Propiedad Horizontal: Acuerdo necesario para arrendamiento piso porteria -elemento comun-.

La Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo en sentenci de 24 de octubre de 2012, ha dictado sentencia relativa al acuerdo que es necesario, cuando por los copropietarios de una Comunidad, se prescinde del portero, y existe como elemento común la vivienda donde residia el portero/a, y dicha sentencia recoge como doctrina más interesante lo siguiente:

“A estos efectos, hay que tener en cuenta que el citado piso ya no tiene finalidad alguna, pues, en vez de portero, en la finca existe un conserje, por lo que, en este caso, bastará con el acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de cuotas y propietarios, como establece el art. 17.1.ª LPH.
Como señala el autor, el Tribunal Supremo, en esta Sentencia, hace una diferencia entre la supresión del servicio y el arrendamiento del piso portería. Aunque el primer tema no lo analiza exhaustivamente, sí aclara que el alquiler no supone esta supresión del servicio. Sin embargo, no está de más recordar que cabría hacerlo, sin venta del piso, por el mismo “quorum” de 3/5 partes, como igualmente prevé, de forma expresa, el art. 17.1.ª de la Ley de Propiedad Horizontal. Es decir, que es necesaria la misma mayoría cualificada para ambas cuestiones.  ”

Fuente: Sepin.

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Ley de tasas judiciales: Pendiente publicación BOE. Supone una grave limitación y vulneración del derecho de los españoles al acceso a la justicia

El Estado en su afan recaudatoria ha promulgado una Ley de Tasas judiciales, que va a suponer una vulneración flagrante del derecho constitucional de los españoles para acceder a la justicia, ya que impone unas tasas elevadisimas en lo que hasta ahora era un derecho gratuito. Se ha aprobado por mayoria tanto en el Congreso como en el Senado, el pasado 14 de noviembre, y que está pendiente de su publicación en el BOE.

A partir de ahora, muchos españoles no podrán acceder a la justicia ante la imposibilidad de poner abonar las tasas judiciales mas los honorarios de Letrado y Procurador. Os dejo el texto para que comprobeis de lo que os estoy hablando, asi como lo recogido por la prensa:

“La Ley de tasas judiciales queda aprobada definitivamente tras el rechazo de vetos y enmiendas en el Senado.

La oposición resalta que se afecta gravemente al derecho acceso a la justicia, sobre todo de clases medias

MADRID/TOLEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) –

La ley de tasas judiciales, que contempla incrementos de entre 50 y 750 euros y la introducción del sistema en la jurisdicción social también para las personas físicas, ha quedado este miércoles definitivamente aprobada tras el rechazo por el Pleno del Senado de hasta 6 vetos y 150 enmiendas defendidas por todos los grupos parlamentarios con excepción del PP.

Los diferentes senadores en la oposición que han intervenido en el debate coinciden en criticar el afán recaudatorio del Ministerio de Justicia y sobre todo en que quede afectado el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva. Consideran que este proyecto la creación de una Justicia para pobres y otra para ricos.

Una vez aprobada, la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor este mismo mes de noviembre. Se cumplen así las previsiones del Ministerio de Justicia de que la norma esté plenamente vigente el próximo año.

El proyecto, que ha merecido también el rechazo de la práctica totalidad de los operadores jurídicos, regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Se ha tramitado por el procedimiento de urgencia después de que saliera adelante en el Congreso de los Diputados con los únicos votos del PP en una sesión en la que la oposición se ausentó del momento de la votación.

Respecto al proyecto original, ya en el Congreso se acordó modificarlo levemente para eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en el orden Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.

IU y PSC-ICV EN HUELGA

Durante el debate de este miércoles, que se prolongó por espacio … tanto los diputados del IU como los del PSC-ICV estuvieron ausentes por haber secundado la huelga general, por lo que sus vetos quedaron sin defender.

Al defender su veto, el senador del PNV Joseba Zubía ha recordado al grupo popular lo poco que le importan al Gobierno la oposición mostrada al proyecto tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)como los colegios de notarios, registradores y procuradores. Ha destacado sobre todo las manifestaciones del Consejo General de la Abogacía, que ha pedido la retirada por unanimidad del proyecto por  consagrar una justicia para ricos y otra para pobres.

