Las Administraciones Públicas empiezan a suplir empleados públicos con empresas privadas

Los contratos “podrían incurrir en fraude de ley”

La contratación de una empresa privada para cubrir varias plazas de ordenanza por parte de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Barcelona ha puesto en alerta a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), que teme que esto vaya a convertirse en una práctica habitual de las administraciones ante la congelación de la Oferta de Empleo Público.

La gravedad de esta situación, según han explicado fuentes de CSI-F, es que se externalizan servicios dentro de una administración pública para cubrir puestos de carácter estructural que antes desempeñaban empleados públicos y que ahora ejercerán trabajadores del sector privado.

Ante la sospecha de que pueda haber casos similares, CSI-F ha iniciado una campaña informativa. De momento, tienen conocimiento del contrato que ha adjudicado la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona a una empresa privada para que le proporcione diez trabajadores que hagan las labores propias de los ordenanzas, colectivo que pertenece al personal laboral de la Administración General del Estado.

Faltan efectivos

La Tesorería de Barcelona explica en el pliego de condiciones técnicas del contrato que esta decisión viene motivada por “carecer de efectivos” en las administraciones y unidades donde van destinados tales trabajadores.

El servicio a contratar por parte de la Tesorería coincide, según CSI-F, con las labores propias de los ordenanzas, a saber: recepción, información y orientación al público, recepción de paquetería y de correo, replicación de documentos, realización de gestiones oficiales fuera del centro de trabajo, destrucción de papel, ordenación de archivos, y atención y distribución de llamadas.

La Tesorería de Barcelona estimaba inicialmente el valor de este contrato, válido para este año, a desempeñar por diez trabajadores en diferentes centros y en horario de 8:30 a 14:30 horas, en más de 212.000 euros, cantidad que, según CSI-F, supera el salario bruto percibido en 2012 no ya por los ordenanzas, sino también por los oficiales, los técnicos superiores o incluso los diplomados universitarios.

Finalmente, el contrato se adjudicó por un importe de casi 127.500 euros, un gasto muy similar al que realizaría la Administración, con la salvedad de que esta decisión beneficia a una empresa privada. Además, desde CSI-F sostienen que no existe ningún ahorro al recurrir a la externalización.

“Los puestos cubiertos de este modo son puestos estructurales. Se está externalizando la prestación de servicios de carácter permanente y propios de la Administración. Funciones que deben ser desempeñadas por empleados públicos con arreglo al convenio colectivo que recoge una categoría profesional con las mismas funciones”, señalan fuentes del sindicato.

¿Contratos en fraude de ley?

Además, CSI-F entiende que, al tratarse de una adjudicación de carácter temporal (el ejercicio 2013) para realizar tareas permanentes, los contratos que se suscriban con estos trabajadores “podrían incurrir en fraude de ley”.

CSI-F recuerda además que esta situación se produce después de que el Gobierno decidiera congelar la Oferta de Empleo Público para el personal laboral de la Administración General del Estado en 2011, 2012 y 2013.

En su opinión, casos como el de la Tesorería General de la Seguridad Social en Barcelona evidencian que el personal laboral actual no es suficiente para atender todas las necesidades de la Administración. Además, la última reforma laboral ha abierto la puerta a despedir personal laboral en las administraciones públicas, a 20 días por año, en situaciones de insuficiencia presupuestaria.

Fuente: El Economista

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