El TJUE no resuelve el litigio, pero fija los criterios para detectar un abuso

El juez debe contemplar el Derecho nacional y valorar si en una negociación individual el consumidor aceptaría una cláusula de ese tipo.

¿ Es adecuado para los objetivos que persigue el contrato un interés de demora del 18,75%?

Además de declarar la normativa española en esta materia contraria a la legislación europea, la sentencia del TJUE ofrece algunas pautas de gran interés sobre los criterios que los jueces españoles deberán analizar para resol-ver si una cláusula es o no abusiva. Y lo hace en respuesta a la segunda cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Barcelona: que se precisen los elementos constitutivos del concepto de cláusula abusiva.

En su respuesta, la resolución señala que corresponde a dicho Juzgado de lo Mercantil analizar si las cláusulas incluidas en el contrato en cuestión son abusivas y si responden a los objetivos deseados a la vez que garantizan los derechos del consumidor.

Concepto de cláusula abusiva: El TJUE no resuelve por tanto el litigio nacional -porque no es competente para ello-, pero sí entra a analizar el concepto de cláusula abusiva, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva.

En primer lugar, para determinar si una cláusula causa un “desequilibrio importante” entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del con-trato, deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Esta conclusión ya fue apuntada por la Abogada General, Juliane Kokott.

Con arreglo a dicho análisis comparativo “el juez nacional podrá valorar si, y en qué medida, el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente”, señala la sentencia. Asimismo, la resolución añade que “resulta pertinente a estos efectos examinar la situación jurídica en que se encuentra ese consumidor a la vista de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas”.

Además, para determinar si el desequilibrio se causa “pese a la exigencia de la buena fe”, la sentencia retoma los argumentos de la Abogada General, para recordar que “el juez nacional debe compro-bar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual”.

Contratos pro forma :  Dicha precisión se basa en el hecho de que las cláusulas de los contratos de préstamo hipotecario vienen por lo general establecidas de antemano y no son objeto de negociación.

La sentencia señala por último que, con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, el carácter abusivo de una cláusula contractual “se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración”.

El juez debe contemplar el Derecho nacional y valorar si en una negociación individual el consumidor aceptaría una cláusula de ese tipo

El TJUE no resuelve el litigio, pero fija los criterios para detectar un abuso

Descendiendo al caso concreto objeto de las cuestiones prejudiciales plantea-das, el TJUE señala que los citados criterios son los que debe considerar el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona para apreciar el carácter abusivo de las tres cláusulas objeto de consulta (intereses de demora; vencimiento anticipado y liquidación unilateral de la deuda impagada):

1. La primera cláusula se refiere al vencimiento anticipado de los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un período limitado. En dicho supuesto la sentencia recuerda que “corresponde al juez remitente” comprobar especialmente si:

La facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate.

Si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo.

Si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia.

Si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.

2. La segunda cláusula hace referencia a la fijación de los intereses de demora. El Alto Tribunal recuerda que, con arreglo a la Directiva, el juez nacional deberá comprobar las normas nacionales aplicables entre las partes en el supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo en el contrato controvertido o en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores. Además, el juez también deberá verificar que el tipo de interés es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos. En el caso concreto, el tipo ordinario pactado con la entidad fue del 4,87%, pero se establecían unos intereses de demora anuales del 18,75% automáticamente devengables respecto de las cantidades no satisfechas a su vencimiento, sin necesidad de realizar ningún tipo de reclamación.

3. La tercera cláusula es la relativa a la liquidación unilateral por el prestamista del importe de la deuda impagada. Dicha cláusula estaba vinculada a la posibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Pues bien, el TJUE señala que el juez remitente deberá determinar si dicha cláusula “supone una excepción a las normas aplicables a falta de acuerdo entre las partes, de manera que, a la vista de los medios procesales de que dispone, dificulta el acceso del consumidor a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa”.

En cuanto a la posibilidad de entrar a valorar el fondo del asunto objeto del litigo, el TJUE realiza en una nota la siguiente aclaración: ”

La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al TJUE acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El TJUE no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del TJUE. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar”.

l Sr. Aziz, nacional marroquí que trabaja en España desde 1993, suscribió un préstamo con garantía hipotecaria sobre su vivienda familiar con Catalunyacaixa. Este Sr. dejó de pagar sus cuotas transcurrido un año de la firma del contrato. Tras requerirle infructuosa-mente el pago de lo debido, Catalunyacaixa inició un procedimiento de ejecución contra el interesado que concluyó con la venta del inmueble en subasta pública por un 50% de su valor y con la expulsión del Sr. Aziz de su vivienda.

