Procesal: El Consejo de Ministros aprueba la reforma del CGPJ

El Consejo de Ministros aprueba la reforma del CGPJ

(Expansión, 02-03-2013)

La reforma supone un cambio sustancial para el órgano de gobierno de los jueces. Cualquier magistrado podrá presentar su candidatura a vocal con la única condición de aportar el aval de 25 miembros de la carrera. Todos los vocales del Consejo, salvo los seis que formen parte de la Comisión Permanente y el que sea nombrado vicepresidente del CGPJ, permanecerán en servicio activo en la carrera judicial o en el cuerpo funcionarial al que pertenezcan o ejerciendo la actividad profesional que estén desempeñando en el momento de su nombramiento. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprobado hoy el proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Según explica el Ministerio en una nota remitida a los medios, el objetivo sería garantizar la representación de toda la carrera judicial en el órgano de gobierno de los jueces, al facilitar la elección de jueces y magistrados en activo que no pertenezcan a una asociación judicial.

El Gobierno también ha aprobado de forma paralela el proyecto de ley que suspende dos artículos de la actual LOPJ para conseguir que la próxima renovación del Consejo se haga según los criterios marcados en la ley en tramitación. El proyecto de Ley, que incluye parte de las observaciones hechas en los informes emitidos sobre el anteproyecto por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo Fiscal, pretende la agilización del Consejo tanto a la hora de ser renovado como en su funcionamiento y en su estructura, con un menor coste económico. Para elaborarlo se tuvieron en cuenta las conversaciones mantenidas estos últimos meses con el PSOE con el fin de sumar a esta reforma al mayor número de grupos parlamentarios durante su tramitación en las Cortes y evitar así que instituciones fundamentales de nuestro Estado de Derecho sean modificadas en cada cambio de Gobierno.

Entre las principales modificaciones que incluye el proyecto respecto al anteproyecto que fue al Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre figura incluir entre las normas sobre las que el órgano de gobierno de los jueces tiene potestad para informar aquellas que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los tribunales. Además, la ley detalla las competencias reglamentarias del CGPJ, entre las que están algunas de las hasta ahora recogidas en el Reglamento de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Y para evitar cualquier duda, el control interno del gasto corresponderá a un interventor del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado que dependerá funcionalmente del Consejo.

El texto fija que sean las Cortes quienes elijan por mayoría de tres quintos a los veinte vocales del CGPJ: el Congreso designará a cuatro juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional y a otros seis correspondientes al turno judicial, y el Senado a otros tantos. Según defiende su decisión de optar por este modelo explicando que cuando el ministro informó el pasado 6 de julio al Consejo de Ministros del primer informe para la reforma de la LOPJ (realizado a partir de la propuesta de la Comisión institucional de expertos creada el pasado 2 de marzo), explicó que las dos fórmulas utilizadas hasta ahora para la elección de vocales son perfectamente constitucionales, tanto si las Cortes eligen a los veinte vocales como si solo se ocupa de ocho de ellos, dejando en manos de los propios jueces y magistrados la designación del resto.

Así, insiste en que el proyecto hoy aprobado pretende garantizar la representación de toda la carrera judicial en el órgano de gobierno de los jueces. Por ello cualquier juez podrá presentar su candidatura a vocal del CGPJ con la única condición de aportar el aval de 25 miembros de la carrera judicial en servicio activo o el de una asociación judicial. Cada juez o asociación podrá a su vez avalar a un máximo de 12 candidatos. El Ministerio explica que todas las candidaturas (no un listado de 36, como hasta ahora) se remitirán a las Cámaras para que cada una de ellas proceda a la elección de los seis vocales de extracción judicial que le corresponden. En su designación, las Cortes procurarán respetar la proporción existente en la carrera judicial entre afiliados y no afiliados y, como mínimo, la proporción de tres magistrados del Tribunal Supremo, tres con más de 25 años de antigüedad, cuatro con menos y dos jueces.