Tanto Zubía como la senadora de CIU Eva Parera han criticado la finalidad recaudatoria del proyecto, que en opinión de esta última es ilegal por ser contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

“Estamos perjudicando a miles de despachos de abogados y procuradores, pequeñas y medianas empresas que también están sufriendo esta crisis”, ha añadido Parera, para alertar después del hecho de que en algunas comunidades, como la catalana los ciudadanos serán gravados con una duplicidad de tasas.

JUSTICIA PARA LOS QUE NO TIENEN PODER

Por su parte, el senador del PSOE Arcadio Díaz Tejera ha insistido en destacar el ataque que el proyecto supone a un derecho fundamental como es el de tutela judicial efectiva. “La gente que no se mueve en ningún ámbito del poder son los que necesitan del derecho y de la administración de justicia que haga imperar la fuerza de la razón, y no de la razón de la fuerza. Los que tienen recursos económicos no necesitan nada de esto, ya tienen sus relaciones.”, ha manifestado.

Según Díaz Tejera Las clases medias y bajas no pueden gastarse, por ejemplo, los  1.200 euros que prevé la norma para un recurso de súplica. Ha añadido que si en la anterior legislatura los legisladores no estuvieron “a la altura” en materia de desahucios, como reconoce, ahora tienen la oportunidad de demostrarlo con este asunto que, de aprobarse, constituiría un “retroceso democrático”.

“Resulta inmoral decirle a la gente que no puede acudir al juez -ha manifestado el senador socialista- Que sea atendido tiene que ver con el contenido de su petición, no con el hecho de que tenga o no tenga perras”.

Por su parte, y aunque su grupo no había presentado veto, el senador de Foro Asturias Isidro Martínez O`Blanca lamentó el efecto disuasorio que tendrán las tasas, que “arrastrarán a muchas personas a la renuncia a hacer valer sus derechos”. Se aplica una justicia de beneficiencia, a juicio de este senador, que es en lo que acabará la justicia gratuita, y la mayoría de españoles sufrirá en carne propia este retroceso histórico.

Por su parte, la senadora del PP Silvia Franco ha defendido el proyecto del departamento de Ruiz-Gallardón y ha asegurado que el acceso a los recursos establecidos se regula en ley ordinaria, por lo que el texto es respetuoso con la jurisprudencia constitucional.

Además, ha destacado la cuantía de la tasa puede ser recuperada si ganan el pleito, al ir aparejada a las costas. El sistema mixto, a excepción de Luxemburgo, está generalizado en los países europeos de nuestro entorno, según Franco.

La senadora popular ha recordado determinadas reformas realizadas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que a su juicio impiden el acceso a la justicia, como la que elimina la apelación en juicios verbales cuya cuantía no llegue 3.000 euros. Frente a ello, ha asegurado que el proyecto de tasas supone realmente unan “redistribución social de los criterios de la justicia” porque “esta ley es solidaria”.

“Hay que hacer una reflexión del uso de la justicia, porque hay usuarios masivos, grandes consumidores del servicio de Administración de Justicia -ha explicado- ¿Por qué un ciudadano normal que acude dos o tres veces tienen que financiarles? La tasa va a gravar especialmente a estos grandes consumidores de la justicia”.

Los grupos de la oposición exigían mayoritariamente a lo largo de sus 150 enmiendas, entre otros cambios, la supresión de la tasa en el orden Social y la exención del pago para las personas físicas y jurídicas sin ánimo de lucro. Además, defendieron una rebaja generalizada de las tasas propuestas.

Las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros.  Fuente: Europa press.”

El texto del proyecto de ley lo teneis en el siguiente enlace:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-18-4.PDF

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Responsabilidad del Presidente de la Comunidad que contrata un seguro sin dar de baja el anterior

AP Zamora, Sec. 1.ª, 13-9-2012

Esta Sentencia estima la acción de responsabilidad extracontractual ejercitada por la Comunidad de Propietarios contra el Presidente de la misma, debido a que contrató una póliza de seguro de daños del edificio con una compañía de seguros sin haber extinguido la anterior, lo que motivó que la Comunidad tuviera que pagar las primas de los dos seguros ante la reclamación judicial del pago por parte de la primera aseguradora.

En el acta, el Presidente asumió dos obligaciones: anular la póliza suscrita y contratar nuevo seguro comunitario, con la condición de que, al menos, se mantuvieran las valoraciones y coberturas de la póliza en vigor. Lo gravoso de la situación es que él mismo había trabajado como agente de seguros, por lo que es conocedor de la normativa especial de los seguros y no realiza correctamente la resolución del contrato al enviar la carta fuera del plazo de los dos meses anteriores al vencimiento y al contratar ot ra póliza con otra compañía de seguros con el mismo objeto que el del contrato anterior convenido con la otra.

