Los jueces podrán suspender los desahucios si aprecian en el contrato cláusulas abusivas

Las leyes procesales españolas vulneran la Directiva europea de protección de los consumidores de 1993, según el TJUE

La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión. Así lo ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia hecha pública ayer. La resolución tiene una enorme trascendencia, ya que afecta de lleno a los procesos de desahucio por impago de una hipoteca, motivo por el que durante los últimos años miles de ciudadanos han perdido sus viviendas.

A partir de ahora, los jueces españoles que estén examinando en un procedimiento declarativo si en el contrato hipotecario ha habido cláusulas abusivas, podrán suspender cautelarmente la ejecución del desalojo. Además, ayer mismo tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, garantiza-ron que a raíz de esta sentencia modificarán la legislación española (Ley Hipotecaria y Ley de Enjuiciamiento Civil) para adaptarla a la normativa europea.

Dicha declaración de voluntad trae causa de la principal conclusión que extrae la Sala Primera del TJUE: las leyes procesales españolas (arts. 681 a 698 LEC en su versión aplicable al asunto) se oponen al sistema de protección que establece la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

El supuesto planteado: La resolución es la respuesta de la Curia a las cuestiones prejudiciales planteadas por el titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona. Dicho juez tenía que dar respuesta a la demanda presentada por un particular solicitando que se anulara una cláusula del contrato de préstamo hipotecario por su carácter abusivo. Demandaba en consecuencia que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria. Este ciudadano, un nacional marroquí, suscribió en julio de 2007 con la entidad Catalunyacaixa un contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre su vivienda familiar. Un año después dejó de pagar las cuotas mensuales, por lo que el banco inició un procedimiento de ejecución. Poco antes de ser expulsado de su vivienda, en enero de 2011, presentó la referida demanda ante el Juzgado de lo Mercantil.

Ante la dificultad para poder garantizar una protección eficaz del consumidor, el juez planteó al TJUE una cuestión prejudicial sobre la conformidad del Derecho español con la Directiva europea sobre cláusulas abusivas. Como segunda cuestión prejudicial preguntó sobre los elementos constitutivos del concepto de cláusula abusiva en el sentido de la Directiva.

Y la respuesta del TJUE: Al hilo de la “dificultad” advertida, el TJUE coincide con el juez en que la legislación española no garantiza en esta materia la protección de los consumidores. En primero lugar, además de ser muy limitados los motivos por los que un deudor puede oponerse al procedimiento de ejecución de una hipoteca, entre ellos no figura la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo hipoteca-rio, destaca la sentencia.

Como se sabe, dicha circunstancia sólo puede ser invocada en el marco de un procedimiento declarativo separado, que en ningún caso suspende el procedimiento de ejecución hipotecaria. Debido a que el procedimiento declarativo suele ser más largo que el de ejecución, por lo general el pronunciamiento sobre si la cláusula es abusiva llega después de haberse producido la ejecución.

En este sentido el fallo del TJUE critica que la legislación española sólo ofrezca al consumidor una protección “a posteriori”, meramente indemnizatoria, “que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13”, concluye.

“En la actualidad el consumidor sólo goza de una protección a posteriori, que resulta incompleta e insuficiente” Sentencia del TJUE (Sala Primera)

Fuente: Aranzadi

 

 

 

 

 

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