Además, Justicia muestra como ejemplo de esa independencia, que ni sobre el presidente del Supremo ni sobre los vocales pesará deber alguno de comparecer ante las Cámaras por razón de sus funciones. No obstante, el proyecto de ley establece la comparecencia del presidente a fin de responder a las preguntas que se le formulen en relación a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los juzgados y tribunales que anualmente prepara el órgano de gobierno de los jueces. La reforma prevé un sistema de renovación del Consejo que garantiza que se cumplan sin retrasos los plazos previstos por la ley para su relevo. Si el día de la constitución de este órgano una de las dos cámaras no ha procedido a la elección de los vocales que le corresponden, el Consejo se constituirá con los diez nuevos designados por la otra cámara y los diez que en su día eligió la que ha incumplido el plazo. El nombramiento de vocales con posterioridad no supondrá la ampliación de su cargo más allá de los cinco años del mandato del Consejo para el que han sido designados.

Todos los vocales del Consejo, salvo los seis que formen parte de la Comisión Permanente y el que sea nombrado vicepresidente del CGPJ, permanecerán en servicio activo en la Carrera Judicial o en el Cuerpo funcionarial al que pertenezcan o ejerciendo la actividad profesional que estén desempeñando en el momento de su nombramiento. Es decir, que tendrán dedicación exclusiva los vocales que, junto con el presidente del Tribunal Supremo, integren la Comisión Permanente (tres procedentes de la carrera judicial y tres juristas a los que, en la medida de lo posible, se renovará anualmente) y el vocal que sea nombrado vicepresidente del CGPJ. Esos siete vocales más el presidente del Supremo serán, por tanto, los únicos que perciban una retribución. Los demás sólo cobrarán dietas por su asistencia al Pleno o a comisiones.

Podrán presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ los magistrados del Alto Tribunal con una antigüedad de al menos tres años en la categoría o juristas eminentes con más de 25 años de experiencia profesional. El presidente desarrollará su labor auxiliado por un vicepresidente del Supremo, elegido por el Pleno entre la terna que proponga el primero (los candidatos tendrán que tener categoría de magistrado del Supremo y reunir los requisitos para ser presidente de Sala). El vicepresidente del Supremo será quien sustituya al presidente en los supuestos de vacante, enfermedad o cualquier otro motivo en el Alto Tribunal. Ambos quedarán en situación administrativa de servicios especiales mientras desarrollan su labor (es decir, mantendrán la plaza que ocupaban en el momento de su designación y se les computará la antigüedad que generen en su nuevo destino).

El pleno del Consejo, además, elegirá un vicepresidente del CGPJ entre los vocales que lo forman. Sólo podrán ser elegidos los que sean magistrados del Tribunal Supremo. Auxiliará al presidente del Supremo y del CGPJ en caso de ausencia o enfermedad al frente del órgano de gobierno de los jueces. Quedará en situación de servicios especiales. El órgano de gobierno de los jueces mantiene las competencias que la Constitución le encomienda: nombramientos, ascensos y régimen disciplinario. No hay ninguna modificación: las decisiones relevantes seguirán en manos del Pleno, que conserva sus competencias. La actividad internacional del órgano de gobierno de los jueces deberá estar coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Comisión Permanente asumirá las competencias que en la actualidad se repartían una quincena de comisiones, salvo las que correspondan a la Comisión Disciplinaria, a la de Igualdad y a la de Asuntos Económicos, que se mantienen. Para que ello sea posible se potenciarán los servicios del Consejo y se reorganizará el Cuerpo de Letrados del órgano de gobierno de los jueces. De esta forma, se procederá a dotar de una mayor profesionalización el órgano de gobierno de los jueces. Otra novedad que incluye el anteproyecto es la creación de la figura del promotor de la Acción Disciplinaria, que será un magistrado del Tribunal Supremo o uno con más de 25 años de antigüedad. Tendrá dedicación exclusiva para instruir los expedientes y será quien acuse ante la Comisión Disciplinaria, que actuará como tribunal disciplinario y será quien resuelva los expedientes por infracciones graves o muy graves, aunque la sanción de separación del servicio seguirá correspondiendo al Pleno. La decisión del promotor de la Acción Disciplinaria de no iniciar o de archivar un expediente disciplinario ya iniciado podrá ser impugnada ante la Comisión Permanente.