El Sr. Aziz presentó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, solicitando que se anulara la cláusula 15 del contrato de préstamo hipotecario por estimarla abusiva y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecución. Dicha cláusula es la que preveía no sólo la posibilidad de que Catalunyacaixa recurriera a la ejecución hipotecaria para cobrar una posible deuda, sino también de que pudiera presentar directamente a esos efectos la liquidación mediante el certificado oportuno que recogiese la cantidad exigida.

En este sentido el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, que conoce del litigio, decidió preguntar al Tribunal de Justicia, sobre la conformidad del Derecho español (art. 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) con la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, al considerar que hace que resulte muy complicado para el juez garantizar una protección eficaz del consumidor.

El TJUE establece que en el sistema procesal español, la adjudicación final a un tercero de un bien hipotecado adquiere siempre carácter irreversible, aunque el carácter abusivo de la cláusula impugnada por el consumidor ante el juez que conozca del proceso declarativo entrañe la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, salvo en el supuesto de que el consumidor realice una anotación preventiva de la demanda de nulidad de la hipoteca con anterioridad a la nota marginal, supuesto este considerado prácticamente marginal.

Por tanto, el Tribunal considera que un régimen procesal de este tipo, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva y por tanto vulnera el Derecho de la UE.

Añade el TJUE que en todos los casos en que, como en el litigio principal, se haya llevado a cabo la ejecución de un inmueble hipoteca-do antes de que el juez que conozca del proceso declarativo adopte una decisión por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual en que se basa la hipo-teca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución, esa decisión sólo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria, que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7. 1, de la Directiva 93/13/CEE. Más aún cuando, como ocurre en el asunto principal, el bien objeto de garantía es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia cuya pérdida es definitiva e irreversible.

¡STOP DESAHUCIOS! María Cruz Urcelay Lecue. Departamento Derecho Público

El procedimiento español de ejecución hipotecaria vulnera el Derecho de la UE. Sentencia de 14 de febrero de 2013 (Sala Primera). Asunto C-415/11: Mohamed Aziz contra Catalunyacaixa. Ponente: Sr. A. Tizzano.

l Sr. Aziz, nacional marroquí que trabaja en España desde 1993, suscribió un préstamo con garantía hipotecaria sobre su vivienda familiar con Catalun-acaixa. Este Sr. dejó de pagar sus cuotas transcurrido un año de la firma del contrato. Tras requerirle infructuosa-mente el pago de lo debido, Catalunyacaixa inició un procedimiento de ejecución contra el interesado que concluyó con la venta del inmueble en subasta pública por un 50% de su valor y con la expulsión del Sr. Aziz de su vivienda.

El Sr. Aziz presentó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, solicitando que se anulara la cláusula 15 del contrato de préstamo hipotecario por estimarla abusiva y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecución. Dicha cláusula es la que preveía no sólo la posibilidad de que Catalunyacaixa recurriera a la ejecución hipotecaria para cobrar una posible deuda, sino también de que pudiera presentar directamente a esos efectos la liquidación mediante el certificado oportuno que recogiese la cantidad exigida.

En este sentido el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, que conoce del litigio, decidió preguntar al Tribunal de Justicia, sobre la conformidad del Derecho español (art. 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) con la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, al considerar que hace que resulte muy complicado para el juez garantizar una protección eficaz del consumidor.

El TJUE establece que en el sistema procesal español, la adjudicación final a un tercero de un bien hipotecado adquiere siempre carácter irreversible, aunque el carácter abusivo de la cláusula impugnada por el consumidor ante el juez que conozca del proceso declarativo entrañe la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, salvo en el supuesto de que el consumidor realice una anotación preventiva de la demanda de nulidad de la hipoteca con anterioridad a la nota marginal, supuesto este considerado prácticamente marginal.

Por tanto, el Tribunal considera que un régimen procesal de este tipo, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya pre-sentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva y por tanto vulnera el Derecho de la UE.

Añade el TJUE que en todos los casos en que, como en el litigio principal, se haya llevado a cabo la ejecución de un inmueble hipoteca-do antes de que el juez que conozca del proceso declarativo adopte una decisión por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual en que se basa la hipo-teca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución, esa decisión sólo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria, que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7. 1, de la Directiva 93/13/CEE. Más aún cuando, como ocurre en el asunto principal, el bien objeto de garantía es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia cuya pérdida es definitiva e irreversible.

Fuente:THOMSON REUTERS ARANZADI

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