Huelga contra las reformas en el sistema.Jueces y fiscales se plantan ante Gallardón en un paro histórico

Los jueces a Gallardón ante el Supremo: “Sí hay dinero, lo tiene el tesorero”

Mientras el Congreso acogía la primera jornada del Debate del Estado de la Nación, marcado por los polémicos casos de corrupción, espionaje y los efectos de las reformas legislativas del Partido Popular, jueces, fiscales y secretarios judiciales, entre otros sectores, se manifestaban el pasado día 20 de febrero en toda España en contra de las últimas medidas adoptadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La Ley de tasas, el necesario incremento de la planta judicial o la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las atribuciones y competencias de este órgano, son algunos de los puntos que centran una huelga histórica, en la que por primera vez participan los fiscales.

Sólo las dos asociaciones mayoritarias -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación de Fiscales- no apoyaron el paro, que sí fue secundado por algunos afiliados. Por ejemplo, la APM de Córdoba anunció la víspera del paro que finalmente secundaría la huelga convocada por los jueces, y ello por estimar que la reforma del CGPJ ?atenta contra la independencia de los jueces? y que la Ley de tasas ?vulnera el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva?.

En cualquier caso, ambas asociaciones de jueces y fiscales sí han venido mostrando su profundo rechazo a las reformas de Justicia, aunque no aceptan la huelga como medio de queja. De hecho, la APM subrayó que comparte el rechazo a las reformas y mostró su preocupación por la incidencia que tendrán en la independencia judicial. Esta asociación es una de las grandes perjudicadas por la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, ya que pierde cuota de poder en el Consejo.

La Asociación de Fiscales, por su parte, aseguró en un comunicado que ?desde el respeto a las diversas posiciones, no apoya esta convocatoria de huelga por no encontrar ponderada en relación con los fines propuestos una medida de presión tan radical?. Eso sí, ?sin duda es preciso que el Gobierno inicie el diálogo con los colectivos afectados del desarrollo reglamentario tanto en sustituciones como en enfermedades profesionales y sobre el objeto de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial?, señala la Asociación. Preocupa también la escasez de fiscales y jueces en España en comparación con otros estados europeos, así como de medios disponibles para afrontar toda clase de procedimientos.

A las asociaciones convocantes se unió también la Plataforma Justicia para Todos, que integra al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el Consejo de Consumidores y Usuarios, y cinco organizaciones sindicales -CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ-. Por su parte, el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que no apoya la medida de los jueces. Sin embargo, el Pleno del Consejo sí ha criticado -por ejemplo, a través del informe sobre la reforma planteada por el Gobierno del Código Penal y del CGPJ- las reformas de Gallardón y ha puesto en duda la constitucionalidad de algunos puntos y la vulneración de la independencia judicial, si bien no estima oportuno que la vía para la reivindicación sea la huelga.

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha expresado, por su parte, su ?absoluto respeto? para quienes decidieron sumarse a la huelga, a pesar de que ?es un derecho no reconocido expresamente, difuso dentro de la estructura de la Constitución Española?. Así, ?no existiendo una regulación en este sentido, desde mi punto de vista teóricamente lo que la Constitución no prohíbe puede estar tolerado de alguna forma?.

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Las parejas de hecho podrán cobrar la pensión de viudedad sin tener hijos en común

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el apartado de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social de 2007, que solo reconoce la pensión de viudedad a las parejas de hecho cuando hayan tenido hijos comunes, impidiendo así acceder a esta retribución a las parejas de hecho del mismo sexo.

 

Según la sentencia, fechada el 14 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, esta norma conlleva la vulneración de la prohibición de discriminación en función de “cualquier otra condición o circunstancia personal o social” a la que se refiere el artículo 14 de la Constitución española.

Así, el Pleno del alto tribunal considera “inconstitucional y nulo” el apartado ‘c’ de la disposición adicional tercera de la norma, que establece que para la concesión de la pensión de viudedad “el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes”.