La Comisión Disciplinaria estará formada por siete vocales, cuatro del turno judicial y tres del turno de juristas de reconocida competencia. Serán nombrados por un mandato de cinco años. Los acuerdos de la Comisión Disciplinaria podrán ser recurridos en un plazo que aumenta de 10 días a un mes. Para dotar de mayor agilidad y eficacia el funcionamiento del CGPJ se simplifica el sistema de mayoría para la toma de decisiones. Por regla general las decisiones se tomarán por mayoría simple, reservando la mayoría reforzada a las decisiones de especial relevancia previstas en la ley, como las destituciones de vocales y del presidente.

El primer presupuesto del órgano de gobierno de los jueces se hará en base cero, por lo que se tendrán que justificar todas las necesidades de la institución para prepararlo y mantendrá autonomía presupuestaria. Las retribuciones y dietas de los vocales se fijarán por los Presupuestos Generales del Estado. El control interno del gasto corresponderá a un interventor del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, pero que dependerá funcionalmente del Consejo y estará adscrito a la Comisión Permanente. Del control externo se ocupará el Tribunal de Cuentas. Para conseguir que la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial, prevista para el próximo 24 de septiembre, se haga conforme a la nueva ley, el Consejo de Ministros ha aprobado también hoy un proyecto de Ley Orgánica que suspende el artículo 112 y parcialmente el 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente hasta la próxima renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Si no se produjera la suspensión de la vigencia de estos dos artículos, conforme a la ley en vigor, el presidente del CGPJ debería poner en marcha el proceso de renovación del Consejo el próximo 24 de marzo de 2013 y tendría que hacerlo según lo que fijaba esa norma, al no haber dado tiempo para que en ese momento estuviese ya en vigor la que se encuentra en tramitación.

Fuente: Disjurex

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El PP paraliza la ley de desahucios a la espera de un dictamen de Bruselas

El PP paraliza la ley de desahucios a la espera de un dictamen de Bruselas

(El País, 05-03-2013)

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago y los desahucios presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y avalada por más de un millón y medio de firmas, sufrió ayer un parón en su tramitación. Ésta iba a tramitarse con el decreto del Gobierno sobre el mismo asunto y se estaba a la espera de convocar la ponencia la semana pasada y que empezara la andadura parlamentaria con carácter de urgencia, después de haber recibido las enmiendas de los grupos. Pues bien, el plazo de enmiendas se ha ampliado ahora hasta el próximo 6 de marzo, aunque es posible que vuelva a producirse un nuevo aplazamiento porque el motivo de la demora no se aclarará hasta el 14 de marzo. El Gobierno está a la espera en esa fecha de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la actual legislación hipotecaria, que se presupone desfavorable.

Este próximo pronunciamiento del Tribunal de Justicia europeo es la razón que el Gobierno y la dirección del Grupo Popular han transmitido oficiosamente a los grupos parlamentarios para hacerles ver que convendría esperar a esa sentencia. Los representantes de los grupos torcieron el gesto pero no protestaron demasiado porque en este caso alguna razón conceden al Gobierno. Con la demora, los dictados de Bruselas se incluirían en las dos iniciativas que hay en el Congreso: el decreto del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular aprobada por todos los grupos parlamentarios, también por el PP, que reconsideró su negativa poco antes de la votación. Hay muchas posibilidades de que el tribunal europeo inflija un duro correctivo a la legislación actual, con lo que se uniría a las quejas de la oposición y de los activistas de las plataformas que desde hace cuatro años luchan por parar los desahucios. Las protestas ciudadanas, el criterio desfavorable de los jueces a la dureza de la legislación, los requerimientos de la Defensora del Pueblo, han hecho mella en el Gobierno, que ya tiene previsto aflojar la rigidez e inflexibilidad actual de la legislación española.

