Mercado hipotecario. Indices

En el BOE del sábado 2 de marzo de 2013, se publica la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario¹.

Madrid, 1 de marzo de 2013.–El Director General de Regulación y Estabilidad Financiera, José María Roldán Alegre.

1 La definición y forma de cálculo de estos índices se recoge en la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio («BOE» de 6 de julio).

2 Este tipo dejó de tener la consideración de tipo de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones formalizadas después de la entrada en vigor de la OM de 1 de diciembre de 1999 («BOE» de 4 de diciembre).

 

 

Febrero de 2013

Porcentaje

1. Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,667

2. Referencia interbancaria a un año (Euríbor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,594

3. Permuta de intereses /

Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años . . . . . . . . . .

1,083

4. Tipo interbancario a un año (Míbor)

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,594

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Seguridad Social: Convenios especiales para personas con discapacidad

En el BOE del sábado 2 de marzo de 2013, se publica el Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral.

Os dejo el enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/02/pdfs/BOE-A-2013-2309.pdf

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Los funcionarios también podrán compatibilizar la pensión con un trabajo en el sector privado.

Los funcionarios también podrán compatibilizar la pensión con un trabajo en el sector privado.

Otra novedad importante que incorpora la reforma es la posibilidad de compatibilizar el trabajo por cuenta propia o ajena, ya sea a jornada completa o bien a tiempo parcial, con el cobro de una pensión de jubilación ordinaria o demorada (Capítulo I RD-ley 5/2013).

Según explicó la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, “el Real Decreto-ley facilita la posibilidad de ser pensionista activo, una opción que estaba muy restringida en el ordenamiento español, a diferencia de otros países europeos”.

Sin embargo, para poder acceder a esta modalidad se deberá haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la base reguladora. Por tanto, esta opción, que el Ejecutivo denomina con el oxímoron pensionista activo, no se podrá ejercer en supuestos de jubilación bien anticipada o bien bonificada por trabajos penosos o tóxicos.

En líneas generales, (art. 3.1 RD-ley 5/2013) se abre la posibilidad de trabajar, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial percibiendo el 50% de la pensión (importe de reconocimiento inicial y de las revalorizaciones sin incluir complementos a mínimos). Una vez que el contrato acabe y el trabajador decida jubilarse de modo definitivo, percibirá el 100% de la pensión más el complemento a mínimo al que tuviera derecho (art. 3.4 RD-Ley 5/2013). Además, el pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo (Art. 3.2).

Exención en las cotizaciones

Con carácter general estas personas quedarán exentas de buena parte de las cotizaciones sociales. En el caso de la cotización, empresa y trabaja-dor-pensionista cotizarán sólo por Incapacidad Temporal (IT) y contingencias profesionales. No obstante lo anterior, el art. 4 del Real Decreto-ley establece además una cotización de solidaridad del 8% (6% a cargo de la empresa y el 2% restante a cargo del trabajador).

Hasta ahora, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión sólo existía para los asalariados a tiempo parcial y para los autónomos con ingresos no superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Se amplía la ‘enmienda Telefónica’ también a empresas medianas y con pérdidas

La norma modifica la disposición adicional decimosexta de la citada Ley que regula las aportaciones eco-nómicas que tienen que efectuar las empresas o grupos de empresas que ocupen a más de cien trabajadores con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a personas de cincuenta o más años.

De esta forma se compensa el impacto que generan estos procesos sobre el sistema de protección por desempleo y de pensiones, con el objeto de desincentivar en mayor medida los ajustes de plantilla que perjudican a trabajadores de mayor edad de forma discriminatoria.

Esta medida es conocida como enmienda Telefónica, que sólo afectaba a las grandes empresas . Pero a partir de ahora se amplía el abanico tanto por número de trabajadores como por situación financiera, ya que también se exigirá a aquellas empresas en pérdidas que en cinco años obtengan resultados positivos.

Fuente: Aranzadi

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Laboral: Con la reforma será compatible cobrar la pensión con el trabajo por cuenta propia o ajena

Se exige haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la base reguladora.

