El 96% de las empresas se queja del precio y la lentitud de los bufetes

Los honorarios de las firmas y el tiempo que éstas tardan son inconvenientes importantes para nueve de cada diez compañías al externalizar los asuntos legales. Calidad del servicio y experiencia, lo más valorado.

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Las asesorías jurídicas de las empresas cada vez exigen más a sus proveedores externos de servicios legales. Estos departamentos internos se han profesionalizado mucho en los últimos años y, además, la actual coyuntura económica ha hecho que los costes en las compañías se reduzcan y se busque calidad al menor precio posible. Al 96% de los asesores legales internos le parece un inconveniente importante los honorarios a la hora de externalizar servicios jurídicos. Así lo manifiesta el Observatorio Legal de la empresa en España, cuyas conclusiones adelanta hoy EXPANSIÓN, elaborado tras consultar a 202 compañías, y que fue presentado anoche en el Colegio de Abogados de Madrid (Icam).

El dato que se desprende del informe en torno al inconveniente de los honorarios al contratar bufetes viene a respaldar lo que el sector ha estado viviendo en los últimos ejercicios: una guerra de precios sin cuartel entre los despachos y unos descuentos inimaginables en otras épocas con porcentajes de reducción superiores al 50% y al 60%, y en algunos casos concretos, incluso superiores.

Sin embargo, no es ésta la única queja de los responsables jurídicos de las empresas en España, según recoge el estudio, y ante la sorpresa de los propios firmantes, no es la que ocupa el porcentaje más alto, como se podía esperar. Al 98% de las compañías le preocupa y les parece un escollo a la hora de contratar una firma el tiempo necesario para la realización de la externalización y, luego, el que tiene que invertir en la supervisión del trabajo subcontratado. Para Luis Fernando Guerra, socio director, y Jordi Maristany, socio, de Deloitte Abogados el informe “refleja claramente que en muchos casos no se está transmitiendo la información de forma eficaz entre abogado y cliente, con una comunicación poco profunda”.

Las firmas externas son requeridas en función de la gravedad de los asuntos

1. El 85% de las empresas dispone de asesoría jurídica interna. En el 60% trabajan de 1 a 3 abogados y en el 30%, de 4 a 9 letrados.

2. El 65% de las áreas legales de las empresas depende del presidente y el consejero delegado o de la dirección general.

3. Los ámbitos donde más se recurren a las firmas son: litigios, fiscal y laboral. En 2013, el área más demandada será societario y mercantil.

4. En caso de asuntos graves es cuando más se requiere el asesoramiento de bufetes y menos de la asesoría jurídica interna.

5. Las empresas piden calidad, experiencia, confianza personal, disponibilidad, trato personalizado y rapidez.

6. El 50% de compañías elige a una firma entre un número restringido de proveedores por el servicio a contratar y las condiciones.

Los socios del bufete de Deloitte aseguran que “esta queja y preocupación por la lentitud de los despachos se debe principalmente a la exigencia del propio negocio. Hay una presión muy grande de otras áreas e incluso de la dirección de las empresas hacia las asesorías jurídicas internas para que éstas resuelvan temas casi al momento, y en muchas ocasiones estos asuntos complejos se consultan con el asesor legal externo y se necesita que responda rápido. Ya no valen los esquemas más clásicos de los despachos donde se analizan los temas con mucho tiempo. Todo se ha acelerado”. Guerra y Maristany concluyen sobre este aspecto: “Si el informe legal no sirve para la decisión del negocio que se ha de tomar, deja de ser útil”.

Los riesgos de pérdida de coherencia y de menor conocimiento de la empresa o del sector tienen un peso inferior como inconvenientes que los factores anteriores, pero en índices muy altos, pues por ejemplo nueve de cada diez empresas encuestadas creen que es un problema importante que los bufetes no conozcan bien la compañía a la que asesoran o el sector en el que ésta desarrolla su actividad. Dichos inconvenientes se han considerado como más relevantes entre el grupo de empresas que tienden a buscar el proveedor más idóneo de entre todo el universo del mercado de servicios legales para un determinado servicio.

Aspectos más valorados En cuanto a los componentes que las compañías dan más importancia a la hora de externizalizar sus asuntos jurídicos sigue primando la calidad del servicio, que para el 76% es muy importante y para el 23% bastante importante; y la especialización y experiencia en asesoramientos similares, que es muy relevante para el 73% de los encuestados y bastante importante para el 28%.

El resto de aspectos más valorados, de mayor a menor, son: la experiencia de los profesionales, la confianza personal, la disponibilidad de los profesionales, el trato personalizado, rapidez del servicio y conocimiento de su empresa o sector. Resulta significativo que los honorarios no se sitúan en lo alto de esta clasificación en cuanto a la importancia de los aspectos a la hora de externalizar y, sin embargo, sí se encuentran en segundo lugar como inconveniente, por detrás de la lentitud en la respuesta.

Las diferentes áreas de la empresa exigen a la asesoría jurídica respuestas rápidas a sus problemas

El estudio de Deloitte Abogados también ha profundizado en los ámbitos a los que más recurren las empresas cuando piden asesoramiento jurídico externo. Litigios/arbitraje (67%) es el área de actuación más demandada a los bufetes, seguido por fiscal (61%), laboral (58%) y societario/mercantil (55%). Por debajo se sitúan otras prácticas, como fusiones y adquisiciones (48%), penal (44%) o propiedad indutrial e intelectual (39%).