Las posibilidades del correctivo del tribunal europeo se deducen porque este organismo tiene sobre la mesa el dictamen de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, que considera las normas españolas que regulan los procesos de desahucio del todo incompatibles con la doctrina de protección de los consumidores. Estos dictámenes tienen una receptividad alta por parte del tribunal. El origen del trabajo de la letrada parte del juzgado número 3 de Barcelona donde llegó el caso de un desahucio por impago de un ciudadano que, a su vez, denunció a su banco, Catalunya Caixa. El afectado estimó que se le había aplicado una condición que consideraba nula. A este caso se refiere Kokott en su informe que fue tomado en consideración por el tribunal europeo.

La letrada entiende que se vulneran los derechos de defensa de la persona cuando de entrada se le expulsa de la casa y esta se subasta, de manera que cuando el afectado litiga ya tiene el caso perdido. Desde la perspectiva europea, que invoca Kokott, los ciudadanos deben tener un recurso legal eficaz para poder demostrar que las características del préstamo podrían ser abusivas y detener la ejecución hasta que se resuelva la causa judicial. Así las cosas, el Gobierno prefiere ser prudente y detener las nuevas normas hasta escuchar al tribunal europeo. Este aplazamiento supondrá que los plazos previstos están en peligro al resultar casi imposible que la futura ley salga del Congreso camino del Senado el 29 de marzo, como en un principio se ideó.

Entretanto, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca van a reanudar sus acciones con escritos a los parlamentarios para que la nueva ley contenga sus reivindicaciones mínimas: dación en pago con carácter retroactivo, paralización de todos los desahucios en marcha y creación de un parque de alquiler de viviendas sociales, con un precio módico. La primera condición no la avala el Gobierno ni tampoco el sector bancario. De ser así las condiciones para la concesión de hipotecas serían mucho más duras, advierten en las entidades financieras. La entrega de la casa para liquidar la deuda no puede ser general sino para personas especialmente vulnerables. Pero la Plataforma quiere que se cumplan los puntos de la Iniciativa Legislativa Popular, todos, y globalmente los grupos parlamentarios la apoyan, aunque hay matices.

El PNV ha presentado una enmienda a la iniciativa legislativa popular de manera que la retroactividad de la dación en pago sea únicamente para casos de especial gravedad. El resto de los grupos presentarán sus enmiendas en las próximas horas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca renueva su decisión de vigilar a los diputados. “Señalaremos a quien no apoye la iniciativa porque serán los responsables de tanto sufrimiento”, ha advertido la portavoz de la plataforma Ada Colau. ¿Qué hará la plataforma?: “Escrachar”, que quiere decir “poner en evidencia”, según un término utilizado en Argentina. Numerosos colectivos lo utilizaron para apuntar a los colaboradores de la dictadura en protesta por la inacción de la justicia contra ellos por lo que ellos les “escrachaban”, es decir, les señalaban y apuntaban públicamente. Ese “escrachamiento” o señalamiento es el que emprenderá la plataforma con los parlamentarios que no escuchen sus demandas a favor de los desahuciados.

Fuente: Disjurex

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El Gobierno permitirá crear empresas con un solo euro de capital social

El Gobierno permitirá crear empresas con un solo euro de capital social

(Cinco Días, 06-03-2013)

Objetivo: generar actividad y empleo. Esa es la máxima con la que una comisión interministerial trabaja desde hace semanas para tener listo antes de Semana Santa el anteproyecto de ley de apoyo al emprendedor. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, primero y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría después, confirmaron que será una de las reformas que se ponga en marcha antes, vistas las escalofriantes cifras de paro. Además, fuentes cercanas al proyecto admiten que desde Bruselas se ha insistido al Ejecutivo español para que agilice los trámites que siguen siendo necesarios para constituir una empresa. España es el 150 país del mundo donde es más fácil iniciar una actividad empresarial, o lo que es lo mismo, que se encuentra en el furgón de cola de esa clasificación. Con la futura ley de emprendedores se quiere poner fin a esa situación. Así, a partir de su entrada en vigor se podrá constituir una sociedad con un euro de capital social, algo que ahora no es posible con la regulación española y, sin embargo, sí funciona en otros países.

