Así se jubila la gente en España

La nueva ley entra en vigor el 1 de abril.

  • Casi la mitad se retira antes de los 65 años
  • La nueva norma permitirá compatibilizar salario y pensión

La edad legal de jubilación en España es a día de hoy 65 años y un mes y así lo será durante todo 2013. Pero las múltiples posibilidades de retiro que recoge la legislación española ofrecen un panorama muy variado del acceso a la jubilación.

La primera observación que se debe hacer es que cuatro de cada diez trabajadores se jubilan antes de cumplir los 65 años (el 48% en enero pasado). En 2012 se jubilaron unos 280.000 trabajadores. De estos, aproximadamente el 65% tienen algún tipo de coeficiente penalizador, que les recorta la pensión entre un 6% y un 7,5% por cada año que se jubilan antes de cumplir la edad legal de retiro. Pero uno de cada tres no cobra una pensión recortada a pesar de jubilarse anticipadamente.

Son aquellos que acceden a la jubilación especial a los 64 años y, sobre todo, los beneficiarios de la jubilación parcial, que representan el 20% de todos los retirados anticipadamente. Estos trabajadores recortan su jornada entre un 20% y un 75% en algún momento entre los 61 y 65 años y luego cuando acceden a la jubilación ordinaria a partir de la edad legal, cobran el 100% de la pensión a la que tienen derecho.

Acabar con un “coladero”

Esta situación ha sido calificada como un “auténtico chollo” para el trabajador y como un “coladero” para las arcas públicas por sucesivos responsables de la Seguridad Social. De ahí que esta modalidad de retiro –de la que proceden uno de cada diez jubilados que acceden al sistema a partir de 65 años– sea otra de las que endurecerá el Gobierno en la reforma que aprobará antes de final de mes y que entrará en vigor el 1 de abril. Su edad de acceso se retrasará progresivamente de los 61 a los 65, además, la reducción de la jornada del jubilado parcial será menor, pasando del actual 75% como máximo (85% si el trabajador relevista es fijo) a una horquilla entre el 25% y el 50% como máximo (75% si el relevista es indefinido).

La nueva ley también encarecerá esta modalidad a la empresa, que deberá cotizar por el trabajador como si estuviera a jornada completa. Y la base de cotización del trabajador relevista no puede ser inferior al 65% de la base del jubilado parcial al que suple.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, fue claro y contundente cuando esbozó en el Parlamento su intención de endurecer el retiro anticipado. “Una de nuestras señas de identidad de nuestro sistema será en el futuro la prolongación de la vida laboral y el envejecimiento activo; no hay otra alternativa”, dijo a los parlamentarios.

Trabajar y cobrar pensión

Y es que en esta radiografía del acceso a la jubilación se observa también que solo uno de cada diez jubilados sigue trabajando de manera voluntaria más allá de los 65 años. A este colectivo se les incrementa la base reguladora para la pensión entre un 2% y un 3%. Por ello, la mitad de estos trabajadores procede de los regímenes especiales, sobre todo autónomos que quieren aumentar su prestación por haber cotizado por la mínima la mayor parte de su vida laboral.

El decreto que entrará en vigor en abril incluirá la figura del pensionista activo que compatibilizará el salario a la vez que cobra hasta el 50% de la pensión más allá de los 65 años (con una cotización simbólica que no se trasladará a la base de cotización). Ahora esto solo es posible para los autónomos que cobran el SMI.

Fuente: Cinco Dias

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El Supremo anula las cláusulas suelo sino hubo transparencia

El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha declarado hoy la nulidad de las cláusulas suelo en los casos en que se produzca una falta de transparencia, decisión que no supondrá la devolución de las cantidades que ya hayan sido satisfechas.

En un fallo notificado hoy, los magistrados han estimado parcialmente un recurso de casación que presentó la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros, Ausbanc contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla que daba la razón al BBVA y avalaba estas cláusulas en sus hipotecas, ha informado el Supremo en un comunicado.

