Huelga contra las reformas en el sistema.Jueces y fiscales se plantan ante Gallardón en un paro histórico

Los jueces a Gallardón ante el Supremo: “Sí hay dinero, lo tiene el tesorero”

Mientras el Congreso acogía la primera jornada del Debate del Estado de la Nación, marcado por los polémicos casos de corrupción, espionaje y los efectos de las reformas legislativas del Partido Popular, jueces, fiscales y secretarios judiciales, entre otros sectores, se manifestaban el pasado día 20 de febrero en toda España en contra de las últimas medidas adoptadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La Ley de tasas, el necesario incremento de la planta judicial o la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las atribuciones y competencias de este órgano, son algunos de los puntos que centran una huelga histórica, en la que por primera vez participan los fiscales.

Sólo las dos asociaciones mayoritarias -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación de Fiscales- no apoyaron el paro, que sí fue secundado por algunos afiliados. Por ejemplo, la APM de Córdoba anunció la víspera del paro que finalmente secundaría la huelga convocada por los jueces, y ello por estimar que la reforma del CGPJ ?atenta contra la independencia de los jueces? y que la Ley de tasas ?vulnera el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva?.

En cualquier caso, ambas asociaciones de jueces y fiscales sí han venido mostrando su profundo rechazo a las reformas de Justicia, aunque no aceptan la huelga como medio de queja. De hecho, la APM subrayó que comparte el rechazo a las reformas y mostró su preocupación por la incidencia que tendrán en la independencia judicial. Esta asociación es una de las grandes perjudicadas por la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, ya que pierde cuota de poder en el Consejo.

La Asociación de Fiscales, por su parte, aseguró en un comunicado que ?desde el respeto a las diversas posiciones, no apoya esta convocatoria de huelga por no encontrar ponderada en relación con los fines propuestos una medida de presión tan radical?. Eso sí, ?sin duda es preciso que el Gobierno inicie el diálogo con los colectivos afectados del desarrollo reglamentario tanto en sustituciones como en enfermedades profesionales y sobre el objeto de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial?, señala la Asociación. Preocupa también la escasez de fiscales y jueces en España en comparación con otros estados europeos, así como de medios disponibles para afrontar toda clase de procedimientos.

A las asociaciones convocantes se unió también la Plataforma Justicia para Todos, que integra al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el Consejo de Consumidores y Usuarios, y cinco organizaciones sindicales -CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ-. Por su parte, el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que no apoya la medida de los jueces. Sin embargo, el Pleno del Consejo sí ha criticado -por ejemplo, a través del informe sobre la reforma planteada por el Gobierno del Código Penal y del CGPJ- las reformas de Gallardón y ha puesto en duda la constitucionalidad de algunos puntos y la vulneración de la independencia judicial, si bien no estima oportuno que la vía para la reivindicación sea la huelga.

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha expresado, por su parte, su ?absoluto respeto? para quienes decidieron sumarse a la huelga, a pesar de que ?es un derecho no reconocido expresamente, difuso dentro de la estructura de la Constitución Española?. Así, ?no existiendo una regulación en este sentido, desde mi punto de vista teóricamente lo que la Constitución no prohíbe puede estar tolerado de alguna forma?.

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