Mientras que en España el capital social mínimo que se requiere para crear una sociedad limitada es de 3.000 euros, la UE permite la constitución de empresas con solo un euro con ciertas cautelas. Fuentes cercanas al proyecto explican a CincoDías que esos límites consistirán en que los propietarios de la empresa no puedan repartir dividendo ni conceder créditos a terceros mientras la compañía no esté convenientemente capitalizada. “Se trata de facilitar la creación de empresas y que el no disponer de dinero no sea un impedimento. Por eso, se permitirá que cualquier empresario pueda ponerse en marcha con un euro y después vaya desembolsando el capital social restante poco a poco, ya que existen datos que confirman que los primeros cinco años de actividad es cuando existe más riesgo de fracaso”, explican las mismas fuentes. Unida a esta nueva exigencia, la ley tratará de reducir todas las licencias administrativas que después hacen falta, una vez constituida la sociedad, para poder desarrollar la actividad.

La ley de unidad de mercado ha tratado ya de poner cierto orden para que una misma actividad no deba ser autorizada en cada una de las 17 comunidades autónomas, pero lo cierto es que muchos expertos coinciden en que de muy poco sirve que se permita la creación de empresas online sin apenas trabas, si después la concesión de licencias se eterniza en el tiempo y es muy cara. El anteproyecto de ley apostará por la sustitución progresiva de esas licencias por meras declaraciones de responsabilidad de los nuevos empresarios. Este mecanismo, no obstante, también tiene sus peros, ya que obliga a las administraciones a poner en marcha servicios de inspección muy potentes. Una vez creada la nueva empresa, ¿cuál es el problema que más preocupa y al que deben enfrentarse los emprendedores? Las asociaciones de autónomos lo tienen claro: la financiación.

La futura ley también tiene previsto actuar sobre ello. De hecho, contempla un impulso a las entidades de capital riesgo, la sociedades de garantía recíproca e incluso prevé la creación de fondos de capital riesgo mixtos público-privados. Además de los incentivos y exenciones fiscales que tiene previsto incluir la ley para el inicio de la actividad emprendedora, el Gobierno pretende generar un mercado de pagarés donde las pequeñas y medianas empresas puedan obtener financiación, a través de pequeñas emisiones de deuda, ahora que los canales tradicionales de crédito se encuentran todavía cerrados para la inmensa mayoría. No ha prosperado, en cambio, la idea de generar un portal administrativo controlado y regulado donde las pymes que quieran vender su negocio pudieran ofrecerse a sus potenciales compradores.

Sí parece haber gustado, y mucho, una propuesta realizada por los registradores de la propiedad. Se trata de avanzar hacia una ley de garantías mobiliarias. “Es pasar de la hipoteca inmobiliaria a la mobiliaria, donde las garantías no tienen nada que ver con viviendas, suelo o cualquier otra clase de inmueble, sino con ingresos futuros, licencias, o subvenciones, entre otros”, explican fuentes de los registradores. En el sector del taxi, por ejemplo, comienzan a suscribirse créditos donde la garantía que aporta el titular es solo la licencia, lo cual le permite no tener que aportar su casa, que probablemente ya estará hipotecada. Pero es que se puede hacer casi con todo. Los agricultores pueden aportar como garantías las cosechas futuras, los farmacéuticos, su licencia o los clubes de fútbol los ingresos por venta de camisetas. Los defensores de este sistema han remitido su propuesta al Ejecutivo y ésta ha tenido tanto éxito que el Gobierno ya ha pedido más información. Todo con tal de que quien tenga una idea, pueda llevarla a efecto.

Fuente: Disjurex

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Fiscal: Hacienda exigirá los “libros de registro” de cobro en el IVA

Hacienda exigirá los “libros de registro” de cobro en el IVA

(Cinco Días, 05-03-2013)

El Gobierno ya negocia con las pymes el cambio normativo que permitirá que las compañías con una cifra de negocio inferior a dos millones de euros puedan, a partir de 2014, pagar el IVA al cobrar la factura y no, como sucede ahora, cuando se emite. En una reunión mantenida ayer, Hacienda ya trasladó a organizaciones como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) o UPTA que la Agencia Tributaria establecerá más controles sobre las empresas que apliquen el llamado criterio de caja. Una de las medidas que Hacienda ya está ultimando supone la obligación de llevar unos libros de registro de cobros en el IVA, una exigencia que implica un aumento notable de la burocracia. Lo más probable es que esta información adicional deba declararse ante Hacienda trimestralmente.