Otra novedad importante que incorpora la reforma es la posibilidad de compatibilizar el trabajo por cuenta propia o ajena, ya sea a jornada com-pleta o bien a tiempo parcial, con el cobro de una pensión de jubilación ordinaria o demorada (Capítulo I RD-ley 5/2013).

Según explicó la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, “el Real Decreto-ley facilita la posibilidad de ser pensionista activo, una opción que estaba muy restringida en el ordenamiento español, a diferencia de otros países europeos”.

Sin embargo, para poder acceder a esta modalidad se deberá haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la base reguladora. Por tanto, esta opción, que el Ejecutivo denomina con el oxímoron pensionista activo, no se podrá ejercer en supuestos de jubila-ción bien anticipada o bien bonificada por trabajos penosos o tóxicos.

En líneas generales, (art. 3.1 RD-ley 5/2013) se abre la posibilidad de trabajar, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial percibiendo el 50% de la pensión (importe de reconocimiento inicial y de las revalorizaciones sin incluir complementos a mínimos). Una vez que el contrato acabe y el trabajador decida jubilarse de modo definitivo, percibirá el 100% de la pensión más el complemento a mínimo al que tuviera derecho (art. 3.4 RD-ley 5/2013). Además, el pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo (Art. 3.2).

Exención en las cotizaciones

Con carácter general estas personas quedarán exentas de buena parte de las cotizaciones sociales. En el caso de la cotización, empresa y trabajador-pensionista cotizarán sólo por Incapacidad Temporal (IT) y contingencias profesionales. No obstante lo anterior, el art. 4 del Real Decreto-ley establece además una cotización de solidaridad del 8% (6% a cargo de la empresa y el 2% restante a cargo del trabajador).

Hasta ahora, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión sólo existía para los asalariados a tiempo parcial y para los autónomos con ingresos no superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los funcionarios también podrán compatibilizar la pensión con un trabajo en el sector privado.

Se amplía la ‘enmienda Telefónica’ también a empresas medianas y con pérdidas.

La medida modifica la Ley de Clases Pasivas del Estado y sólo aplica a los funcionarios jubilados a partir del 1 de enero de 2009.

“Se establecen para los funcionarios públicos condiciones semejantes a las del resto de los trabajadoresde compatibilización de empleo y pensión”.

Esta novedad pasó casi inadvertida en la presentación que el Gobierno hizo el viernes de las nuevas medidas, a pesar de que supone un nuevo modelo para las clases pasivas. A partir de ahora los funcionarios también podrán compatibilizar la pensión por jubilación (50% de la misma) con el desempeño de un empleo en el sector privado, bien sea por cuenta ajena o propia.

Reforma legislativa

La medida se recoge en la Disposición adicional segunda RD-ley 5/2013, que modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril:

“…el percibo de las pensiones de jubilación o retiro, en el supuesto contemplado en la letra a) del artículo 28.2 del presente texto refundido, será compatible con el ejer-cicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, en los siguientes términos…” Entre dichos “términos” cita que: “la cuantía de la pen-sión será equivalente al cincuenta por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial”.

Además, la Disposición adicional tercera matiza que “el régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas regulado en la disposición adicional segunda será de aplicación a las pensiones que se causen o hayan causado a partir de 1 de enero de 2009, sin perjuicio de que los efectos económicos no podrán ser, en ningún caso, anteriores a la fecha de entrada en vigor de la presente norma”. Por tanto, las pensiones de jubilación o retiro causadas con anterioridad a 1 de enero de 2009 “mantendrán el régimen de incompatibilidades que les venía siendo de aplicación”.

La medida modifica la Ley de Clases Pasivas del Estado y sólo aplica a los funcionarios jubilados a partir del 1 de enero de 2009.

Los funcionarios también podrán compatibilizar la pensión con un trabajo en el sector privado.

Otra novedad importante que incorpora la reforma es la posibilidad de compatibilizar el trabajo por cuenta propia o ajena, ya sea a jornada completa o bien a tiempo parcial, con el cobro de una pensión de jubilación ordinaria o demorada (Capítulo I RD-ley 5/2013).

