Fiscal: La admisión de la demanda de separación matrimonial rompe la unidad familiar fiscal entre los cónyuges

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su sentencia dictada el 8 de mayo de 2012, no ha querido excluir al cónyuge que se encuentra en pleno proceso de separación la posibilidad de poder formar una unidad familiar junto con los hijos que con él conviven aunque aún no haya obtenido sentencia judicial de separación matrimonial, y así poder beneficiarse del sistema de tributación conjunta, que es la opción más ventajosa cuando no todos los miembros de la unidad familiar no obtienen rentas.

Para ello, basta la resolución judicial que admita la demanda de separación matrimonial, la cual producirá sus efectos desde día de su presentación.

Fuente: Jurismadrid.es

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El Supremo impide aplicar recortes de sueldos en las empresas privadas contratistas de la Administración

Así lo resuelve una reciente sentencia que confirma la resolución adoptada en junio de 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que anuló la decisión de una empresa de limpieza de centros sanitarios públicos en Aragón de rebajar en un 5% los salarios de sus trabajadores, tal como se había estipulado con el recorte salarial a los funcionarios que trabajaban en dichos centros.

Según dicta el Alto Tribunal, la reducción no puede aplicarse porque no fue consensuada entre la Administración y los representantes sindicales de las organizaciones más representativas. “Como la reducción salarial fue impuesta por Ley, no por acuerdo, a funcionarios públicos y personal laboral de ciertas empresas públicas, no cabe aplicar el recorte al personal laboral de empresas privadas”, afirma la sentencia.

Recurso de los sindicatosLa Federación Regional De Actividades Diversas de CC OO Aragón y la Federación de Servicios de la UGT recurrió ante los tribunales la decisión de ISS Facility-Services SA de rebajar en un cinco a sus trabajadores, coincidiendo con el recorte a los funcionarios de julio de 2010, tanto la productividad fija como otros conceptos salariales.

EL TSJ de Aragón estimó en parte la demanda y anuló la decisión de la empersa, salvo en el particular relativo al concepto de productividad fija. Esta decisión ha sido ahora avalada por el Supremo en una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel López García de la Serrana.

Según el Supremo, en el espíritu de la norma está ampliar las conquistas salariales del personal estatutario al personal laboral, “máxime cuando en aquel momento no era imaginable una crisis financiera que obligara a recortes salariales de los empleados de la función pública”.

“El Convenio sólo establece, pues, la transposición de las mejoras y también de las posibles reducciones de derechos, siempre que las mismas tengan su origen en el oportuno acuerdo”, añade la sentencia.

Fuente: Jurismadrid.es

 

 

 

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Nueva sentencia de la Audiencia de Alicante contra las cláusulas suelo en una hipoteca

La Audiencia de Alicante ha dictado una nueva sentencia contra las cláusulas suelo en las hipoteca en una resolución que revoca otro fallo de un juzgado de lo Mercantil que había dado la razón al banco. Tras el fallo hecho público el martes por la asociación Ausbank, ayer se conoció otra resolución similar en otra demanda presentada por el letrado Carlos Zarco. Se trata de un crédito hipotecario del Banco Pastor en el que se fijaba un suelo del 3,80%. El fallo considera “paradigmático” que el crédito firmado tuviera un cláusula suelo y pero nada de cláusula techo, lo que supone “una falta de reciprocidad en el contrato, de modo contrario a la buena fe”.El fallo argumenta que la entidad bancaria “por mucho que bajara el tipo básico de referencia se garantizaba la obtención de un interés anual del 3,8% aún en el caso de que el euribor sufriera importantísimos descensos”. Sin embargo, “el contrato no contempló una cláusula que previera la situación contraria”, con lo que “el cliente no se encuentra igualmente blindado como la entidad bancaria” y queda desprotegido ante una elevada subida de los tipos. El fallo recalca que la existencia de esta cláusula debería compensarse con la existencia de otro tipo de excepciones que sean favorables al cliente.

Fuente: Jurismadrid.es

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Rechazan recurso Banco Santander contra condena por operación de riesgo “swap”

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso que el Banco Santander presentó contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Cartagena que, en noviembre de 2011, estimó la demanda presentada contra esta entidad y declaró la nulidad de los contratos suscritos sobre el producto financiero conocido por “swap”, considerado como una operación de riesgo.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el Juzgado declaró como hechos probados que el Banco ofreció a la empresa Estación de Servicio Las Cumbres, S.L. un producto financiero para proteger los costes ante posibles subidas de interés.

“En realidad -dice la sentencia- lo que se suscribía eran unos contratos de elevado riesgo, que podían comportar y comportaron cuantiosas pérdidas, que cubrían de forma muy diferente las fluctuaciones de intereses según se produjeran al alza o a la baja, en claro perjuicio del demandante en este último caso”.

La resolución judicial añade que los responsables de la estación de servicio “no fueron advertidos del coste que podía suponer el ejercicio por su parte del derecho de cancelarlo anticipadamente que allí se les reconocía”.

