Corrupción y contrato de trabajo

Desde hace unos meses parece que la corrupción lo invade todo. Las relaciones laborales no quedan al margen de esta inquietante situación.

Muchas empresas me comentan que afrontan comportamientos en sus empleados antes muy esporádicos, pero ahora muy frecuentes. Despedir disciplinariamente a un empleado y conseguir la procedencia o incluso que no llegue a demandar, se está convirtiendo en algo habitual.

Me señalaba un Director de Relaciones Laborales que en su cadena de supermercados, los vigilantes de seguridad tienen que prestar atención, tanto a clientes como a empleados. Revisar mochilas y bolsos al salir del trabajo es algo habitual. Las cámaras en las filas de Cajas, algo asumido.

Otro me indica que en la entidad financiera en la que trabaja, se han disparado los casos de empleados que se autoconceden tarjetas de crédito, préstamos sin aprobación del superior o incluso apropiación de dinero de clientes con poca actividad. Existe una preocupación real por la integridad de los empleados de nuevo ingreso.

Estos dos ejemplos, hay muchos otros, manifiestan la pérdida de valores que atenaza y ahoga a nuestra sociedad y se expande por doquier.

Lo grave de esta situación es que la desconfianza empieza a instalarse en las relaciones laborales, la buena fe que debe regir una relación laboral sana, se resquebraja y muchas empresas parten de la sospecha.

En distintas ocasiones he señalado que España, además de la reforma laboral, precisa una reforma profunda de la educación. De la educación académica, la educación en valores, la educación en principios, la educación en honradez.

Apenas hace unos días, se publicaba que España es el primer consumidor mundial de cocaína y el país que más actividad genera en la nueva aplicación “MEGA” de Kit Dotcom. Con estos mimbres, es para estar más que preocupados.JMC.

Fuente: Expansión

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El consentimiento en la facturación electrónica

24/01/2013 | 09:36

En la entrada a este blog del pasado 17 de diciembre me refería precisamente al nuevo régimen de la facturación electrónica contenido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14696.pdf), ahora ya en vigor.

Destacaba que se exige para la validez de la factura electrónica que el destinatario debe dar su consentimiento (eliminándose la referencia a que deba ser expreso).

Pues bien, el pasado 16 de enero se ha publicado el Informe de la Dirección General de Tributos sobre la forma en que el destinatario de la factura electrónica debe prestar tal consentimiento (http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2013/Enero/_16_01_2013_Informe_de_la_Direccion_General_de_Tributos_sobre_la_forma_en_que_el_destinatario_de_la_factura_electronica_debe_prestar_su_consentimiento.shtml).

Se hace eco el Informe de la interpretación dada por la Comisión Europea de modo que la aceptación por el destinatario tiene su justificación en los requisitos técnicos necesarios para recibir una factura electrónica o en la capacidad del destinatario de garantizar la autenticidad, la integridad y la legibilidad, para lo cual podría ser necesario disponer las medidas adecuadas, circunstancia que no se da en el caso de facturas en papel.  Cabe citar, entre otros, cualquier aceptación por escrito, ya sea formal o no, o el acuerdo tácito mediante, por ejemplo, el procesamiento o el pago de la factura recibida.  En cualquier caso, la decisión de usar facturas electrónicas sigue siendo, en última instancia, un asunto que deberá ser acordado por los socios comerciales.

Señala el Informe que resulta necesario que quien estuviera recibiendo las facturas en papel deberá haber tenido que ser previamente informado por ese mismo medio por parte del expedidor de, que a partir de la fecha en que quede constancia de su aceptación, se procederá a la remisión de facturas en formato electrónico.

Añade el Informe que el consentimiento informado deberá precisar la forma en que una vez aceptado se procederá a recibir la factura electrónica así como la posibilidad de que el destinatario, que haya dado su consentimiento expreso o tácito, pueda revocarlo y la forma en que podrá realizarse esa revocación.  Puntualiza el Informe que resultará necesaria la constancia expresa (por ejemplo, mediante la remisión expresa de la aceptación o, en su caso, de la no aceptación, de la factura electrónica) o tácita (por ejemplo, mediante la constatación de que el destinatario ha accedido a la página web o portal electrónico del expedidor en el que se ponen a su disposición la facturas electrónicas y no ha comunicado su rechazo a la recepción de las facturas electrónicas) de que el destinatario ha dado su consentimiento informado a la factura electrónica.

