Los registradores despejan el retraso en las concesiones de nacionalidad

El cuerpo de registradores ha logrado sacar adelante casi 300.000 expedientes de nacionalidad de los más de 400.000 que estaban atascados en el Ministerio de Justicia.

El pasado mes de junio, el ministro Alberto Ruiz Gallardón encomendó a los fedatarios públicos la misión de despejar el colapso que existía, distribuyendo los expedientes pendientes entre los 1.000 registradores de la propiedad y mercantiles que hay en España.

Cuando se aprobó la encomienda, el ministro de Justicia afirmó que la previsión era que estuviera todo resuelto para el pasado mes de diciembre. Sin embargo, tal y como explicó ayer el decano del Colegio de Registradores, Alfonso Candáu, algunos problemas tecnológicos con la Policía les han impedido empezar a tramitarlos hasta el mes de noviembre. Desde entonces, en tres meses, han logrado resolver 277.784 expedientes de nacionalidad por residencia.

Entre los datos que ha facilitado el Colegio, figura el hecho de que “como consecuencia del rigor de la tramitación, el porcentaje de propuestas de denegación de la nacionalidad se ha multiplicado por cinco en relación con la gestión anterior”.

Los registros, que liquidan una media de 4.000 resoluciones al día, esperan concluir la actualización de todos los que hay pendientes en cuestión de semanas y así empezar con las nuevas solicitudes que van llegando. Además, anunciaron ayer que está previsto que esta encomienda se prorrogue durante todo este año 2013, por lo que seguirán encargándose de estas gestiones, si bien este compromiso no se ha firmado aún oficialmente con el Ministerio.

Esta encomienda que ha hecho Justicia a los registradores, que son funcionarios al servicio de la Administración, ha supuesto ciertas quejas dentro de un colectivo que ha asumido la labor sin recibir ninguna contraprestación económica.

A cada registro le corresponde tramitar una media de 400 expedientes y se calcula que cada uno conlleva en torno a una hora de trabajo, aproximadamente, con los respectivos costes laborales del personal de los registros. De hecho, en Barcelona ha sido necesario contratar una plantilla para agilizar el proceso. A eso hay que añadir el principal coste económico de la medida, que es la implantación del sistema tecnológico necesario, un sistema que, según apuntan algunas fuentes, podría haber costado dos millones de euros.

Según ha señalado el decano, esta misión supone una prueba de fuego para los registradores en relación con la posible entrega de la gestión del Registro Civil, si finalmente el proyecto que lo regula sale adelante.

Fuente: Expansión

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