La banca ayudará con 2.000 millones de euros a los afectados por las preferentes

El Gobierno aprueba la ley de protección a titulares de productos financieros.

El Consejo de Ministros ha aprobado una derrama extraordinaria de las entidades financieras al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del 3 por mil de los depósitos. Este dinero de la banca sana servirá para compensar a los afectados por las preferentes de las nacionalizadas Novagalicia Banco y Catalunya Banc. El Gobierno aprueba la Oferta de Empleo Público: 1.221 plazas de nuevo ingreso y promoción interna.

 

El Gobierno ha aprobado la creación de una comisión de seguimiento de los procedimientos de arbitraje en los casos de participaciones preferentes, según ha informado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Esta comisión estará presidida por la actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y la vicepresidencia recaerá en el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy.

Se articulará el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para que los tenedores de preferentes tengan la opción de obtener liquidez de manera inmediata una vez se hayan canjeado esas participaciones por acciones de las entidades.

Se cumple así el acuerdo alcanzado a finales de enero por el Gobierno y el PSOE para la creación de este órgano, que se encargará de realizar el seguimiento de los procedimientos de arbitraje en las entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Banc).

Además, esta comisión determinará los criterios que se aplicarán para proteger a colectivos de clientes.

Derrama de la banca de 2.000 millones

El Consejo de Ministros ha aprobado una derrama extraordinaria de las entidades financieras al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del 3 por mil de los depósitos, cantidad con la que se conseguirá obtener entre 1.500 y 2.000 millones de euros, que irá destinada a dotar de liquidez a los preferentistas de Novagalicia Banco y Catalunya Banc, según ha explicado con más detalle el ministro de Economía, Luis de Guindos.

“Lo que estamos haciendo es pedir a los bancos una cantidad extraordinaria de dinero para dotar de recursos al FGD para que pueda dotar de liquidez a estas participaciones preferentes”, afirmó De Guindos.

También ha señalado que esa derrama se va a distribuir por años, de modo que el 40% del total se dotará en los veinte primeros días de 2014.

La comisión gestora del FGD fijará la cuantía, pero podrá establecer exenciones para eximir a las entidades intervenidas por el FROB, así como a las de pequeño tamaño, con un balance inferior a los 5.000 millones, y se tendrán en cuenta las aportaciones a la Sociedad gestora de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

El objetivo del Gobierno con esta fórmula es intentar primar a los inversores minoristas que adquirieron participaciones preferentes emitidas por la entidad gallega y la catalana.

Con este instrumento, los titulares de participaciones preferentes que las canjeen por títulos de Novagalicia Banco y Catalunya Banc recibirán un producto que podrá convertirse en líquido si así lo desean.

De este modo, se elimina la asimetría que estos inversores tenían con los preferentistas de Bankia, que pueden canjear estas participaciones por títulos de una entidad que cotiza en el mercado.

Fuente: El Economista

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Así se jubila la gente en España

La nueva ley entra en vigor el 1 de abril.

  • Casi la mitad se retira antes de los 65 años
  • La nueva norma permitirá compatibilizar salario y pensión

La edad legal de jubilación en España es a día de hoy 65 años y un mes y así lo será durante todo 2013. Pero las múltiples posibilidades de retiro que recoge la legislación española ofrecen un panorama muy variado del acceso a la jubilación.

La primera observación que se debe hacer es que cuatro de cada diez trabajadores se jubilan antes de cumplir los 65 años (el 48% en enero pasado). En 2012 se jubilaron unos 280.000 trabajadores. De estos, aproximadamente el 65% tienen algún tipo de coeficiente penalizador, que les recorta la pensión entre un 6% y un 7,5% por cada año que se jubilan antes de cumplir la edad legal de retiro. Pero uno de cada tres no cobra una pensión recortada a pesar de jubilarse anticipadamente.

Son aquellos que acceden a la jubilación especial a los 64 años y, sobre todo, los beneficiarios de la jubilación parcial, que representan el 20% de todos los retirados anticipadamente. Estos trabajadores recortan su jornada entre un 20% y un 75% en algún momento entre los 61 y 65 años y luego cuando acceden a la jubilación ordinaria a partir de la edad legal, cobran el 100% de la pensión a la que tienen derecho.

