Hipoteca: El Banco no podrá acudir al Juzgado hasta el tercer impago

No habrá ejecuciones hipotecarias antes del tercer impago y el interés de demora será inferior al 12% .

El Gobierno informó el viernes de que va a impulsar varias medidas de urgencia encaminadas a reducir el número de desahucios relacionados con los impagos de las hipotecas. El anuncio se produjo tras la rueda de prensa del Consejo de ministros, sólo un día después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara la normativa española sobre desahucios incompatible con la legislación comunitaria. Las dos modificaciones de mayor calado afectan tanto al tipo de interés de demora, que no podrá superar el 12%, como al plazo para iniciar la ejecución hipotecaria, que no podrá ser inferior a los tres meses desde el primer impago.

El Ejecutivo reacciona tras el fallo del TJUE que declara incompatible la legislación española con la normativa comunitaria de protección al consumidor.

El Gobierno informó el viernes de que va a impulsar varias medidas de urgencia encaminadas a reducir el número de desahucios relacionados con los impagos de las hipotecas. El anuncio se produjo tras la rueda de prensa del Consejo de ministros, sólo un día después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara la normativa española sobre desahucios incompatible con la legislación comunitaria. Las dos modificaciones de mayor calado afectan tanto al tipo de interés de demora como al plazo para iniciar la ejecución hipotecaria.

Medidas aprobadas

Intereses de demora : Los intereses de demora no podrán superar en tres veces el tipo de interés legal, que en la actualidad se encuentra en el 4%. Por tanto, dicho porcentaje ascendería al 12%. En el su-puesto analizado por la Sala Primera del TJUE, el tipo ordinario pacta-do con la entidad fue del 4,87%, pero se establecían unos intereses de demora anuales del 18,75%.

90 días para reclamar la deuda:  Los trámites de ejecución hipotecaria no podrán iniciarse hasta que hayan transcurrido al menos tres meses desde el primer impago.

En cuanto a la primera medida, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó que los intereses de demora (los que cobra la entidad bancaria si el hipotecado se retrasa en el pago) no podrán superar en tres veces el tipo de interés legal. Teniendo en cuenta que en la actualidad es del 4%, los intereses de demora no podrán superar el 12%. La segunda medida también afecta a las entidades financieras, que no podrán reclamar el total de la deuda hasta que el deudor no haya incurrido en al me-nos tres impagos. Dicho de otra forma, los trámites de ejecución hipotecaria que conducen al lanza-miento no podrán iniciarse, como hasta ahora, cuando el deudor incurra en el primer impago.

Las modificaciones anunciadas serán introducidas vía enmienda en el decreto ley sobre deudores hipotecarios que en la actualidad tramita el Congreso.

Una comisión analizará las reformas

El Gobierno no negó la relación causa-efecto entre la resolución del TJUE y las medidas acordadas. De hecho, la vicepresidenta anunció que el mismo jueves se constituyó una comisión de trabajo al objeto de analizar las reformas necesarias para adecuar nuestra legislación (como la anquilosada Ley Hipotecaria) a las directrices comunitarias.

Como se sabe, la sentencia de la Curia ha dictaminado que la normativa española que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria a una Directiva de hace ya dos décadas sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

En la actualidad el deudor no puede oponerse al procedimiento de ejecución alegando la existencia de una cláusula abusiva, y se ve obligado en un procedimiento declarativo paralelo, que por lo general es más lento. En consecuencia, el pronunciamiento sobre si la cláusula es abusiva suele llegar cuando ya se ha producido la ejecución. Esta particularidad del sistema procesal español recibe una crítica explícita del TJUE, ya que sólo ofrece al consumidor una protección a posteriori, de carácter meramente indemnizatorio, “que resulta incompleta e insuficiente. Por tanto, resulta insuficiente para que cese el uso de la cláusula”.

La eliminación de las cláusulas abusivas tendrá efecto retroactivo, afirma Moncloa

Desde el momento mismo en que el TJUE hizo pública su sentencia comenzó el debate acerca de sus consecuencias. De lo que no cabe duda, como ya ha adelantado el Gobierno, es de que conllevará reformas legislativas, como las que afectarán a la Ley Hipotecaria y a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Una de las principales dudas suscita-das se refiere a si la eliminación de las denominadas cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios tendrá efecto retroactivo. Sobre esta cuestión la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, fue contundente: “si son abusivas, son nulas y la nulidad de pleno derecho significa que no pueden for-mar parte de un contrato. Se trata de reforzar de qué manera evitamos que se pacten hipotecas o cláusulas como estas”.