Dicho pronunciamiento, que se produce una semana después de que el Tribunal de Justicia de la UE haya dictaminado que el régimen procesal español sobre desahucios es contrario a las normativas europeas, establece asimismo que no serán anuladas las cláusulas suelo en los casos en los se cumplan con los requisitos de transparencia respecto a los consumidores.

La decisión del TS, que sienta jurisprudencia y está pendiente aún de que se redacte la sentencia, anula así estas cláusulas en los casos de falta de transparencia y no comportará la devolución de las cantidades que ya se hayan satisfecho por este concepto.

El pleno de la Sala de lo Civil, encabezado por el presidente Juan Antonio Xiol, inició sus reuniones ayer y lo hará hasta mañana para estudiar si declara abusivas las cláusulas “suelo” y “techo” de algunas hipotecas o si cabe responsabilizar a los bancos por inversiones de “alto riesgo” como las denominadas participaciones preferentes.

Además de este recurso, tiene sobre la mesa la petición de declarar la responsabilidad de los bancos por la gestión de capital ajeno en productos de inversión financiera de alto riesgo y la alegación de incumplimiento de los deberes de diligencia en información del riesgo en la adquisición de valores.

El Supremo debe resolver también recursos relativos a productos bancarios estructurados, para lo que se basará en fundamentos jurídicos que podrían ser válidos también para sentencias sobre las preferentes.

También verá otros recursos derivados de los contratos de arrendamiento celebrados bajo la vigencia del Real Decreto Ley 2/1985 (Decreto Boyer), pero sometidos a renovaciones periódicas previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, y sus consecuencias en cuanto a duración y posible desahucio del inquilino.

En otros recursos se reclama la legitimación para pedir la revocación de los contratos realizados por la empresa antes de que se haya declarado en concurso de acreedores, así como para impugnar acuerdos de las juntas de copropietarios, y si cabe la subrogación del cónyuge viudo en el contrato de arrendamiento de la vivienda.

Fuente: Cinco Dias

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Laboral: Uno de cada cinco mayores de 55 años no podrá cobrar el subsidio de desempleo

  • Báñez cuantifica las cifras del nuevo recorte en el seguro de desempleo, el tercero del Gobierno
  • A partir de ahora se tendrá en cuenta la renta de la unidad familiar

Así lo ha admitido la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la sesión de control al Gobierno. La medida solo afecta a las nuevas solicitudes no a quienes ya cobran el subsidio.

El pasado viernes el Gobierno aprovechó la reforma de la jubilación parcial y anticipada para recortar el subsidio de desempleo para mayores de 55 años. No elevó la edad, pero endureció la prueba de rentas. A partir de ahora solo tienen derecho a percibir esta ayuda los desempleados que demuestren que los ingresos medios de su familia no superan el 75% del salario mínimo interprofesional (645,3 euros al mes). Dicho de otra forma, un parado mayor de 55 años no podrá cobrar este subsidio si su pareja cobra más de 903 euros al mes.

En su intervención en el Congreso, la ministra Báñez trató de resaltar el anverso de la moneda, que para cuatro de cada cinco posibles beneficiarios el cambio será inocuo. No obstante, esos números cuantifican el efecto de una medida que el Gobierno no facilitó el pasado viernes, cuando la aprobó el Consejo de Ministros.

Este nuevo recorte en el seguro de desempleo es el tercero que aplica este Gobierno, y el tercero durante la crisis. Ya el verano pasado, el Ministerio de Empleo endureció el acceso al subsidio de desempleo al eliminar el especial destinado a mayores de 45 años y elevar la edad mínima de acceso en el ordinario de 51 años a 55. Apenas unas semanas después, llegó una nueva vuelta de tuerca: para poder cobrar del plan PREPARA (la ayuda de 400 euros para aquellos parados que han agotado la prestación y el subsidio), se creó un requisito exactamente igual que el que ahora se exige para el subsidio.