La sentencia cuenta con el voto particular en contra del magistrado Francisco Pérez de los Cobos, que considera que esta ley está justificada por la falta de recursos de la Administración y ve “razonable” el requisito de los hijos. A este argumento se adhieren los magistrados Ramón Rodríguez Arribas, Andrés Ollero Tassara y Juan José González Rivas.

En 2008, un ciudadano solicitó a la Dirección Provincial de Barcelona del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) el reconocimiento de la pensión de viudedad como consecuencia del fallecimiento de su pareja -acaecido en 2004- y con la que había convivido de forma estable desde 1982 hasta la muerte de éste. La ley de parejas de hecho en Cataluña se aprobó en junio de 1998.

La solicitud fue denegada por el INSS por no cumplirse el requisito de haber tenido hijos comunes con el fallecido, una resolución administrativa fue objeto de demanda, tramitada en el Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona, que acordó conferir a las partes y al Ministerio Fiscal para que alegasen la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad.

Este juzgado consideró de imposible cumplimiento que las parejas de hecho del mismo sexo tengan hijos biológicos y de muy difícil cumplimiento en la práctica si se trata de hijos adoptivos, pues el derecho a adoptar se reconoció en Cataluña en 2005, un año después del fallecimiento de uno de los miembros de la pareja. El Ministerio Fiscal manifestó su opinión favorable para plantear el recurso de inconstitucionalidad.

“Estamos, en suma, ante la exigencia de un requisito aparentemente “neutral” -haber tenido hijos comunes- que, sin embargo, tiene efecto excluyente de la nueva pensión para parejas de hecho del mismo sexo, dada la imposibilidad biológica de tener hijos en común y a la imposibilidad legal de su adopción en común hasta fechas muy recientes”, señala el magistrado Manuel Aragón, el ponente del TC encargado de esta cuestión.

Asimismo, indica que la orientación sexual, aunque no aparece expresamente mencionada en el artículo 14 CE como uno de los concretos supuestos en que queda prohibido un trato discriminatorio, es “indudablemente” una circunstancia incluida en la cláusula “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

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La justicia europea ve ilegal la norma española sobre el cálculo de pensiones

  • Considera que se discrimina a los ciudadanos que han trabajado en el extranjero
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que la normativa española sobre el procedimiento de cálculo de la pensión de jubilación vulnera la legislación comunitaria porque discrimina a las personas que han trabajado en un Estado miembro diferente de España.

La sentencia responde al caso de una trabajadora española que cotizó un total de 10 años en España y 5 en Portugal. Solicitó una pensión de jubilación en España, que le fue reconocida por el Instituto Nacional de Seguridad Social con efectos desde el 1 de enero de 2006 y con un importe de 336,86 euros mensuales.

Con el fin de comprobar si la interesada había cotizado durante el periodo mínimo de 15 años, la Seguridad Social tuvo en cuenta tanto los periodos cotizados en España como los cotizados en Portugal. No obstante, para el cálculo de la base reguladora, sólo sumó las cuotas pagadas en España, mientras que el resto se contabilizaron con una cuantía de cero.

Sobre el derecho de libre circulación

La demandante solicitó que se integrara en el cálculo de su pensión de jubilación las cuotas que satisfizo en Portugal y que el importe de su pensión se fijara en 864,14 euros mensuales. Al rechazar la Seguridad Social su petición, presentó un recurso que ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Pues bien, en su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia de la UE recuerda que los Estados miembros conservan su competencia para organizar sus sistemas de seguridad social, pero deben respetar el derecho de la Unión y, en concreto, la libertad de los ciudadanos de circular y residir en cualquier Estado miembro.

“En consecuencia, los trabajadores migrantes no deben sufrir una reducción de la cuantía de las prestaciones de seguridad social por el hecho de haber ejercido su derecho a la libre circulación”, afirma el fallo.

Por ello, el Tribunal de Justicia concluye que la legislación española incumple la normativa comunitaria.

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