Al hilo con lo anterior, la vicepresidenta manifestó la voluntad del Gobierno de reforzar la capacidad para detectar cláusulas abusivas “y evitar que sean incluidas en las escrituras de hipotecas o que, una vez declaradas abusivas por un tribunal, sus efectos sean de todos conocidos”, añadió.

Sobre este particular se pronunció el mismo viernes el Consejo General del Notariado, que reclamó una reforma legislativa en esta materia concreta. Por medio de una nota recuerda que “la declaración de si una cláusula es o no abusiva sólo puede ser efectuada, según la legislación vigente, por el juez”. Además, para tener acceso a dicha información “la sentencia firme deberá estar inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación”. Recuerda además que su acceso y funcionamiento –en referencia al Registro– generan error y confusión y la publicación de las sentencias se retrasa sin justificación”. Como alternativa considera que sería más eficiente “que se notificará al Consejo General del Notariado por vía telemática toda sentencia firme que declarara abusiva una cláusula. De esta forma el Consejo procedería de modo inmediato a su difusión entre los casi 3.000 notarios. Esto genera-ría mayor seguridad jurídica que la existente, ya que cualquier notario podría, en el mismo momento en que las partes alcancen un acuerdo, eliminar del contrato una cláusula abusiva”.

¿Sólo para ejecuciones en marcha?

Otra cuestión importante por definir es si el efecto retroactivo sólo servirá para paralizar las ejecuciones en marcha o si también afectará a aquellas que hayan terminado en desahucio. Quienes apuestan por la tesis mixta hacen suyo el argumento esgrimido por la vicepresidenta de la nulidad de las cláusulas que sean declaradas abusivas y que por tanto carecen de capacidad para generar efectos jurídicos.

Sáenz de Santamaría: “si son abusivas son nulas, y la nulidad de pleno derecho significa que no pueden formar parte de un contrato”.

Apuntes

Beneficios para personas en riesgo de exclusión

A raíz del agravamiento del problema de los desahucios, el Gobierno aprobó en noviembre de 2012 un decreto mediante el que se paralizaba la ejecución durante dos años para determinados casos de deudores especialmente vulnerables: familias numerosas, parados sin subsidio, personas con una discapacidad superior al 33% etc. Ahora y en el marco de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley antidesahucios, una de las enmiendas presentadas establece que el interés de demora para los casos extremos que afectan a personas en riesgo de exclusión no podrá superar en más de un 2% el interés pactado del préstamo.

Dación en pago

El Gobierno ha rechazado de nuevo incluir en la tramitación parlamentaria la dación en pago, una de las principales reivindicaciones de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Los jueces piden cambios legislativos y detener las ejecuciones para evitar “daños irreparables”

La reacción de las asociaciones de jueces y magistrados no se ha hecho esperar. Con carácter general, califican de “muy positiva” la resolución del TJUE que, entienden, debe dar paso a una urgente modificación legislativa y a paralizar las ejecuciones hipotecarias para evitar “daños irreparables”.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, afirma que la  resolución declara que la legislación española “concede importantes privilegios y ventajas a los bancos frente a los ciudadanos” y que les deja en “situación de indefensión al no poder oponerse a las cláusulas abusivas de las entidades bancarias”. Pide por tanto “una verdadera reforma legal” del sistema hipotecario, “en lugar de par-ches”. Al mismo tiempo, “también creemos que se requiere la adopción de medidas de protección para que no se sigan produciendo desalojos que afecten al derecho fundamental a la vivienda”.

Foro Judicial y Francisco de Vitoria Ángel Dolado, portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente (FJI) hace también una valoración “positiva” de la sentencia, que  supone “una inflexión” en el derecho español. “Hasta que se modifique la ley interna una recomendación que ya hicimos en noviembre es que se deberían paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria para evitar que se generen daños irreparables, que es lo que viene a decir la sentencia del Tribunal de Justicia”, apunta Ángel Dolado”.

Por último, el miembro de la junta directiva de la asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y juez decano de Cáceres, Joaquín González Casso, afirma que la sentencia es “sin duda” un paso adelante para frenar los desahucios que se venían ejecutando.

Fuente: Aranzadi

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