Petición de cambio de custodia.No todos los deseos de los hijos se satisfacen necesariamente mediante el cambio de custodia.

La Sala 1ª del Tribunal Supremo, ha dictado sentencia de fecha 25 de octubre de 2012, de la que ha sido Ponente, el Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana, en la que se ha pronunciado en el sentido de que “No todos los deseos de los hijos se satisfacen necesariamente mediante el cambio de custodia.”

Resumen: Aunque los hijos expresaron su deseo de convivir con el padre, no se accede al cambio de custodia ya que según el dictamen psicosocial podría estarse ante una posible manipulación de los hijos. Además, no todos los deseos de los hijos se satisfacen necesariamente mediante el cambio de custodia.

Fuente: Base de Datos de Derecho de Familia – Lex Nova

Fuente: LexFamily

 

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El Tribunal Supremo no es partidario del cambio de custodia

SE ACREDITÓ QUE LA MADRE IMPEDÍA LAS VISITAS

Tribunal Supremo, Sala 1.ª Pleno

Tema: CAMBIO DE CUSTODIA POR OBSTACULIZACIÓN DEL RÉGIMEN D EVISITAS

Clase de resolución: Sentencia

Fecha: 31 de enero de 2013

Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana

Resumen: Aunque consta la obstaculización de las visitas por parte de la madre, no se acuerda el cambio de custodia a favor del padre ya que no se justifica el beneficio que para el menor representa el cambio. El menor tiene en la actualidad diez años, seis de los cuales permaneció con su madre en Estados Unidos, país en el que está integrado en todos los aspectos (alimentación, hábitos sociales y circulo de amigos), con fuerte vinculo afectivo hacia su madre.

Fuente: Lex Family

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Las Administraciones Públicas empiezan a suplir empleados públicos con empresas privadas

Los contratos “podrían incurrir en fraude de ley”

La contratación de una empresa privada para cubrir varias plazas de ordenanza por parte de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Barcelona ha puesto en alerta a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), que teme que esto vaya a convertirse en una práctica habitual de las administraciones ante la congelación de la Oferta de Empleo Público.

La gravedad de esta situación, según han explicado fuentes de CSI-F, es que se externalizan servicios dentro de una administración pública para cubrir puestos de carácter estructural que antes desempeñaban empleados públicos y que ahora ejercerán trabajadores del sector privado.

Ante la sospecha de que pueda haber casos similares, CSI-F ha iniciado una campaña informativa. De momento, tienen conocimiento del contrato que ha adjudicado la Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona a una empresa privada para que le proporcione diez trabajadores que hagan las labores propias de los ordenanzas, colectivo que pertenece al personal laboral de la Administración General del Estado.

Faltan efectivos

La Tesorería de Barcelona explica en el pliego de condiciones técnicas del contrato que esta decisión viene motivada por “carecer de efectivos” en las administraciones y unidades donde van destinados tales trabajadores.

El servicio a contratar por parte de la Tesorería coincide, según CSI-F, con las labores propias de los ordenanzas, a saber: recepción, información y orientación al público, recepción de paquetería y de correo, replicación de documentos, realización de gestiones oficiales fuera del centro de trabajo, destrucción de papel, ordenación de archivos, y atención y distribución de llamadas.

La Tesorería de Barcelona estimaba inicialmente el valor de este contrato, válido para este año, a desempeñar por diez trabajadores en diferentes centros y en horario de 8:30 a 14:30 horas, en más de 212.000 euros, cantidad que, según CSI-F, supera el salario bruto percibido en 2012 no ya por los ordenanzas, sino también por los oficiales, los técnicos superiores o incluso los diplomados universitarios.

Finalmente, el contrato se adjudicó por un importe de casi 127.500 euros, un gasto muy similar al que realizaría la Administración, con la salvedad de que esta decisión beneficia a una empresa privada. Además, desde CSI-F sostienen que no existe ningún ahorro al recurrir a la externalización.

“Los puestos cubiertos de este modo son puestos estructurales. Se está externalizando la prestación de servicios de carácter permanente y propios de la Administración. Funciones que deben ser desempeñadas por empleados públicos con arreglo al convenio colectivo que recoge una categoría profesional con las mismas funciones”, señalan fuentes del sindicato.

¿Contratos en fraude de ley?

Además, CSI-F entiende que, al tratarse de una adjudicación de carácter temporal (el ejercicio 2013) para realizar tareas permanentes, los contratos que se suscriban con estos trabajadores “podrían incurrir en fraude de ley”.

CSI-F recuerda además que esta situación se produce después de que el Gobierno decidiera congelar la Oferta de Empleo Público para el personal laboral de la Administración General del Estado en 2011, 2012 y 2013.

En su opinión, casos como el de la Tesorería General de la Seguridad Social en Barcelona evidencian que el personal laboral actual no es suficiente para atender todas las necesidades de la Administración. Además, la última reforma laboral ha abierto la puerta a despedir personal laboral en las administraciones públicas, a 20 días por año, en situaciones de insuficiencia presupuestaria.

Fuente: El Economista

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Coto a la exigencia de fianza en los procesos de Hacienda

El Tribunal Supremo ha puesto coto a la extendida práctica de Hacienda de exigir caución al contribuyente procesado por una posible irregularidad en el pago de sus impuestos. Según una reciente sentencia, no basta con que la Administración pueda ver peligrar sus posibilidades de cobrar si no se exige fianza: debe probarse un perjuicio concreto para Hacienda.