El pasado enero, último mes con datos disponibles, cobraron el subsidio 1.236.617 parados, lo que supuso un gasto total de unos 591 millones (de los 2.777 millones que emplearon los Servicios Públicos de Empleo en pagar el seguro de desempleo). No obstante, hay que tener en cuenta que en lo referente al subsidio para mayores de 55 años hay 375.000 beneficiarios y unas 7.000 solicitudes mensuales. Además, como la medida solo afecta al 20% de los nuevos solicitantes y muchos de los actuales beneficiarios todavía estarán bastante tiempo percibiendo el subsidio, tendrá que pasar un periodo bastante largo hasta que comiencen a verse caídas significativas de esta factura.

Fuente: Expansión

 

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El Gobierno cambiará la ley para que el juez pueda paralizar los desahucios y evitar cláusulas abusivas

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado este miércoles que el Gobierno modificará la normativa hipotecaria para permitir que los jueces puedan paralizar los procesos de desahucio y tener así tiempo de investigar si se han aplicado cláusulas abusivas, más allá de definir más concretamente qué se considera cláusula abusiva.

Así lo ha avanzado durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde ha sido preguntado sobre este asunto tanto por la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, como por el portavoz adjunto de CiU, Pere Macias.

El ministro, que ha afirmado que se aprovechará la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios y de la iniciativa legislativa popular (ILP) para introducir estas previsiones a través de las enmiendas, ha asegurado que los cambios darán cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que considera la normativa española contraria al derecho comunitario en lo que se refiere a la protección de los consumidores.

Fuente: Expansión

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El 96% de las empresas se queja del precio y la lentitud de los bufetes

Los honorarios de las firmas y el tiempo que éstas tardan son inconvenientes importantes para nueve de cada diez compañías al externalizar los asuntos legales. Calidad del servicio y experiencia, lo más valorado.

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Las asesorías jurídicas de las empresas cada vez exigen más a sus proveedores externos de servicios legales. Estos departamentos internos se han profesionalizado mucho en los últimos años y, además, la actual coyuntura económica ha hecho que los costes en las compañías se reduzcan y se busque calidad al menor precio posible. Al 96% de los asesores legales internos le parece un inconveniente importante los honorarios a la hora de externalizar servicios jurídicos. Así lo manifiesta el Observatorio Legal de la empresa en España, cuyas conclusiones adelanta hoy EXPANSIÓN, elaborado tras consultar a 202 compañías, y que fue presentado anoche en el Colegio de Abogados de Madrid (Icam).

El dato que se desprende del informe en torno al inconveniente de los honorarios al contratar bufetes viene a respaldar lo que el sector ha estado viviendo en los últimos ejercicios: una guerra de precios sin cuartel entre los despachos y unos descuentos inimaginables en otras épocas con porcentajes de reducción superiores al 50% y al 60%, y en algunos casos concretos, incluso superiores.

Sin embargo, no es ésta la única queja de los responsables jurídicos de las empresas en España, según recoge el estudio, y ante la sorpresa de los propios firmantes, no es la que ocupa el porcentaje más alto, como se podía esperar. Al 98% de las compañías le preocupa y les parece un escollo a la hora de contratar una firma el tiempo necesario para la realización de la externalización y, luego, el que tiene que invertir en la supervisión del trabajo subcontratado. Para Luis Fernando Guerra, socio director, y Jordi Maristany, socio, de Deloitte Abogados el informe “refleja claramente que en muchos casos no se está transmitiendo la información de forma eficaz entre abogado y cliente, con una comunicación poco profunda”.

Las firmas externas son requeridas en función de la gravedad de los asuntos

1. El 85% de las empresas dispone de asesoría jurídica interna. En el 60% trabajan de 1 a 3 abogados y en el 30%, de 4 a 9 letrados.

2. El 65% de las áreas legales de las empresas depende del presidente y el consejero delegado o de la dirección general.

3. Los ámbitos donde más se recurren a las firmas son: litigios, fiscal y laboral. En 2013, el área más demandada será societario y mercantil.

4. En caso de asuntos graves es cuando más se requiere el asesoramiento de bufetes y menos de la asesoría jurídica interna.

