Los recursos de apelación contra autos no devengan tasas judiciales

Consulta DGT V2329-12, 10-12-2012

Aunque muchos letrados y editoriales juridicamente ya nos  habíamos hecho eco del criterio de la exención del abono de la tasa de la interposición de los recursos de apelación y casación contra autos, la Dirección General de Tributos ha hecho pública la Consulta DGT V2329-12, de 10 de diciembre de 2012, que señala que no cabe aplicar la analógica de la exigencia de la tasa judicial y que la misma solo se exigirá en los recursos frente a sentencias y no frente a autos.

Espero que poco a poco se vaya regularizando la locura de la Ley de Tasas que supone una vulneración flagrante al derecho del ciudadano a acceder a la justicia. Por primera vez, en mis 33 años de ejercicio compruebo que sólo los ricos pueden acceder a determinadas instancias.

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¿Cuándo se hace la partición de la herencia?

Cuando hay varios herederos, la partición de la herencia se puede realizar ante notario, mediante la escritura de “partición y adjudicación” de herencia. Esta escritura contiene la descripción de los bienes que componen la herencia, su valor, la declaración de herederos, la cuota que corresponde a cada uno de ellos sobre la herencia, qué bienes se atribuyen en pago de la cuota, y su conformidad con la misma.

La partición de la herencia

Consiste en formalizar el reparto de los bienes del fallecido entre los  herederos. Normalmente se hace en los seis meses posteriores al fallecimiento,  periodo en que es obligatorio presentar la liquidación del Impuesto de  Sucesiones y Donaciones (ISD).

La escritura de partición permite al beneficiario cambiar a su favor la  titularidad de los bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad, tras la  liquidación de los impuestos.

Régimen de gananciales

Antes de realizar la partición de la herencia, si el fallecido estaba casado  en régimen de gananciales, se debe liquidar la sociedad de gananciales para  adjudicar al cónyuge viudo los bienes que le correspondan. Esta liquidación  suele hacerse ante notario en el mismo acto que la escritura de la partición de  la herencia.

Conformidad de todos los herederos

Todos los herederos deben firmar ante notario su conformidad con la  “escritura de partición y adjudicación” de la herencia, la escritura pública  donde se recoge el reparto de la herencia. En esta escritura se describen los  bienes heredados, su valor real, a qué herederos se atribuye cada una y la cuota  de participación.

Atención. Si uno de los herederos se opone al reparto de la herencia, éste  queda bloqueado. Si en el testamento se ha designado un albacea, será él quien  se encargue de realizar la partición. En último término, habrá que acudir a los  tribunales. La adjudicación de los bienes, es decir, el reparto de la herencia,  puede modificarse antes de firmar si todos los herederos están de acuerdo. De  igual manera, si aparecen nuevos bienes tras la partición, se sumarán a la masa  y se repartirá de nuevo, igual que si se ha omitido a algún heredero.

Impugnación de la partición

Si alguno de los herederos considera que sus derechos se han visto  vulnerados, puede solicitar la anulación de la partición en los tribunales.

El plazo para impugnar una partición de la herencia, con un procedimiento  judicial, es de cuatro años.

Hasta que no se realice la partición por medio de escritura o procedimiento  judicial, los herederos no pueden vender los bienes.

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El Gobierno creará un registro de condenados por impago del alquiler

(Cinco Días, 07-02-2013)

El Gobierno creará un Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, donde se recogerán los datos de todos los ciudadanos que hayan sido condenados en firme, judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral, por no haber cumplido sus obligaciones de pago para que puedan ser conocidos por los arrendadores. Así lo recoge una de las 18 enmiendas presentadas en el Congreso por el PP al Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que recoge Europa Press y que será incorporada al texto gracias a la mayoría absoluta de la que gozan los ‘populares’. El Secretario Judicial o los órganos de arbitraje competentes estarán obligados a remitir la información -aunque no se precisa qué datos concretamente- de estas personas al registro, al que podrán acceder los propietarios de inmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento, sean personas físicas o jurídicas.

Para consultar esta información, deberán “presentar una propuesta de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, limitándose la información a la que tendrá derecho a los datos que consten en el Registro, relacionados exclusivamente con dicho arrendatario”. El objetivo, según reza la enmienda, es de “prevención y control”, con la vista puesta en “incrementar la seguridad del arrendador” que se ha “visto obligado” a acudir a la justicia y al que se ha dado la razón, para evitar que quienes ponen inmuebles en el mercado “contraten con quienes ya han tenido el antecedente de obligar a un arrendador a acudir al auxilio judicial o arbitral”. En otra enmienda, el PP insta al Gobierno a presentar, un real decreto que regule este registro, que en cualquier caso deberá borrar los datos al cabo de un máximo de seis años desde la inscripción de forma automática, o a requerimiento del deudor cuando haya satisfecho la deuda por la que fue condenado.

Por otra parte, los ‘populares’ también proponen una modificación sobre las obligaciones del arrendador en caso de querer vender el piso. En este sentido, y siempre que “se haya pactado la renuncia” del arrendatario en el derecho de adquisición preferente, el dueño de la vivienda deberá comunicar a su inquilino su intención de venderla “con una antelación mínima de 30 días a la fecha de formalización del contrato de compraventa”. “Si no, nos podríamos encontrar en la situación de que el arrendatario se enterase de la venta del inmueble cuando ésta ya se hubiese producido, sin tener un plazo mínimo para buscar una nueva vivienda o realizar las gestiones que estime oportunas”, se alega en el texto.

