La Ley de Tasas entra en vigor a partir del dia 17 de diciembre de 2012

La Ley 10/2012, establece la ley de tasas, que entró en vigor, el 22 de noviembre, salvo el articulo 11 que entrara en vigor el 1º de enero de 2013 (Vinculación de la tasa.

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.”

Os dejo el enlace de la ley: http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf

No obstante, la ley ha estado en suspenso porque era preciso que se publicara la Orden Ministerial que aprobaba el impreso. Dicha Orden se ha publica en el BOE del pasado sabado 15 de diciembre, por lo que, serán obligatorias las tasas a partir de mañana lunes 17 de diciembre.

Os dejo el enlace de la Orden Ministerial: http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/15/pdfs/BOE-A-2012-15141.pdf

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Jueces, fiscales y abogados protestan por la “grave” situación de la Justicia

Jornada de protestas para los miembros del mundo judicial. Jueces, fiscales y abogados, entre otros sectores, se dieron cita ayer en las sedes judiciales de las capitales de provincia de toda España para protestar por la “grave” situación de la Administración de Justicia en el país. El detonante más inmediato se encuentra en la polémica Ley de Tasas Judiciales, pero no se trata del único motivo.

Los puntos de la convocatoria, -impulsada por las siete asociaciones que integran la Comisión Interasociativa de jueces, magistrados y fiscales, con el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)-, coinciden con las conclusiones que acordaron los jueces decanos de toda España en la reunión celebrada en Barcelona entre los días 5 y 7 de noviembre. En ellas se censura la nueva Ley de Tasas, que introduce unos precios “claramente desproporcionados”. El enfoque, aseguran, debe ser otro: incrementar las tasas que se cobran a las grandes sociedades mercantiles, principales usuarias del sistema judicial, que copan el 40 por ciento del trabajo de los juzgados.

Pero hay otras reivindicaciones: se pide la retirada inmediata del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que “perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica“, y se pide la elección directa por los jueces y magistrados de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de procedencia judicial, así como de los jueces de los cargos gubernativos de los órganos internos del poder judicial y de los presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.

Se reclama, por otro lado, la autonomía presupuestaria del CGPJ para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial, y el incremento del número de jueces de carrera hasta alcanzar la media europea de 19,8 jueces por cada 100.000 habitantes, frente al 10,3 actual. Para ello, “procede convocar oposiciones con un mínimo de 250 plazas anuales hasta alcanzar el anterior porcentaje”.

Contra los desahucios

Además de las reivindicaciones por el mal funcionamiento de la Justicia, también preocupa, “y mucho”, el drama social que ha supuesto la multiplicación exponencial de los desahucios”. Se trata de una realidad que “debe llevarnos a reflexionar acerca de si existe margen para humanizar el actual marco legal y procesal en relación con las ejecuciones hipotecarias”, tal y como recogen las conclusiones de los jueces decanos. Lo mismo se aplica a la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos de los consumidores.

Como resultado, las concentraciones han dado lugar a llamadas a la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Es el caso de Madrid, donde unos doscientos jueces y fiscales de la Comunidad se reunieron a las puertas de la sede del Ministerio, y amenazaron, además, con convocar una huelga en el mes de diciembre si se mantiene la Ley de Tasas y el resto de proyectos en materia de Justicia en los que trabaja el Gobierno. Así lo aseguró a los medios el juez decano de Madrid y representante de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, quien aseguró que la posibilidad de la huelga “está encima de la mesa”.

Tasas “desproporcionadas”

La preocupación por la recientemente publicada Ley de Tasas copó los comentarios de las agrupaciones convocadas a las concentraciones. Desde el CGAE, además, se advirtió que el incremento del coste por acceder a los tribunales podría llevar a muchos ciudadanos a tratar de “hacer su propia justicia”, fruto de unas tasas “manifiestamente excesivas”. Se resaltó además que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “se ha empeñado en querer ser moderno” aprobando el incremento, lo cual resulta “un contrasentido” porque “las tasas son una cosa tan antigua que ha sido suprimida en varias ocasiones”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, aseguró ayer en Valencia, antes de impartir la conferencia Poder judicial y ciudadanía, estar “harto de cumplir leyes” que le parecen injustas, aunque ello “no quiere decir que lo sean”. Sobre las protestas, aseguró que “no conduce a nada” que los magistrados se quejen, puesto que “luego han de cumplir”. Eso sí, reconoció que se trata de una reforma “problemática”, “discutible en algunos puntos” y que cree que va a tener “dificultades de entendimiento y aplicación”.

Más Justicia gratuita

El Gobierno, por su parte, defiende la necesidad de la nueva Ley y niega que se esté llevando a cabo una “privatización” del sistema de la Justicia con el único fin de recaudar. En esta línea, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para asegurar que la medida servirá para “llevar a cabo una mejora sustancial del servicio de asistencia jurídica gratuita”.