5. Las empresas piden calidad, experiencia, confianza personal, disponibilidad, trato personalizado y rapidez.

6. El 50% de compañías elige a una firma entre un número restringido de proveedores por el servicio a contratar y las condiciones.

Los socios del bufete de Deloitte aseguran que “esta queja y preocupación por la lentitud de los despachos se debe principalmente a la exigencia del propio negocio. Hay una presión muy grande de otras áreas e incluso de la dirección de las empresas hacia las asesorías jurídicas internas para que éstas resuelvan temas casi al momento, y en muchas ocasiones estos asuntos complejos se consultan con el asesor legal externo y se necesita que responda rápido. Ya no valen los esquemas más clásicos de los despachos donde se analizan los temas con mucho tiempo. Todo se ha acelerado”. Guerra y Maristany concluyen sobre este aspecto: “Si el informe legal no sirve para la decisión del negocio que se ha de tomar, deja de ser útil”.

Los riesgos de pérdida de coherencia y de menor conocimiento de la empresa o del sector tienen un peso inferior como inconvenientes que los factores anteriores, pero en índices muy altos, pues por ejemplo nueve de cada diez empresas encuestadas creen que es un problema importante que los bufetes no conozcan bien la compañía a la que asesoran o el sector en el que ésta desarrolla su actividad. Dichos inconvenientes se han considerado como más relevantes entre el grupo de empresas que tienden a buscar el proveedor más idóneo de entre todo el universo del mercado de servicios legales para un determinado servicio.

Aspectos más valorados En cuanto a los componentes que las compañías dan más importancia a la hora de externizalizar sus asuntos jurídicos sigue primando la calidad del servicio, que para el 76% es muy importante y para el 23% bastante importante; y la especialización y experiencia en asesoramientos similares, que es muy relevante para el 73% de los encuestados y bastante importante para el 28%.

El resto de aspectos más valorados, de mayor a menor, son: la experiencia de los profesionales, la confianza personal, la disponibilidad de los profesionales, el trato personalizado, rapidez del servicio y conocimiento de su empresa o sector. Resulta significativo que los honorarios no se sitúan en lo alto de esta clasificación en cuanto a la importancia de los aspectos a la hora de externalizar y, sin embargo, sí se encuentran en segundo lugar como inconveniente, por detrás de la lentitud en la respuesta.

Las diferentes áreas de la empresa exigen a la asesoría jurídica respuestas rápidas a sus problemas

El estudio de Deloitte Abogados también ha profundizado en los ámbitos a los que más recurren las empresas cuando piden asesoramiento jurídico externo. Litigios/arbitraje (67%) es el área de actuación más demandada a los bufetes, seguido por fiscal (61%), laboral (58%) y societario/mercantil (55%). Por debajo se sitúan otras prácticas, como fusiones y adquisiciones (48%), penal (44%) o propiedad indutrial e intelectual (39%).

El informe refleja que en 2013 las áreas que concentrarán mayor demanda de servicios legales serán: societario/mercantil (82%), administrativo/regulatorio (52%) y litios/arbitraje (51%). Las previsiones apuntan a un incrementos de asuntos relacionados con el comercio electrónico, protección de datos y tecnología, mientras que disminuirá el asesoramiento de temas de fiscal y de laboral, en relación con las peticiones actuales.

Al inquirir sobre las razones de recurrir a la externalización de servicios legales, solamente un 10% de las empresas consultadas indica como motivo el carecer de asesoría jurídica interna, siendo ese porcentaje de compañías mayoritariamente de poca facturación. En el resto de casos, las razones aducidas como principales son la búsqueda de una complementariedad con los propios asesores internos, que en un 68% de los casos se busca por la aportación de valor añadido de las firmas externos –ya sea en experiencia o especialización–, y sólo de forma minoritaria por la aportación de volumen en la capacidad del servicio (12%).

