Jueces, fiscales y abogados protestan por la “grave” situación de la Justicia

Jornada de protestas para los miembros del mundo judicial. Jueces, fiscales y abogados, entre otros sectores, se dieron cita ayer en las sedes judiciales de las capitales de provincia de toda España para protestar por la “grave” situación de la Administración de Justicia en el país. El detonante más inmediato se encuentra en la polémica Ley de Tasas Judiciales, pero no se trata del único motivo.

Los puntos de la convocatoria, -impulsada por las siete asociaciones que integran la Comisión Interasociativa de jueces, magistrados y fiscales, con el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)-, coinciden con las conclusiones que acordaron los jueces decanos de toda España en la reunión celebrada en Barcelona entre los días 5 y 7 de noviembre. En ellas se censura la nueva Ley de Tasas, que introduce unos precios “claramente desproporcionados”. El enfoque, aseguran, debe ser otro: incrementar las tasas que se cobran a las grandes sociedades mercantiles, principales usuarias del sistema judicial, que copan el 40 por ciento del trabajo de los juzgados.

Pero hay otras reivindicaciones: se pide la retirada inmediata del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que “perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica“, y se pide la elección directa por los jueces y magistrados de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de procedencia judicial, así como de los jueces de los cargos gubernativos de los órganos internos del poder judicial y de los presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.

Se reclama, por otro lado, la autonomía presupuestaria del CGPJ para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial, y el incremento del número de jueces de carrera hasta alcanzar la media europea de 19,8 jueces por cada 100.000 habitantes, frente al 10,3 actual. Para ello, “procede convocar oposiciones con un mínimo de 250 plazas anuales hasta alcanzar el anterior porcentaje”.

Contra los desahucios

Además de las reivindicaciones por el mal funcionamiento de la Justicia, también preocupa, “y mucho”, el drama social que ha supuesto la multiplicación exponencial de los desahucios”. Se trata de una realidad que “debe llevarnos a reflexionar acerca de si existe margen para humanizar el actual marco legal y procesal en relación con las ejecuciones hipotecarias”, tal y como recogen las conclusiones de los jueces decanos. Lo mismo se aplica a la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos de los consumidores.

Como resultado, las concentraciones han dado lugar a llamadas a la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Es el caso de Madrid, donde unos doscientos jueces y fiscales de la Comunidad se reunieron a las puertas de la sede del Ministerio, y amenazaron, además, con convocar una huelga en el mes de diciembre si se mantiene la Ley de Tasas y el resto de proyectos en materia de Justicia en los que trabaja el Gobierno. Así lo aseguró a los medios el juez decano de Madrid y representante de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, quien aseguró que la posibilidad de la huelga “está encima de la mesa”.

Tasas “desproporcionadas”

La preocupación por la recientemente publicada Ley de Tasas copó los comentarios de las agrupaciones convocadas a las concentraciones. Desde el CGAE, además, se advirtió que el incremento del coste por acceder a los tribunales podría llevar a muchos ciudadanos a tratar de “hacer su propia justicia”, fruto de unas tasas “manifiestamente excesivas”. Se resaltó además que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “se ha empeñado en querer ser moderno” aprobando el incremento, lo cual resulta “un contrasentido” porque “las tasas son una cosa tan antigua que ha sido suprimida en varias ocasiones”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, aseguró ayer en Valencia, antes de impartir la conferencia Poder judicial y ciudadanía, estar “harto de cumplir leyes” que le parecen injustas, aunque ello “no quiere decir que lo sean”. Sobre las protestas, aseguró que “no conduce a nada” que los magistrados se quejen, puesto que “luego han de cumplir”. Eso sí, reconoció que se trata de una reforma “problemática”, “discutible en algunos puntos” y que cree que va a tener “dificultades de entendimiento y aplicación”.

Más Justicia gratuita

El Gobierno, por su parte, defiende la necesidad de la nueva Ley y niega que se esté llevando a cabo una “privatización” del sistema de la Justicia con el único fin de recaudar. En esta línea, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para asegurar que la medida servirá para “llevar a cabo una mejora sustancial del servicio de asistencia jurídica gratuita”.

Apostó, además, por la ampliación de los beneficiarios del sistema de asistencia jurídica gratuita, y argumentó que el Ejecutivo y el Parlamento están haciendo un reparto diferente de los costes de la Justicia para ampliar este servicio, de forma que quien no tenga recursos puedan litigar a cuenta de que quienes dispongan de medios tengan que pagar “una mayor parte”.

Fuente: El Economista

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