Apostó, además, por la ampliación de los beneficiarios del sistema de asistencia jurídica gratuita, y argumentó que el Ejecutivo y el Parlamento están haciendo un reparto diferente de los costes de la Justicia para ampliar este servicio, de forma que quien no tenga recursos puedan litigar a cuenta de que quienes dispongan de medios tengan que pagar “una mayor parte”.

Fuente: El Economista

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Un juez de lo social se niega a aplicar la nueva Ley de Tasas Judiciales

El magistrado Vegas Ronda, titular del Juzgado de lo Social nº 1 de Benidorm, ha hecho pública una resolución en la que se posiciona en contra de la aplicación de la nueva Ley de Tasas Judiciales a los recursos de suplicación en la jurisdicción social, al entender que tal norma resulta contraria al Derecho comunitario.

La resolución -que no obedece a ningún caso concreto, sino que es un acuerdo de unificación de criterios, según fuentes del Juzgado-, se apoya en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomienda “el establecimiento de reglas comunes en los diferentes órganos jurisdiccionales”, para que los ciudadanos tengan certeza de los criterios judiciales en ciertas cuestiones.

Así, el juez adelanta que, en su ámbito competencial, no aplicará la nueva tasa, y ello, entre otras cosas, porque “el establecimiento de una tasa vinculada a la prestación de un servicio público que en cuantía puede llegar hasta los 10.500 euros en el ámbito del recurso de suplicación, y cuyo incumplimiento lleva a la preclusión del acto jurisdiccional, es un obstáculo contrario al Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, en los términos del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

A ello se suma que el diseño de la tasa “entra de pleno” en la aplicación de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. Así, dado que esa Directiva se aplica también a los prestadores de servicios públicos -como la Justicia-, establecer unas tasas judiciales -como precio del servicio- que “no se sabe qué sufragan” constituye una “cláusula abusiva”.

Fuente: El Economista

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Las tasas judiciales ponen en jaque a los pequeños despachos

La medida afectará a pleitos de escasa cuantía, que representan el 80% de los procesos judiciales. Una semana después de su entrada en vigor, sigue habiendo interrogantes sobre su puesta en práctica.

Las nuevas tasas judiciales, en vigor desde la semana pasada, han revolucionado el sector jurídico y, en particular, el de los abogados. Su efecto más inmediato va a ser una notable disminución del número de pleitos de escasa cuantía, que representan en torno al 80% de los procesos judiciales en el orden civil, laboral y contencioso-administrativo. Se trata de un tipo de asuntos atendidos sobre todo por pequeños y medianos despachos. Según los expertos consultados, no sólo va a haber recortes de plantilla en el sector de los servicios jurídicos, sino que muchos abogados que trabajan individualmente y que viven del turno de oficio y de pleitos de mediana cuantía van a tener que replantearse el ejercicio de la profesión.

Alrededor del 71% de los abogados ejercientes trabaja de forma independiente por cuenta propia en pequeños despachos y todos ellos deberán replantearse ahora su modelo de negocio. “Lo lógico es que los despachos reorienten la estrategia respecto al tipo de cliente, enfocando la actividad en el asesoramiento y, desde el punto de vista de la litigación, profundizando en el derecho penal económico u otras materias no afectadas por la tasa”, señalan desde el bufete Javaloyes Legal.

Esto provocará, además, que muchos letrados acudan a la vía penal para casos que, en principio, no lo requieran.

El problema está en que muchos potenciales clientes, aun ostentando un derecho legítimo, no podrán o no querrán afrontar el desembolso necesario para acceder a la Justicia. Además, los abogados lo tendrán más difícil para salvar situaciones de falta de recursos de sus clientes. Según explica F. Javier Rubio Rodríguez-Vigil, de Jiménez Astorga Abogados, hasta ahora los problemas de liquidez inicial del cliente eran asumidos por los despachos que, en la medida de lo posible, podían iniciar los procesos y esperar al pago, pero con la nueva ley el proceso no se podrá iniciar sin pagar la tasa. “Los grandes despachos pueden asumir en algunos casos la financiación al cliente de la tasa, pero los medianos y pequeños no”, advierte.

De hecho, según apuntan el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Javier Lara, y el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos Luis Cazorla, la ley no contempla la posibilidad de que se fraccione el pago de la tasa como ocurre con todos los impuestos. A diferencia de los tributos, Hacienda no está obligada a habilitar un fraccionamiento de las tasas, pero, dado lo elevado de las mismas, en este caso habría sido aconsejable hacerlo, señala Lara. Se da la paradoja de que quien quisiera recurrir para solicitar un fraccionamiento, deberá pagar antes la tasa.