Asimismo, el PP incluye un cambio para que los arrendatarios puedan realizar las obras que sean necesarias para adecuar la vivienda a su condición de discapacitado o a la del cónyuge o cualquier otra persona con la que conviva de forma permanente. No obstante, deberá notificar estos cambios por escrito al arrendador y, en caso de que éste lo exija, deberá reponer la vivienda al estado anterior al término del contrato. También se propone que el aviso del propietario al inquilino cuando tenga necesidad de la vivienda para sí mismo o para familiares deberá realizarse “al menos con dos meses de antelación” a la fecha de salida, y se recoge la posibilidad de que las partes puedan llegar a acuerdos diferentes.

Las enmiendas del Grupo Popular incluyen asimismo algunas modificaciones con respecto a los desahucios por impago del alquiler, tales como que “la falta de oposición al requerimiento (de desalojo) supondrá la prestación de su consentimiento a la resolución del contrato de arrendamiento que le vincula con el arrendador”. Si el inquilino no atendiera el requerimiento de pago o expresara su oposición, o si efectuara el desalojo pero no pagara la cantidad reclamada, el decreto dando por terminado el procedimiento “impondrá las costas al demandado e incluirá las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda”.

El PP también ha presentado un paquete de enmiendas para adecuar las funciones de secretarios judiciales y jueces en función del reparto competencial recogido en la Ley de Reforma de la Legislación Procesal par la implantación de la Nueva Oficina Judicial. Asimismo, ha decidido suprimir los tres artículos del proyecto de ley que hacían referencia, respectivamente, a la flexibilización del régimen fiscal del Impuesto de Sociedades aplicable a los arrendatarios, a la regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) y al gravamen especial del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. La justificación para esta decisión se encuentra en que estas previsiones están ya contenidas en la Ley de Medidas Tributarias para la Consolidación de las Finanzas Públicas aprobada el año pasado.

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La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad de la supresión de la extra de los funcionarios

(Cinco Días, 31-01-2013)

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha expresado sus dudas acerca de la constitucionalidad de la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 a los empleados públicos porque entiende que “se ha podido vulnerar” el derecho constitucional que garantiza la imposibilidad de aplicar con carácter retroactivo “medidas restrictivas” de derechos individuales, según informaron fuentes jurídicas.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha expresado sus dudas acerca de la constitucionalidad de la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 a los empleados públicos porque entiende que “se ha podido vulnerar” el derecho constitucional que garantiza la imposibilidad de aplicar con carácter retroactivo “medidas restrictivas” de derechos individuales. En una providencia, fechada ayer, la Sala ha acordado, por “unanimidad”, preguntar a las partes y a la Fiscalía si procede plantear cuestión de constitucionalidad, para lo que deberán responder en un plazo de diez días.

En línea con la doctrina del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional entiende que las gratificaciones extraordinarias son una manifestación del salario diferido, que se devenga diariamente. En este sentido, señala que la supresión de la paga extra decidida por el Gobierno no hacía excepción alguna de la parte ya devengada cuando entró en vigor la medida, el pasado 15 de julio. Por esta razón, la Sala “se plantea la posibilidad” de que esta medida vulnere el artículo 9.3 de la Constitución, en el que se garantiza la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales.

“En la medida en que la norma suprime el derecho de los trabajadores a percibir cuantías ya devengadas, expresamos nuestras dudas sobre su ajuste constitucional”, concluyen los magistrados. La Audiencia Nacional ha dictado esta providencia en respuesta al conflicto colectivo planteado por CC.OO., UGT y USO por la eliminación de la paga extra en la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), empresa estatal participada mayoritaria y directamente por la SEPI.

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Un 94% de los abogados quiere que la ley de tasas vaya al Constitucional

(Expansión, 01-02-2013)

El Consejo General de la Abogacía (CGAE) ha presentado el Barómetro Interno de Opinión de la Abogacía Española 2013 que recoge la opinión de los abogados españoles sobre los principales temas de relevancia jurídicosocial en la actualidad. La polémica ley de tasas es uno de los asuntos que más preocupa a los abogados españoles. Por esta razón, no es extraño que un 94% de los abogados ejercientes esté a favor de que el Consejo General de la Abogacía Española promueva un recurso contra esta ley ante el Tribunal Constitucional.

En esa misma línea, el 96% cree que el Ministerio de Justicia debería haber buscado el acuerdo con todas las partes, antes de aprobar con carácter urgente esta nueva norma y el 75% piensa que Gallardón ha improvisado en su aplicación, sin considerar las posibles consecuencias o alternativas a su aplicación. Esta especie de canon significa para nueve de cada diez letrados que muchas personas deberán renunciar a defender sus derechos por razones económicas y un 86% asegura que darán lugar a una justicia dual: una para los ricos y desfavorecidos y otra para el resto de la sociedad.

Por otro lado, explica el informe, el 74% de los abogados define como mala o muy mala la forma en la que funciona la Justicia, siendo este un porcentaje similar al del barómetro de 2009 y un 77% considera que esto se debe a la forma en la que está organizada y no a las personas que la componen. “La Justicia no cuenta con los medios suficientes para ser todo lo eficiente que debería ser. Seguimos sin contar con un lenguaje común entre tribunales y la organización es cuando menos deficiente”, ha explicado Carlos Carnicer, presidente del CGAE. “Por otro lado, existe un problema de gobernanza, en la Justicia manda el ministro, el presidente del Poder Judicial y cada uno de los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas. No es extraño que esta difícil gobernanza repercuta en el criterio de los abogados”.

El barómetro también preguntó a los abogados por la crisis y cómo ésta ha afectado el ejercicio de la profesión. Según se extrae del informe, uno de cada tres letrados reconoce que atraviesa dificultades para salir adelante como ejerciente… Y este porcentaje se dispara al 77% cuando se pide a los entrevistados que evalúen el efecto de la crisis sobre el conjunto de los profesionales. De hecho, un tercio de los abogados parece estar pasando importantes dificultades económicas y tres de cada cuatro están al tanto de ello.

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