El Supremo niega que el pago de la hipoteca sea carga del matrimonio

MATRIMONIAL

El pago de las cuotas de un préstamo hipotecario que grave la vivienda conyugal no puede considerarse una carga propia del matrimonio y colocarse a cargo del padre en caso de divorcio, por lo que la sentencia que determine el divorcio deberá repartir la carga de su pago entre las dos partes.

Lo establece así el Tribunal Supremo en una sentencia con fecha de 26 de noviembre de 2012, de la que es ponente el magistrado Seijas Quintana, que resuelve el caso de un matrimonio en régimen de separación de bienes.

La sentencia recurrida, que el Supremo revoca, condenó al marido a pagar la hipoteca de la vivienda familiar. Ante tal decisión, el recurrente formuló recurso de casación contra la sentencia que le obligó a asumir el cien por cien del pago de la hipoteca, al considerar que tal decisión iba en contra de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Como respuesta, el Supremo opta por dar la razón al recurrente, y lo hace considerando, al contrario que la sentencia recurrida, que en este supuesto la normativa aplicable es la propia del régimen general de copropiedad y, en concreto, el artículo 393 del Código Civil, que establece que el concurso de los partícipes en las cargas será proporcional a sus respectivas cuotas, que se presumen iguales.

Así, “aún sin decirlo expresamente, la sentencia considera el pago de las cuotas del préstamo hipotecario que grava la vivienda conyugal como una carga propia de un matrimonio, y lo pone a cargo del padre sin motivación”. Sin embargo, el fallo “desconoce las sentencias de 5 de diciembre de 2008 y de 29 de abril de 2011, expresivas de que la hipoteca no puede ser considerada como carga del matrimonio en el sentido que a esta expresión se reconoce en el artículo 90 del Código Civil”.

La explicación es que “se trata de una deuda contraída para la adquisición de un inmueble que debe satisfacerse por quienes ostentan título de dominio sobre el mismo de acuerdo con lo estipulado con la entidad bancaria, en este caso por ambos cónyuges, con independencia de si su disfrute es otorgado a un concreto copropietario”.

Noción de cargas

El Supremo también lleva a cabo un repaso de la noción de cargas del matrimonio, y recuerda que éste debe identificarse con la idea de sostenimiento de la familia, debiendo ser atendidas tales cargas por ambos cónyuges, en cuanto abarcan todas las obligaciones y gastos que exija la conservación y adecuado sostenimiento de los bienes del matrimonio y los contraídos en beneficio de la unidad familiar, considerándose también como contribución el trabajo dedicado por uno de los cónyuges para la atención de los hijos comunes.

Al contrario, no cabe englobar en este concepto “los gastos generados por ciertos bienes que aun siendo de carácter común, que no son bienes del matrimonio, pues precisamente el régimen económico vigente durante la convivencia matrimonial ha sido el de separación de bienes, que excluye cualquier idea de patrimonio común familiar”. De ahí, finaliza el Supremo, la estimación del recurso.

www.Jurismadrid”

Leer más

Telecomunicaciones. Multa a Movistar tras exigir una penalización pese a reconocer que el alta fue fraudulenta

FACUA-Consumidores en Acción ha logrado una multa de 40.000 euros a Movistar por tratar ilegalmente los datos personales de un usuario al que dio de alta sin su consentimiento mediante una contratación telefónica fantasma cuya supuesta existencia nunca acreditó.

Tras reconocerle que se había producido un alta fraudulenta y anular las facturas, Movistar exigió al afectado más de 200 euros por darlo de baja con el kafkiano argumento de que el falso contrato tenía un “compromiso de permanencia”.

Al negarse a pagar, una empresa de gestión de cobros amenazó con llevarlo a los tribunales y causar “un grave perjuicio para su nombre, bienes y derechos futuros”.

Tras un año y medio desde la interposición de la denuncia de FACUA y una queja ante el Defensor del Pueblo por la lentitud de la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) en dar respuesta, el organismo ha resuelto sancionar a Movistar por una infracción grave grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Desde marzo de 2010

En marzo de 2010, José Antonio M.M. ,de Sevilla, recibió un cargo de 6,96 euros en su cuenta bancaria en concepto de cuota de una línea móvil de Movistar. Al llamar al departamento de atención al cliente de la compañía, le indicaron que se trataba de una línea que había solicitado como autónomo.

Tras advertir a Movistar que ni era autónomo ni había solicitado el alta de ninguna línea, el usuario recibió ese mismo día una llamada del operador en la que le indicaron que se había producido un error y que procederían a anular el contrato y la factura.

Pero José Antonio siguió recibiendo cargos en su banco y cada vez que reclamaba a la compañía, le indicaban que habían vuelto a hacerlo de forma errónea y que cancelarían el cobro.

En junio, Movistar emitió tres facturas rectificativas anulando cada uno de los importes que intentó cobrar al usuario, después de asegurarle que su departamento de fraudes había verificado definitivamente que el alta había sido irregular.

Y tras la baja en el servicio, el colmo del absurdo. La compañía exigió a José Antonio un mes después el pago de 208,27 euros por el “compromiso de permanencia” que iba aparejado a la línea que nunca solicitó.

Tras ello, otra interminable lista de llamadas a Movistar y a la empresa de cobro de deudas a la que ilegalmente le cedió sus datos, Medina Cuadros y Asociados.