 

El fallo, del que es ponente el magistrado González González y con fecha de 15 de enero de 2013, resuelve el recurso contra un auto dictado por la Audiencia Nacional. En dicha resolución se suspendió una sanción de casi cuatro millones de euros, aunque previa aportación de garantía suficiente para responder de los perjuicios que esa suspensión pudiera ocasionar.

Es precisamente esa caución la que impugna el recurrente, quien alegó, entre otras cosas, que no es motivo suficiente para ello que el abogado del Estado afirme que “de no exigirse fianza, la Administración podría ver peligrar sus posibilidades de cobrar la sanción en el futuro”.

La sentencia analiza la aplicación del artículo 133.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el que se asegura que “cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios”, así como que “igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquéllos.”

Partiendo de este marco, la sentencia corrige el criterio del auto dictado por la Audiencia Nacional, sin que se discuta que ésta suspendiera la sanción, sino que lo hiciera exigiendo garantía.

Error de la Administración

El Supremo considera que el criterio de la Audiencia Nacional se basó exclusivamente en que la recurrente no pudo acreditar que no podía obtener garantía suficiente para responder de los perjuicios que la adopción de la suspensión pudiera ocasionar, lo que constituye una “prueba negativa, casi diabólica, dada la ingente cantidad de fuentes a las que se puede acudir”.

Así, “parece extraerse de esta conclusión que el perjuicio es el que se ocasionaría a la Hacienda por la falta de ingreso de la sanción, ya que no se menciona para nada la existencia de otro perjudicado”.

Para el Supremo, esta conclusión no es acertada, porque llevaría al extremo de que en los supuestos de suspensión de sanción pecuniaria, siempre habría que exigirse caución o garantía, lo que supondría una generalización del precepto, que no es conciliable con los términos de éste -“pudieran derivarse perjuicios”, “podría exigirse”-.

Al contrario, estas expresiones “conducen a una concepción más particularista, a un examen del supuesto tal cual se le presenta al juzgador, a una determinación del perjuicio que en el caso concreto se puede ocasionar a la Hacienda”.

Es en este punto donde la Audiencia invierte la carga de la prueba. Al contrario, aceptado que el ingreso inmediato de la sanción va a producir perjuicios al interesado por su elevada cuantía, “será preciso que el abogado del Estado deba invocar y probar que la suspensión ya acordada va a producir perjuicios a los intereses generales”.

Fuente: El Economista

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El Supremo flexibiliza la destitución de gestores por parte de los socios

La junta general de una sociedad puede destituir al administrador que fue nombrado por el sistema proporcional -es decir, a raíz de la agrupación de acciones hasta formar el porcentaje necesario para designar a uno- aunque esa destitución se acuerde por personas distintas de aquellas que le nombraron.

 

Lo recoge una sentenciad el Tribunal Supremo, de la que es ponente el magistrado Gimeno Bayón-Cobos, con fecha de 11 de diciembre de 2012. En ella se resuelve un caso en que la junta general de una sociedad acordó por mayoría cesar a dos vocales del consejo de administración que fueron nombrados en su día por el sistema proporcional, sin que el asunto constara en el orden del día y sin que en el acta de la junta se hiciera constar la causa.

Como respuesta a la impugnación y petición de nulidad del acuerdo, el Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda presentada por los consejeros destituidos, criterio que confirmó la Audiencia Provincial. Ahora el Supremo confirma el fallo, aunque reconociendo que existe doctrina contradictoria en esta materia.

Un “silencio” legal

El fallo analiza el artículo 243.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) -antes 137 de la Ley de Sociedades Anónimas-, en el que, para la tutela de los socios externos a la gestión de la sociedad frente a la actuación de los socios de control, se regula la posibilidad de la agrupación de acciones a fin de designar miembros del Consejo de administración.

El sistema consiste en que “las acciones que voluntariamente se agrupen, hasta constituir una cifra del capital social igual o superior a la que resulte de dividir este último por el número de vocales del Consejo, tendrán derecho a designar los que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción”.

Partiendo de esta idea, la sentencia habla de un “silencio” en cuanto al punto que se debate. Mientras un sector de la doctrina propugna la atribución de la decisión de cesar sólo a la minoría que designó -ya que se considera coherente con la función de control por los socios externos del órgano de administración-, otro sector exige la concurrencia alguna de las causas de separación previstas en el artículo 132 TRLSA, y otro, finalmente, sostenga la posibilidad de cesarles ad nutum, es decir, a voluntad del socio.

En este sentido, la sentencia asegura que la junta general tiene la facultad de separación de los administradores, “sin distinguir entre el de los consejeros designados por la mayoría y el de los que lo fueron por el sistema proporcional”, por lo que no es preciso en estos supuestos la justa causa a la que se refiere el artículo 224.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Ello es “lógica consecuencia de que los administradores lo son de la sociedad, no de un sector más o menos mayoritario”.

Sin embargo, sí se admite un control de la eventual arbitrariedad del ejercicio de este derecho, aunque en este caso no se produjo. Sólo se procedió a “separar a un administrador que incurrió en situación de deslealtad, y no a coartar el derecho de las minorías”.

Fuente: El Economista

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