacimiento o los certificados de matrimonio) expedidos por su Estado miembro de origen. Para ello han de obtener el certificado conocido como apostilla, utilizado por las autoridades públicas de otros Estados como prueba de que los documentos públicos, o las firmas estampadas por los funcionarios nacionales en los documentos, son auténticos.

El exceso de trámites afecta también a las empresas cuya actividad atraviesa fronteras en el mercado único de la UE.

Por ejemplo, a menudo se les requiere, en sus operaciones transfronterizas, que presenten una serie de documentos públicos certificados que acrediten su personalidad jurídica. Estos requisitos se remontan a una época en la que los distintos países sólo aceptaban como auténticos los documentos públicos expedidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de otro país. Pero ahora, al igual que se reconocen las resoluciones judiciales de los demás países, se pretende confiar en los registros civiles de cualquier Estado miembro sin necesidad de aval de los ministerios de Asuntos Exteriores, y de Justicia. La Comisión Europea califica los requisitos administrativos desfasados para certificar la autenticidad de los documentos públicos de los ciudadanos que residen y trabajan en otros Estados miembros.

Traducciones no juradas

Bruselas trata de garantizar la aceptación de traducciones no juradas de los documentos públicos expedidos por las autoridades de otros Estados miembros; facilitar impresos estándar multilingües de la UE facultativos; y mejorar la cooperación administrativa entre Estados miembros para mejorar la lucha contra el fraude.

Para adquirir fuerza legislativa, la propuesta de Reglamento debe ahora ser adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario (codecisión). Además, con ocasión del Año Europeo de los Ciudadanos (2013), la Comisión publicará, el próximo 8 de mayo, un nuevo informe sobre la ciudadanía de la UE en el que presentará doce nuevas medidas concretas para resolver los problemas restantes que dificultan a los ciudadanos de la UE el ejercicio de la libertad de circulación. Fuente: El Economista.es

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El Gobierno eleva a 500.000 euros la inversión para obtener la residencia

Mariano Rajoy se lo está pensando. Después del chaparrón de críticas que ha tenido que soportar el presidente por vincular el permiso de residencia para extranjeros con la comprade pisos por valor de 160.000 euros, el Gobierno ha decidido endurecer las condiciones.

 

Así, después de medio año de correcciones, el documento que ahora está sobre la mesa multiplica más que por tres las condiciones económicas anteriores. Es decir, propone dar papeles a quienes compren una casa por valor superior a los 500.000 euros, frente a los 160.000 iniciales anunciados en noviembre por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

Según fuentes conocedoras del documento, y en el que estarían implicados hasta seis Ministerios (Interior, Fomento, Empleo, Economía, Hacienda y Exteriores), el borrador baraja también la residencia para inversiones que conlleven la creación de dos puestos de trabajo a partir de un umbral mínimo de un millón de euros (o de 500.000 euros siempre y cuando dicha inversión se mantenga año a año).

También se contemplan inversiones en activos financieros, como acciones o bonos, y la residencia para investigadores y extranjeros que cursen un máster en España con el objetivo de crear una empresa en nuestro país.

Más en detalle, el borrador que podría estar aprobado antes del verano, permite acumular varias inversiones y también actuar a través de una sociedad. La solicitud inicial sería en consulados y embajadas y la residencia sería indefinida mientras se mantenga la inversión, en lugar de hacerlo año a año.

Además, el permiso de residencia se extiende al cónyuge e hijos. “Evidentemente, no se exigirá una residencia previa de seis meses y se podrá alquilar el inmueble pagando los impuestos de no residente (25% sobre renta)”, explica un experto que trabaja en el borrador. “La ley no será retroactiva como pedían los rusos”.

Llamadas a Exteriores

Aunque en España es sólo un borrador, fuera de nuestro país ya lo dan por hecho y es el argumentario con el que trabajan las agencias inmobiliarias. Es el caso de China, donde sus ciudadanos se han interesado por este cambio normativo, que califican de favorable.

“El precio anterior (160.000 euros) no daba una buena imagen y creaba un clima de desconfianza y confusión”, dice la socia directora en China de la consultora Emergia Partners, Lijing Ye, que asegura que con esta nueva cifra España se asemeja a sus socios europeos. Además, el borrador tiraría por la borda bulos como que el permiso de residencia da derecho a una sanidad y educación gratis, beneficios sociales, una nacionalidad asegurada y libertad del movimiento en el espacio Schengen.

Según fuentes próximas al Gobierno, el Ministerio de Exteriores recibe cada semana decenas de llamadas de ciudadanos chinos, de los países árabes y asiáticos interesados en conocer la normativa de primera mano que les permita tener acceso a una de las 3,4 millones de casas vacías que hay en España.