Según explicó la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, “el Real Decreto-ley facilita la posibilidad de ser pensionista activo, una opción que estaba muy restringida en el ordenamiento español, a diferencia de otros países europeos”.

Sin embargo, para poder acceder a esta modalidad se deberá haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la base reguladora. Por tanto, esta opción, que el Ejecutivo denomina con el oxímoron pensionista activo, no se podrá ejercer en supuestos de jubilación bien anticipada o bien bonificada por trabajos penosos o tóxicos.

En líneas generales, (art. 3.1 RD-ley 5/2013) se abre la posibilidad de trabajar, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial percibiendo el 50% de la pensión (importe de reconocimiento inicial y de las revalorizaciones sin incluir complementos a mínimos). Una vez que el contrato acabe y el trabajador decida jubilarse de modo definitivo, percibirá el 100% de la pensión más el complemento a mínimo al que tuviera derecho (art. 3.4 RD-Ley 5/2013). Además, el pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo (Art. 3.2).

Exención en las cotizaciones

Con carácter general estas personas quedarán exentas de buena parte de las cotizaciones sociales. En el caso de la cotización, empresa y trabaja-dor-pensionista cotizarán sólo por Incapacidad Temporal (IT) y contingencias profesionales. No obstante lo anterior, el art. 4 del Real Decreto-ley establece además una cotización de solidaridad del 8% (6% a cargo de la empresa y el 2% restante a cargo del trabajador).

Hasta ahora, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión sólo existía para los asalariados a tiempo parcial y para los autónomos con ingresos no superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Se amplía la ‘enmienda Telefónica’ también a empresas medianas y con pérdidas

La norma modifica la disposición adicional decimosexta de la citada Ley que regula las aportaciones económicas que tienen que efectuar las empresas o grupos de empresas que ocupen a más de cien trabajadores con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a personas de cincuenta o más años.

De esta forma se compensa el impacto que generan estos procesos sobre el sistema de protección por desempleo y de pensiones, con el objeto de desincentivar en mayor medida los ajustes de plantilla que perjudican a trabajadores de mayor edad de forma discriminatoria.

Esta medida es conocida como enmienda Telefónica, que sólo afectaba a las grandes empresas . Pero a partir de ahora se amplía el abanico tanto por número de trabajadores como por situación financiera, ya que también se exigirá a aquellas empresas en pérdidas que en cinco años obtengan resultados positivos.

Revista de prensa

Las medidas aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros en materia de pensiones y plazos para la jubilación reciben distintas interpretaciones en función de la línea editorial de cada periódico. El más crítico es El País, que considera “muy dudoso” que mitiguen el problema de las pensiones. Para El Mundo es “lógico” el endurecimiento de las prejubilaciones, pero critica el retraso en su aprobación, lo que ha favorecido que grandes empresas hayan culminado “duros ajustes de plantilla”. Por último, ABC respalda sin ambages las medidas anunciadas.

“Cambio precipitado”

El País resume su postura editorial sobre el anuncio hecho el viernes por el Gobierno en la siguiente frase: “La reforma de las pensiones exige medidas más reflexivas que las adoptadas ayer por el Gobierno”. Reconoce que la política social del Gobierno “está presionada por varios factores”, tales como “los costes del desempleo”, por el “debilitamiento del sistema de pensiones debido a la caída de la afiliación”, y por “la exigencia comunitaria de adelantar la fijación de la edad de jubilación en los 67 años desde el año 2027”. Si bien el Gobierno “no acepta la tesis comunitaria de adelantar el imperativo legal, pero, a cambio, se propone que la edad real de jubilación de los trabajadores se retrase por la vía de los hechos y ese es el sentido del decreto ley anunciado ayer”. Advierte de que la nueva norma en esta materia favorece las regulaciones de empleo que incluyan pocos trabajadores mayores de 50 años, pero endurece las condiciones para las jubilaciones voluntaria, forzosa y parcial”. Considera además que “es muy dudoso que las disposiciones mitiguen el problema de las pensiones. Se limitan a poner sobre el papel lo que los expertos y la propia Comisión Euro-pea recomiendan: aplazar la edad de jubilación”.