Acabar con un “coladero”

Esta situación ha sido calificada como un “auténtico chollo” para el trabajador y como un “coladero” para las arcas públicas por sucesivos responsables de la Seguridad Social. De ahí que esta modalidad de retiro –de la que proceden uno de cada diez jubilados que acceden al sistema a partir de 65 años– sea otra de las que endurecerá el Gobierno en la reforma que aprobará antes de final de mes y que entrará en vigor el 1 de abril. Su edad de acceso se retrasará progresivamente de los 61 a los 65, además, la reducción de la jornada del jubilado parcial será menor, pasando del actual 75% como máximo (85% si el trabajador relevista es fijo) a una horquilla entre el 25% y el 50% como máximo (75% si el relevista es indefinido).

La nueva ley también encarecerá esta modalidad a la empresa, que deberá cotizar por el trabajador como si estuviera a jornada completa. Y la base de cotización del trabajador relevista no puede ser inferior al 65% de la base del jubilado parcial al que suple.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, fue claro y contundente cuando esbozó en el Parlamento su intención de endurecer el retiro anticipado. “Una de nuestras señas de identidad de nuestro sistema será en el futuro la prolongación de la vida laboral y el envejecimiento activo; no hay otra alternativa”, dijo a los parlamentarios.

Trabajar y cobrar pensión

Y es que en esta radiografía del acceso a la jubilación se observa también que solo uno de cada diez jubilados sigue trabajando de manera voluntaria más allá de los 65 años. A este colectivo se les incrementa la base reguladora para la pensión entre un 2% y un 3%. Por ello, la mitad de estos trabajadores procede de los regímenes especiales, sobre todo autónomos que quieren aumentar su prestación por haber cotizado por la mínima la mayor parte de su vida laboral.

El decreto que entrará en vigor en abril incluirá la figura del pensionista activo que compatibilizará el salario a la vez que cobra hasta el 50% de la pensión más allá de los 65 años (con una cotización simbólica que no se trasladará a la base de cotización). Ahora esto solo es posible para los autónomos que cobran el SMI.

Fuente: Cinco Dias

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El Supremo anula las cláusulas suelo sino hubo transparencia

El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha declarado hoy la nulidad de las cláusulas suelo en los casos en que se produzca una falta de transparencia, decisión que no supondrá la devolución de las cantidades que ya hayan sido satisfechas.

En un fallo notificado hoy, los magistrados han estimado parcialmente un recurso de casación que presentó la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros, Ausbanc contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla que daba la razón al BBVA y avalaba estas cláusulas en sus hipotecas, ha informado el Supremo en un comunicado.

Dicho pronunciamiento, que se produce una semana después de que el Tribunal de Justicia de la UE haya dictaminado que el régimen procesal español sobre desahucios es contrario a las normativas europeas, establece asimismo que no serán anuladas las cláusulas suelo en los casos en los se cumplan con los requisitos de transparencia respecto a los consumidores.

La decisión del TS, que sienta jurisprudencia y está pendiente aún de que se redacte la sentencia, anula así estas cláusulas en los casos de falta de transparencia y no comportará la devolución de las cantidades que ya se hayan satisfecho por este concepto.

El pleno de la Sala de lo Civil, encabezado por el presidente Juan Antonio Xiol, inició sus reuniones ayer y lo hará hasta mañana para estudiar si declara abusivas las cláusulas “suelo” y “techo” de algunas hipotecas o si cabe responsabilizar a los bancos por inversiones de “alto riesgo” como las denominadas participaciones preferentes.

Además de este recurso, tiene sobre la mesa la petición de declarar la responsabilidad de los bancos por la gestión de capital ajeno en productos de inversión financiera de alto riesgo y la alegación de incumplimiento de los deberes de diligencia en información del riesgo en la adquisición de valores.

El Supremo debe resolver también recursos relativos a productos bancarios estructurados, para lo que se basará en fundamentos jurídicos que podrían ser válidos también para sentencias sobre las preferentes.