Finalmente, señala el Informe que deberá ser siempre posible la revocación de la aceptación y su comunicación que podrá realizarse en papel o por medios electrónicos y preferentemente a través del medio en el que el destinatario viene recibiendo las facturas electrónicas.

Fuente: Expansión

 

Eduardo Gardeta

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Los registradores despejan el retraso en las concesiones de nacionalidad

El cuerpo de registradores ha logrado sacar adelante casi 300.000 expedientes de nacionalidad de los más de 400.000 que estaban atascados en el Ministerio de Justicia.

El pasado mes de junio, el ministro Alberto Ruiz Gallardón encomendó a los fedatarios públicos la misión de despejar el colapso que existía, distribuyendo los expedientes pendientes entre los 1.000 registradores de la propiedad y mercantiles que hay en España.

Cuando se aprobó la encomienda, el ministro de Justicia afirmó que la previsión era que estuviera todo resuelto para el pasado mes de diciembre. Sin embargo, tal y como explicó ayer el decano del Colegio de Registradores, Alfonso Candáu, algunos problemas tecnológicos con la Policía les han impedido empezar a tramitarlos hasta el mes de noviembre. Desde entonces, en tres meses, han logrado resolver 277.784 expedientes de nacionalidad por residencia.

Entre los datos que ha facilitado el Colegio, figura el hecho de que “como consecuencia del rigor de la tramitación, el porcentaje de propuestas de denegación de la nacionalidad se ha multiplicado por cinco en relación con la gestión anterior”.

Los registros, que liquidan una media de 4.000 resoluciones al día, esperan concluir la actualización de todos los que hay pendientes en cuestión de semanas y así empezar con las nuevas solicitudes que van llegando. Además, anunciaron ayer que está previsto que esta encomienda se prorrogue durante todo este año 2013, por lo que seguirán encargándose de estas gestiones, si bien este compromiso no se ha firmado aún oficialmente con el Ministerio.

Esta encomienda que ha hecho Justicia a los registradores, que son funcionarios al servicio de la Administración, ha supuesto ciertas quejas dentro de un colectivo que ha asumido la labor sin recibir ninguna contraprestación económica.

A cada registro le corresponde tramitar una media de 400 expedientes y se calcula que cada uno conlleva en torno a una hora de trabajo, aproximadamente, con los respectivos costes laborales del personal de los registros. De hecho, en Barcelona ha sido necesario contratar una plantilla para agilizar el proceso. A eso hay que añadir el principal coste económico de la medida, que es la implantación del sistema tecnológico necesario, un sistema que, según apuntan algunas fuentes, podría haber costado dos millones de euros.

Según ha señalado el decano, esta misión supone una prueba de fuego para los registradores en relación con la posible entrega de la gestión del Registro Civil, si finalmente el proyecto que lo regula sale adelante.

Fuente: Expansión

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Los abogados ganan menos y les cuesta más ascender en España

Todas las categorías, desde los juniors hasta los altos cargos, han sufrido descensos significativos en los sueldos. Los más afectados son los seniors y los directores por el estancamiento de las operaciones.

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El mercado legal se ha colapsado definitivamente. El año 2012 significó un antes y un después para los bufetes españoles y esto se ha reflejado en los sueldos de los abogados. De hecho, durante el pasado ejercicio, la retribución total –salario fijo más variable– de los letrados de España sufrió una rebaja media de un 1,39%. Los más afectados por estos descensos, debido a la importancia de sus variables, fueron los directores (-2,67% de variación interanual) y los seniors (-2,52%).

Según el Análisis comparativo de las retribuciones en los despachos de abogados en España 2012, elaborado por la empresa Signium International y presentado ayer en el aula magna del IE en Madrid, los abogados con nivel de director pasaron de ganar 135.431 euros de media en 2011 a 131.906 euros en 2012, lo que significa una rebaja de 3.525 euros. La caída salarial vivida por los seniors fue menor, aunque también fue significativa, pasando de 96.601 euros en 2011 a 94.225 euros en 2012, es decir, 2.376 euros menos de media.

Categorías

Cada abogado ha vivido una realidad diferente según su posición en su bufete.