Fuente: Jurismadrid.es

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Una A.P. condena al Banco CAM a pagar unos 309.000 euros a un matrimonio que adquirió participaciones preferentes

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado una sentencia que condena al Banco CAM a pagar unos 309.000 euros a un matrimonio que adquirió a través de esta entidad participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland. La resolución considera invalidado el consentimiento que otorgaron los afectados para realizar la operación, dado que recibieron información «deficiente o incompleta» y «equívoca en muchos aspectos» sobre el producto que estaban contratando.

En una sentencia dictada el pasado mes de septiembre, el juzgado de primera instancia número 9 de Alicante estimó íntegramente la demanda presentada por una pareja compuesta por un hombre, fontanero de profesión, y su mujer, dependienta en un comercio, que invirtieron unos 309.000 euros en participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland.

En consecuencia, la resolución judicial confirmada ahora por la Audiencia de Alicante anuló el contrato firmado por ambas partes en julio de 2006. El auto de la Audiencia que trascendió ayer establece que ambos cónyuges «no tienen experiencia suficiente ni formación en materia financiera», por lo que «se fiaron en todo momento de las recomendaciones del personal de la caja y suscribieron los productos, fue porque así se lo aconsejaron e insistieron». La sentencia señala, además, que los productos que estaban suscribiendo bajo el epígrafe general de «compra de renta fija a vencimiento», correspondían en realidad a un contrato de deuda privada perpetua como participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland, supeditadas al cobro de beneficios del emisor y de carácter perpetuo, considerado un producto «de alto riesgo».

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sentencia que consideró procedente el despido de la exdirectora de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós. El TSJCV ha considerado probado que Amorós actuó de forma «contraria a la buena fe contractural», y «perjudicó gravemente los intereses que le habían sido encomendados».

«Un cubo de basura»

Por otro lado, ayer declararon ante la comisión de investigación constituida en las Cortes Valencianas los exmiembros de la comisión de control de la CAM José Manuel Uncio -que es además exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)- y Juan Ramón Gual de Torrella, así como el ex vicepresidente de la caja Antonio Gil Terrón. Este último afirmó gráficamente que tras dedicar 17 años de su vida a la entidad se ha encontrado «un cubo de basura encima» de su cabeza. Por su parte, Uncio denunció que a los miembros de este órgano fiscalizador «se nos hurtó el acceso a una serie de informaciones» esenciales para desarrollar su labor. Asimismo, se preguntó cómo es posible que el Banco de España no detectara a tiempo el «desajuste contable» en la entidad alicantina. Respecto a las funciones de la comisión de control, indicó que tenía «un papel de tutela y cumplimiento de la normativa, más que de entrar en términos de análisis financiero».

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado una sentencia que condena al Banco CAM a pagar unos 309.000 euros a un matrimonio que adquirió a través de esta entidad participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland. La resolución considera invalidado el consentimiento que otorgaron los afectados para realizar la operación, dado que recibieron información «deficiente o incompleta» y «equívoca en muchos aspectos» sobre el producto que estaban contratando.

En una sentencia dictada el pasado mes de septiembre, el juzgado de primera instancia número 9 de Alicante estimó íntegramente la demanda presentada por una pareja compuesta por un hombre, fontanero de profesión, y su mujer, dependienta en un comercio, que invirtieron unos 309.000 euros en participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland.

En consecuencia, la resolución judicial confirmada ahora por la Audiencia de Alicante anuló el contrato firmado por ambas partes en julio de 2006. El auto de la Audiencia que trascendió ayer establece que ambos cónyuges «no tienen experiencia suficiente ni formación en materia financiera», por lo que «se fiaron en todo momento de las recomendaciones del personal de la caja y suscribieron los productos, fue porque así se lo aconsejaron e insistieron». La sentencia señala, además, que los productos que estaban suscribiendo bajo el epígrafe general de «compra de renta fija a vencimiento», correspondían en realidad a un contrato de deuda privada perpetua como participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland, supeditadas al cobro de beneficios del emisor y de carácter perpetuo, considerado un producto «de alto riesgo».

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sentencia que consideró procedente el despido de la exdirectora de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós. El TSJCV ha considerado probado que Amorós actuó de forma «contraria a la buena fe contractural», y «perjudicó gravemente los intereses que le habían sido encomendados».

«Un cubo de basura»

Por otro lado, ayer declararon ante la comisión de investigación constituida en las Cortes Valencianas los exmiembros de la comisión de control de la CAM José Manuel Uncio -que es además exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)- y Juan Ramón Gual de Torrella, así como el ex vicepresidente de la caja Antonio Gil Terrón. Este último afirmó gráficamente que tras dedicar 17 años de su vida a la entidad se ha encontrado «un cubo de basura encima» de su cabeza. Por su parte, Uncio denunció que a los miembros de este órgano fiscalizador «se nos hurtó el acceso a una serie de informaciones» esenciales para desarrollar su labor. Asimismo, se preguntó cómo es posible que el Banco de España no detectara a tiempo el «desajuste contable» en la entidad alicantina. Respecto a las funciones de la comisión de control, indicó que tenía «un papel de tutela y cumplimiento de la normativa, más que de entrar en términos de análisis financiero».

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