Otro punto que para Hacienda resulta innegociable es que el criterio de caja se aplicará tanto al proveedor como a la empresa que actúa como cliente. Hasta ahora, cuando una sociedad recibía una factura podía deducirse el IVA con independencia de que la hubiera abonado. Ello ya no será así cuando una de las empresas de una operación haya optado por aplicar el criterio de caja, que será voluntario. Esto significa que cuando una gran empresa –que no puede recurrir al criterio de caja– tenga como proveedor a una pyme que sí aplica el nuevo modelo, ya no podrá deducirse el IVA hasta que pague la deuda con esa pequeña empresa. Además, ello generará ciertos problemas en la contabilidad de estas compañías que ya tienen su sistema de gestión del IVA totalmente informatizado. Los autónomos temen que las grandes empresas presionen a sus proveedores para mantener el criterio de devengo u opten por trabajar solo con pymes que aplican su mismo modelo de IVA.

En estos casos, cada pyme deberá valorar si le sale a cuenta adherirse al nuevo modelo. La decisión resulta importante ya que las compañías que opten por aplicar el criterio de caja deberán mantenerlo para todas sus ventas y no podrán cambiarse durante un período determinado que puede alcanzar los dos años. Las modificaciones normativas en el IVA se incluirán en la Ley de Emprendedores y entrarán en vigor en 2014 para todas las pymes. Es decir, no se aplicará en un primer momento solo a aquellas empresas que operen con la Administración.

Fuente: Disjurex

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Laboral: Traspaso de trabajadores

Traspaso de trabajadores

Tenemos una empresa que formalizará un contrato mercantil con una empresa de Madrid. Se trata de un restaurante que asesorará a otro para implantar un modelo de negocio. Dentro de los términos del contrato se establece que la empresa que ofrece sus servicios al restaurante de Madrid, enviará dos trabajadores a Madrid para que enseñen la forma de trabajar y el Know how.

Enseñar su modelo de negocio.

El periodo mínimo será de seis meses, pudiendo este prolongarse hasta que se  haya establecido correctamente el modelo de negocio.

Gastos de los trabajadores

Al mismo tiempo que enseñan al personal de la otra empresa también estarán  trabajando en el restaurante de Madrid. Otra de las cláusulas que se quiere  estipular es que todos los gastos derivados de este personal que estará  desplazado a Madrid tanto de salarios, como gastos de Seguridad Social como  alojamiento irán a cargo de la empresa de Madrid.

Subrogación de trabajadores

Este “traspaso” de trabajadores puede estar justificado solamente con el  contrato mercantil que se estipulará entre ambas empresas, o se tendría que  hacer una subrogación de trabajadores por el periodo que estos presten su  servicio en Madrid, y volver a hacerlo cuando finalice el contrato  mercantil.

Atención. El problema que se podría plantear, es que tras realizar su trabajo  de asesoramiento, efectúen también tareas que configuren la figura jurídica de  la cesión ilegal.

Delimitar claramente las funciones

Habrá que delimitar si los trabajos que realizan en el restaurante forman  parte de las tareas de asesoramiento práctico o no para la implantación del  nuevo negocio, y en consecuencia, estar configurado como la contrata mercantil  entre las dos empresas.

Apunte. Dichos trabajadores deben estar siempre organizados y dirigidos por  su propia empresa, quien debe ser la única que les debe de abonar las dietas y  salarios, y no por el restaurante que asesoran.

En definitiva, es correcto y sin ninguna clase de problema, la cesión de  dichos trabajadores para asesorar e implantar un modelo de negocio, resultando  problemático, que para dicho asesoramiento sea necesario estar trabajando  normalmente en dicho restaurante, ya que ello podría ser interpretado como una  cesión ilegal prohibida por el art. 43 del E.T.

Fuente: Disjurex

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