A los encuestados les preocupa el poco conocimiento que las firmas tienen de las empresas

Dicha complementariedad entre asesores internos y externos se ve igualmente reflejada en casos de especial gravedad, ya que de forma mayoritaria en estos casos (46%) las empresas acuden conjuntamente al letrado interno y al despacho externo, mientras que sólo en un 31% de los casos se acude únicamente al bufete sin contar con el equipo de letrados in-house.

Aumento de litigios Preguntadas sobre la evolución de la litigiosidad en los últimos años, el 52% de las empresas considera que ha aumentado, porcentaje que en el sector de la construcción sube a un 75%. En cambio, en el sector farmacéutico/sanitario, el 80% de las compañías considera que no ha subido, sino que se ha mantenido el nivel de pleitos.

Ante un conflicto, tres cuartas partes de las organizaciones encuestadas afirma resolverlo mediante la negociación, porcentaje que se eleva en los sectores de bienes de consumo (89%) y distribución (86%). El informe refleja que estos últimos datos se producen probablemente por el impacto negativo que puede tener la publicidad de un litigio sobre su reputación y su negocio, por lo que se opta por llegar a acuerdos si existen disputas con sus clientes.

Los sistemas alternativos de resolución de conflictos tienen una implantación muy superior a la media en el sector bancario (23%) y en el de distribución (14%). Las empresas que más hacen uso de la justicia ordinaria son las farmacéuticas, en un 40% de los casos. “Los clientes siguen teniendo miedo mayoritariamente al arbitraje y a la mediación y optan menos por estas medidas”, apuntan los socios de Deloitte Abogados.

Implantación y tamaño del área legal El 85% de las empresas dispone de departamento jurídico, según el estudio, que refleja que prácticamente todas las empresas con una facturación superior a 300 millones de euros disponen de área legal interna, mientras que el 77% de las compañías con un volumen de negocio inferior a 30 millones de carece de ello. Por sectores, los mayores departamentos están en compañías de telecomunicaciones y ocio. En cuanto al volumen de abogados, más de la mitad de las empresas que facturan más de 600 millones de euros tienen entre uno y tres letrados. El número de profesionales se ha mantenido (50%) o ha ido al alza durante los últimos años (33%).

Bajo la supervisión de la dirección general El informe muestra una gran variabilidad en cuanto a la dependencia de la asesoría jurídica interna en el organigrama de las compañías. Sigue existiendo todavía una preponderancia de la dirección general como órgano supervisor de su actividad (36%), quedando configurado en un 18% de los casos como un organismo dependiente de la dirección financiera, es decir, en ambos casos fuera del ámbito del órgano de administración. Estar integrado bajo el área financiera es habitual en sectores como distribución (54%) y bienes de consumo (44%), y bajo la dirección general en transporte y logística (67%) y servicios profesionales/consultoría (57%).

Cómo se escogen los despachos La tendencia mayoritaria que se observa en el estudio elaborado por Deloitte Abogados es que las empresas a la hora de elegir la contratación de un bufete tienen ya un panel con unos cuantos despachos preseleccionados y eligen entre éstos (50%). El estudio argumenta que esta situación se produce posiblemente para reducir costes de transacción sin eliminar la competencia. La segunda opción más utilizada por las asesorías jurídicas es acudir siempre al mismo despacho y sólo en el caso de que no esté de acuerdo con sus condiciones busca otros proveedores (26%). En último lugar se sitúan las empresas que eligen en función del servicio y las condiciones que le ofrecen (23%).

Principales peligros para las compañías La dificultad de asegurar el cumplimiento normativo (62%) y el incumplimiento contractual y la morosidad (57%) son percibidos como los mayores riesgos legales por las empresas. No obstante, el estudio resalta que en determinados sectores, como la construcción o la hostelería y el turismo, el riesgo de incumplimiento contractual, incluyendo la morosidad, es percibido del 100%. Por contra, en otros sectores más regulados, como seguros y ocio/telecomunicaciones existe una preocupación generalizada por el cumplimiento normativo. En cuanto a los conflictos entre accionistas, sólo son percibidos como riesgo por el 6% de los encuestados.

Fuente: Expansión

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