De hecho, según los datos del Consejo General del Notariado, las transacciones inmobiliarias a extranjeros en el último año se han colocado desde 2009 en más de un 60 por ciento, hasta las 38.618 operaciones de venta. Los expertos aseguran que la cosa no ha hecho nada más que empezar. “Con 160.000 euros iniciales éramos los más baratos de Europa y eso no nos convenía”, dice el socio de Emergia Partners, Jacinto Soler Matutes, que insiste en que la cifra podría ser incluso superior ya que este tipo de cliente busca casa de alto standing. Soler estima que un 10 por ciento de las 300.000 viviendas que se venden al año podrían ser para estos compradores, lo que implicaría unos ingresos mínimos de unos 8.000 millones de euros. Además, Hacienda se embolsaría unos 2,5 millones de euros sólo por los trámites.

Los sectores interesados en aligerar el stock de vivienda critican la incapacidad de Mariano Rajoy de dar entrada al capital extracomunitario y que tiene paralizadas las inversiones. De hecho, mientras España se pierde entre papeles, los portugueses han robado a nuestro país capital chino con ganas de invertir en un país europeo.

“El retraso es por un debate jurídico”, explican las mismas fuentes, que indican que hay puntos que no se pueden legislar por la vía del decreto ley. “La pelota está sus manos. Sólo esperamos que sea lo más rápido posible”.

Fuente: El Economista.es

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Los bufetes empiezan a pleitear contra sus clientes morosos…

La acumulación de facturas sin cobrar lleva a grandes despachos españoles y extranjeros a dedicar abogados de procesal a tiempo completo a pleitear y a personarse en concursos como acreedores.

Grandes bufetes dedican abogados a tiempo completo y auxiliares legales al recobro, incluso en los tribunales.Grandes bufetes dedican abogados a tiempo completo y auxiliares legales al recobro, incluso en los tribunales.

La morosidad de los clientes ya es un problema de primera magnitud para los bufetes de abogados. Los impagos han llegado más tarde que a la mayoría de sectores. A diferencia de otras industrias, la morosidad era casi inexistente para los bufetes de abogados hasta no hace tanto tiempo. Ni siquiera tenían un departamento destinado a los recobros, constatan los grandes despachos nacionales y foráneos a los que ha consultado EXPANSIÓN: se ocupaban de ello los gestores administrativos, que hacían alguna llamada ocasional al cliente.

Pero la magnitud creciente del problema ya ocupa un lugar entre los asuntos prioritarios de los grandes bufetes españoles y extranjeros. Algunos de ellos dedican a abogados de procesal a tiempo completo a pleitear contra sus clientes y se personan en concursos como acreedores.

Es el caso de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, según explica Jorge Badía, socio de contencioso del bufete: “Somos una industria de servicios y nos ha acabado llegando la morosidad como a todos, aunque quizás las ratios son inferiores”.

Se trata de “todo tipo de clientes, no depende del tamaño ni del sector. Nos ha ocurrido con cotizadas que se han declarado en concurso de un día para otro”, constata el socio de Cuatrecasas.

Líneas rojas de morosidad

– La banca tiene una ratio de morosidad muy elevada, que ronda el 11%, pero debe tenerse en cuenta que parte de su negocio se basa en jugar con este factor.

– Algunos bufetes españoles grandes certifican que su ratio de morosidad ronda el 1,5%, lo que nunca habrían imaginado hace años.

– Un gran despacho español cuenta que su ratio se sitúa entre el 0,5% y el 1%, y en los peores momentos ha llegado al 2%-2,5%.

– Una ratio de morosidad del 8% es la linea roja que un bufete no debería sobrepasar, explican los despachos consultados.

– La mayoría de grandes despachos no tiene problemas de financiación con la banca.

Badía cuenta que el despacho tiene un departamento de recuperación formado por un abogado a tiempo completo y dos auxiliares legales activamente dedicados al recobro, incluso en los tribunales, “lo que antes era impensable. Otra situación insólita es que nos tenemos que personar en los concursos”, relata.

Como política proactiva, Badía explica que Cuatrecasas ha mejorado mucho sus procesos de documentación, que antes no se realizaban de forma exhaustiva, por lo que abogados y clientes tienen la confianza de que las contrataciones y los presupuestos están perfectamente documentados: “Nuestra política contable es ahora mucho más estricta, las minutas antiguas se provisionan para que no distorsionen las cuentas del despacho”.

Además, para evitar que haya malentendidos que lleven al cliente al impago, Cuatrecasas detalla el servicio que presta todo lo posible. En el caso de que el cliente quiera una facturación por horas, se le informa mensualmente, para ver quién y qué servicios le ha prestado.

Cuatrecasas y otros despachos consultados constatan que con su política activa de recobro se produce una recuperación efectiva; los resultados son positivos, salvo en el caso de los concursos.

Otro gran despacho explica que se vigila muy estrechamente el tiempo incurrido en cada asunto y se persigue al socio o asociados para que facturen rápidamente, y sus ratios de facturación figuran en el informe de cada abogado a lo largo de su carrera.

Una vez que se emite la factura, añade el mismo despacho, se aplica un procedimiento estándar, que se externaliza con una consultora a través de un proceso medido. Todos los meses, se remite una carta, un recordatorio, a los clientes que tienen facturas vencidas. Si pasan más de seis meses, el despacho, previa consulta al socio, analiza la posibilidad de realizar un requerimiento notarial y, en último término, una reclamación judicial, asunto que ya volvería de la consultora externa al socio de procesal, lo que puede suponer entre el 1% y el 3% de su trabajo.