Según la Sentencia, hubo daño y perjuicio, pues la Comunidad de Propietarios ha pagado las primas de dos seguros pactados con dos aseguradoras diferentes con el mismo objeto, por lo que se ha visto perjudicada en el importe de la prima pagada a la aseguradora por el contrato más antiguo. Hay relación de causalidad entre la acción, u omisión culposa, y el daño producido, pues, de haber actuado cumpliendo el mandato dado por la Comunidad de Propietarios, esta no se hubiera obligada al pago de las dos primas.

Fuente: Sepin

 

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Falso autónomo y reconocimiento de derechos

Trabajador autónomo al cual se le ha desestimado una demanda por despido improcedente por defectos formales, estudia interponer una demanda de reconocimiento de derechos intentando que se declare judicialmente su relación como laboral con la finalidad de tener cotizaciones a efectos de desempleo.

Existencia de un derecho insatisfecho

Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, que para el ejercicio de acciones declarativas resulta necesario que el titular acredite una lesión actual de su propio interés, lo que presupone la existencia de un derecho insatisfecho, al que se trata de tutelar mediante el ejercicio de la acción.

Atención. Una nueva demanda únicamente solicitando la existencia de relación laboral, no es posible instarla, a no ser que exista un problema actual, cual sea la denegación de prestaciones por desempleo, incapacidad, jubilación, y entonces la demanda debe plantearse contra la resolución administrativa, y durante el juicio debatirse que hubo un periodo de no alta y cotización, etc., debiéndose justificar la relación laboral existente, y demandar en dicho proceso a la empresa para que responda de las prestaciones por su falta de afiliación y alta.

Acta de infracción por falta de alta y cotización

Si existe un acta de infracción de cuotas a la Seguridad Social por falta de alta y cotización durante un periodo de tiempo, la empresa siempre será responsable en orden a las prestaciones que correspondan, ya que dicha responsabilidad es independiente del acta de infracción y liquidación de cuotas levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Si se levantara acta de infracción y liquidación de cuotas, podrá impugnarla la empresa alegando la no relación laboral, y posibilitando la suspensión de la ejecutividad del acta para que la propia Inspección dirija una demanda de oficio al Juzgado de lo Social para resolver sobre la existencia o no de la relación laboral.

Lo que sí puede hacer el trabajador autónomo, es presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el periodo no prescrito.

Fuente: Disjurex

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Facturas pendientes. ¿Cuál puedo cancelar?

Su empresa tiene pendientes de cobro varias facturas de un mismo cliente. Ahora han acordado que se las liquide poco a poco pagando una pequeña cantidad mensual. ¿A qué facturas deberá imputar usted esos pagos?

Facturas pendientes

La empresa realizó diferentes ventas a ese cliente, y para cada una de ellas  emitió una factura. Ahora ese cliente tiene dificultades, por lo que le ha  ofrecido el pago de una cantidad fija mensual con la cual ir cancelando poco a  poco la deuda acumulada.

La más antigua

La primera regla que se aplica es la voluntad del deudor. Es decir, para  determinar qué facturas se están cancelando con cada uno de los pagos, primero  deberá atender a lo que el propio deudor le indique. Si éste le señala  expresamente que su pago se destina a pagar parcialmente una determinada  factura, usted deberá imputar ese importe a cancelar la factura indicada.

No dice nada

Si su cliente no le indica de forma expresa a qué factura quiere que se  imputen los pagos que realice, usted deberá aplicarlos a la factura más gravosa  para el deudor.

A una concreta

A usted puede interesarle imputar los pagos a alguna factura que no sea la  más antigua. De este modo, si las facturas más antiguas están garantizadas o  avaladas y otras más actuales no lo están, a usted le interesa cancelar estas  últimas y mantener el derecho a reclamar las que están garantizadas.

Apunte. Pues bien, si al recibir el cobro usted  envía al deudor un recibo (por fax o correo electrónico, por ejemplo)  indicándole a qué factura lo aplica y el deudor no se opone a dicha imputación,  se considera que el deudor la está aceptando.

Si el deudor no indica expresamente a qué factura quiere que  se impute cada pago que realice, usted deberá imputar dicho pago a la factura  más antigua, pues se considera que es la más gravosa para el deudor.

Fuente: Disjurex

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BUFETE APORTA & ASOCIADOS
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