El informe refleja que en 2013 las áreas que concentrarán mayor demanda de servicios legales serán: societario/mercantil (82%), administrativo/regulatorio (52%) y litios/arbitraje (51%). Las previsiones apuntan a un incrementos de asuntos relacionados con el comercio electrónico, protección de datos y tecnología, mientras que disminuirá el asesoramiento de temas de fiscal y de laboral, en relación con las peticiones actuales.

Al inquirir sobre las razones de recurrir a la externalización de servicios legales, solamente un 10% de las empresas consultadas indica como motivo el carecer de asesoría jurídica interna, siendo ese porcentaje de compañías mayoritariamente de poca facturación. En el resto de casos, las razones aducidas como principales son la búsqueda de una complementariedad con los propios asesores internos, que en un 68% de los casos se busca por la aportación de valor añadido de las firmas externos –ya sea en experiencia o especialización–, y sólo de forma minoritaria por la aportación de volumen en la capacidad del servicio (12%).

A los encuestados les preocupa el poco conocimiento que las firmas tienen de las empresas

Dicha complementariedad entre asesores internos y externos se ve igualmente reflejada en casos de especial gravedad, ya que de forma mayoritaria en estos casos (46%) las empresas acuden conjuntamente al letrado interno y al despacho externo, mientras que sólo en un 31% de los casos se acude únicamente al bufete sin contar con el equipo de letrados in-house.

Aumento de litigios Preguntadas sobre la evolución de la litigiosidad en los últimos años, el 52% de las empresas considera que ha aumentado, porcentaje que en el sector de la construcción sube a un 75%. En cambio, en el sector farmacéutico/sanitario, el 80% de las compañías considera que no ha subido, sino que se ha mantenido el nivel de pleitos.

Ante un conflicto, tres cuartas partes de las organizaciones encuestadas afirma resolverlo mediante la negociación, porcentaje que se eleva en los sectores de bienes de consumo (89%) y distribución (86%). El informe refleja que estos últimos datos se producen probablemente por el impacto negativo que puede tener la publicidad de un litigio sobre su reputación y su negocio, por lo que se opta por llegar a acuerdos si existen disputas con sus clientes.

Los sistemas alternativos de resolución de conflictos tienen una implantación muy superior a la media en el sector bancario (23%) y en el de distribución (14%). Las empresas que más hacen uso de la justicia ordinaria son las farmacéuticas, en un 40% de los casos. “Los clientes siguen teniendo miedo mayoritariamente al arbitraje y a la mediación y optan menos por estas medidas”, apuntan los socios de Deloitte Abogados.

Implantación y tamaño del área legal El 85% de las empresas dispone de departamento jurídico, según el estudio, que refleja que prácticamente todas las empresas con una facturación superior a 300 millones de euros disponen de área legal interna, mientras que el 77% de las compañías con un volumen de negocio inferior a 30 millones de carece de ello. Por sectores, los mayores departamentos están en compañías de telecomunicaciones y ocio. En cuanto al volumen de abogados, más de la mitad de las empresas que facturan más de 600 millones de euros tienen entre uno y tres letrados. El número de profesionales se ha mantenido (50%) o ha ido al alza durante los últimos años (33%).

Bajo la supervisión de la dirección general El informe muestra una gran variabilidad en cuanto a la dependencia de la asesoría jurídica interna en el organigrama de las compañías. Sigue existiendo todavía una preponderancia de la dirección general como órgano supervisor de su actividad (36%), quedando configurado en un 18% de los casos como un organismo dependiente de la dirección financiera, es decir, en ambos casos fuera del ámbito del órgano de administración. Estar integrado bajo el área financiera es habitual en sectores como distribución (54%) y bienes de consumo (44%), y bajo la dirección general en transporte y logística (67%) y servicios profesionales/consultoría (57%).

Cómo se escogen los despachos La tendencia mayoritaria que se observa en el estudio elaborado por Deloitte Abogados es que las empresas a la hora de elegir la contratación de un bufete tienen ya un panel con unos cuantos despachos preseleccionados y eligen entre éstos (50%). El estudio argumenta que esta situación se produce posiblemente para reducir costes de transacción sin eliminar la competencia. La segunda opción más utilizada por las asesorías jurídicas es acudir siempre al mismo despacho y sólo en el caso de que no esté de acuerdo con sus condiciones busca otros proveedores (26%). En último lugar se sitúan las empresas que eligen en función del servicio y las condiciones que le ofrecen (23%).

Principales peligros para las compañías La dificultad de asegurar el cumplimiento normativo (62%) y el incumplimiento contractual y la morosidad (57%) son percibidos como los mayores riesgos legales por las empresas. No obstante, el estudio resalta que en determinados sectores, como la construcción o la hostelería y el turismo, el riesgo de incumplimiento contractual, incluyendo la morosidad, es percibido del 100%. Por contra, en otros sectores más regulados, como seguros y ocio/telecomunicaciones existe una preocupación generalizada por el cumplimiento normativo. En cuanto a los conflictos entre accionistas, sólo son percibidos como riesgo por el 6% de los encuestados.

Fuente: Expansión

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