Tasas judiciales: Las victimas de violencia de género están exentas del pago

Reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de la violencia de género El art. 2 del RDL 3/2013, de 22 de febrero, de Modificación del Régimen de Tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia y del Sistema de Asistencia Jurídica Gratuita (BOE de 23 de febrero), introduce diversas modificaciones en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Entre ellas, la nueva letra g) en el art. 2 que reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de la violencia de género, con independencia de la existencia de recursos para litigar.

Fuente: Sepin

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El ‘caso Urdangarin’ refuerza el valor probatorio de los ‘emails’

El juez da por auténticos los correos que ha aportado el exsocio del Duque de Palma, Diego Torres. Fueron impugnados por uno de los abogados pero los aludidos no han puesto en duda que sean reales.

Iñaki Urdangarin.Iñaki Urdangarin.

El juez que instruye el caso Urdangarin, José Castro, dictó ayer una providencia que da por auténticos los correos electrónicos que ha aportado el exsocio del Duque de Palma, Diego Torres, y que sugieren que la Casa del Rey, a través del secretario de la infanta Cristina, Carlos García Revenga, de la propia infanta o del Monarca, conoció, amparó y favoreció los negocios de Urdangarin. Los últimos emails tratan sobre la oferta laboral realizada a Urdangarin por Corinna Sayn-Wittgenstein. Este proceso, unido a los papeles del caso Bárcenas, está suscitando un debate sobre el valor probatorio de los correos.

El juez Castro alega que los emails, que fueron impugnados por uno de los abogados, proceden de la Fundación Nóos y que ninguno de los aludidos ha puesto en duda la autenticidad del conjunto.

En el año 2000, la Ley de Enjuiciamiento Civil introdujo la posibilidad de aportar emails y otros documentos en soporte digital como prueba. Hasta entonces, la prueba documental distinguía entre escritos públicos –notariales, judiciales o administrativos– y privados, y daba mayor fuerza probatoria a los públicos, ya que prueban la fecha, las personas firmantes y el hecho que documentan, mientras que los privados sólo producían tales efectos si son reconocidos por las partes.

El email es en principio un documento privado, con ciertas particularidades, y sometido por tanto al trámite del reconocimiento de los implicados. Los problemas surgen cuando una de las partes no lo reconoce, sea por negar la fecha, el contenido, el autor o los documentos adjuntos.

“Los emails se pueden utilizar como prueba en un juicio siempre y cuando su obtención no vulnere derechos fundamentales, en cuyo caso son prueba nula de pleno derecho”, señala José Ángel González Franco, socio director de González Franco Roxin Abogados.

Con los documentos tradicionales, la impugnación se solía resolver mediante un dictamen pericial que reconociese la autenticidad de la firma contenida en los mismos, lo que era relativamente sencillo con las técnicas de reconocimiento caligráfico. Tal juicio pericial no es tan claro con el email, pues es un elemento fácilmente manipulable. Además, al juzgado normalmente no se aporta más que la copia en papel y las técnicas para la detección de las manipulaciones no son del todo fiables. Al final, es el juez quien debe valorar la prueba, pues la ley establece que si no se puede determinar pericialmente la validez de un documento, el juez lo hará según su criterio. Los peritajes informáticos practicados en caso de denuncia sólo pueden certificar el envío, el destinatario y la fecha, no el contenido.

Bosco de Gispert, abogado de Grupo Gispert, Abogados y Economistas, apunta que “se implementan sistemas que certifican el contenido y fecha del mail: el buromail, los remitidos a través del Colegio de Notarios y el certificado de firma electrónica”. Y concluye: “El email está plenamente reconocido como medio de prueba, si bien con la limitación de los documentos privados sobre su autenticidad, salvo que se usen medios que certifican el contenido.

Los peritos no pueden certificar el contenido de un correo en papel Los peritajes informáticos que se practican en caso de denuncia de manipulación de correos sólo pueden certificar el envío del correo, el destinatario y la fecha, pero no el contenido del mismo ni el de sus posibles documentos adjuntos, que es lo realmente relevante y útil a efectos del procedimiento.

Esta certificación, además, sólo puede hacerse si se aportan medios de prueba digital, es decir, imágenes forenses, no si se adjuntan los correos en papel, explican Ricardo Noreña y César Nieto, socio director de Forensic y responsable del Laboratorio Forense de Ernst & Young, respectivamente. Noreña y Nieto detallan que “en el caso de que se aporten pruebas forenses informáticas de los correos mandados desde una empresa u otro organismo puede llegarse a certificar que el contenido de los correos estaba en el momento de su envío y recepción a partir de los rastros y del volumen de información almacenados”. Lo mismo sucede con los metadatos que desprenden los archivos adjuntos. Por último, estos expertos recuerdan a las empresas que “deben tener una política clara de privacidad en la que se informe a los empleados de que hay controles periódicos de ordenadores en los que se hacen copias de seguridad”.

Fuente: Expansión

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La Audiencia Nacional cree que la crisis no justifica suprimir la paga extra a los trabajadores públicos

Esta medida afecta al personal laboral del sector público

La Audiencia Nacional cree que la crisis económica no justifica la decisión del Gobierno de suprimir la paga extra para el personal laboral del sector público con efectos retroactivos. Así, ha solicitado al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre su legalidad.