“Lógico endurecimiento de las prejubilaciones”

El diario El Mundo considera que la decisión “que tomó ayer –por el viernes– el Gobierno tiene sentido económico”. En esta misma línea añade que “si nos piden retrasar la edad de jubilación, también tendremos que hacerlo con la de prejubi-lación. Y si hace falta dinero para pagar las pensiones, hay que endurecer los requisitos para que los trabajadores se mantengan el máximo tiempo cotizando; es decir, aportando a la Seguridad Social”. En cuanto a sus repercusiones sociales, el editorial sostiene que “medidas como éstas, aunque duelan, son necesarias para preservar el sistema público de pensiones”. Añade, no obstante, que “lo que choca es que el Gobierno las haya aprobado ahora, cuando debería haberlo hecho el 31 de diciem-bre. Un retraso que ha facilitado que empresas como Santan-der, Iberia o Bankia hayan podido culminar sus duros ajustes de plantilla en mejores condiciones que las que podrían haber ofrecido con la nueva normativa en vigor”. Por último, no pasa por alto que la decisión de adelantar otra nueva reforma de las pen-siones ante la exigencia de Bruselas de «más avances», se haya realizado “por decreto”, pero sobre todo critica que la medida sea ajena “al consenso del Pacto de Toledo”.

“Pensiones: problema por anticipado”

En líneas generales,  ABC aprueba las medidas incluidas en el decreto que endurece las jubilaciones anticipadas. En un pequeño editorial en sus páginas interiores el rotativo del Grupo Vocento sostiene que “las nuevas condiciones para acceder a la jubilación antici-pada que ayer –por el viernes– estudió el Consejo de Ministros parecen acertadas, sobre todo si tenemos en cuenta el estado de las cuentas de la Seguridad Social y el grueso de cotizantes que ceban la hucha de las pensiones”. A renglón seguido insiste en la necesidad de velar por mantener el músculo financiero del Fondo de Reserva de la Seguridad, conocido como hucha de las pensiones: “Como era de esperar, algunos sindicatos están en contra «porque se recortan derechos de los trabajadores», sin caer en la cuenta de que los pensionistas también los tie-nen. Es un buen plan”. En el desarrollo informativo de las novedades anunciadas en esta materia, ABC destaca que a partir del 15 de abril no sólo las empresas con beneficios tendrán que costear el paro de sus trabajadores despedidos, sino que dicha obligación “también afectará a la mayoría de las que tengan pérdidas”.

Fuente: Aranzadi

 

 

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Laboral: El Gobierno endurece vía RD-ley el acceso a las jubilaciones parcial y anticipada

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. La norma establece una serie de modificaciones en materia de jubilación anticipada, jubilación parcial y compatibilidad entre salario y pensión. Con carácter general la reforma conlleva un endurecimiento de las condiciones de acceso a dichas prestaciones.

El Gobierno endurece vía RD-ley el acceso a las jubilaciones parcial y anticipada. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. La norma establece una serie de modificaciones en materia de jubilación anticipada, jubilación parcial y compatibilidad entre salario y pensión.

Con carácter general la reforma conlleva un endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación parcial y anticipada (se va a exigir más edad y número de años cotizados). En paralelo, mantiene las condiciones de la normativa vigente para los trabajado-res prejubilados a raíz de despidos colectivos suscritos antes del próximo 1 de abril y “siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019″, tal y como regula el art.8 del RD-ley 5/2013

Art. 6 RD-ley : Jubilación anticipada

Las modificaciones en la jubilación anticipada son “coherentes” con la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, distinguiendo entre jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias.

En cuanto a la edad de jubilación anticipada voluntaria, se eleva de forma progresiva desde los 63 años actuales hasta los 65 en el horizonte de 2027. Además, se fija un período mínimo de cotización de 35 años.

