Laboral: El Gobierno endurece vía RD-ley el acceso a las jubilaciones parcial y anticipada

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. La norma establece una serie de modificaciones en materia de jubilación anticipada, jubilación parcial y compatibilidad entre salario y pensión. Con carácter general la reforma conlleva un endurecimiento de las condiciones de acceso a dichas prestaciones.

El Gobierno endurece vía RD-ley el acceso a las jubilaciones parcial y anticipada. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. La norma establece una serie de modificaciones en materia de jubilación anticipada, jubilación parcial y compatibilidad entre salario y pensión.

Con carácter general la reforma conlleva un endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación parcial y anticipada (se va a exigir más edad y número de años cotizados). En paralelo, mantiene las condiciones de la normativa vigente para los trabajado-res prejubilados a raíz de despidos colectivos suscritos antes del próximo 1 de abril y “siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019″, tal y como regula el art.8 del RD-ley 5/2013

Art. 6 RD-ley : Jubilación anticipada

Las modificaciones en la jubilación anticipada son “coherentes” con la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, distinguiendo entre jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias.

En cuanto a la edad de jubilación anticipada voluntaria, se eleva de forma progresiva desde los 63 años actuales hasta los 65 en el horizonte de 2027. Además, se fija un período mínimo de cotización de 35 años.

Para los casos de jubilación involuntaria anticipada tras un despido o resolución judicial en fase concursal, se exigirá una edad mínima de 61 años y un mes para adelantar el retiro, que se incrementará de forma paulatina hasta los 63 años en 2027. En estos supuestos el período mínimo de cotización será de 33 años.

En ambos casos se establece una mayor gradualidad en la aplicación de coeficientes reductores “atendiendo a la carrera de cotización, con el objetivo de reforzar el principio de neutralidad”, informó el Gobierno.

En ambos casos se eleva edad mínima requerida para tener derecho al retiro, que será progresiva hasta el año 2027.

Art. 7 RD-ley : Jubilación parcial

También en este supuesto se retrasa en dos años. Así, habrá que tener  63,1 años, edad que irá elevándose de forma gradual hasta los 65 años en 2027. Además, se eleva hasta los 33 años el periodo mínimo de cotización del trabajador (25 años para los casos de personas con discapacidad).

En cuanto a la reducción máxima de la jornada de trabajo, será de entre el 25 y el 50%, pero podrá alcanzar el 75% si la medida viene acompañada de un contrato de relevo con un trabajador más joven a tiempo completo y con carácter indefinido -Art. 7 Uno 2.c)-.

Disposición final primera RD-ley

Subsidios más duros

Mediante la Disposición final primera se incluye un tercer párrafo al número 3 del apartado 1 del artículo 215, en el que se exige, para tener por cumplido el requisito de carencia de rentas a efectos del subsidio, que la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Según cita la Exposición de Motivos del RD-ley, “la finalidad de este precepto es homogeneizar la regulación del subsidio para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema y reforzar las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo”.

Sin embargo, y en la práctica, conllevará un impedimento para que quienes superen la citada edad de 55 años en situación de desempleo puedan encadenar subsidios hasta llegar a la edad de jubilación. Esto es debido a que ya no se tendrá en cuenta sólo los ingresos de dicho sujeto, sino que se computará toda la renta familiar que, dividida por el número de miembros y la parte del solicitante, debe ser inferior al 75% del SMI.

El PSOE estudia recurrir al TC el RD-ley, que levanta la suspensión de la reforma de la Ley 27/2011

En el último Consejo de Ministros de 2012 el Gobierno aprobó el RD-ley 29/2012, que suspendía la entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2013, de las nuevas edades de jubilación anticipada y parcial contenidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Según argumentó el Gobierno, la suspensión por 90 días quedaba justificada por dos motivos:

a) Evitar que se acumulen en unos meses tres normas que operarían sobre la misma materia (la vigente, la prevista para su entra en vigor el 1 de enero y la modificación posterior). Dicho de otra forma, lo que hizo el viernes el Gobierno fue aprobar la reforma de la reforma de pensiones de 2011.

b) La imposibilidad material de que por parte de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social se tuviesen adaptados en esa fecha de 1 de enero de 2013 los procedimientos de gestión a los cambios que debían efectuarse.

Según recoge la exposición de motivos del RD-ley 572013, “ante la inminente finalización del plazo de suspensión mencionado, el 31 de marzo de 2013, procede efectuar las modificaciones previstas con anterioridad a dicha fecha, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente Real Decreto-ley”.

El argumento esgrimido por el Gobierno fue rebatido el sábado por el PSOE, partido que ya ha anunciado que está estudiando recurrir la reforma al Tribunal Constitucional, al entender que vulnera el Pacto de Toledo. El portavoz de Economía y Empleo del Grupo parlamentario Socialista, Valeriano Gómez, calificó de “inadmisible” que el Ejecutivo apruebe esta reforma “sin diálogo y sin consenso”, decisión que, entienden, constituye “una nueva burla del Ejecutivo del PP”. Añadió que el Gobierno debe dejar de utilizar la imposición y el decreto ley y utilizar mucho más el diálogo”, reclamó Gómez, quien afirmó que desde su llegada al poder hace 14 meses, el Gobierno ha utilizado en 35 ocasiones ese mecanismo legal.

 

Fuente: Aranzadi

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