“Un grave perjuicio para su nombre”

Pero lejos de atender las reclamaciones del afectado y comprobar si efectivamente se había producido un fraude, la empresa de gestión de cobros le advirtió que estaba investigando su patrimonio, situación laboral y cuentas corrientes, instándole a pagar para evitar “un grave perjuicio para su nombre, bienes y derechos futuros”.

Medina Cuadros y Asociados llegó a remitir al usuario una carta adjuntando la supuesta primera página de la demanda que amenazaba con interponerle en los tribunales.

Ante las amenazas, José Antonio decidió poner el caso en manos de FACUA Sevilla. En octubre de 2010, el equipo jurídico de la asociación se dirigió a Movistar requiriéndole que acreditase la existencia del contrato o procediese a la anulación de la cantidad facturada y dejase de molestar a su socio. Asimismo, exigió a la compañía que aclarase cómo había obtenido los datos del afectado, como su DNI, domicilio y cuenta bancaria.

Movistar esperó hasta enero para contestar. En lugar de aportar copia supuesto contrato o de la grabación de voz solicitando el alta, la compañía se permitió incluso recomendar al afectado que presentase “una denuncia ante el estamento correspondiente por usurpación de personalidad”. “No obstante, hemos procedido a anular la factura”, señalaba el operador en su respuesta a FACUA, añadiendo que había solicitado “la exclusión de ficheros de solvencia patrimonial”.

Denuncia ante la Aepd, que tarda año y medio en resolver

Dadas las graves irregularidades, FACUA Sevilla procedió a remitir una denuncia contra Movistar ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd). Un año después y dada la falta de respuesta sobre el estado del expediente, la asociación recurrió a presentar una queja contra la Aepd ante el Defensor del Pueblo.

Tras ella, la Agencia notificó que había decidido iniciar un procedimiento sancionador contra Movistar. Y cinco meses después, su resolución estima que la compañía incurrió en una infracción grave de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), por lo que la multa con 40.001 euros.

En la resolución, la Agencia señala que Movistar “no actuó en cumplimiento de los deberes que la LOPD impone, por cuanto no efectuó comprobación alguna relativa a la acreditación de la contratación por cuanto de ser así habría detectado que no obraba en su poder grabación que pudiese acreditar la misma, y aún así dio de alta en sus sistemas la línea denunciada y emitió cuatro facturas”.

“Tampoco cumplió”, continúa, “con los requisitos exigidos de ratificación documental de la contratación telefónica exigidos por la normativa, ni llevó a cabo actuación alguna en orden a verificar la titularidad de los datos facilitados en la contratación (llamada de bienvenida, verificación telefónica de la contratación)”.

www.Jurismadrid.com

Leer más

Pareja de hecho. Derecho a pensión de viudedad. Niegan la pensión a una mujer por no constar incrita su relación como pareja de hecho

Son requisitos para percibir la pensión acreditar una convivencia estable e ininterrumpida durante un periodo de cinco años pero, por encima de ello, que la relación sea inscrita en el registro de parejas de hecho o hacerla constar en documentos de carácter público.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares deniega la pensión de viudedad a una mujer que convivía con su compañero sentimental como pareja de hecho y con el que tenía un hijo en común, pero que, sin embargo, no acreditó legalmente la existencia de su relación, a través de su registro, con una antelación mínima de dos años al fallecimiento del hombre como consecuencia de un accidente laboral.El Tribunal ha revocado la resolución que en primera instancia condenaba a la mutua, a la Seguridad Social y a la empresa donde trabajaba el fallecido al pago, en favor de la demandante, de una retribución conforme a una base reguladora de 19.750 euros anuales.Una decisión que la aseguradora acabó recurriendo al alegar que la pareja no se había constituido en la forma prevista conforme a la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que desde el 1 de enero de 2008 reconoce el derecho a percibir esta pensión por parte del superviviente de la pareja siempre que haya sido inscrita en el registro de parejas de hecho o conste su constitución como unión sentimental en un documento público.

De hecho, en su sentencia, el tribunal razona, amparándose en varias resoluciones similares, que la pareja de hecho “no puede estar sometida a requisitos constitutivos como si de un matrimonio se tratara” y apela al “obligado respeto a la seguridad jurídica y a la igualdad en la aplicación de la Ley” así como a una “deseable uniformidad de la doctrina”.

www.Jurismadrid.com

Leer más

La nueva Directiva europea sobre el derecho a la información en los procesos penales

La nueva Directiva europea sobre el derecho a la información en los procesos penales

Julián Sánchez Melgar, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho

Con fecha 1 de junio de 2012, se publicó, en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Directiva 2012/13/UE, firmada en Estrasburgo el 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, publicación de la que informamos en nuestro Boletín Electrónico correspondiente al pasado mes de junio de 2012. Su objetivo es servir de marco común de derechos en materia procesal penal para los países de la Unión Europea y, en concreto, en relación con la oportuna información a los sospechosos y a los imputados en el proceso penal, como expresión y fundamento de su derecho de defensa.

En virtud de esta Directiva cada Estado miembro deberá adaptar su legislación nacional a ese marco común.

www.Sepin.com

Leer más

BUFETE APORTA & ASOCIADOS
C/ Santa Engracia 128, 1º C
28003 - MADRID
Tlfs: 914 417 922 / 55 - Fax: 913 991 780
correo@bufeteaporta.es