Entrada: cobra una media de 30.735 euros, tras contar con una caída del 0,77% entre 2011 y 2012. Su sueldo ha bajado un 1,12% y su variable ha aumentado hasta un 54,98%.

Junior: su sueldo medio asciende a unos 40.3000 euros, a pesar de una disminución del fijo de un -1,37% y un incremento del 18,11% en variable.

Asociado: quizá sea la categoría que menos ha sentido los cambios obligados por la crisis económica. Su sueldo medio es de 62.027 euros –sólo ha perdido un 0,05%–, su fijo ha caído un 0,57%, pero su variable ha crecido un 5,10%.

Senior: esta categoría ha sufrido una bajada considerable (-2,52%) hasta alcanzar los 94.225 euros. Ha soportado pérdidas en el variable (-1,47%) y en fijo (-11,55%).

Director: el sueldo de estos trabajadores se ha estancado en 131.906 euros, con una rebaja del fijo en un 2,38% y del variable del -25,36%.

“Es lógico que la retribución de los abogados se haya rebajado, ya que el mercado legal se ha estancado”, explica a EXPANSIÓN Ignacio Bao, presidente de Signium International. “Hemos visto una drástica reducción en el número de operaciones y fusiones, una fuerte caída de la externalización de las causas hacia los despachos de abogados y un importante incremento del trabajo dentro de las divisiones jurídicas de las compañías. Esto implica una clara reducción de ingresos para los bufetes y, consecuentemente, una reducción de los márgenes”.

Los menos afectados por estos recortes han sido los asociados con una rebaja del 0,05% (34 euros de media), a los que siguen los abogados jóvenes que acaban de acceder al bufete (-0,77% y 237 euros menos) y los juniors, con una caída del 0,94%, lo que representa un descenso de 379 euros anuales.

El dato de esta reducción salarial generalizada resulta aún más relevante si se tiene en cuenta que en este sector, hace cinco años, la evolución de los sueldos se movía, siempre al alza, entre el 5% y el 20%, dependiendo de cada categoría.

“La crisis económica ha propiciado un cambio radical en el sector. Los clientes son conscientes de que los bufetes pueden hacer esfuerzos para ajustar más los costes. Evidentemente, esto repercute en las ganancias de los despachos y los sueldos de sus trabajadores”, agrega Carlos de la Pedraja, director de IE Law School Executive Education. “Esta revolución ha traído consigo una amortización de puestos, un menor número de contrataciones y unos sueldos más ajustados en los que cada vez pesa más la parte de variable”, añade De la Pedraja.

Justamente, el cambio más radical que ha sufrido la retribución de los abogados se ha centrado, para bien o para mal, en el variable. En el caso de los seniors y directores, el variable ha caído un 11,55% y un 25,36%, respectivamente. Esta bajada, comentan los dos expertos, es lógica por la disminución de los beneficios de los bufetes.

Sin embargo, lo más llamativo es el incremento de la parte de variable en los niveles más bajos como los recién incorporados (+54,98%); juniors (+18,11%), y asociados (+5,10%). “Este cambio en el variable trata de compensar la bajada del sueldo fijo, pero también pretende ser un sistema para involucrar y concienciar a los jóvenes abogados, desde el primer día, de que el sueldo depende del trabajo realizado y del resultado final. Esto no es algo puntual, sino que se va a convertir en una tendencia en los próximos años”, concluye Bao.

El complicado periplo para convertirse en socio El Análisis comparativo de las retribuciones en los despachos de abogados en España 2012, elaborado por Signium International, muestra también un estancamiento de la profesión de los letrados en los bufetes. “La caída de los ingresos en los despachos ha provocado que haya un descenso en la contratación, pero también una disminución en el número de promociones internas”, dice Ignacio Bao, presidente de Signium International.

“Este es sector habituado al crecimiento salarial constante y a la mejora de posición en el organigrama de la empresa. Sin embargo, ahora, esto ya no es una realidad. Los sueldos se han estancado o han disminuido y la promoción es más lenta y no siempre implica un aumento salarial”, añade Bao.

Esta situación, que según el presidente de Signium International se podría prolongar dos años más, está provocando la salida de muchos abogados que siguen esperando ser nombrados socios y que han decidido apostar por bufetes más pequeños o por montar ellos mismos sus despachos.