También verá otros recursos derivados de los contratos de arrendamiento celebrados bajo la vigencia del Real Decreto Ley 2/1985 (Decreto Boyer), pero sometidos a renovaciones periódicas previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, y sus consecuencias en cuanto a duración y posible desahucio del inquilino.

En otros recursos se reclama la legitimación para pedir la revocación de los contratos realizados por la empresa antes de que se haya declarado en concurso de acreedores, así como para impugnar acuerdos de las juntas de copropietarios, y si cabe la subrogación del cónyuge viudo en el contrato de arrendamiento de la vivienda.

Fuente: Cinco Dias

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Laboral: Uno de cada cinco mayores de 55 años no podrá cobrar el subsidio de desempleo

  • Báñez cuantifica las cifras del nuevo recorte en el seguro de desempleo, el tercero del Gobierno
  • A partir de ahora se tendrá en cuenta la renta de la unidad familiar

Así lo ha admitido la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la sesión de control al Gobierno. La medida solo afecta a las nuevas solicitudes no a quienes ya cobran el subsidio.

El pasado viernes el Gobierno aprovechó la reforma de la jubilación parcial y anticipada para recortar el subsidio de desempleo para mayores de 55 años. No elevó la edad, pero endureció la prueba de rentas. A partir de ahora solo tienen derecho a percibir esta ayuda los desempleados que demuestren que los ingresos medios de su familia no superan el 75% del salario mínimo interprofesional (645,3 euros al mes). Dicho de otra forma, un parado mayor de 55 años no podrá cobrar este subsidio si su pareja cobra más de 903 euros al mes.

En su intervención en el Congreso, la ministra Báñez trató de resaltar el anverso de la moneda, que para cuatro de cada cinco posibles beneficiarios el cambio será inocuo. No obstante, esos números cuantifican el efecto de una medida que el Gobierno no facilitó el pasado viernes, cuando la aprobó el Consejo de Ministros.

Este nuevo recorte en el seguro de desempleo es el tercero que aplica este Gobierno, y el tercero durante la crisis. Ya el verano pasado, el Ministerio de Empleo endureció el acceso al subsidio de desempleo al eliminar el especial destinado a mayores de 45 años y elevar la edad mínima de acceso en el ordinario de 51 años a 55. Apenas unas semanas después, llegó una nueva vuelta de tuerca: para poder cobrar del plan PREPARA (la ayuda de 400 euros para aquellos parados que han agotado la prestación y el subsidio), se creó un requisito exactamente igual que el que ahora se exige para el subsidio.

El pasado enero, último mes con datos disponibles, cobraron el subsidio 1.236.617 parados, lo que supuso un gasto total de unos 591 millones (de los 2.777 millones que emplearon los Servicios Públicos de Empleo en pagar el seguro de desempleo). No obstante, hay que tener en cuenta que en lo referente al subsidio para mayores de 55 años hay 375.000 beneficiarios y unas 7.000 solicitudes mensuales. Además, como la medida solo afecta al 20% de los nuevos solicitantes y muchos de los actuales beneficiarios todavía estarán bastante tiempo percibiendo el subsidio, tendrá que pasar un periodo bastante largo hasta que comiencen a verse caídas significativas de esta factura.

Fuente: Expansión

 

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El Gobierno cambiará la ley para que el juez pueda paralizar los desahucios y evitar cláusulas abusivas

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado este miércoles que el Gobierno modificará la normativa hipotecaria para permitir que los jueces puedan paralizar los procesos de desahucio y tener así tiempo de investigar si se han aplicado cláusulas abusivas, más allá de definir más concretamente qué se considera cláusula abusiva.

Así lo ha avanzado durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde ha sido preguntado sobre este asunto tanto por la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, como por el portavoz adjunto de CiU, Pere Macias.

El ministro, que ha afirmado que se aprovechará la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios y de la iniciativa legislativa popular (ILP) para introducir estas previsiones a través de las enmiendas, ha asegurado que los cambios darán cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que considera la normativa española contraria al derecho comunitario en lo que se refiere a la protección de los consumidores.

Fuente: Expansión

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