En medio de todo este panorama, aún está en el aire la aplicación efectiva de las nuevas tasas, su retroactividad, en el caso de las que no se están pudiendo abonar estos días por la falta de impresos, y la posibilidad de oponerse a ellas.

Desde un punto de vista procesal, los abogados que presenten recursos en los primeros días de la ley y que se vean afectados por una tasa que hace sólo dos semanas no existía podrían alegar que, de haberse cumplido el plazo legal para dictar sentencia, dicha resolución habría sido notificada al cliente antes de la entrada en vigor de la nueva norma y se hubieran ahorrado el pago para acceder a una segunda instancia.

Según F. Javier Rubio, “la dilación indebida en la tramitación no puede servir de causa para imponer al justiciable una obligación tributaria de la que, de haberse cumplido los plazos por el juzgado, habría quedado excluido”.

Los jueces también están tomando algunas medidas que llegan hasta la insumisión. Es el caso de un magistrado de lo Social de Benidorm que, de forma unilateral, ha resuelto que la tasa es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva y que, por tanto, en su juzgado no se aplicará.

En otros juzgados, como en los de Marbella, cuenta el decano de Málaga, los secretarios judiciales se niegan a tramitar causas sin que se abonen las tasas, ya que entienden que una ley prevalece sobre un decreto que desarrolle una orden ministerial.

Otro asunto que ha generado dudas es si al ciudadano que gana el proceso se le devuelve lo que pagó en concepto de tasas judiciales. La disposición final tercera de la ley establece que las tasas quedan englobadas en las costas, por lo que, si el juez condena en costas al perdedor, se recuperarán, lo que es el caso más común, pero no siempre será así.

Además de reorientar sus estrategias, muchos abogados ya estudian vías para que los ciudadanos recuperen lo pagado si prosperan los recursos al Tribunal Constitucional contra las tasas que van a presentar el PSOE y otros colectivos.

Dudas sobre la retroactividad de la ley La Ley de tasas judiciales entró en vigor el pasado 22 de noviembre, pero no estará plenamente vigente hasta que el BOE publique la orden ministerial con el modelo de declaración. El pasado lunes, la Agencia Tributaria (AEAT) colgó en su web la Orden para el trámite de audiencia pública, y este texto dice que serán aplicables cuando el Boletín publique el modelo. Pero han surgido dudas, que incluso alentó el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, cuando dijo que no era seguro que no se aplicarán de forma retroactiva. Justicia asegura ahora que no se van a exigir y que sólo se pagarán cuando se publique la orden en el BOE. Con la ley en la mano, si la norma está vigente se podrá exigir más tarde el pago. Y algunos juzgados demandan que se paguen ya aunque no haya modelo de declaración.

Cuando el 30 de diciembre de 2002 se crearon las tasas para empresas, el legislador estableció que no entrarían en vigor hasta el 1 de abril de 2003. Ello permitió un margen suficiente para que el modelo de liquidación estuviera listo para entonces. Aun así no fue publicado hasta cinco días antes de la entrada en vigor.

Fuente: Expansión

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El 83% de los españoles rechaza el pago de las tasas judiciales

El Consejo General de la Abogacía Española elabora un sondeo de urgencia de la población española sobre la nueva ley de tasas judiciales.

El 83% de los españoles piensa que no hay razones que justifiquen el pago previo de una tasa por acudir a la Justicia y el 79 % cree además que las tasas que establece la nueva ley son excesivas.

Estos datos se recogen en un Sondeo de urgencia a la población española sobre la nueva Ley de Tasas judiciales elaborado por Metroscopia a petición del Consejo General de la Abogacía Española.

Según este sondeo, el 84% de los españoles cree que con esta norma se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el 83% tiene la sensación de que la protección judicial disminuye.

Por otro lado, dos de cada tres españoles (62%) afirman que no exageran quienes afirman que va a existir una justicia para ricos y otra para pobres y que el peso de las nuevas tasas recaerá en la gran mayoría de la población.

Los ciudadanos encuestado se muestran mayoritariamente en desacuerdo con dos de los argumentos esgrimidos por el ministro de Justicia para justificar la nueva ley: un 68% no cree que vaya a contribuir al mejor funcionamiento de la justicia y un 61% opina, en cambio, que muchas personas que requieran la tutela judicial van a quedar desatendidas por falta de recursos económicos.

Aún en el supuesto de que uno de los fines de esta nueva norma pudiera ser obtener fondos para financiar la justicia gratuita, el 84% de los ciudadanos considera que es el Estado el que tiene obligación de financiarla con cargo a los Presupuestos Generales y no los usuarios mediante el pago de tasas.

Fuente: Expansión

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