Fuente: Expansión

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¿Quién le defiende de las estafas en los concursos de televisión?

Las llamadas a ciertos programas nocturnos para participar en concursos televisivos pueden terminar en estafa. La tarificación adicional y el desvío hacia números ‘803’ suelen ser las bases del engaño.

Quizá sea usted uno de esos noctámbulos que, haciendo zapping, se ha encontrado con la fauna nocturna de los concursos televisivos y ha estado tentado de llamar para dar la respuesta correcta. Si no lo ha hecho, felicítese, porque podría haber sido objeto de una estafa.

Diversas asociaciones de consumidores han alertado del posible engaño que ocultan estos espacios. Por ahora, las sentencias de los tribunales les han dado la razón, explicando que estos call tv, frecuentemente, utilizan la tarificación adicional o potencian el engaño.

¿Qué pueden hacer los usuarios afectados? ¿Quiénes son los responsables? La última sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre este asunto puede esclarecer más de una pregunta al respecto. El pasado 29 de enero, la Sala de lo Penal del TS confirmó el fallo de la Audiencia Provincial (AP) de Madrid sobre un delito de estafa contra los participantes de un concurso televisivo cuyas llamadas telefónicas eran dirigidas a una línea erótica 803, de tarificación por minuto.

Sustento económico

Las sentencias demuestran que tras algunos programas nocturnos se esconden estafas millonarias. Siendo esto así, ¿cómo es posible que estos concursos telefónicos sigan existiendo? La respuesta es simple, estos programas no están tipificados ni prohibidos legalmente. Las asociaciones de consumidores y de telespectadores, aseguran que las productoras se aprovechan de los vacíos legales para mantener estos espacios en antena. Además, afirman que estos concursos nocturnos son el mejor sistema de financiación para las cadenas de televisión, en una época de crisis en los ingresos por publicidad. Las sanciones o multas impuestas por los tribunales resultan insignificantes en relación a los beneficios. Y es que, los programas conocidos como ‘call tv’ tienen un coste de producción muy bajo frente a la posible ganancia.

En este caso, el tribunal no entró a juzgar el posible engaño inicial a los televidentes, sino el que nunca conocieran el importe real de las llamadas que estaban realizando y que las personas que les atendían procuraban prolongar la duración de la llamada a un 803, con la única finalidad de un lucro ilícito y, por supuesto, sin intención alguna de proceder al pago de los premios.

Llamadas legales “Ninguno de los dos tribunales se centra en las llamadas al concurso a un número 906, sino las siguientes, a un 803. Es decir, que estiman que las primeras llamadas no son producto de engaño alguno, ni constituyentes de ninguna falta o delito”, explica Jaime Hernández, abogado del Área Penal de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Habitualmente, y como sucede en la sentencia, los afectados son reembolsados únicamente por las cantidades gastadas en las llamadas. En cuanto a los culpables, sus penas no suelen sobrepasar los dos años de cárcel, salvo si se demuestra un delito continuado de estafa. En este caso, el juez podría elevar la sanción hasta los seis años.

“El verdadero problema de este tipo de casos es que muchos de los que llaman pierden cantidades pequeñas y deciden no denunciarlo (algo que deberían hacer ante la Policía o la Fiscalía). Siempre es difícil agrupar a los afectados y demostrar el engaño por falta de información sobre el importe pagado de las llamadas o porque hayan sido derivados a otras líneas de tarificación adicional. Pero estos es lo que habría que hacer para tener un caso sólido y dar pie a una investigación”, asegura Hernández.

La Fiscalía es la que debería ocuparse, de oficio, de estas pesquisas tras recibir una denuncia. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, se priorizan otras investigaciones más relevantes a estas estafas que juzgan menores.

En cuanto a la culpabilidad, tanto esta como otras sentencias, demuestran que las cadenas de televisión, que venden su espacio nocturno, únicamente tienen una responsabilidad secundaria. De hecho, y según el articulado actual del Código Penal, los perjudicados podrán solicitar una indemnización por daños a las personas físicas y jurídicas que han cometido el delito de estafa. Las cadenas de televisión sólo serían responsables civiles subsidiarios si los culpables demostraran no poder cubrir la indemnización por falta de capital.

Fuente: Expansión

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