Una A.P. condena al Banco CAM a pagar unos 309.000 euros a un matrimonio que adquirió participaciones preferentes

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado una sentencia que condena al Banco CAM a pagar unos 309.000 euros a un matrimonio que adquirió a través de esta entidad participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland. La resolución considera invalidado el consentimiento que otorgaron los afectados para realizar la operación, dado que recibieron información «deficiente o incompleta» y «equívoca en muchos aspectos» sobre el producto que estaban contratando.

En una sentencia dictada el pasado mes de septiembre, el juzgado de primera instancia número 9 de Alicante estimó íntegramente la demanda presentada por una pareja compuesta por un hombre, fontanero de profesión, y su mujer, dependienta en un comercio, que invirtieron unos 309.000 euros en participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland.

En consecuencia, la resolución judicial confirmada ahora por la Audiencia de Alicante anuló el contrato firmado por ambas partes en julio de 2006. El auto de la Audiencia que trascendió ayer establece que ambos cónyuges «no tienen experiencia suficiente ni formación en materia financiera», por lo que «se fiaron en todo momento de las recomendaciones del personal de la caja y suscribieron los productos, fue porque así se lo aconsejaron e insistieron». La sentencia señala, además, que los productos que estaban suscribiendo bajo el epígrafe general de «compra de renta fija a vencimiento», correspondían en realidad a un contrato de deuda privada perpetua como participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland, supeditadas al cobro de beneficios del emisor y de carácter perpetuo, considerado un producto «de alto riesgo».

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sentencia que consideró procedente el despido de la exdirectora de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós. El TSJCV ha considerado probado que Amorós actuó de forma «contraria a la buena fe contractural», y «perjudicó gravemente los intereses que le habían sido encomendados».

«Un cubo de basura»

Por otro lado, ayer declararon ante la comisión de investigación constituida en las Cortes Valencianas los exmiembros de la comisión de control de la CAM José Manuel Uncio -que es además exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)- y Juan Ramón Gual de Torrella, así como el ex vicepresidente de la caja Antonio Gil Terrón. Este último afirmó gráficamente que tras dedicar 17 años de su vida a la entidad se ha encontrado «un cubo de basura encima» de su cabeza. Por su parte, Uncio denunció que a los miembros de este órgano fiscalizador «se nos hurtó el acceso a una serie de informaciones» esenciales para desarrollar su labor. Asimismo, se preguntó cómo es posible que el Banco de España no detectara a tiempo el «desajuste contable» en la entidad alicantina. Respecto a las funciones de la comisión de control, indicó que tenía «un papel de tutela y cumplimiento de la normativa, más que de entrar en términos de análisis financiero».

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado una sentencia que condena al Banco CAM a pagar unos 309.000 euros a un matrimonio que adquirió a través de esta entidad participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland. La resolución considera invalidado el consentimiento que otorgaron los afectados para realizar la operación, dado que recibieron información «deficiente o incompleta» y «equívoca en muchos aspectos» sobre el producto que estaban contratando.

En una sentencia dictada el pasado mes de septiembre, el juzgado de primera instancia número 9 de Alicante estimó íntegramente la demanda presentada por una pareja compuesta por un hombre, fontanero de profesión, y su mujer, dependienta en un comercio, que invirtieron unos 309.000 euros en participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland.

En consecuencia, la resolución judicial confirmada ahora por la Audiencia de Alicante anuló el contrato firmado por ambas partes en julio de 2006. El auto de la Audiencia que trascendió ayer establece que ambos cónyuges «no tienen experiencia suficiente ni formación en materia financiera», por lo que «se fiaron en todo momento de las recomendaciones del personal de la caja y suscribieron los productos, fue porque así se lo aconsejaron e insistieron». La sentencia señala, además, que los productos que estaban suscribiendo bajo el epígrafe general de «compra de renta fija a vencimiento», correspondían en realidad a un contrato de deuda privada perpetua como participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland, supeditadas al cobro de beneficios del emisor y de carácter perpetuo, considerado un producto «de alto riesgo».

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sentencia que consideró procedente el despido de la exdirectora de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós. El TSJCV ha considerado probado que Amorós actuó de forma «contraria a la buena fe contractural», y «perjudicó gravemente los intereses que le habían sido encomendados».

«Un cubo de basura»

Por otro lado, ayer declararon ante la comisión de investigación constituida en las Cortes Valencianas los exmiembros de la comisión de control de la CAM José Manuel Uncio -que es además exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)- y Juan Ramón Gual de Torrella, así como el ex vicepresidente de la caja Antonio Gil Terrón. Este último afirmó gráficamente que tras dedicar 17 años de su vida a la entidad se ha encontrado «un cubo de basura encima» de su cabeza. Por su parte, Uncio denunció que a los miembros de este órgano fiscalizador «se nos hurtó el acceso a una serie de informaciones» esenciales para desarrollar su labor. Asimismo, se preguntó cómo es posible que el Banco de España no detectara a tiempo el «desajuste contable» en la entidad alicantina. Respecto a las funciones de la comisión de control, indicó que tenía «un papel de tutela y cumplimiento de la normativa, más que de entrar en términos de análisis financiero».

Fuente: Jurismadrid.es

BUFETE APORTA & ASOCIADOS
C/ Santa Engracia 128, 1º C
28003 - MADRID
Tlfs: 914 417 922 / 55 - Fax: 913 991 780
correo@bufeteaporta.es