Para los casos de jubilación involuntaria anticipada tras un despido o resolución judicial en fase concursal, se exigirá una edad mínima de 61 años y un mes para adelantar el retiro, que se incrementará de forma paulatina hasta los 63 años en 2027. En estos supuestos el período mínimo de cotización será de 33 años.

En ambos casos se establece una mayor gradualidad en la aplicación de coeficientes reductores “atendiendo a la carrera de cotización, con el objetivo de reforzar el principio de neutralidad”, informó el Gobierno.

En ambos casos se eleva edad mínima requerida para tener derecho al retiro, que será progresiva hasta el año 2027.

Art. 7 RD-ley : Jubilación parcial

También en este supuesto se retrasa en dos años. Así, habrá que tener  63,1 años, edad que irá elevándose de forma gradual hasta los 65 años en 2027. Además, se eleva hasta los 33 años el periodo mínimo de cotización del trabajador (25 años para los casos de personas con discapacidad).

En cuanto a la reducción máxima de la jornada de trabajo, será de entre el 25 y el 50%, pero podrá alcanzar el 75% si la medida viene acompañada de un contrato de relevo con un trabajador más joven a tiempo completo y con carácter indefinido -Art. 7 Uno 2.c)-.

Disposición final primera RD-ley

Subsidios más duros

Mediante la Disposición final primera se incluye un tercer párrafo al número 3 del apartado 1 del artículo 215, en el que se exige, para tener por cumplido el requisito de carencia de rentas a efectos del subsidio, que la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Según cita la Exposición de Motivos del RD-ley, “la finalidad de este precepto es homogeneizar la regulación del subsidio para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema y reforzar las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo”.

Sin embargo, y en la práctica, conllevará un impedimento para que quienes superen la citada edad de 55 años en situación de desempleo puedan encadenar subsidios hasta llegar a la edad de jubilación. Esto es debido a que ya no se tendrá en cuenta sólo los ingresos de dicho sujeto, sino que se computará toda la renta familiar que, dividida por el número de miembros y la parte del solicitante, debe ser inferior al 75% del SMI.

El PSOE estudia recurrir al TC el RD-ley, que levanta la suspensión de la reforma de la Ley 27/2011

En el último Consejo de Ministros de 2012 el Gobierno aprobó el RD-ley 29/2012, que suspendía la entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2013, de las nuevas edades de jubilación anticipada y parcial contenidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Según argumentó el Gobierno, la suspensión por 90 días quedaba justificada por dos motivos:

a) Evitar que se acumulen en unos meses tres normas que operarían sobre la misma materia (la vigente, la prevista para su entra en vigor el 1 de enero y la modificación posterior). Dicho de otra forma, lo que hizo el viernes el Gobierno fue aprobar la reforma de la reforma de pensiones de 2011.

b) La imposibilidad material de que por parte de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social se tuviesen adaptados en esa fecha de 1 de enero de 2013 los procedimientos de gestión a los cambios que debían efectuarse.

Según recoge la exposición de motivos del RD-ley 572013, “ante la inminente finalización del plazo de suspensión mencionado, el 31 de marzo de 2013, procede efectuar las modificaciones previstas con anterioridad a dicha fecha, lo que justifica las razones de extraordinaria y urgente necesidad para su realización a través del presente Real Decreto-ley”.

El argumento esgrimido por el Gobierno fue rebatido el sábado por el PSOE, partido que ya ha anunciado que está estudiando recurrir la reforma al Tribunal Constitucional, al entender que vulnera el Pacto de Toledo. El portavoz de Economía y Empleo del Grupo parlamentario Socialista, Valeriano Gómez, calificó de “inadmisible” que el Ejecutivo apruebe esta reforma “sin diálogo y sin consenso”, decisión que, entienden, constituye “una nueva burla del Ejecutivo del PP”. Añadió que el Gobierno debe dejar de utilizar la imposición y el decreto ley y utilizar mucho más el diálogo”, reclamó Gómez, quien afirmó que desde su llegada al poder hace 14 meses, el Gobierno ha utilizado en 35 ocasiones ese mecanismo legal.

 

Fuente: Aranzadi

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