Esta decisión de la Sala de lo Social de este tribunal, que responde a un recurso planteado por varios sindicatos contra la dirección de la Compañía Española de Tabaco (CETARSA), no afecta al recorte de la extra de diciembre para los funcionarios, ya que esta cuestión se está dirimiendo en el orden contencioso-administrativo.

Los magistrados entienden que la doctrina del Tribunal Supremo establece que la paga extraordinaria se devenga día a día, por lo que, en este caso, como se pagó el 30 de junio la paga del primer semestre y la norma no entró en vigor hasta el 15 de julio, se generó el derecho a la parte proporcional a dos semanas de trabajo.

Por tanto, señala, “no podía eliminarse ese derecho con efecto retroactivo desde el 1 de julio, según los jueces”.

Así, rechaza los argumentos de la Abogacía del Estado, que trató de excusar el Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el interés general dada la situación de crisis económica.

El auto, contra el que no cabe recurso, llega a plantear la posibilidad de que este caso sea una “expropiación legislativa de derechos”, pero mantiene que no se puede aplicar en este pleito porque no existe una compensación o devolución futura de cantidades.

“A nuestro entender la reducción del déficit público puede justificar muchas cosas, pero no reúne la nota de cualificación absolutamente excepcional que sería necesaria (…). Es justamente el interés general lo que se ataca cuando se niega a quienes ya han prestado sus servicios el derecho a percibir el salario correspondiente”, dice el auto.

Por ello, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional acuerda por unanimidad elevar al Ttribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad para que establezca si se ha vulnerado el principio de irretroactividad.

Si teneis curiosidad por leer el Auto os dejo el enlace: http://estaticos.expansion.com/opinion/documentosWeb/2013/03/01/extra.pdf

Fuente: Expansión

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Arrendamientos Urbanos: Sobre las futuras modificaciones de los alquileres

Informe de la Ponencia. Proyecto de Ley Medidas de Flexibilización Mercado del Alquiler de Viviendas

Nota informativa

El BOE publica hoy, 27 de febrero de 2013, el Informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas.

La Ponencia, encargada de redactar dicho Informe, ha estudiado las 169 enmiendas presentadas (que ofrecimos en un Boletín anterior), aceptando algunas de ellas y proponiendo la incorporación de enmiendas transaccionales. El siguiente trámite será el traslado del Proyecto de Ley al Senado, considerando que, dada su configuración política, las modificaciones serán mínimas.

Respecto al Proyecto de Ley inicial, que ya hemos comentado en otros trabajos, pocos son los cambios que se han añadido. Destacamos los siguientes:

– Respecto a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, el art. 23 “Obras del arrendatario” y el art. 24 “Arrendatarios con discapacidad”.

– En cuanto a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y a la vista de las enmiendas aceptadas, se modifica el texto del art. 22, apdo. 4, “Enervación del desahucio por falta de pago” y el art. 164 “Comunicación edictal”.

– Se añade el “Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler”, quizá una de las cuestiones más novedosas respecto al texto original del Proyecto, por la creación de un nuevo registro.

– Por último, se añade una Disposición Transitoria Bis, en cuanto a la no aplicación de esta Ley a los procesos en trámite a la entrada en vigor de la misma.

Fuente: Expansión

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La Audiencia Nacional cree que la crisis no justifica suprimir la paga extra a los trabajadores públicos

Esta medida afecta aL personal laboral del sector público

La Audiencia Nacional cree que la crisis económica no justifica la decisión del Gobierno de suprimir la paga extra para el personal laboral del sector público con efectos retroactivos. Así, ha solicitado al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre su legalidad.

Esta decisión de la Sala de lo Social de este tribunal, que responde a un recurso planteado por varios sindicatos contra la dirección de la Compañía Española de Tabaco (CETARSA), no afecta al recorte de la extra de diciembre para los funcionarios, ya que esta cuestión se está dirimiendo en el orden contencioso-administrativo.

Los magistrados entienden que la doctrina del Tribunal Supremo establece que la paga extraordinaria se devenga día a día, por lo que, en este caso, como se pagó el 30 de junio la paga del primer semestre y la norma no entró en vigor hasta el 15 de julio, se generó el derecho a la parte proporcional a dos semanas de trabajo.

Por tanto, señala, “no podía eliminarse ese derecho con efecto retroactivo desde el 1 de julio, según los jueces”.

Así, rechaza los argumentos de la Abogacía del Estado, que trató de excusar el Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el interés general dada la situación de crisis económica.

El auto, contra el que no cabe recurso, llega a plantear la posibilidad de que este caso sea una “expropiación legislativa de derechos”, pero mantiene que no se puede aplicar en este pleito porque no existe una compensación o devolución futura de cantidades.

“A nuestro entender la reducción del déficit público puede justificar muchas cosas, pero no reúne la nota de cualificación absolutamente excepcional que sería necesaria (…). Es justamente el interés general lo que se ataca cuando se niega a quienes ya han prestado sus servicios el derecho a percibir el salario correspondiente”, dice el auto.

Por ello, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional acuerda por unanimidad elevar al Ttribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad para que establezca si se ha vulnerado el principio de irretroactividad.

Fuente: Expansion

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