Por último, Jesús Vega, director financiero de Bird & Bird en España, certifica que la clave es gestionar bien las expectativas del cliente desde el principio y así evitar que se disparen las minutas pendientes a más de seis meses en relación con lo que se lleva facturado.

Es decir, a menudo, no es necesario llegar a un pleito, una medida reactiva cuando el mal (el impago) ya se ha producido, resume Vega, si se tienen mecanismos que impidan que se produzca la morosidad. Estos deben ponerse en marcha desde la aceptación del cliente, en las propuestas firmadas o en el seguimiento de facturas.

Los socios de cuota y los problemas de tesorería A finales de 2011, Garrigues hizo de cuota a todos sus socios. Hasta entonces, combinaba dos tipos de socios: los que eran íntegramente de capital o full equity partner, llamados socios principales, y los que percibían una retribución fija y una parte de sus ingresos derivados de parte del capital, llamados socios generales.

La firma se alineó así con las estructuras tradicionales de algunos despachos internacionales y nacionales como Uría Menéndez, o con quienes daban ese paso y cambiaba su modelo, como DLA Piper. Poco después, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira hizo lo propio, aunque mantuvo a algunos socios de no cuota.

Fuentes del sector cuentan que la estrategia de hacer de cuota a los socios responde a la necesidad de liquidez de algunos despachos en la crisis, ya que estos tienen que hacer una aportación al ser nombrados para financiar el circulante. “Cuatrecasas no lo ha hecho para ajustar costes”, explica Jorge Badía. “El objetivo es la equidad, darle a unos abogados el título que les correspondía por su trabajo y logros”, remacha.

Fuente: Expansión

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Los abogados europeos piden la derogación de las tasas judiciales

La Federación de Colegios de Abogados de Europa pide al Rey y a Mariano Rajoy la derogación de la ley de tasas judiciales. La abogacía europea también envía cartas al ministro de Justicia y al presidente del Tribunal Constitucional pidiendo la eliminación o reducción de las cuantías.

Los abogados europeos piden la derogación de las tasas judiciales

El presidente de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa (FBE), Lutz Simon, se ha dirigido por carta al Rey de España, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y al presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, solicitando “la derogación de la ley de tasas o la reducción de las cuantías fijadas hasta unos límites razonables que no impidan u obstaculicen el acceso a la Justicia”.

El representante de la Abogacía europea muestra su preocupación por la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales porque los motivos alegados para su promulgación por el Ministerio de Justicia son inconsistentes. “Ni la intención disuasoria de una litigiosidad injustificada, ni la de financiar el servicio de la Asistencia Jurídica Gratuita bastan para ello”, asegura Lutz Simon en las cartas. La FBE considera que la Justicia es un servicio de naturaleza exclusivamente pública y constituye un bien general, por lo que debe ser financiada fundamentalmente con impuestos directos.

Simon denuncia que “constituye una injusticia flagrante que los ciudadanos –cuyos derechos civiles, sociales o económicos son violados- tengan además sobre sus hombros la carga de pagar la Justicia Gratuita de otros ciudadanos mediante una tasa judicial adicional de cuantía elevada”.

La Federación de Colegios de Abogados de Europa fue fundada en 1992 siendo la única organización europea integrada por Colegios de Abogados y Consejos Nacionales de la Abogacía, que representa a más de 800.000 abogados europeos. Tiene su sede en Estrasburgo y es órgano consultivo oficial del Consejo de Europa. El año pasado celebró su 20 aniversario en el Colegio de Abogados de Barcelona, presidiendo la solemne ceremonia el Rey Juan Carlos, en presencia del ministro de Justicia y del presidente del Tribunal Constitucional.

Más de 800.000 abogados La abogacía europea detecta los dos principales problemas que genera la ley de tasas judiciales: sus cuantías económicas son desorbitadas siendo un obstáculo insalvable para el acceso a la Justicia de la mayoría de la población española y contiene normas que vulneran el principio de interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos establecido por el artículo 9.3 de la Constitución Española.

En la carta dirigida a Ruiz Gallardón, la FBE muestra su satisfacción porque se haya “modificado algunos de los preceptos de la Ley de Tasas, siguiendo los consejos de la Defensora del Pueblo, pero estas modificaciones son insuficientes”. Además, censura al Ministerio de Justicia por no haberse producido un proceso negociador sobre las materias reformadas con el Consejo General de la Abogacía Española y los colegios de abogados españoles.

La FBE también muestra su preocupación por las reformas y proyectos legislativos en materia judicial que suponen un retroceso en la Administración de la Justicia como la reducción del número de jueces, la disminución de garantías tras la detención, el injustificado aumento de la mediación a través de las Cámaras de Comercio, el cobro de tasas administrativas por recibir documentación ya obrante en registros públicos (impropiamente llamada privatización del Registro Civil), entre otras propuestas normativas.

Fuente: Expansión

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